Desregulación de biocombustibles: puntos clave del proyecto presentado por el Gobierno

1. Biodiesel: Se mantiene el porcentaje mínimo del 7,5% hasta el 1° de enero de 2027, cuando pasará al 10%.
2. Bioetanol: Actualmente en 12%, aumentará al 15% también a partir de 2027.

Libre comercio internacional:

• Se habilita la exportación e importación de biocombustibles, reguladas por el Poder Ejecutivo.

Regulación centralizada de los biocombustibles:

• La Secretaría de Energía será responsable de administrar, regular y fiscalizar el sector.

Diferencias con la propuesta original

La iniciativa actual reemplaza el esquema previsto en la Ley Bases, que proponía un aumento inmediato de los porcentajes de mezcla (biodiesel al 10% y bioetanol al 15%) y mantenía restricciones para las empresas petroleras en la producción de biocombustibles. Este enfoque fue modificado para priorizar la apertura del mercado y evitar costos fiscales inmediatos.

Reacciones de las provincias productoras

Provincias como Salta, Jujuy, Santa Fe, Córdoba y Tucumán han expresado su descontento, argumentando que el retraso afecta a las economías regionales y a los productores locales de biocombustibles.

Estas provincias buscan aumentos progresivos más rápidos, con incrementos semestrales desde 2025, alcanzando el 15% antes de 2027.

Impacto en el sector de los biocombustibles

El proyecto busca equilibrar las necesidades de los diferentes actores del mercado:

• Productores de biocombustibles: Podrían beneficiarse de la apertura del comercio internacional.
• Consumidores y fabricantes automotrices: Se asegura una transición más gradual hacia mayores porcentajes de mezcla.
• Petroleras: Acceden al mercado de biocombustibles, promoviendo mayor competencia.

El Gobierno destaca que esta propuesta no tiene costos fiscales inmediatos, alineándose con las previsiones del Presupuesto Nacional, mientras apunta a un modelo más sostenible y competitivo para el sector.

Con el debate abierto en el Congreso, el futuro del mercado de biocombustibles dependerá de lograr un consenso entre las provincias productoras, los legisladores y los distintos actores de la industria.