El ministro de Interior de la dictadura estaba presentando un informe sobre el encarcelamiento del opositor Camacho, cuando legisladores opositores quisieron protestar y fueron golpeados por oficialistas.

En una sesión del Congreso de Bolivia, en la que el ministro del Interior del gobierno socialista Eduardo del Castillo había sido citado para responder por el encarcelamiento ilegal del gobernador de Santa Cruz, el líder opositor Luis Fernando Camacho, los legisladores del oficialismo y la oposición terminaron a las piñas ante todas las cámaras.

El ministro Del Castillo se presentó durante la noche de este martes ante el Legislativo para responder a un cuestionario de 11 preguntas que la oposición había preparado para que explicara los fundamentos legales del arresto de Camacho, el pasado 28 de diciembre.

Durante la detención de Camacho, que no tiene sustento legal y fue el punto de quiebre que convirtió a Bolivia oficialmente en una dictadura, la policía activó un fuerte operativo con helicópteros y cordones de seguridad, muy criticado por la oposición, que permitió trasladarlo desde la oriental Santa Cruz hacia La Paz, en el occidente del país, en donde un juez le impuso cuatro meses de detención preventiva por una acusación por “terrorismo” en el caso “golpe de Estado I“.

En esta causa, el gobernador de derecha está acusado de ser parte activa en la asunción de Jeanine Añez como presidente en 2019, quien asumió luego de que Evo Morales renunciara a la presidencia y le exigiera a todos los demás dirigentes de su partido en la línea sucesoria que lo siguieran.

Al cumplirse ese tiempo, a fines de abril, se amplió su detención por cuatro meses más, por lo que el gobernador cruceño deberá permanecer en prisión sin condena hasta por lo menos agosto, aunque se espera que el régimen totalitario encuentre otra excusa para mantenerlo preso aún más tiempo.

En el tiempo que llegó a exponer, Del Castillo argumentó que el arresto del Gobernador de Santa Cruz se efectuó “en el marco de la ley”, pues se emitió una orden de aprehensión dos meses antes de su ejecución.

La autoridad remarcó que, durante la aprehensión de Camacho, “no se produjo ni un solo disparo” ni hubo “uso de armas de fuego“, pese a que en los videos se ve que fue víctima de un secuestro violento, donde agentes de seguridad nacional frenaron el vehículo donde se transportaba con su familia, rompieron las ventanas de los autos y lo extrajeron por la fuerza.

La sesión se desbandó mientras Del Castillo defendía la legalidad de la detención y criticaba a los parlamentarios de la coalición Creemos, el partido de Camacho, a quienes calificó de “grupos radicales, ladrones, violentos que vinieron a robar la billetera del pueblo boliviano”.

En ese momento, un grupo de parlamentarias opositoras mostró pancartas con mensajes como “con presos políticos no hay democracia” y otro con una foto de Del Castillo y la leyenda “ministro del terror“.

De inmediato, un grupo de legisladoras mujeres del MAS, el partido socialista de Evo Morales, se abalanzó sobre los opositores para arrebatarles sus letreros en medio de empujones, en una sesión que era transmitida en directo por canales oficiales. En ese momento, comenzó una riña entre una veintena de legisladores, que duró varios minutos e incluyó cachetadas, patadas, puños y tirones de pelo.

Bajo ese contexto, Del Castillo abandonó el recinto y la sesión concluyó con un reconocimiento de los legisladores oficialistas, en la que honran al ministro de la dictadura “por el trabajo que viene realizando, fortaleciendo la seguridad ciudadana a nivel nacional, por la lucha frontal por la corrupción, su lucha contra el narcotráfico y haber realizado un excelente trabajo para dar con el paradero de los que alteraron el orden constitucional el 2019“.

El Gobierno de Luis Arce finalizó la expropiación del sistema previsional boliviano, destruyendo así la garantía para los derechos de propiedad. Miles de afiliados manifiestan su descontento en todo el país por el asalto deliberado a sus aportes personales.

Los derechos de propiedad se deterioran cada vez más en Bolivia. El régimen de Luis Arce consumó la expropiación del sistema de capitalización individual en el país. El Estado, a través de la “Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo” asumió el control total y definitivo sobre todas las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas. Todas las AFP cerraron sus puertas y dejaron de operar inmediatamente a partir del viernes pasado.

El Gobierno consiguió una nueva “caja” para disponer de recursos frescos con los cuales solventar el déficit fiscal, sin la necesidad de emitir dinero o colocar nuevos títulos soberanos. Esto se debe a que las cotizaciones a la seguridad social ya no se destinan al ahorro personal de los afiliados sino a mantener las jubilaciones y pensiones actuales. En consecuencia, esto deja un remanente de recursos para el Estado.

La propaganda oficial del régimen patrocina que la decisión se tomó para “proteger las jubilaciones de los bolivianos a largo plazo”, y que los montos percibidos por los ahorristas se verán revitalizados a partir de que estos ya no tendrán que pagar las comisiones que establecían las AFP. Pero nada de esto se condice con la realidad.

El Gobierno adoptó la decisión de expropiar a raíz de la crisis del peso y la corrida cambiaria desatada en todo el país. Con un déficit fiscal primario que aún representa el 5,6% del PBI (y más de 7% con intereses de deuda) el Gobierno hacía uso de la emisión monetaria y el endeudamiento para financiarlo.

Al mismo tiempo el Banco Central sostuvo un régimen de tipo de cambio fijo financiado con reservas internacionales, para así disciplinar las expectativas de inflación y favorecer la demanda de pesos, neutralizando una parte sustancial del efecto de la emisión sin respaldo.

Pero cuando las reservas se vieron a punto de colapsar (y de hecho el Banco Central ya  dejó de informar estadísticas al respecto) la paridad cambiaria se vio amenazada y con ello la posibilidad de seguir financiado una parte sustancial del déficit con emisión. Se optó por estatizar el sistema previsional y disponer de una gran cantidad de fondos genuinos para continuar el despilfarro fiscal.

En segundo lugar, se debe tener en cuenta que las AFP solamente cobraban hasta un 1,31% en materia de comisiones, por lo que la revalorización anunciada por las autoridades no es significativa. En cambio, lo que sí resulta significativo es que los afiliados perdieron sus ahorros y se verán obligados a aceptar las parametrizaciones que disponga el régimen de reparto estatal independientemente de cuánto fuera el aporte.

La decisión del Gobierno socialista provocó un profundo rechazo en miles de personas que se sienten estafadas y que, de un día para otro, ven completamente mermado su esfuerzo después de años de aportes para su retiro.

La economía boliviana deberá enfrentarse, además, a una fuerte retracción del crédito doméstico en moneda local. Así como en Chile u otros países, las AFP jugaban un rol importante como eslabón entre ahorro y crédito en pesos, permitiendo desarrollar un incipiente mercado de capitales desde mediados de la década de 1990. Sin este sistema se pierde el canal de crédito más importante de la historia del país.

Incluso con el nuevo gasoducto de Vaca Muerta, Argentina no cubre todo el gas que se importa en invierno desde Bolivia. El “socialismo del siglo XXI” se empieza a desmoronar y afecta a sus aliados más importantes.

El cimbronazo económico en Bolivia comienza a impactar de lleno en Argentina y condiciona severamente el normal abastecimiento de gas licuado para el norte del país. La constante caída de la producción boliviana hace que ya no sea posible garantizar la provisión de 13 millones de metros cúbicos para el invierno de 2023, algo que sí se logró el año pasado.

Incluso si el nuevo gasoducto en Vaca Muerta se logra terminar en tiempo y forma (programado para junio), este solamente sería capaz de aportar hasta 11 millones de metros cúbicos de gas al día y la suma no alcanza para abastecer las necesidades energéticas normales para cualquier invierno. Sólo a partir de septiembre el gasoducto alcanzará una capacidad de transporte de hasta 20 millones de metros cúbicos diarios, pero antes no será posible.

Frente a la caída de la producción boliviana, las cada vez más escasas exportaciones que realiza este país tienen prioridad para Brasil debido a que este último no aplica controles cambiarios y es capaz de abonar precios internacionales. En Argentina, la importación se realiza a través del cambio oficial y la administración de la empresa estatal ENARSA.

La secretaria de Energía Flavia Royón viajó a Brasil en busca de un acuerdo para reducir la cuota de compra de este último sobre el gas boliviano y así volver a recuperar la prioridad para Argentina, pero no se logró ningún tipo de avance significativo en esta materia.

Las políticas aplicadas por los sucesivos Gobiernos kirchneristas terminaron por destruir el superávit energético que Argentina había logrado en la década de los 90s, bajo la conducción de Carlos Menem y sobre un sistema casi totalmente controlado por la iniciativa privada.

El desacople dramático de los precios internos con los internacionales, los controles cambiarios, el congelamiento de tarifas desde 2002 y las nacionalizaciones terminaron convirtiendo al país en un importador neto de energía a partir de la década del 2000.

Asimismo, la economía de Bolivia se enfrenta a las consecuencias más nocivas del “socialismo del siglo XXI”. Así como Argentina, la economía boliviana pasó de explotar sus ventajas comparativas en la exportación de gas a consentirse en un importador neto de energía a partir de abril de 2022. Las importaciones no hicieron más que crecer por la necesidad interna de abastecimiento que la producción local ya no pudo sostener, y por la misma razón declinaron las exportaciones.

El socialismo boliviano nacionalizó completamente los yacimientos y la explotación de los recursos energéticos, abortando la proliferación de la inversión privada nacional y extranjera. La producción de gas bajo el comando estatal se redujo a tan solo 14,5 millones de metros cúbicos diarios en 2022, cuando se había registrado un pico de 22 millones en el año 2015.

Por otra parte, la excesiva apreciación cambiaria en los últimos 10 años (solamente sostenida sobre la base de perder reservas internacionales) fue un elemento que abarató las importaciones y deterioró la competitividad de las exportaciones. El régimen de Luis Arce se muestra reacio a modificar la paridad cambiaria y permitir una devaluación, pero el Banco Central de Bolivia ya casi agota completamente sus tenencias de divisas.