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Economía

El mito de los trenes estatales: La administración del Estado destruyó los ferrocarriles y generó pérdidas monumentales

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Uno de los mitos más difundidos en la historia argentina es el supuesto desmantelamiento del sistema ferroviario durante su privatización, pero todo esto ocurrió realmente cuando el sistema estaba en manos del monopolio estatal.

El candidato Javier Milei expresó su apoyo para la privatización de los ferrocarriles, una maniobra que buscaría fomentar la reinversión después de años de descapitalización y abandono por parte del Estado. No solo los servicios se vieron deteriorados, sino que el conjunto de la operatoria ferroviaria estatal constituye la segunda fuente explicativa más importante en el total de las pérdidas de las empresas públicas nacionales (solo por detrás de ENARSA).

Posiblemente uno de los mitos más difundidos en la historia argentina es la idea de un supuesto “desmantelamiento” del sistema ferroviario a lo largo de la década de 1990. La mitología kirchnerista esgrimió este argumento falso para atacar cualquier tipo de concesión o privatización de servicios, pero nada de esto se condice con la realidad.

Fue la propia gestión estatal (en la forma de un monopolio) la que se encargó de destruir y desmantelar el sistema ferroviario entre 1948 y 1989. Todos los datos operativos de los ferrocarriles desde su fundación a mediados del siglo XIX empeoraron dramáticamente bajo la gestión del Estado, sin importar los sucesivos cambios de signo político que se fueron produciendo.

La mayor expansión ferroviaria se impulsó cuando el sistema fue completamente privado a partir del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, principalmente capitales provenientes de Gran Bretaña.  En este período la intervención del Estado fue más bien pasiva. Los ferrocarriles estatales fueron muy limitados y en muchos casos privatizados, la operación más importante fue la privatización del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires en 1887. Por otra parte, el Gobierno se limitaba a ofrecer garantías para la construcción de ramales, o proveer financiamiento barato para el sector privado, pero el Estado se mantenía alejado de la función proveedora de servicios a gran escala.

La estatización de los ferrocarriles se produjo en 1948, ya cuando estos arrojaban pérdidas y los capitales ingleses estaban interesados en vender antes que hacerse cargo de una costosa reestructuración del sistema, haciendo que fuese un pésimo negocio para el Gobierno y para la sociedad argentina. A partir de este punto, todos los datos operativos empeoraron sistemáticamente, y las racionalizaciones llevadas a cabo no pudieron detener el proceso.

La longitud de vías férreas disminuyó en más de 9.000 kilómetros entre 1961 y 1980, y más de 12.000 kilómetros computando el período 1960-1990. Todo esto se produjo bajo la gestión del monopolio estatal, sin ninguna injerencia del sector privado.

La pérdida de ramales y el deterioro de los servicios provocó, a su vez, una gran disminución en la cantidad de pasajeros transportados por el sistema. A nivel país, los ferrocarriles llegaron a transportar un máximo de hasta 622.000 pasajeros en 1959, y para el año 1989 esa cifra había caído a solamente 280.400 pasajeros. Se produjo una caída equivalente al 55% en un período de 30 años de descapitalización y desmantelamiento.

Datos operativos de los ferrocarriles desde 1857.

La carga productiva transportada por ferrocarril también cayó dramáticamente bajo la gestión del Estado. Mientras que en 1948 los ferrocarriles transportaban un promedio de 34.000 toneladas de mercancías en todo el país, para 1989 el umbral cayó a solo las 14.200 toneladas, una caída superior 58% en 41 años. El punto más bajo de transporte ferroviario de cargas se registró en 1992, el último año de la gestión estatal.

De hecho, la mayor parte de la aparición de “pueblos fantasma” por el cierre de ramales y estaciones ferroviarias se produjo precisamente durante los años de la gestión estatal, y más específicamente entre las décadas de 1960 y 1980. Entre 1961 y 1990 cerraron más del doble de talleres y depósitos ferroviarios en comparación con el período 1991-2000.

Y de la proporción de pueblos que decrecieron a partir de la segunda mitad del siglo XX, el 44% perdieron el acceso al ferrocarril entre 1961 y 1970, y un 27% entre 1971 y 1980. Solamente un 19% de los pueblos que decrecieron en los años 90s perdieron el acceso al ferrocarril. Esto sugiere que la mayor parte del decrecimiento poblacional en estas localidades se produjo más bien por otras razones desde los años 50s, y en particular por el sesgo anti-exportador que debían soportar las economías regionales.

Datos operativos de los ferrocarriles desde 1857.

Y la razón detrás del masivo deterioro fue la falta de rentabilidad y la necesidad de racionalizar los servicios para contener las pérdidas. Esto se puede medir de varias maneras, una de ellas es el coeficiente de explotación que vincula ingresos y gastos de los ferrocarriles.

El coeficiente de explotación ferroviario se deterioró constantemente entre 1948 y 1989, pese a las reformas introducidas por el Plan Larkin (1959-1962), el plan Krieger Vasena (1967-1969) y la administración Martínez de Hoz (1976-1980). Todos estos intentos por reestructurar el sistema estatal para hacerlo rentable solo encontraron el fracaso. Las pérdidas de los ferrocarriles llegaron a representar entre el 0,4% y hasta el 1% del PBI, llegando a una situación de virtual colapso para 1989.

Con la privatización y concesión de los servicios ferroviarios, el coeficiente de exportación mejoró del 0,34 al 0,57 entre 1990 y 2000. La cantidad de pasajeros transportados aumentó de 214.000 a casi 480.000 en el período 1992-2000, mientras que la carga productiva transportada por esta vía se disparó en un 87% en el mismo período. Todo esto ocurrió a pesar de que se produjo un importante proceso de reestructuración para levantar en aproximado de 9.000 kilómetros de vías férreas ineficientes, cuya rentabilidad era imposible de alcanzar.

Economía

El mes de mayo arrancó con deflación en los precios de los alimentos y se derrumba la inflación de Massa

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Todas las mediciones privadas de alta frecuencia relevan deflación de precios sobre una amplia canasta de alimentos de consumo masivo. Las rebajas también se vieron reflejadas por descuentos, cada vez más frecuentes en las góndolas. El Gobierno erradicó el déficit fiscal y paralizó la expansión monetaria.

Los resultados de la consolidación fiscal y monetaria que está llevando a cabo el Gobierno están a la vista. Las consultoras privadas estiman deflación de precios en los principales productos de consumo masivo, de acuerdo a las mediciones para las últimas semanas de abril y los primeros días de mayo.

La medición de la consultora LCG registró una caída del 1% sobre el umbral de alimentos y bebidas relevados en supermercados al término de los últimos 7 días del mes pasado, y todo indica que se habría registrado el mismo efecto para la primera semana de este mes.

La tasa de inflación mensual para esta canasta de productos cayó a solamente el 1,4% con respecto al nivel de precios de la primera semana de abril, mientras que la variación promedio de 5 semanas retrocedió al 2,9% al cierre del mes pasado. Se produjo una drástica caída con respecto al salto inflacionario de diciembre, cuando los precios llegaron a aumentar a razón del 1% todos los días.

Incluso la tasa de inflación interanual para la canasta de precios de LCG comenzó a retroceder a partir del mes de marzo. Alcanzó un pico cercano al 280% a mediados de ese mes, para descender al 240% hacia la última semana de abril. Los registros mensuales aún no capturan esta rebaja por el efecto de arrastre estadístico de los meses pasados.

Del mismo modo, los relevamientos de Focus Market sugieren una serie de fuertes caídas en productos esenciales para el consumo a lo largo de abril: 

  • Detergente para ropa: -10.5%
  • Cremas dentales: -7.5%
  • Enlatados de pescado: -6.3%
  • Toallas femeninas: -6.2%
  • Azúcar -5.6%
  • Flanes: -4.7%
  • Café: -4.3%
  • Aceite: -4.3%
  • Desinfectantes: -4.2%
  • Papel higiénico:-3,8%

El programa económico ejecutado por el Ministro Luis Caputo desde el Gobierno nacional y Santiago Bausili desde el Banco Central está cosechando un éxito contundente. El déficit fiscal fue completamente erradicado durante el primer trimestre de 2023 (algo que no sucedía desde 2008), llegando incluso a una diferencia positiva entre los ingresos y los gastos incluyendo el pago de intereses.

Asimismo, los factores de expansión de la base monetaria lograron compensarse exitosamente con los factores de absorción (Pases y Bopreal), y en consecuencia el crecimiento de la cantidad de dinero circulando en la economía disminuyó fuertemente desde el 10 de diciembre del año pasado.

La base monetaria total se expandió un 41% desde diciembre del año pasado, la cantidad de pesos en poder del público creció un 37%, y los billetes y monedas en entidades financieras lo hizo en un 2%. En el mismo período, los precios acumularon una suba de por lo menos el 60%, con lo cual se produjo una notoria caída de la cantidad de dinero en términos reales. Asimismo, una gran parte de la expansión nominal de la base monetaria se contrarrestó con el superávit del Tesoro y las sucesivas licitaciones de pesos llevadas a cabo.

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Economía

El Banco Central rebajó la tasa de política monetaria de los Pases del 60% al 50% y se espera un colapso de la inflación

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La carga de intereses a cuenta de los pasivos remunerados es cada vez menor, después de la quinta reducción de tasas en lo que va de la presidencia de Javier Milei. La autoridad monetaria también tomó la decisión de incrementar nuevamente el encaje legal aplicado sobre las billeteras virtuales.

El Banco Central al frente del Presidente Santiago Bausili determinó una nueva reducción de la tasa de política monetaria de referencia, aquella a cuenta de los Pases, pasando del 60% al 50% nominal anual a partir del 2 de mayo. De esta forma, la tasa efectiva anual fue establecida en el 64,82% según informó el propio BCRA.

En otras palabras, los pasivos remunerados que emite el Banco Central pasan a abonar una tasa nominal equivalente al 4,2% por mes, a cuenta de los Pases que se renuevan cada día. 

La decisión oficial responde a la drástica caída de las expectativas de inflación para los próximos meses, un hecho que se refleja claramente en el informe de expectativas REM que elabora la autoridad monetaria. Las principales consultoras privadas del país también dan cuenta de esta situación, y proyectan un claro escenario de desinflación para 2024.

Las mediciones inflacionarias de alta frecuencia están reflejando el colapso de la variación de los precios minoristas en alimentos y bebidas. Para la consultora LCG, la variación semanal en este rubro fue negativa por más de 1 punto porcentual al término de la quinta semana de abril. 

Los sondeos de Alphacast también prevén una ligera caída de precios hacia la segunda mitad del mes pasado, considerando al rubro de los alimentos. En la misma dirección, el economista Alberto Cavallo (el hijo del exministro de Economía) anticipó mediante un índice diario de precios que la inflación ya está viajando al 5% mensual, descontando el efecto de las tarifas de los servicios públicos.

Entran en juego dos lógicas principales detrás de la rebaja de tasas. En primer lugar, la caída de la inflación efectiva y de la inflación esperada permiten una tasa de interés más baja, ya que de este modo se evita generar rendimientos excesivos medidos en dólares. Pero por otro lado, y más importante aún, la caída de la tasa de interés (en un contexto de cepo cambiario) permite sanear el balance del Banco Central y reducir la expansión monetaria a cuenta de los pasivos remunerados.

La carga de la deuda remunerada en pesos del BCRA es cada vez menor en relación al PBI, y lo mismo ocurre con el pago de sus respectivos intereses. Y desde el Gobierno nacional, el superávit fiscal concretado durante los primeros 3 meses del año permite anular cualquier tipo de financiación monetaria para el fisco.

El Banco Central de Bausili también tomó la decisión de elevar la tasa de encaje aplicado para billeteras virtuales del 10% al 15%, y de esta manera es altamente probable que disminuyan los rendimientos de alternativas como por ejemplo Mercado Pago, además del efecto que tuvo la reducción de tasas.

Se busca generar un marco de reglas de juego que genere incentivos para la compra de títulos públicos al Tesoro por parte del mercado. Esto responde a dos fines bien concretos: por un lado el rollover de la deuda interna en pesos a plazos más extensos, y en segundo lugar la retención de pesos para cancelar Adelantos Transitorios con el propio BCRA (una manera adicional para retirar pesos de la circulación).

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La reforma tributaria que propone Biden amenaza con destruir hasta 788.000 puestos de trabajo a tiempo completo para el año 2025

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Así lo sugiere un reciente informe de la Tax Foundation, estimando el efecto total de los aumentos impositivos que propone la campaña de Biden de cara a las elecciones. Se estima una reducción del 2,2% en la tasa de crecimiento potencial del PBI en caso de aprobarse los cambios.

El Presidente Joe Biden lanzó una agenda económica completamente radicalizada hacia la izquierda, buscando contentar al ala más extremista de su partido (anteriormente representada por el excandidato Bernie Sanders en la contienda electoral del 2020).

En este sentido, el Presidente recuperó una profunda impronta favorable a subir generalizadamente los impuestos en Estados Unidos, tanto para empresas como para personas físicas y para productos importados. Se buscan gravar ingresos, patrimonios y bienes con tasas sustancialmente más elevadas que las actuales.

La Tax Foundation desarrolló un reciente informe estimando el impacto económico que podría desatar el plan fiscal de Biden para el año 2025. Se estima una reducción total del 2,2% en la tasa de crecimiento potencial del PBI, una caída del 3,8% en el capital social potencial acumulado en las empresas, una reducción del 1,6% sobre la masa salarial promedio, y finalmente la destrucción de hasta 788.000 puestos de trabajo a tiempo completo en el sector privado, en relación a la cantidad que cabría esperar de no aprobarse las subas impositivas.

La agenda de los demócratas es, y por diferencia, la más ambiciosa y extremista desde la era de Franklin D. Roosevelt. El esquema tributario resultante de una eventual victoria de Biden en las próximas elecciones de noviembre queda resumido de la siguiente manera:

  • Aumento de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial del 21 por ciento al 28 por ciento (a partir del año fiscal 2025)
  • Aumento del impuesto mínimo alternativo corporativo introducido en la Ley de Reducción de la Inflación del 15 por ciento al 21 por ciento (a partir de 2024)
  • Cuadruplicar el impuesto a la recompra de acciones implementado en la Ley de Reducción de la Inflación del 1 por ciento al 4 por ciento (a partir de 2024)
  • Hacer permanente la limitación de pérdidas comerciales excesivas para las empresas de paso
  • Limitar aún más la deducibilidad de la compensación de los empleados según la Sección 162
  • Aumento de la tasa impositiva global sobre ingresos intangibles de baja tributación (GILTI) del 10,5 por ciento al 21 por ciento, calcular el impuesto jurisdicción por jurisdicción y revisar las reglas relacionadas
  • Derogar la tasa impositiva reducida sobre los ingresos intangibles derivados del extranjero (FDII)
  • Ampliar la base del impuesto sobre la renta neta de inversiones (NIIT) para incluir ingresos comerciales no pasivos y aumentar las tasas del NIIT y el impuesto adicional de Medicare para alcanzar el 5 por ciento sobre ingresos superiores a $400,000
  • Aumento del impuesto sobre la Renta individual al 39,6 por ciento sobre ingresos superiores a $400 000 para declarantes solteros y $450 000 para declarantes conjuntos (a partir de 2024)
  • Gravar las ganancias de capital a largo plazo y los dividendos calificados a las tasas ordinarias del impuesto sobre la renta para Ingreso imponible por encima de US$ 1 millón de dólares, y gravar las ganancias de capital no realizadas en caso de fallecimiento por encima de una exención de US$ 5 millones, revirtiendo parcialmente la reforma de George Bush (2001-2003)
  • Triplicar los aranceles de importación para el acero y el aluminio provenientes de China, desatando una nueva guerra comercial con el gigante asiático

Pese a las subas impositivas, la administración Biden no propone un sendero sostenido de reducción del déficit fiscal, ya que la mayor parte del paquete tributario se vería acompañado por nuevas expansiones presupuestarias. 

Y a diferencia de la estrategia seguida por el expresidente Donald Trump, la guerra comercial con China que propone desatar Biden se produciría en un contexto de profunda caída en la competitividad fiscal de Estados Unidos, todo lo contrario a lo que ocurrió entre 2017 y 2020 (cuando las empresas estadounidenses disfrutaron de fuertes recortes impositivos).

Esto deja a Estados Unidos en una posición comparativamente difícil para forzar una nueva “tregua” con China en la cual se flexibilicen controles cambiarios o medidas arancelarias proteccionistas, como sí ocurrió tras el último acuerdo firmado en 2020.

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