El Gobierno nacional continúa con su proceso de desregulación del Estado. En este marco, se derogaron normativas clave sobre contratación de obra pública y servicios de consultoría, eliminando registros específicos y centralizando la información en una única base de datos.
Eliminación de registros de constructores y consultores
La medida se oficializó con el Decreto 105/2025, publicado en el Boletín Oficial. Este decreto deroga:
El Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, creado por la Ley N° 13.064, que calificaba y capacitaba empresas del sector.
El Registro Nacional de Firmas Consultoras de Obras Públicas, regulado por la Ley N° 22.460, que establecía requisitos para la contratación de servicios de consultoría.
Las empresas que deseen contratar con la Administración Pública ahora deberán cumplir con los requisitos del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), en lugar de inscribirse en registros específicos.
Sigue la desregulación
Modificaciones en la habilitación de proveedores
El decreto también modifica el artículo 27 del Decreto N° 1023/01, estableciendo que solo podrán participar en procesos de selección aquellas personas o empresas inscritas en la base de datos administrada por el órgano rector correspondiente.
La centralización de información busca:
Evitar la duplicación de documentación.
Simplificar los procedimientos de contratación pública.
Garantizar igualdad de condiciones para todos los proveedores.
Cambios en concesiones de obras públicas y servicios
El decreto también establece nuevas disposiciones para concesiones de obras e infraestructura pública, reguladas por la Ley N° 17.520. A partir de la reglamentación, los interesados deberán inscribirse en una base de datos diseñada y administrada por el órgano rector.
La medida fue impulsada por el Ministerio de Desregulación
Estos cambios responden a las modificaciones introducidas por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que establece un nuevo sistema de inscripción para contratistas de concesiones.
Reducción de burocracia y cargas administrativas
El Gobierno argumenta que la eliminación de estos registros permitirá:
Reducir la burocracia en contrataciones públicas.
Eliminar barreras de entrada para proveedores.
Agilizar los procesos administrativos.
Entrada en vigencia
El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, su aplicación plena dependerá de la reglamentación correspondiente. Hasta entonces, seguirán vigentes los regímenes de inscripción actuales.
Asimismo, la medida será informada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación, en cumplimiento de la Ley N° 26.122, que regula la intervención legislativa en decretos delegados por el Ejecutivo.
