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Economía

El ingreso por habitante de México se derrumbó desde que el socialista López Obrador asumió la presidencia

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La política económica del Presidente provocó un importante derrumbe sobre la inversión privada. La economía de México abandonó su tendencia de crecimiento de largo plazo, y entró en una dramática situación de estanflación. 

Tras cuatro años de administración socialista en México, los resultados de la política económica son cada vez más decepcionantes. El ingreso por habitante de México, medido por el índice IGAE ajustado por el crecimiento poblacional, registró un derrumbe del 3,1% desde la asunción de Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018.

Se  abandonó completamente la tendencia de crecimiento que tenía antes de la pandemia, durante el mandato de Peña Nieto, y de hecho no logró siquiera recuperarse del impacto provocado por la pandemia en 2020. El ingreso per cápita de octubre de 2022 aún acumula una caída del 1,25% en comparación al nivel que tenía en febrero de 2020. 

La economía de México se perfila como una de las contadas excepciones en América que aún no logra recuperarse del impacto provocado por la pandemia. Al mismo tiempo, la inflación interanual alcanzó un récord de hasta el 8,7% en septiembre, y retrocedió ligeramente al 7,8% en noviembre. Se observa una evidente situación de estanflación: estancamiento de la actividad económica junto con elevadas tasas de aumento de precios.

Evolución del ingreso por habitante en México desde 2010.

Cuando se analizan los componentes de la economía mexicana, existen dos factores que explican en gran medida el estancamiento económico y caída del ingreso per cápita: el derrumbe del nivel de inversión privada y la caída de las exportaciones no petroleras

El sexenio de Lopéz Obrador podría pasar a la posteridad como el primero en décadas que registra un nulo crecimiento sobre el nivel general de vida. El Presidente, disconforme con los resultados de sus propias políticas, decidió desestimar la legitimidad de los indicadores económicos (como por ejemplo el PBI) a la hora de explicar las condiciones de vida del país. 

De hecho, la mayor parte de los analistas descuentan casi completamente que el sexenio de López Obrador terminará con la tasa de crecimiento per cápita más baja de los últimos 100 años. Esto es casi un hecho, dada la dinámica observada hasta ahora y la resiliencia por revertir esta tendencia hasta 2024. 

El nivel de ventas minoristas (la mayor proporción del consumo) logró recuperarse del shock por la pandemia, pero enfrenta una situación de estancamiento desde el mes de mayo. La industria manufacturera logró sortear el efecto recesivo, pero a partir de agosto comenzó a disminuir su ritmo de crecimiento interanual.

Las decisiones de López Obrador que condujeron al estancamiento

La llegada de la izquierda al poder supuso un fin, al menos temporal, sobre el proceso reformista de la economía mexicana. Un importante retroceso para la inversión privada aconteció con la reforma energética del presidente López Obrador

El Gobierno determinó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un ente estatal que se encarga de la provisión de energía eléctrica, mantiene garantías legales para conservar la participación mayoritaria sobre todos los proyectos energéticos del país.  

La inversión privada queda relegada a un simple “apoyo a las empresas estatales” en palabras del propio oficialismo. Los inversores quedan obligados a realizar contratos sólo a través de la CFE y de la petrolera estatal PEMEX, lo cual limita dramáticamente el rol de la iniciativa privada en el sector más dinámico de la economía del país. 

Los problemas sobre la seguridad jurídica en México también funcionan como un factor disuasivo que desalienta la inversión, tanto la doméstica como la extranjera. En este sentido, el mandatario prometió una polémica reforma agraria para expropiar tierras a cambio de indemnizaciones con valores arbitrarios. 

En segundo término, el deterioro de la disciplina fiscal contribuyó al aumento de las expectativas inflacionarias a largo plazo, y con ello la pérdida de la previsibilidad necesaria para fomentar un clima sano de inversiones. 

El déficit fiscal del Gobierno federal aumentó del 1,4% del PBI en el primer trimestre de 2020 al 2,83% en el tercer trimestre de 2022. El resultado fiscal consolidado de México (sumando Gobiernos locales) representó el 3,7% del PBI en 2022, y el Fondo Monetario Internacional espera que aumente por lo menos hasta el 4,1% del PBI en 2023.

Para las proyecciones del FMI, México demorará hasta 5 años en retornar al desequilibrio fiscal que había antes de la pandemia, incluso a pesar de las expectativas por una mayor contribución de los ingresos federales.

La inversión privada acumuló una caída del 7,2% desde el primer trimestre de 2018, y como resultado de las políticas de López Obrador se acumuló una brecha equivalente al 19,8% con respecto a la tendencia de crecimiento pasada.

Economía

Éxito total: Toto Caputo logró un 100% de adhesión a la propuesta de reestructuración por la deuda de Cammesa

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El anuncio envía una firme señal de disciplina fiscal para los mercados, ya que el Gobierno nacional podrá evitar incurrir en mayores obligaciones por las deudas acumuladas con las energéticas. La reestructuración cerró con la aceptación de bonos en dólares pagaderos hasta el año 2038.

Las empresas más importantes del mercado energético argentino finalmente aceptaron la propuesta de reestructuración presentada por el ministro Luis Caputo para reestructurar la deuda de Cammesa. Se trata de una serie de obligaciones acumuladas por subsidios energéticos entre diciembre del año pasado y enero de este año.

Central Puerto y Pampa Energía, dos actores fundamentales en el mercado energético, decidieron apoyar la propuesta por medio de un bono en dólares a 2038, que involucra una quita implícita de hasta el 50% con respecto al valor original de la deuda. Otros actores del mercado como El Chocón, YPF, YPF Luz, Victorio Podestá, Alpes Energy, Pan American Energy (PAE) de Bulgheroni, Hidroeléctrica Futaleufú, Central Dock Sud, APR Energy, AMG, Solargen, Pluspetrol, Albanesi y Compañía General de Combustibles (CGC), también aceptaron la propuesta del Ministro. 

En vista a la deplorable situación fiscal heredada de la administración kirchnerista, las energéticas entendieron que poseían en un activo incobrable en su cartera, ya que el Estado no poseía capacidad alguna de pago. Sin embargo, la propuesta de Caputo promete un horizonte de pagos mucho más realista y factible, con lo cual se prefirió una quita del 50% sobre la deuda en lugar de una situación de evidente impago. 

Por estas razones las empresas energéticas informaron por evidentes pérdidas ante la aceptación de la quita de deuda, pero esto no es otra cosa sino el sinceramiento de un rojo que ya existía antes como resultado de la política tarifaria irresponsable del exministro y candidato Sergio Massa.

El Gobierno envía una señal contundente a los mercados: el superávit fiscal es sólido, incluso de forma independiente al resultado de la votación de la Ley Bases en el Congreso. Sin importar el accionar de la vieja política y los sectores más adversos al cambio económico en el país, el equipo económico del oficialismo se aseguró la prórroga del superávit fiscal.

Todo esto implica que el BCRA se mantendrá firme en su posición autárquica con respecto al financiamiento del sector público, y podrá continuar con su respectivo saneamiento para finalmente desembocar en la liberalización del mercado cambiario.

La creciente apertura y liberalización del mercado energético argentino, algo presente en la Ley Bases, apunta precisamente a aprovechar el potencial productivo de las energéticas a través del tiempo. De obtenerse un resultado favorable en el recinto legislativo, la valorización de las energéticas podría reaccionar positivamente en vista de la proyección de ganancias futuras.

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Economía

Rumbo a la competencia de monedas: El BCRA eliminó las restricciones adicionales para la apertura de cajas de ahorro en dólares

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El marco normativo para abrir una caja de ahorro en dólares pasa a ser el mismo que regía para las cajas en pesos, sin ninguna distinción. Este primer paso desregulatorio permite avanzar hacia la libre competencia de monedas que propone el Gobierno.

A través de la Comunicación “A” 8027, el Banco Central presidido por Santiago Bausili anunció la desregulación de la apertura de cajas de ahorro en dólares o en cualquier otra moneda extranjera. Fueron completamente eliminados los requisitos adicionales que existían para la apertura de este tipo de cuentas, en detrimento y competencia desleal con respecto a las facilidades ofrecidas sobre las cuentas en pesos.

Hasta ahora, y en el marco del cepo cambiario vigente desde finales de 2019, se exigía a los bancos solicitar requisitos de información a sus clientes para corroborar que estos percibieran ningún subsidio si querían abrir una caja de ahorro en dólares. También se exigía información para demostrar una cierta capacidad de ahorro.

El objetivo de estas regulaciones arbitrarias era evitar que una gran cantidad de personas, principalmente aquellas más vulnerables y frecuentemente subsidiadas por el Estado, pudieran migrar sus pesos hacia el dólar a través del sistema bancario. De esta manera, miles de personas fueron relegadas a la operatoria en mercados alternativos y fuera del sistema.

Durante el estallido de la pandemia en 2020, el Gobierno kirchnerista emitió una insana cantidad de pesos al mismo tiempo en que endureció el cepo cambiario y las normativas para abrir cajas de ahorro en moneda extranjera, a fin de evitar que la mayor cantidad de pesos en circulación migraran al dólar como consecuencia de la caída de la demanda de dinero.

Muy por el contrario, el equipo económico actual se comprometió con una estricta disciplina fiscal y monetaria, que desmanteló por completo la emisión del BCRA para asistir al Tesoro, y arribó al superávit financiero de las arcas públicas al término del primer trimestre del año.

La flexibilización regulatoria anunciada por Bausili también implica una alivio para el acceso al dólar MEP. Esta cotización de la divisa se adquiere por medio de la intermediación de un bono, y para ello existe una norma que explicita que cada cliente suscriba dólar MEP debe enviar sus compras desde una cuenta comitente a una cuenta bancaria. En este sentido, la mayor facilidad para abrir una cuenta en dólares permite que este proceso se haga más ágil y sencillo.

Las medidas dispuestas por el BCRA permiten una mayor inclusión en el sistema financiero, y constituyen un paso fundamental para regularizar la competencia entre el peso y el dólar. Se habilita entonces un canal perfectamente legal y regularizado para afianzar el ingreso de dólares al sistema financiero.

En última instancia, la libre competencia de monedas a la que apunta el Gobierno del Presidente Javier Milei no solo quedaría determinada por la legalización de los contratos en dólares, sino también por el curso legal del dólar para todo tipo de operaciones en consonancia con el peso.

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Los datos que entierran la gestión de Sergio Massa: El exministro disparó el ratio de la deuda pública al 160% del PBI

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Se trata de la deuda consolidada de la Administración Central, tanto con acreedores externos como con agentes en el mercado de capitales local. Bajo la presidencia de Alberto Fernández se produjo un salto de casi 70 puntos del PBI en nuevo endeudamiento, como resultado de la brusca devaluación de la moneda.

No contentos con dejar a su La administración kirchnerista un verdadero tendal inflacionario y recesivo sobre la economía del país, pero la emisión sin respaldo no fue la única vía de financiamiento que tuvo el crecimiento del Estado, sino que también se optó por el frenético endeudamiento.

La deuda consolidada de la Administración Central se incrementó del 89,8% del PBI en 2019 a un récord del 157,9% en 2023, la mayor cifra desde el año 2002. Visto de otro modo, el stock de deuda medido en dólares corrientes al tipo de cambio oficial del Banco Central aumentó de los US$ 323.065 millones en el último trimestre de 2019 a más de US$ 370.000 millones al término del año pasado. Los datos fueron confirmados por el Ministerio de Economía, como parte de su último informe trimestral.

Asimismo, el stock de deuda contraída con acreedores extranjeros se vio incrementada del 43,3% del PBI en 2019 al 59,2% en 2023, registrando un salto especialmente pronunciado en el último año de la gestión kirchnerista con Sergio Massa como ministro de Economía.

De hecho, el 72% de la deuda de la Administración Central fue contraída en moneda extranjera, mientras que una gran parte del 28% restante contraída en pesos es deuda indexada por el índice de inflación (deuda que no se puede licuar).

La administración Fernández legó un perfil de vencimientos de deuda extremadamente aplastante para los años venideros, y en particular para el año 2024. Esto se debe a la fatídica reestructuración llevada a cabo por el exministro Martín Guzmán en 2020, una reestructuración cuyos resultados trataron de ser escondidos por el propio Fernández en ese mismo año, aunque sin ningún éxito.

Bajo el caótico esquema de la política económica kirchnerista, este stock de deuda no era sostenible y la tasa de Riesgo País (por riesgo de default, devaluación o ambas cosas al mismo tiempo) osciló entre los 2.500 y los 3.000 puntos básicos, todo esto por encima de la tasa de interés internacional de referencia.

El Riesgo País colapsó hasta los 1.200 puntos básicos en los primeros meses de la presidencia de Javier Milei, en respuesta a los sólidos resultados fiscales conseguidos en el primer trimestre del 2024, un hecho que permite afianzar la confianza del país frente a sus principales acreedores.

El ministro Luis Caputo anunció, además, que a pesar de la drástica caída de la tasa de riesgo, el Gobierno evitará contraer nuevamente deuda en el mercado internacional de capitales, por cuanto no se lo considera necesario en vista del estricto ordenamiento de las finanzas públicas.

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