Seguinos en redes

Economía

El mito de los trenes estatales: La administración del Estado destruyó los ferrocarriles y generó pérdidas monumentales

Publicado

en

Uno de los mitos más difundidos en la historia argentina es el supuesto desmantelamiento del sistema ferroviario durante su privatización, pero todo esto ocurrió realmente cuando el sistema estaba en manos del monopolio estatal.

El candidato Javier Milei expresó su apoyo para la privatización de los ferrocarriles, una maniobra que buscaría fomentar la reinversión después de años de descapitalización y abandono por parte del Estado. No solo los servicios se vieron deteriorados, sino que el conjunto de la operatoria ferroviaria estatal constituye la segunda fuente explicativa más importante en el total de las pérdidas de las empresas públicas nacionales (solo por detrás de ENARSA).

Posiblemente uno de los mitos más difundidos en la historia argentina es la idea de un supuesto “desmantelamiento” del sistema ferroviario a lo largo de la década de 1990. La mitología kirchnerista esgrimió este argumento falso para atacar cualquier tipo de concesión o privatización de servicios, pero nada de esto se condice con la realidad.

Fue la propia gestión estatal (en la forma de un monopolio) la que se encargó de destruir y desmantelar el sistema ferroviario entre 1948 y 1989. Todos los datos operativos de los ferrocarriles desde su fundación a mediados del siglo XIX empeoraron dramáticamente bajo la gestión del Estado, sin importar los sucesivos cambios de signo político que se fueron produciendo.

La mayor expansión ferroviaria se impulsó cuando el sistema fue completamente privado a partir del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, principalmente capitales provenientes de Gran Bretaña.  En este período la intervención del Estado fue más bien pasiva. Los ferrocarriles estatales fueron muy limitados y en muchos casos privatizados, la operación más importante fue la privatización del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires en 1887. Por otra parte, el Gobierno se limitaba a ofrecer garantías para la construcción de ramales, o proveer financiamiento barato para el sector privado, pero el Estado se mantenía alejado de la función proveedora de servicios a gran escala.

La estatización de los ferrocarriles se produjo en 1948, ya cuando estos arrojaban pérdidas y los capitales ingleses estaban interesados en vender antes que hacerse cargo de una costosa reestructuración del sistema, haciendo que fuese un pésimo negocio para el Gobierno y para la sociedad argentina. A partir de este punto, todos los datos operativos empeoraron sistemáticamente, y las racionalizaciones llevadas a cabo no pudieron detener el proceso.

La longitud de vías férreas disminuyó en más de 9.000 kilómetros entre 1961 y 1980, y más de 12.000 kilómetros computando el período 1960-1990. Todo esto se produjo bajo la gestión del monopolio estatal, sin ninguna injerencia del sector privado.

La pérdida de ramales y el deterioro de los servicios provocó, a su vez, una gran disminución en la cantidad de pasajeros transportados por el sistema. A nivel país, los ferrocarriles llegaron a transportar un máximo de hasta 622.000 pasajeros en 1959, y para el año 1989 esa cifra había caído a solamente 280.400 pasajeros. Se produjo una caída equivalente al 55% en un período de 30 años de descapitalización y desmantelamiento.

Datos operativos de los ferrocarriles desde 1857.

La carga productiva transportada por ferrocarril también cayó dramáticamente bajo la gestión del Estado. Mientras que en 1948 los ferrocarriles transportaban un promedio de 34.000 toneladas de mercancías en todo el país, para 1989 el umbral cayó a solo las 14.200 toneladas, una caída superior 58% en 41 años. El punto más bajo de transporte ferroviario de cargas se registró en 1992, el último año de la gestión estatal.

De hecho, la mayor parte de la aparición de “pueblos fantasma” por el cierre de ramales y estaciones ferroviarias se produjo precisamente durante los años de la gestión estatal, y más específicamente entre las décadas de 1960 y 1980. Entre 1961 y 1990 cerraron más del doble de talleres y depósitos ferroviarios en comparación con el período 1991-2000.

Y de la proporción de pueblos que decrecieron a partir de la segunda mitad del siglo XX, el 44% perdieron el acceso al ferrocarril entre 1961 y 1970, y un 27% entre 1971 y 1980. Solamente un 19% de los pueblos que decrecieron en los años 90s perdieron el acceso al ferrocarril. Esto sugiere que la mayor parte del decrecimiento poblacional en estas localidades se produjo más bien por otras razones desde los años 50s, y en particular por el sesgo anti-exportador que debían soportar las economías regionales.

Datos operativos de los ferrocarriles desde 1857.

Y la razón detrás del masivo deterioro fue la falta de rentabilidad y la necesidad de racionalizar los servicios para contener las pérdidas. Esto se puede medir de varias maneras, una de ellas es el coeficiente de explotación que vincula ingresos y gastos de los ferrocarriles.

El coeficiente de explotación ferroviario se deterioró constantemente entre 1948 y 1989, pese a las reformas introducidas por el Plan Larkin (1959-1962), el plan Krieger Vasena (1967-1969) y la administración Martínez de Hoz (1976-1980). Todos estos intentos por reestructurar el sistema estatal para hacerlo rentable solo encontraron el fracaso. Las pérdidas de los ferrocarriles llegaron a representar entre el 0,4% y hasta el 1% del PBI, llegando a una situación de virtual colapso para 1989.

Con la privatización y concesión de los servicios ferroviarios, el coeficiente de exportación mejoró del 0,34 al 0,57 entre 1990 y 2000. La cantidad de pasajeros transportados aumentó de 214.000 a casi 480.000 en el período 1992-2000, mientras que la carga productiva transportada por esta vía se disparó en un 87% en el mismo período. Todo esto ocurrió a pesar de que se produjo un importante proceso de reestructuración para levantar en aproximado de 9.000 kilómetros de vías férreas ineficientes, cuya rentabilidad era imposible de alcanzar.

Economía

Francia rumbo a la quiebra: Vuelve a bajar la calificación crediticia de los bonos franceses y el déficit fiscal alcanza valores récord

Publicado

en

El desequilibrio presupuestario en las finanzas del país galo ya es el más extremo registrado desde la pandemia, a pesar de que la actividad económica se recuperó del impacto desde hace dos años. El elefantiásico Estado francés se hace imposible de sostener.

La administración de Emmanuel Macron no solamente deja al país a merced de una peligrosa radicalización política encarnada por el espacio de Melenchon, sino que además deja una economía completamente desgastada tras años de un modelo que parece totalmente agotado.

La economía francesa registra las tasas de crecimiento más bajas de su historia, apenas pudiendo recuperar del impacto provocado por la pandemia entre 2020 y 2021, pero no pudiendo recuperar su tendencia de crecimiento anterior a dicho evento.

En los mercados financieros, los bonos franceses volvieron a sufrir un nuevo revés de confianza, ya que la mayoría de las agencias calificadoras de riesgo decidieron rebajar la puntuación de la deuda francesa hace solo un mes, después de haberlo hecho en junio del año pasado. Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s siguieron esta tendencia con respecto a la evaluación de los bonos que emite el Estado francés.

El déficit fiscal primario de Francia llegó a representar el 3,77% del PBI en el último trimestre del año pasado, según las más recientes estadísticas del Banco Central Europeo. Se trata del quinto trimestre conductivo en que empeora el resultado presupuestario, incluso antes del pago de intereses de deuda (cada vez mayores).

De hecho, y sin considerar el impacto que generó la pandemia, Francia mantiene el déficit primario más drástico de los últimos 12 años, y el incesante clima de inestabilidad política no arroja ninguna perspectiva medianamente optimista.

Si se suma el pago de intereses a cuenta de la deuda pública, el resultado consolidado del país galo marcó un rojo de casi el 5,5% del PBI en el último cuarto del año 2023, y no se veía un nivel semejante desde la salida de la crisis internacional de 2008 o la pandemia de 2020. La diferencia entre aquellos dos escenarios de crisis con respecto a la situación actual, es que en este momento la economía francesa no se encuentra en recesión, sino que continúa reteniendo un anémico crecimiento.

Seguir Leyendo

Economía

El Gobierno anuncia la desregulación del mercado de Warrants, con el objetivo de favorecer el crédito para familias y empresas

Publicado

en

Desde diciembre del año pasado la administración de Milei desreguló una serie de mercados en tiempo récord, y los primeros resultados ya están a la vista en el caso del sector inmobiliario. La mayor desregulación permite aceitar mejor el funcionamiento del aparato productivo.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció un importante avance en la desregulación y modernización del mercado financiero argentino: cesarán las restricciones inútiles y arbitrarias que hasta ahora existían para la emisión de Warrants.

Como explicó el propio Ministro, los Warrants permiten certificar la propiedad de un cierto bien por parte de un productor y con ello se facilita su trazabilidad en el mercado financiero. Son instrumentos que permiten convertir de manera muy sencilla algo físico, en una suerte de garantía para poder acceder a créditos.

Asimismo, estos instrumentos también se pueden intercambiar y vender en los mercados secundarios, lo cual habilita toda una serie de facultades para su emisor. En países como Estados Unidos, es común que los warrants se emitan y se negocien libremente en los mercados extrabursátiles.

Pero hasta ahora, Argentina se diferenciaba de la mayor parte de las economías modernas porque restringía excesivamente la emisión de estos instrumentos, hasta el punto de que únicamente 10 empresas en todo el país estaban autorizadas a hacerlo, algo completamente arbitrario y perjudicial para el desarrollo de este mercado (especialmente para las pequeñas y medianas empresas).

Por otra parte, se desregularon los diferentes usos permitidos para la emisión de Warrants, con lo cual podrán ser utilizados para canalizar el crédito hacia la actividad minera, la industria manufacturera, el sector energético, el sector agropecuario, etc.

Estas medidas, en conjunto con el mayor espacio para el crédito privado y la mayor estabilidad de precios, permitirán abaratar la financiación de múltiples proyectos de inversión, especialmente en donde más se necesitan. 

También supone un fuerte impulso para la competitividad de las empresas argentinas frente al exterior, ya que ahora dispondrán de una herramienta que sus competidores ya hacían uso desde hace tiempo en los mercados más modernos y desarrollados.

Seguir Leyendo

Economía

El socialismo español está a punto de quebrar el sistema jubilatorio por cuarta vez en la historia del país

Publicado

en

La administración del PSOE se niega a permitir cambios profundos sobre el sistema de seguridad social español, y todas las proyecciones futuras sugieren que se volverá un verdadero agujero negro para las finanzas públicas y una masiva disparada del gasto estatal.

El gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez está sentando las bases para una bomba fiscal que repercutirá sobre las finanzas del Estado español a lo largo de los próximos años, comprometiendo así el pago de las futuras pensiones.

Pese a las tímidas reformas esgrimidas por el Ministro socialista José Luis Escrivá, solamente al término de 2023 la seguridad social española registró un desequilibrio descomunal equivalente a los 8.200 millones de euros, y no hará más que empeorar año tras año en ausencia de reformas estructurales.

De esta manera, el sistema de reparto estatal de España se encamina a su cuarta quiebra histórica, y las consecuencias de este hecho ya son conocidas: los parámetros del sistema deberán nuevamente reformularse en detrimento del bienestar de la sociedad, sin ninguna otra alternativa posible dentro del sistema que ofrece el Estado

Bajo un régimen de capitalización individual, dichas reformas no serían necesarias, pero España no cuenta ni siquiera con la asistencia de una mínima participación privada en la inversión de los fondos públicos de pensión, y los planes privados existentes se encuentran sumamente regulados y restringidos.

Los resultados del sistema de reparto español y la falta de futuro

Tal y como se encuentra diseñado el esquema previsional español, y dada las políticas aplicadas por el oficialismo, se encamina hacia una nueva quiebra generalizada que repercutirá mediante menores beneficios para los cotizantes, y mayores impuestos para las generaciones futuras.

La primera gran quiebra del sistema de reparto se produjo en 1985, durante la presidencia socialista de Felipe González. Por aquel entonces, se decidió trasladar el problema hacia adelante: se decidió extender el período mínimo de cómputo (el tiempo para calcular el importe de la prestación social) de 2 a 8 años, y la base salarial para la cotización a partir de los 15 años anteriores a la jubilación (antes 10 años).

Pese a los cambios, en 1997 el sistema volvió a quebrar, y la administración de Aznar decidió extender el período de cómputo hasta los 15 años, y elevar el período de cotización de referencia de 15 a 35 años, lo cual redujo sustancialmente el valor de las jubilaciones reconocidas (generalmente los últimos años trabajados mantienen niveles salariales superiores a los primeros, en la vida laboral de cualquier persona).

Todo esto le dio holgura al sistema por casi una década más, pero finalmente en 2011 el sistema de reparto español quebró por tercera vez, y de manera alarmante. Para postergar el inminente colapso, se extendió la edad mínima de jubilación de 65 a 67 años (gradualmente), el período de cómputo subió de 15 a 25 años, y el período de años salariales de referencia se incrementó de 35 a 37 años. Paralelamente, las jubilaciones dejaron de estar indexadas a la inflación.

Las sucesivas reformas solo postergaron los mismos problemas hacia adelante, pero el dato más alarmante es que se agotan cada vez más rápido. Esta vez, el Gobierno socialista ni siquiera está dispuesto a cargar con el costo político que supondría una cuarta reforma restrictiva, condenando así a millones de personas a una eventual (y más violenta) reforma en el futuro cercano.

Seguir Leyendo

Tendencias