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Economía

El ingreso por habitante de México se derrumbó desde que el socialista López Obrador asumió la presidencia

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La política económica del Presidente provocó un importante derrumbe sobre la inversión privada. La economía de México abandonó su tendencia de crecimiento de largo plazo, y entró en una dramática situación de estanflación. 

Tras cuatro años de administración socialista en México, los resultados de la política económica son cada vez más decepcionantes. El ingreso por habitante de México, medido por el índice IGAE ajustado por el crecimiento poblacional, registró un derrumbe del 3,1% desde la asunción de Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018.

Se  abandonó completamente la tendencia de crecimiento que tenía antes de la pandemia, durante el mandato de Peña Nieto, y de hecho no logró siquiera recuperarse del impacto provocado por la pandemia en 2020. El ingreso per cápita de octubre de 2022 aún acumula una caída del 1,25% en comparación al nivel que tenía en febrero de 2020. 

La economía de México se perfila como una de las contadas excepciones en América que aún no logra recuperarse del impacto provocado por la pandemia. Al mismo tiempo, la inflación interanual alcanzó un récord de hasta el 8,7% en septiembre, y retrocedió ligeramente al 7,8% en noviembre. Se observa una evidente situación de estanflación: estancamiento de la actividad económica junto con elevadas tasas de aumento de precios.

Evolución del ingreso por habitante en México desde 2010.

Cuando se analizan los componentes de la economía mexicana, existen dos factores que explican en gran medida el estancamiento económico y caída del ingreso per cápita: el derrumbe del nivel de inversión privada y la caída de las exportaciones no petroleras

El sexenio de Lopéz Obrador podría pasar a la posteridad como el primero en décadas que registra un nulo crecimiento sobre el nivel general de vida. El Presidente, disconforme con los resultados de sus propias políticas, decidió desestimar la legitimidad de los indicadores económicos (como por ejemplo el PBI) a la hora de explicar las condiciones de vida del país. 

De hecho, la mayor parte de los analistas descuentan casi completamente que el sexenio de López Obrador terminará con la tasa de crecimiento per cápita más baja de los últimos 100 años. Esto es casi un hecho, dada la dinámica observada hasta ahora y la resiliencia por revertir esta tendencia hasta 2024. 

El nivel de ventas minoristas (la mayor proporción del consumo) logró recuperarse del shock por la pandemia, pero enfrenta una situación de estancamiento desde el mes de mayo. La industria manufacturera logró sortear el efecto recesivo, pero a partir de agosto comenzó a disminuir su ritmo de crecimiento interanual.

Las decisiones de López Obrador que condujeron al estancamiento

La llegada de la izquierda al poder supuso un fin, al menos temporal, sobre el proceso reformista de la economía mexicana. Un importante retroceso para la inversión privada aconteció con la reforma energética del presidente López Obrador

El Gobierno determinó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un ente estatal que se encarga de la provisión de energía eléctrica, mantiene garantías legales para conservar la participación mayoritaria sobre todos los proyectos energéticos del país.  

La inversión privada queda relegada a un simple “apoyo a las empresas estatales” en palabras del propio oficialismo. Los inversores quedan obligados a realizar contratos sólo a través de la CFE y de la petrolera estatal PEMEX, lo cual limita dramáticamente el rol de la iniciativa privada en el sector más dinámico de la economía del país. 

Los problemas sobre la seguridad jurídica en México también funcionan como un factor disuasivo que desalienta la inversión, tanto la doméstica como la extranjera. En este sentido, el mandatario prometió una polémica reforma agraria para expropiar tierras a cambio de indemnizaciones con valores arbitrarios. 

En segundo término, el deterioro de la disciplina fiscal contribuyó al aumento de las expectativas inflacionarias a largo plazo, y con ello la pérdida de la previsibilidad necesaria para fomentar un clima sano de inversiones. 

El déficit fiscal del Gobierno federal aumentó del 1,4% del PBI en el primer trimestre de 2020 al 2,83% en el tercer trimestre de 2022. El resultado fiscal consolidado de México (sumando Gobiernos locales) representó el 3,7% del PBI en 2022, y el Fondo Monetario Internacional espera que aumente por lo menos hasta el 4,1% del PBI en 2023.

Para las proyecciones del FMI, México demorará hasta 5 años en retornar al desequilibrio fiscal que había antes de la pandemia, incluso a pesar de las expectativas por una mayor contribución de los ingresos federales.

La inversión privada acumuló una caída del 7,2% desde el primer trimestre de 2018, y como resultado de las políticas de López Obrador se acumuló una brecha equivalente al 19,8% con respecto a la tendencia de crecimiento pasada.

Economía

El dato que entierra el plan económico de Massa: La inflación de CABA se disparó al 7,3% en el mes de enero

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El dato efectivamente recabado casi duplica la meta del equipo económico para el promedio mensual del primer trimestre. Algunos rubros detectaron aumentos de más del 12% en solo 30 días. El Ministro de Economía no dio ningún tipo de respuesta y se le acaban las ideas.

La Secretaría de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Capital Federal informó que el IPC tuvo un violento aumento del 7,3% en enero de 2023, marcando una fuerte aceleración inflacionaria con respecto al aumento del 5,8% en diciembre del año pasado

Con los precios de la Ciudad de Buenos Aires, la inflación interanual ascendió al 99,4%. Se debe tener en cuenta que, a nivel nacional ,la inflación interanual escaló al 94,8% en diciembre de 2022 y fue la cifra más elevada desde octubre de 1991.

Los fatídicos resultados inflacionarios evidenciados en la Capital Federal advierten por el rotundo fracaso del programa económico lanzado por el ministro Sergio Massa. Los controles de precios provocaron desabastecimiento, pero no influyeron de modo alguno en las expectativas inflacionarias de mediano y largo plazo, y tampoco generaron “precios de referencia” como se pretendía desde un comienzo. 

El IPC de CABA observó un aumento máximo del 12,1% en el rubro de la información y las telecomunicaciones. También se registraron importantes aumentos en los precios de los restaurantes y hoteles (11,6%), transporte (11,1%), recreación y cultura (10,3%), seguros y servicios financieros (9,2%) y servicios de cuidado personal (6,6%).

Los alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron un brutal aumento del 6,1% durante el mes de enero, registrando así un nivel de inflación interanual del 103,9% en comparación con el mismo período del año pasado. El hecho de que los alimentos hayan aumentado por encima del promedio general sugiere un encarecimiento real de la canasta básica, impactando de lleno sobre la medición de la pobreza.

El relevamiento de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires funciona como una suerte de anticipo de lo que podrá ser la variación de los precios en el resto del país. En los últimos 6 años la mayor divergencia mensual entre el IPC de CABA y el IPC nacional alcanzó 1,6 puntos porcentuales como máximos, con lo cual la expectativa para el dato nacional sugiere un piso en alrededor del 6%.

Inflación de la Capital Federal durante el mes de enero, nivel general y desagregada por divisiones.

La mayor parte de las consultoras privadas estiman que la inflación mensual se situó por encima del 6% en enero, y un reciente informe anticipado del INDEC de Marco Lavagna advierte que la variación habría oscilado entre el 5,5% y el 6%.

La meta del ministro Massa pretendía consolidar un promedio de 4% de inflación mensual durante los primeros 3 meses del año, y 3% durante el segundo trimestre. Estos resultados no podrán materializarse y, sin ellos, tampoco podrán cumplirse los lineamientos básicos trazados en el Presupuesto 2023. 

El plan económico de Massa muestra indicios de fracaso a tan solo seis meses de su lanzamiento en agosto del año pasado. La brecha cambiaria con el dólar paralelo asciende nuevamente al 100%, las tarifas públicas deberán actualizarse más rápidamente que el año 2022, y las expectativas inflacionarias están completamente desancladas.

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Economía

La actividad económica de Estados Unidos cayó un 0,4% en diciembre y el déficit fiscal es el más alto de los últimos 9 meses

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La economía más importante del mundo terminó el año 2022 con desaceleración, un hecho observado tras la recesión del primer semestre. Los analistas del Bank of America pronostican la vuelta de la recesión, y el déficit fiscal se mantiene en alza desde agosto del año pasado. 

El índice de actividad económica mensual de Estados Unidos, elaborado por la firma IHS Markit, informó por una caída del 0,38% en diciembre del año pasado según la serie desestacionalizada del indicador. 

Se trata de la segunda caída de la actividad en los últimos cuatro meses, y marca una desaceleración con respecto a la incipiente recuperación que se observa desde agosto. La economía había entrado en una recesión técnica hacia el primer semestre de 2022, logró sortear esa situación en la segunda mitad del año, y en vista al 2023 nuevamente enfrenta dificultades.

Los economistas del Bank of America siguen sosteniendo al escenario recesivo como el más probable para 2023. La firma bancaria explica que la inflación no está bajando a un ritmo consistente con los anuncios hasta ahora presentados por la FED, con lo cual se requerirá de un mayor endurecimiento monetario (y más recesión) para arribar a la meta de la autoridad monetaria en el mediano y largo plazo.

Actividad económica de Estados Unidos entre 2019 y 2022.

Las expectativas de inflación a 12 meses aún permanecen apostadas en el 5% anual, más que duplicando el target de la Reserva Federal. Asimismo, pese a la sustancial reducción de la inflación interanual del 9% al 6,5% entre junio y diciembre de 2022, la inflación subyacente se mantuvo relativamente estable en el mismo período y cerró el año en el 5,7% interanual.

El alza de la tasa de política monetaria podría demorar mucho más tiempo del que estaba previsto desde un inicio, y de esta forma también el impacto recesivo sobre la actividad económica.

Se espera que la FED siga subiendo la tasa de interés de corto plazo al menos hasta el 5% nominal anual en las próximas reuniones del Comité de Política Monetaria. Hasta ahora, el Comité aprobó siete aumentos directos sobre la tasa de interés durante el 2022.

La política fiscal irresponsable del Gobierno de Joe Biden contribuye al alza de las expectativas inflacionarias, y limita la efectividad de la política monetaria de la FED. Precisamente por las limitaciones de los efectos de la política monetaria es que se espera una mayor recesión en materia de actividad.

El déficit fiscal primario del Gobierno federal aumentó del 2% del PBI en julio de 2022 al 3,64% en diciembre, un hecho fundamentalmente explicado por la cancelación de préstamos estudiantiles y la expansión poco convencional de las erogaciones sociales. 

El resultado financiero consolidado del Estado marcó un déficit del 5,44% del PBI en diciembre del año pasado, el más elevado de los últimos 9 meses. Se acumuló un aumento de 1,7 puntos porcentuales del producto en el rojo fiscal de las finanzas públicas desde agosto del año pasado. 

Aunque Estados Unidos logró recuperar y superar el nivel de actividad previo a la pandemia, el déficit fiscal es más elevado en comparación al 4,85% del PBI que se registraba en febrero de 2020

Déficit fiscal consolidado del Gobierno federal de Estados Unidos entre 2019 y 2022.

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Economía

El gobierno derechista de Grecia acelera el programa de privatizaciones: Avanza la venta del aeropuerto de Atenas

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Se contrató la asesoría de Bank of America, JP Morgan Stanley y el Deutsche Bank para la privatización aeroportuaria más importante del país. La operación podría significar una acreencia valuada en hasta 1.000 millones de euros.

El Gobierno de Kyriakos Mitsotakis anunció la contratación de la asesoría del Bank of America, JP Morgan Stanley y el Deutsche Bank para poder valuar la participación accionaria del 30% del Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos (también conocido como aeropuerto de Atenas). 

La valuación constituye el paso previo indispensable para la privatización del aeropuerto más importante del país. Con la venta de la participación del 30% de la institución, el Estado griego se desprendería de sus tenencias para dar paso a la iniciativa privada.

La reapertura de la economía y la fuerte reactivación de la actividad económica son factores que despiertan el apetito inversor en Grecia. El aeropuerto de Atenas registró un alza del 7,7% en la cantidad de vuelos realizados durante el año 2022, y se consolidó como uno de los 40 aeropuertos europeos que logró superar la cantidad de pasajeros transportados con respecto al 2019.

Se estima que cerca del 40% del paquete accionario del aeropuerto ya está en manos de AviAlliance, una firma internacional gestora de aeropuertos con sede en Düsseldorf, y comúnmente conocida por adquirir participaciones en aeropuertos privatizados en todo el mundo. Hasta ahora, existe un acuerdo tentativo para elevar la participación de AviAlliance hasta el 50%.

El Fondo de Desarrollo de Activos de la República Helénica (HRADF) estima que la primera oferta pública para la venta del aeropuerto podría llevarse a cabo en el primer semestre de 2023. La asesoría de las firmas financieras contratadas sugiere que la venta del 30% del paquete accionario del aeropuerto le significaría una acreencia al Estado griego de entre 800 y hasta 1.000 millones de euros.

Los ingresos por privatizaciones son comúnmente utilizados para cancelar pagos por única vez, como por ejemplo los vencimientos del capital de la deuda externa. La disciplina fiscal de Grecia permitió la exitosa cancelación de la totalidad de la deuda con el FMI en abril del año pasado, así como una sustancial reducción del stock bruto con otros acreedores.

Solamente en lo que va de la gestión del Gobierno de la derecha griega, el stock total de la deuda pública se redujo en 8 puntos porcentuales del PBI, principalmente por el ordenamiento fiscal y los ingresos de las privatizaciones. 

El déficit fiscal consolidado de Grecia volvió a reducirse en el tercer trimestre del año pasado y representó el 2,08% del PBI. Se acumuló un ajuste de casi 10,5 puntos del producto desde el primer trimestre de 2021. El mayor ordenamiento de las finanzas públicas permite trazar un sendero previsible para las empresas y los inversores internacionales en Grecia. 

Con el programa económico del ministro Mitsotakis, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un ajuste del gasto público por el 4,22% del PBI para 2023, y el arribo de un superávit primario equivalente al 0,88% del producto. 

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