El Dr. Manuel García Mansilla criticó la postura de Rosatti y denunció un intento de apropiación de la Constitución, con fines estrictamente políticos y no fundados en el derecho. La dolarización es compatible con los parámetros que establece la Constitución Nacional.

Después de los dichos del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y la proclama del 20 de septiembre titulada “Voto por la Constitución Nacional” (lanzada desde el espacio de Patricia Bullrich), ya son cada vez más voces las que denuncian una maliciosa interpretación de la Constitución nacional para favorecer ciertos intereses políticos en detrimento de otros.

En este sentido se expidió el Decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, el doctor Manuel García Mansilla, y concluyó que la dolarización es totalmente compatible con los parámetros establecidos en la Constitución Nacional.

El eje de la discusión gira en torno al artículo 75 de la Constitución, cuando se establece que “le corresponde al Congreso defender el valor de la moneda”. Como explica García Mansilla, esto constituye una potestad que tiene el Congreso pero no estrictamente una obligación en sí misma.

De la misma manera en que el Congreso no está estrictamente obligado a establecer aranceles de importación y exportación (según el inciso 1 del artículo), y tampoco está obligado a contraer empréstitos (según el inciso 4), la misma interpretación cabría de esperar para el caso de la moneda. No existe una excepción explícita que se diferencie de los casos anteriores.

“Afirmar que cuando el artículo 75 de la Constitución dice “corresponde al Congreso” en realidad lo que quiso decir es “el Congreso está obligado a”, no sólo contradice el significado obvio de las palabras, sino que, además, llevaría a resultados absurdos. El inciso 1 de ese artículo atribuye al Congreso el establecimiento de los derechos de importación y exportación. Si la interpretación que se sugiere en la solicitada fuera correcta, estaría vedado eximir a algunos productos de esos aranceles aduaneros. Lo mismo sucede con el inciso 4, que faculta al Congreso a contraer empréstitos. ¿Acaso alguien puede sostener que eso obliga al Congreso a tomar préstamos?”, explica García Mansilla.

Por el contrario, lo que explica el artículo 75 es que las atribuciones mencionadas son competencia del Congreso a la hora de ponerlas en ejercicio, pero de ninguna manera es una obligación para el Congreso hacerlo.

Otro punto relevante de la crítica que realiza García Mansilla es el hecho de señalar que la Constitución en ningún momento obliga al Poder Ejecutivo a crear un banco o una institución con la facultad de emitir dinero, ni tampoco que la moneda de curso legal sea necesariamente la que se emite en Argentina.

Esto no solo es una precisión teórica de lo que se puede interpretar de la Constitución, sino que basta simplemente con revisar los antecedentes de Argentina desde 1853 para concluir que nunca se menciona tales obligaciones. 

Mansilla destaca algunos ejemplos, entre ellos la declaración como “monedas de curso legal” a la onza de las Repúblicas Hispanoamericanas, el reis brasileño, el águila de los Estados Unidos, el cóndor chileno, el doblón español, el soberano inglés y el napoleón francés a partir de octubre de 1860. Las mismas podían usarse para transaccionar, pero también para pagar impuestos.

El artículo 75 atribuye al Congreso la potestad de defender el valor de la moneda, pero jamás se establece que la misma deba ser la que emite el Banco Central (una institución que comenzó a regir a partir del año 1935). La moneda a la que hace referencia el artículo es la que tiene curso legal en la Argentina, y estrictamente la que se emite a nivel local.

“Moneda nacional no es moneda emitida localmente, sino moneda de curso legal en la Argentina. Por otra parte, aun si erróneamente se entendiera esa atribución como un mandato o una obligación, el artículo no establece una forma específica para defender el valor de la moneda. Sería perfectamente compatible con ese supuesto mandato que el Congreso estableciera como moneda de curso legal una moneda emitida en el exterior, reconocidamente estable, precisamente para impedir su envilecimiento”, concluye el Dr. Mansilla.

Un elemento adicional a tener en cuenta es que, mediante la reforma constitucional de 1994, se incluyó un inciso 24 como parte del artículo 75 en el cual se prevé expresamente la posibilidad de delegar competencias a instituciones supraestatales. En aquel entonces, la reforma tenía en mente la posible integración monetaria regional en el marco del Mercosur, pero también aplica para el dólar o para cualquier otra integración monetaria que se pretenda concretar.

“La defensa de la Constitución Nacional no se ejerce clausurando el debate o situándose en una posición de superioridad moral para obturarlo. La Constitución no es propiedad de algunos, por lo que lejos de rehuir el debate, lo que corresponde es fomentarlo. Mal que nos pese, no todo lo que no gusta es inconstitucional”, sentenció el Decano. 

El “plan platita” del ministro Massa significó la ruptura definitiva de los lineamientos acordados con el FMI. El organismo no aprobará el último desembolso previsto para fin de año, y el kirchnerismo quiere apostar al endeudamiento externo para cancelar los vencimientos de noviembre y evitar el default.

La estrategia del ministro Sergio Massa le está costando muy caro al país, y dejará secuelas preocupantes ya no tan solo al próximo Gobierno, sino tan pronto como termine la contienda electoral en el mes de noviembre.

En los hechos, el lanzamiento del “plan platita” rompió con los lineamientos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Todas las metas trimestrales fueron incumplidas en lo que va del año, y nada hace pensar que no vuelvan a ser violentadas para el último tramo que resta hasta diciembre.

Se estima que las medidas de Massa, entre reducciones impositivas y el sideral aumento del gasto público, tendrá un impacto fiscal de por lo menos el 1% del PBI, pero la cifra crece todos los días conforme se van agregando más y más medidas en favor de la campaña del candidato kirchnerista. 

El acuerdo con el FMI establece un tope del 1,9% del PBI para el déficit primario de fin de año, un número imposible de alcanzar con los parámetros que llevó a cabo este Gobierno. En consecuencia, tampoco será posible llegar a la meta de asistencia monetaria, y del mismo modo la acumulación de reservas netas en el BCRA también podría ser insuficiente.

Debido a estas condiciones, se descuenta casi como un hecho que el FMI no aprobará el próximo desembolso previsto para la Argentina en US$ 2.500 millones, que en teoría debe realizarse en el último bimestre del año. Todo indica que la cadena de desembolsos sólo podrá ser restaurada en un próximo Gobierno, con más credibilidad y con un plan consistente. 

Este incumplimiento deja al país al borde del default, con todas las consecuencias que ello implica. El Gobierno de Alberto Fernández tratará de recurrir al endeudamiento externo para financiar los vencimientos restantes del año (ya que no podrán ser cancelados con los desembolsos como se hacía hasta el momento), y la fuente para hacerlo podría volver a ser la CAF y las líneas de crédito de corto plazo que ofrece Qatar.

Cabe destacar que entre finales de 1988 y principios de 1989, uno de los elementos que disparó la hiperinflación fue la ruptura de la cadena de desembolsos que mantenía el país con el Banco Mundial, después de que el Gobierno de Alfonsín incumpliera las metas acordadas.

El índice de Riesgo País se disparó a los 2.375 puntos básicos al cierre del día jueves, mientras que los bonos soberanos sufrieron una verdadera paliza y cayeron entre 2% y 5%. Llevan retrocediendo toda la semana, y el panorama se torna cada vez más adverso.

Por su parte, el índice bursátil S&P Merval sufrió una estrepitosa caída de hasta el 6% al término del día jueves, incluso cuando la Reserva Federal decidió no subir las tasas de interés en Estados Unidos. El riesgo argentino ya no se explica por ningún shock externo, sino por la disfuncional política fiscal de Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Lo confirmó Guillermo Bernaudo, el principal vocero de la candidata de Juntos por el Cambio para el agro. Muy lejos de sus promesas originales, ahora se plantea un cronograma de rebajas graduales similar al que había implementado Macri en 2018.

El discurso contundente que esbozó Patricia Bullrich antes de las PASO sigue desdibujándose a medida que expande su equipo. Una de las diferencias que trató de marcar con Horacio Rodríguez Larreta en las primarias, fue precisamente la velocidad en la quita de las retenciones, a lo cual la candidata del PRO prometía llevar a cabo como un shock “inmediato”.

En un principio prometió que se eliminarían el día 1 después de asumir, aunque compensado por una suerte de “ahorro forzoso” que se devolvería a 7 años. Ya aquella propuesta resonó como un cimbronazo en el agro, que están apoyando fuertemente a la candidata de Juntos por el Cambio, pero no les gusta que se esté barajando cualquier cosa que no sea la eliminación inmediata del tributo.

Pero este miércoles, Guillermo “Willy” Bernaudo, principal vocero en temas agropecuarios de Bullrich y potencial Ministro de Agricultura en un eventual gobierno suyo, sugirió que la estrategia será incluso más gradualista, y la quita de retenciones a la soja y cereales podría demorar incluso entre 5 y 6 años.

En su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario, Bernaudo empezó diciendo que no buscarán eliminar las retenciones desde el Poder Ejecutivo, si no que es algo que deberá suprimir el Congreso con un proyecto de ley.

Primero, empezó diciendo que esto se hará en “un año o dos” de gobierno: “Hay que plantear la eliminación de los derechos de exportación que quedan residuales en las cadenas de valor para la soja y los cereales. No va a ser de inmediato, pero sí va a tener un cronograma cierto y que sea de un año o dos más, pero que esté representado por una ley“.

Pero inmediatamente pateó este periodo a cuatro años y terminó el discurso hablando sobre que “se haría en cinco o seis años como máximo”, por lo que ni siquiera pasaría en su mandato: “Es más difícil modificar una ley que modificar el código aduanero. Los derechos de exportación que se han usado se tienen que eliminar a través del Congreso, aspiramos a que si no es en cuatro años que sea en 5 o 6 años como máximo”.

Queda en evidencia que realmente no había ninguna diferencia entre el programa de Larreta y el de Bullrich, y que la candidata decidió mentirle descaradamente a los que fueron originalmente sus votantes en las PASO, pensando que apoyaban a algo diferente a su contrincante en la interna.

🇦🇷 | El asesor de Bullrich en temas relacionados al campo, Guillermo “Willy” Bernaudo, asegura que la quita de retenciones se sacará en "un año o dos" como mínimo y de "5 o 6 años como máximo", en un eventual segundo mandato.

"Hay que plantear la eliminación de los derechos de… pic.twitter.com/7id7RwDPoT

— La Derecha Diario (@laderechadiario) September 21, 2023

La candidata de Juntos por el Cambio también le dio el control total de su cartera económica a la figura de Carlos Melconian como eventual ministro de Economía, otra vez dejando de lado a sus allegados más cercanos durante la campaña de las primarias.

El principal problema con el cronograma de reducción gradual para las retenciones es la continuidad en el tiempo. El ex presidente Mauricio Macri instrumentó una estrategia similar a partir de enero de 2018, mediante el llamado “Plan de Fortalecimiento de las Economías Regionales”, que incluía a las exportaciones más relevantes como la soja, el trigo, el maíz, el girasol y sus derivados.

De acuerdo al plan de Macri, las retenciones disminuían a razón de un 0,5% por mes (6 puntos por año), hasta verse eventualmente eliminadas entre 2020 y 2021. El cronograma de reducciones fue rápidamente abandonado en septiembre de ese mismo año ante la menor contingencia, y fue Carlos Melconian uno de los asesores que recomendó explícitamente el fin del plan.

La sola idea de continuidad durante períodos de tiempo tan extensos luce poco plausible a la luz de los hechos de la anterior gestión de Cambiemos. La credibilidad del espacio es muy baja, y los productores podrían demorar años en responder a los incentivos que se les pretende dar, postergando las liquidaciones y esperando mejores condiciones para hacerlo en el futuro.

No solo se propone repetir el mismo camino fallido que se intentó en el pasado, sino que además se promete que el ejecutor de las medidas será nada menos que Melconian, el mismo que propuso boicotear el cronograma en 2018.

Por no mencionar que el discurso de Patricia Bullrich alrededor de las retenciones agropecuarias cambió incesantemente desde el comienzo de las elecciones primarias, dejando en claro que no existe un plan concreto en Juntos por el Cambio, como denunciaba el economista y asesor de Bullrich, Ariel Coremberg.