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Economía

“Emitan sin miedo”: El día que Gerardo Morales desde la oposición llamó a emitir descontroladamente

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El Gobernador de la Provincia de Jujuy y máximo referente del radicalismo, aconsejaba públicamente al Gobierno kirchnerista para que emitiera dinero sin respaldo en 2020. El oficialismo siguió la tesis de Morales, y hoy la inflación alcanza el nivel más alto en 30 años.

Los precios minoristas marcaron un aumento del 7,4% solamente en el mes de julio, según confirmó el INDEC. La inflación interanual ya alcanza el 71% en comparación contra julio del año pasado, y es la cifra más extrema desde enero de 1992.

La inflación interanual aumentó sin pausa desde el año 2020. Cerró en el 36% en diciembre de ese mismo año, trepó al 50,8% para diciembre de 2021 y finalmente alcanzó la cifra más alta en 30 años en lo que va de 2022. Se registró un aumento sideral de 35 puntos en menos de dos años.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional y actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, llamaba públicamente a emitir dinero sin ningún tipo de control en el año 2020. El gobernador radical concluía que el violento nivel de emisión no produciría ningún efecto inflacionario porque amenazaba con meter preso a cualquier comerciante que se atreviera a subir los precios.

Morales “lamentó disentir con los economistas ortodoxos” e incluso admitió públicamente que alentó a varios ministros de la administración kirchnerista para que defendieran la brutal expansión de la oferta monetaria en 2020.

El Gobierno kirchnerista siguió la tesitura de Morales a la perfección. Bajo el liderazgo del radical Miguel Pesce como presidente del Banco Central, la oferta monetaria ampliada bajo el agregado M2 creció un 101% interanual en julio de 2020, y cerró ese año con una expansión neta del 79% en diciembre.

Se registró una fuerte expansión de la masa monetaria en todos los agregados que se pueden relevar, incluyendo la base monetaria, el circulante fuera del sistema financiero, y los pesos en circulación a través del sistema bancario.

La persecución contra los comerciantes no surtió ningún tipo de efecto en materia de inflación, y este tipo de políticas fracasaron sistemáticamente en la historia argentina. Las multas contra los comercios, los “precios máximos” y los “precios cuidados” no impidieron el estallido inflacionario.

La UCR se desligó de cualquier tipo de responsabilidad por haber defendido y alentado públicamente la violenta expansión monetaria del 2020. Cuando quedó en evidencia el fracaso de estas políticas, el radicalismo se lamentó por el estallido inflacionario, el deterioro del poder adquisitivo y el aumento de la pobreza, los efectos de sus propias recomendaciones de política económica.

La inflación mensual correspondiente a julio de 2022 fue la más elevada en 20 años, pero la interanual registró el dato más extremo en 30 años. En otras palabras, la inflación acumulada de 12 meses es la más grande desde la última hiperinflación, un episodio que involucra directamente a la presidencia de Raúl Alfonsín.

Con las mismas ideas que Gerardo Morales, el presidente Alfonsín se apartó de las teorías ortodoxas, y mostró un irresponsable escepticismo por los equilibrios fiscales y monetarios en la economía.

La inflación mensual llegó al 114% en junio de 1989, y hasta 196% en julio. La inflación interanual trepó al 5000% para diciembre de ese año, y fue finalmente erradicada con el plan de Convertibilidad en marzo de 1991. 

Economía

Las medidas de Joe Biden agregarán más de 4,8 billones de dólares al déficit fiscal hasta 2031

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El Presidente se jactó por la reducción del déficit en 2022 y se la atribuyó a sí mismo, pero el grueso de sus propias iniciativas apuntan a desequilibrar las finanzas públicas por más tiempo del que se proyectaba en la administración anterior. 

El Gobierno del presidente Joe Biden anunció que el déficit fiscal fue recortado en US$ 1,7 billones en el año fiscal 2022, un hecho que por supuesto atribuyó exclusivamente a su gestión y no escatimó en críticas y acusaciones hacia el Gobierno de Donald Trump.

Sin embargo, el Presidente manipuló la información para verse favorecido y decidió eludir los hechos de la realidad que marcan una situación muy diferente. Si bien es cierto que el déficit fiscal federal se redujo fuertemente en 2022, esto se debió al cese del “gasto covid” y los cheques de asistencia social otorgados por la emergencia.

No hubo ningún recorte efectivo del gasto público presupuestado por fuera de las erogaciones extraordinarias. De hecho, el gasto primario del Gobierno federal (sin intereses de deuda) ascendió al 22,05% del PBI en noviembre del año pasado, aún muy por encima del 19,35% que se registraba antes de la pandemia en febrero de 2020.

El déficit fiscal se redujo en 10 puntos del PBI durante el Gobierno de Biden, pero con dos importantes excepciones: la primera en marzo de 2021 con el lanzamiento del “Plan de Rescate Estadounidense” y la segunda en septiembre de 2022 con la cancelación de préstamos estudiantiles

La ley de rescate aprobada incrementó el déficit fiscal del 15,66% del PBI hasta superar el 18%, el valor más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la cancelación de préstamos estudiantiles marcó el fin de la corrección fiscal y disparó el desequilibrio del 3,9% del producto al 5,2% en noviembre de 2022 (0,3 puntos por encima de febrero de 2020). 

Aún obviando el incremento de los intereses de deuda por el ajuste de tasas de la Reserva Federal, las finanzas públicas no muestran mejoría. El déficit fiscal primario del Gobierno federal se incrementó del 2% del PBI en julio de 2022 al 3,37% en noviembre, principalmente debido al salto que provocó el rescate de deuda.

Por la propia dinámica de los gastos asignados únicamente por una emergencia sanitaria, la corrección del déficit fiscal habría tenido lugar de manera natural y premeditada, la administración Biden solo añadió la expansión de partidas discrecionalmente seleccionadas y sin preocuparse por la responsabilidad fiscal. 

Resultado del Gobierno federal de Estados Unidos entre 2019 y 2022.

Los economistas de Moody’s Analytics estiman que el presidente Biden añadió hasta 4,8 billones de dólares más al déficit fiscal entre 2021 y 2031, siendo el 48% de este monto explicado únicamente por el Plan de Rescate Estadounidense de 2021. Estos gastos no tuvieron ningún tipo de contraprestación, el Gobierno no se preocupó por compensar las pérdidas. 

La Ley de Reducción de la Inflación (IRA por sus siglas en inglés) sí compromete un ajuste al déficit pero solamente por US$ 200.000 millones hasta 2032, un monto que de ningún modo puede compensar el rojo fiscal de US$ 4,8 billones.

La política fiscal del Gobierno se volvió errática y abiertamente contradictoria. Si la principal herramienta de la IRA era la reducción del déficit fiscal para controlar la inflación, esta se ve completamente boicoteada por otros programas igualmente aprobados y promovidos por la misma administración.

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Economía

Bomba de tiempo para 2024: Massa deja una economía con recesión, endeudamiento récord y brecha cambiaria cercana al 100%

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La deuda remunerada del Banco Central superó los $10,6 billones, el Tesoro Nacional acumula un endeudamiento de hasta 18 billones de pesos y el nivel de la brecha cambiaria está en máximos históricos. La inflación reprimida genera una bomba de tiempo para el próximo Gobierno.

El programa lanzado por Sergio Massa en agosto de 2022 se limitó a tres cuestiones principales: agudizar los controles de precios, elevar las tasas de interés nominales y acelerar el ritmo del endeudamiento tanto del Tesoro Nacional como del Banco Central (BCRA).

Ninguno de los tres factores consiguen estabilizar la macroeconomía, pero las consecuencias se hacen notar. Los pasivos remunerados del BCRA alcanzaron la estrafalaria suma de 10,6 billones de pesos, equivalentes al 200% de la base monetaria y cerca del 12% del PBI.

La deuda del Central es el principal instrumento de esterilización para la emisión monetaria pero ya encontró su límite, y lo que en un principio fue un mecanismo transitorio para detener la inflación, se transforma progresivamente en una bomba de tiempo que amenaza con generar el efecto opuesto. 

Pasivos remunerados del Banco Central (BCRA) y brecha cambiaria.

El retiro de pesos de la plaza financiera no es fortuita, requiere de emisión monetaria para pagar intereses por las Leliq y los Pases. Esta suma de intereses ascendió a los 3,38 billones de pesos en 2022 o el equivalente al 3,82% del PBI, el llamado “déficit cuasi-fiscal”. El virtual desarme de este déficit implica un costo inflacionario mayúsculo para el futuro, un problema de sobrante monetario que en algún momento deberá salir a la luz y sincerar los precios.

Aunque el ministro Massa logró el cumplimiento de las metas fiscales con el FMI, si se adiciona la posición cuasi-fiscal el desequilibrio no bajó en absoluto. Toda la mejora sobre el déficit primario fue más que compensada por el incremento del pago de intereses del Central. A efectos de la estabilidad, el déficit fiscal bajó y no hay expectativas de que pueda bajar en 2023.

De hecho, si los pasivos del BCRA continúan pagando una tasa efectiva anual del 107% (como lo denota una tasa nominal del 75%) entonces la posición de deuda llegaría a representar hasta el 290% de la base monetaria para fin de año, una cifra completamente insostenible y nunca antes vista en la historia argentina. Las expectativas descuentan un aumento del déficit cuasi-fiscal y mayor presión inflacionaria para 2024

Por parte del Tesoro Nacional se acumuló una deuda de hasta 18 billones de pesos, el 65% en manos de otras entidades del sector público como el propio Banco Central o la ANSES, y el monto restante se reparte entre entidades financieras y agentes del sector privados.

El oficialismo debió recurrir sistemáticamente al endeudamiento en pesos con el mercado local debido al cierre del mercado de capitales internacional para Argentina. La acumulación de vencimientos en cortos períodos de tiempo es el principal factor desequilibrante de la deuda del Tesoro

La primera corrida contra los títulos públicos se produjo entre junio y julio de 2022, y desde entonces el Tesoro debió emprender licitación tras licitación para postergar pagos de corto plazo para despejar la incertidumbre, pero a costa de elevar dramáticamente las tasas de interés implícitas. 

La mayor parte de los vencimientos de la deuda rolleada por Massa recaerán entre febrero y marzo de 2024, el Ministro se limitó a postergar las necesidades financieras exclusivas al año 2023. La sola insinuación de un eventual “reperfilamiento” de la deuda por parte de los posibiles candidatos a la presidencia podría desatar otra corrida como la que sufrió el país a mediados del año pasado.

Como si todo esto no fuera suficiente, el programa de Massa se ve completamente agotado y ya comienzan a ceder los únicos resultados modestamente positivos concretados al inicio de la administración. La brecha cambiaria volvió a situarse en el 100% considerando el segmento del dólar paralelo y la paridad oficial.

La brecha de la divisa genera una presión severa sobre la sostenibilidad del sistema de control de cambios, pero también esconde un parámetro para medir la inflación reprimida y el desorden de los precios relativos en la economía. La eventual salida de este esquema cambiario producirá un shock sobre el precio de los bienes transables, sincerando una importante cuantía de la inflación hasta ahora no reconocida.

El atraso del nivel real de los servicios públicos también constituye una importante bomba de tiempo que dejará la administración Fernández, incluso a pesar de los ajustes dispuestos por el Ministro de Economía desde octubre del año pasado.

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Colombia

El comunista Petro anunció el congelamiento masivo de todas las tarifas de los servicios públicos

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Colombia optará por el mismo rumbo que Argentina y Venezuela, y de ahora en adelante las tarifas de servicios públicos tendrán precios políticos. Las medidas llegan como una respuesta desesperada del Gobierno para contener la creciente inflación. 

El presidente socialista Gustavo Petro perdió completamente los estribos y anunció un congelamiento generalizado para todas las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, entre ellos las facturas de electricidad, la distribución de agua potable y alcantarillado, distribución de combustible, telecomunicaciones y las facturas de gas residencial.

Hasta ahora, las empresas proveedoras de servicios se encontraban reguladas como “monopolios naturales”, pero bajo pautas claras, previsibles y criterios técnicos previamente acordados desde el año 1994, que permitían un esquema con reglas de juego estables para la inversión de largo plazo.

Este sistema se implementaba a través de comisiones reguladoras, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo. La reforma del presidente Petro anula por completo la autonomía de las comisiones: las tarifas serán directamente prefijadas por el Gobierno, haciendo uso de criterios completamente arbitrarios y políticos

Formalmente la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRC), perderán completamente sus potestades y serán aglutinadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Interior

“Las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal, no para afirmar procesos de especulación financiera, como hasta ahora lo han realizado”, declaró Gustavo Petro en relación a la regulación tarifaria. 

El nuevo sistema de fijación de precios será similar al que actualmente opera en Venezuela y Argentina, donde los Gobiernos establecen precios políticos para las tarifas públicas, convirtiéndolas en una herramienta más de la política económica y con un enorme costo en materia de distorsión de precios relativos. 

Petro pretende congelar las tarifas de servicios por tiempo indeterminado. El Gobierno quiere usar estos precios como un “ancla nominal” para un plan de estabilización típicamente heterodoxo basado en el controles. 

El problema con el uso de anclas nominales de este tipo es que el precio anclado indefectiblemente reducirá su valor en términos reales, desalentando profundamente la inversión en los sectores estratégicos de la economía. Se corre el riesgo de sufrir las mismas consecuencias que Argentina y Venezuela: descapitalización, apagones eléctricos y deterioro sistemático de la calidad de los servicios.

La bolsa de comercio volvió a reaccionar negativamente tras las estrafalarias medidas del Presidente. El índice MSCI Colcap (análogo al Merval argentino) se desplomó un 1,53% en el día viernes, ubicándose en las 1.281,97 unidades. 

Por el contrario de las pretensiones del oficialismo, los controles tarifarios generan una presión alcista sobre las expectativas inflacionarias porque se descuenta que si el Gobierno incurre en controles esto se debe a la reticencia para ordenar las finanzas públicas, un hecho que deteriora el poder de acción del Banco Central. 

La firma JP Morgan alertó por este mismo hecho, alegando que la reforma tributaria de Petro no busca reducir el déficit fiscal de manera responsable, simplemente se limita a captar más recursos para financiar la expansión del gasto público. 

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