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Economía

El bimonetarismo que propone Bullrich es idéntico al modelo que implementó Maduro en Venezuela en 2021 y fracasó estrepitosamente

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Tanto Cuba como Venezuela tienen actualmente sistemas bimonetarios entre su moneda nacional y el dólar. Sin embargo, la inflación jamás convergió a estándares internacionales, y en el caso venezolano siguen en hiperinflación.

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, presentó una propuesta de sistema “bimonetario” como su principal caballo de batalla para controlar la inflación, marcando una fuerte diferencia con la dolarización que propone el candidato Javier Milei

Por el momento, no se realizaron mayores precisiones acerca de qué implica el plan de Juntos por el Cambio. El economista Carlos Melconian descartó una salida rápida del cepo cambiario y minimizó el problema de los pasivos remunerados en el BCRA, y evitó otorgar detalles acerca de cómo se instrumentaría un sistema bimonetario entre el peso y el dólar en la Argentina.

Sin embargo, así como la dolarización fue exitosamente implementada en Ecuador y El Salvador, podemos mirar a la misma región para encontrar casos donde se aplicó el bimonetarismo, y los dos casos más paradigmáticos de los últimos años son en Cuba y en Venezuela.

En ambos casos, el modelo está en vigencia en estos momentos y muestran actualmente un fracaso estrepitoso del sistema, que encima no fue implementado por voluntad propia, si no que tanto el régimen cubano como el venezolano tuvieron que adaptarse ante la creciente demanda de la población por dolarizar la economía.

El bimonetarismo en Cuba

Hasta la década de 1980, Cuba funcionaba bajo un estricto régimen de control cambiario, similar al de cualquier otro país socialista. El sistema colapsó definitivamente en los primeros años de la década de 1990, la huída del peso parecía inevitable, y la dictadura se vio obligada a lanzar el “Peso cubano convertible” (CUC) a partir de 1994.

Mediante esta maniobra, se estableció una paridad fija en 1 a 1 entre el CUC y el dólar, y se dispuso la circulación del peso cubano no convertible, el CUC y el dólar al mismo tiempo, pero con una serie de restricciones dependiendo de cada sector en particular y su vinculación con los bienes transables. De esta forma se logró contener la inflación, no sin antes permitir una brutal devaluación inicial.

Pero ese régimen de Convertibilidad se fue resquebrajando con el tiempo. A partir de 2004, el Gobierno decidió imponer un impuesto a la compra de divisas del 10%, y se reprimió estrictamente la circulación del dólar en la isla (aún más que antes). En este sentido, los controles cambiarios perduraron y el “eje” del bimonetarismo fue la paridad fija con el dólar.

Más tarde, en 2011, la dictadura volvió a flexibilizar la circulación del dólar, pero conservando el recargo del 10%. El dictador Miguel Díaz-Canel finalmente eliminó este impuesto con la reforma monetaria de 2021, pero al mismo tiempo anuló la circulación de la moneda convertible.

Ese año, el Banco Central de Cuba rompió la convertibilidad al emitir una sideral cantidad de dinero durante la pandemia, y reforzó nuevamente los controles cambiarios para reprimir la huida del peso no convertible. Esto dio lugar a una brecha cambiaria superior al 70%, y una tasa de inflación fluctuante entre el 30% y el 80% anual.

El bimonetarismo en Venezuela

El caso venezolano probablemente sea el más extremo de represión financiera. El chavismo profundizó los controles cambiarios desde febrero de 2003, creando oficialmente la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI) para monitorear ferozmente a los ciudadanos. 

Esto dio lugar a dos tipos de cambio en el país, uno oficial y otro paralelo (libre e ilegal). Con el tiempo el sistema se fue complejizando cada vez más, a partir de 2008 se le quitaron 4 ceros a la moneda, y a partir del año 2010 pasaron a regir 3 tipos de cambios diferentes: el oficial regulado, el que correspondía al Sistema Cambiario Alternativo de Divisas, y finalmente el paralelo en el mercado informal.

En el año 2014 el régimen de Nicolás Maduro volvió a reformar el mercado cambiario, esta vez creando un dólar especial para bienes esenciales y deuda pública, un segundo para importaciones no prioritarias, un tercero para viajes al exterior y transacciones financieras (flotante y legal), y finalmente el dólar paralelo (lo que conoceríamos en Argentina como "dólar blue").

Esta segmentación de dólar es una idea que promueve Carlos Melconian, el elegido por Patricia Bullrich para que sea su ministro de Economía en caso de llegar a la presidencia. Sin embargo, este sistema quedó pulverizado en Venezuela cuando estalló la hiperinflación.

La paridad oficial se atrasó tanto con respecto a los precios que adquirió valores irrisorios, la mayor parte de las transacciones migraron al dólar paralelo aún pese a las restricciones legales, y la economía entró en la peor depresión de su historia. El sistema cambiario colapsó, y la dictadura venezolana se vio obligada a aceptar dosis crecientes de bimonetarismo legal.

En febrero de 2016, se eliminó el dólar financiero especial y se unificó con el de las importaciones no prioritarias, y en febrero del año 2018 se unificó todo el mercado legal de cambios. En este último año se decretó la anulación de los controles cambiarios para rupias, yuanes, euros y rublos, pero lo que realmente quería la población era el dólar.

En mayo de 2018, el Gobierno flexibilizó los controles para recibir remesas familiares en divisas provenientes del exterior. En el mes de agosto, el Gobierno elimina el control de cambios que había sido instaurado 15 años atrás, y a partir de este punto el país alterna entre períodos con libre flotación cambiaria y períodos con “flotación administrada” en los que interviene el Banco Central.

En octubre del 2021, Maduro anunció oficialmente el "bimonetarismo" en Venezuela, con la introducción del "Bolívar Digital", que a pesar de su nombre no tiene nada que ver con una criptomoneda, si no que flota más libremente que los anteriores conos monetarios con el dólar.

La nueva moneda le quitó 6 ceros al anterior "Bolívar Soberano", que de soberano tampoco tenía nada porque fue una moneda hiperinflacionada, que llegó a subir un 3.000.000 %.

El sistema bimonetario aún está vigente hasta el día de hoy, y a pesar de todos los cambios formulados, la tasa de inflación sigue fluctuando entre el 300% y el 400% anual. Los sucesivos programas de estabilización bajo el sistema demostraron ser más efectivos que la represión financiera del chavismo tradicional, pero nunca lograron eliminar el problema inflacionario.

Economía

Francia rumbo a la quiebra: Vuelve a bajar la calificación crediticia de los bonos franceses y el déficit fiscal alcanza valores récord

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El desequilibrio presupuestario en las finanzas del país galo ya es el más extremo registrado desde la pandemia, a pesar de que la actividad económica se recuperó del impacto desde hace dos años. El elefantiásico Estado francés se hace imposible de sostener.

La administración de Emmanuel Macron no solamente deja al país a merced de una peligrosa radicalización política encarnada por el espacio de Melenchon, sino que además deja una economía completamente desgastada tras años de un modelo que parece totalmente agotado.

La economía francesa registra las tasas de crecimiento más bajas de su historia, apenas pudiendo recuperar del impacto provocado por la pandemia entre 2020 y 2021, pero no pudiendo recuperar su tendencia de crecimiento anterior a dicho evento.

En los mercados financieros, los bonos franceses volvieron a sufrir un nuevo revés de confianza, ya que la mayoría de las agencias calificadoras de riesgo decidieron rebajar la puntuación de la deuda francesa hace solo un mes, después de haberlo hecho en junio del año pasado. Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s siguieron esta tendencia con respecto a la evaluación de los bonos que emite el Estado francés.

El déficit fiscal primario de Francia llegó a representar el 3,77% del PBI en el último trimestre del año pasado, según las más recientes estadísticas del Banco Central Europeo. Se trata del quinto trimestre conductivo en que empeora el resultado presupuestario, incluso antes del pago de intereses de deuda (cada vez mayores).

De hecho, y sin considerar el impacto que generó la pandemia, Francia mantiene el déficit primario más drástico de los últimos 12 años, y el incesante clima de inestabilidad política no arroja ninguna perspectiva medianamente optimista.

Si se suma el pago de intereses a cuenta de la deuda pública, el resultado consolidado del país galo marcó un rojo de casi el 5,5% del PBI en el último cuarto del año 2023, y no se veía un nivel semejante desde la salida de la crisis internacional de 2008 o la pandemia de 2020. La diferencia entre aquellos dos escenarios de crisis con respecto a la situación actual, es que en este momento la economía francesa no se encuentra en recesión, sino que continúa reteniendo un anémico crecimiento.

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Economía

El Gobierno anuncia la desregulación del mercado de Warrants, con el objetivo de favorecer el crédito para familias y empresas

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Desde diciembre del año pasado la administración de Milei desreguló una serie de mercados en tiempo récord, y los primeros resultados ya están a la vista en el caso del sector inmobiliario. La mayor desregulación permite aceitar mejor el funcionamiento del aparato productivo.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció un importante avance en la desregulación y modernización del mercado financiero argentino: cesarán las restricciones inútiles y arbitrarias que hasta ahora existían para la emisión de Warrants.

Como explicó el propio Ministro, los Warrants permiten certificar la propiedad de un cierto bien por parte de un productor y con ello se facilita su trazabilidad en el mercado financiero. Son instrumentos que permiten convertir de manera muy sencilla algo físico, en una suerte de garantía para poder acceder a créditos.

Asimismo, estos instrumentos también se pueden intercambiar y vender en los mercados secundarios, lo cual habilita toda una serie de facultades para su emisor. En países como Estados Unidos, es común que los warrants se emitan y se negocien libremente en los mercados extrabursátiles.

Pero hasta ahora, Argentina se diferenciaba de la mayor parte de las economías modernas porque restringía excesivamente la emisión de estos instrumentos, hasta el punto de que únicamente 10 empresas en todo el país estaban autorizadas a hacerlo, algo completamente arbitrario y perjudicial para el desarrollo de este mercado (especialmente para las pequeñas y medianas empresas).

Por otra parte, se desregularon los diferentes usos permitidos para la emisión de Warrants, con lo cual podrán ser utilizados para canalizar el crédito hacia la actividad minera, la industria manufacturera, el sector energético, el sector agropecuario, etc.

Estas medidas, en conjunto con el mayor espacio para el crédito privado y la mayor estabilidad de precios, permitirán abaratar la financiación de múltiples proyectos de inversión, especialmente en donde más se necesitan. 

También supone un fuerte impulso para la competitividad de las empresas argentinas frente al exterior, ya que ahora dispondrán de una herramienta que sus competidores ya hacían uso desde hace tiempo en los mercados más modernos y desarrollados.

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Economía

El socialismo español está a punto de quebrar el sistema jubilatorio por cuarta vez en la historia del país

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La administración del PSOE se niega a permitir cambios profundos sobre el sistema de seguridad social español, y todas las proyecciones futuras sugieren que se volverá un verdadero agujero negro para las finanzas públicas y una masiva disparada del gasto estatal.

El gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez está sentando las bases para una bomba fiscal que repercutirá sobre las finanzas del Estado español a lo largo de los próximos años, comprometiendo así el pago de las futuras pensiones.

Pese a las tímidas reformas esgrimidas por el Ministro socialista José Luis Escrivá, solamente al término de 2023 la seguridad social española registró un desequilibrio descomunal equivalente a los 8.200 millones de euros, y no hará más que empeorar año tras año en ausencia de reformas estructurales.

De esta manera, el sistema de reparto estatal de España se encamina a su cuarta quiebra histórica, y las consecuencias de este hecho ya son conocidas: los parámetros del sistema deberán nuevamente reformularse en detrimento del bienestar de la sociedad, sin ninguna otra alternativa posible dentro del sistema que ofrece el Estado

Bajo un régimen de capitalización individual, dichas reformas no serían necesarias, pero España no cuenta ni siquiera con la asistencia de una mínima participación privada en la inversión de los fondos públicos de pensión, y los planes privados existentes se encuentran sumamente regulados y restringidos.

Los resultados del sistema de reparto español y la falta de futuro

Tal y como se encuentra diseñado el esquema previsional español, y dada las políticas aplicadas por el oficialismo, se encamina hacia una nueva quiebra generalizada que repercutirá mediante menores beneficios para los cotizantes, y mayores impuestos para las generaciones futuras.

La primera gran quiebra del sistema de reparto se produjo en 1985, durante la presidencia socialista de Felipe González. Por aquel entonces, se decidió trasladar el problema hacia adelante: se decidió extender el período mínimo de cómputo (el tiempo para calcular el importe de la prestación social) de 2 a 8 años, y la base salarial para la cotización a partir de los 15 años anteriores a la jubilación (antes 10 años).

Pese a los cambios, en 1997 el sistema volvió a quebrar, y la administración de Aznar decidió extender el período de cómputo hasta los 15 años, y elevar el período de cotización de referencia de 15 a 35 años, lo cual redujo sustancialmente el valor de las jubilaciones reconocidas (generalmente los últimos años trabajados mantienen niveles salariales superiores a los primeros, en la vida laboral de cualquier persona).

Todo esto le dio holgura al sistema por casi una década más, pero finalmente en 2011 el sistema de reparto español quebró por tercera vez, y de manera alarmante. Para postergar el inminente colapso, se extendió la edad mínima de jubilación de 65 a 67 años (gradualmente), el período de cómputo subió de 15 a 25 años, y el período de años salariales de referencia se incrementó de 35 a 37 años. Paralelamente, las jubilaciones dejaron de estar indexadas a la inflación.

Las sucesivas reformas solo postergaron los mismos problemas hacia adelante, pero el dato más alarmante es que se agotan cada vez más rápido. Esta vez, el Gobierno socialista ni siquiera está dispuesto a cargar con el costo político que supondría una cuarta reforma restrictiva, condenando así a millones de personas a una eventual (y más violenta) reforma en el futuro cercano.

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