Colombia
El programa económico de extrema izquierda con el que Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia
Reforma agraria, estatización del sistema previsional, proteccionismo extremo y el desmantelamiento de la industria petrolera: Así es el plan económico de Gustavo Petro para Colombia.

Con el 50% de los sufragios válidos y logrando un margen de diferencia con respecto a Fernández, Gustavo Petro es electo presidente de Colombia. El exterrorista del Movimiento 19 de abril prometió llevar adelante una reforma económica estructural con perspectiva socialista, lo que significa un cambio radical en el modelo económico colombiano.
El programa de Petro se declara abiertamente “socialista y ecologista”, y propone dar marcha atrás con las reformas estructurales llevadas a cabo en la década de 1990 y acentuadas en la presidencia de Álvaro Uribe hasta 2010.
Expropiación de los fondos del sistema previsional
De la misma manera que se realizó en Argentina durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Gustavo Petro propone destruir el sistema de capitalización individual de las Administradoras Privadas de pensiones (AFP). Este sistema había sido instalado a mediados de los 90s, con excelentes resultados en materia de poder adquisitivo de las pensiones.
Actualmente, los colombianos lograron acumular una suma por $357 billones en las cajas de previsión social privadas. Este dinero genera rendimientos para el pago de futuros haberes jubilatorios con intereses, y estimula fuertemente el mercado de capitales local generando crédito hipotecario y crédito para empresas de todo tipo.
Petro propone expropiar los $357 billones acumulados por los colombianos, para que formen parte de las arcas del Estado y financien el gasto público corriente, por ejemplo, en pensiones no contributivas o subsidios directos para la población (como ocurre en Argentina). En reemplazo al sistema actual, los cotizantes se verán brutalmente forzados a enviar sus ahorros a un sistema único y estatal, de la misma manera en que funcionaba antes de los 90s.
Reforma agraria
Gustavo Petro propone retomar el concepto de “función social” de la propiedad privada, dando así una justificación para su intervención. La principal propuesta de Petro consiste en instalar un elevado impuesto a cualquier propietario de más de 1.000 hectáreas de tierra. El objetivo manifiesto es incentivar la atomización de la tenencia de tierras, algo que según el propio Petro convertiría a Colombia en una “potencia agroindustrial”.
Petro retoma un viejo y obsoleto concepto de la “escuela Cepalina” que dominó la política económica de Latinoamérica a mediados del siglo XX, y pretende llevar adelante un incentivo para “industrializar” el país.
Sin embargo, la acumulación de tierras por parte de inversiones capital-intensivas es precisamente lo que permite, y de hecho permitió, incrementar la productividad. Los incentivos artificiales para la atomización de tierras aumentarán la proporción de la inversión trabajo-intensiva, deteriorando la productividad y la capacidad exportable.
Proteccionismo y revisión de los TLC firmados
Nuevamente siguiendo con la lógica de la vieja CEPAL hace más de 70 años, Petro propone una reforma arancelaria para elevar fuertemente los impuestos sobre productos elaborados. En particular, el programa implementará aumentos arancelarios en 4 ramas principales: alimentos, agroindustria con valor agregado, textiles y por último la indumentaria con confecciones de cuero.
El nivel de protección arancelaria nominal de Colombia ascendió al 6% en 2020, y con los cambios propuestos se volvería a un nivel cercano al que había en 2010, con casi el 12,5% de protección arancelaria promedio.
También se propone una revisión de los tratados de libre comercio firmados. Colombia posee acuerdos comerciales con la Unión Europea, el Mercosur, la Alianza del Pacífico, Canadá, Chile, Corea del sur, Costa Rica, Estados Unidos, Israel, México, El Salvador, Guatemala y Honduras.
Las renegociaciones de Petro implican el aumento de los aranceles máximos aceptados y la ampliación de las cláusulas para implementar restricciones cuantitativas. También se incluye un mayor endurecimiento regulatorio para restringir el ingreso de inversión extranjera directa (IED) en Colombia.
Desmantelamiento de la industria petrolera
Sin ningún reparo, el exguerrillero aseguró que su programa incluye el desbaratamiento de la industria petrolera en el país, siguiendo una agenda ecologista radical incluso en comparación a países desarrollados.
Este no fue un tema menor, pues actualmente la principal exportación de Colombia es el petróleo, y se transformó en la principal fuente de recursos para el Estado a partir de las regalías y la tributación local.
El programa incluye, como primera medida, la prohibición total de la Fracturación hidráulica o fracking, lo que supondrá un golpe violento para el potencial del sector. Junto con esto, se propone la prohibición de la exploración para buscar nuevos yacimientos de petróleo y gas, las empresas solamente podrán seguir explotando los recursos disponibles en la actualidad.
En medio del delicado contexto económico a nivel internacional, las propuestas extremistas de Petro parecen irrealizables: Colombia no solamente perdería una oportunidad histórica para colocar hidrocarburos en el mercado externo, sino que incluso se verá obligada a importar grandes cantidades de estos productos para evitar un colapso energético similar al que se produce en Sri Lanka por políticas similares.
Colombia
Soros blanquea su apoyo a Petro y destina 16 millones de dólares para promover su agenda en Colombia
El director ejecutivo de la fundación de Soros para América Latina anunció una millonaria inversión para apoyar a organizaciones de la sociedad civil y al Gobierno para promover la “justicia climática y la justicia de género”.

Por años se especuló que el multimillonario George Soros, el mayor donante del Partido Demócrata en Estados Unidos, estaba detrás de las candidaturas de Gustavo Petro en Colombia. Esto quedó en evidencia después de la campaña del año pasado, donde el ex senador de extrema izquierda blanqueó sus vínculos con la Open Society Foundation.
“En la pandemia hicimos un aumento de la inversión por toda la situación que teníamos acá, pero ahora, este año, vemos aún más oportunidades y estamos llegando a 16 millones de dólares en inversiones para 2023“, declaró el pasado martes a EFE el director ejecutivo de Open Society Foundations para América Latina y el Caribe, Pedro Abramovay.
“Este dinero irá para apoyar a organizaciones de la sociedad civil y financiar acciones de gobiernos locales y del Gobierno nacional para trabajar temas de justicia climática, justicia de género, seguridad, reducción de homicidios, democracia y política de drogas“, completó.
“Estamos en un momento en el que la sociedad colombiana está discutiendo estos temas de manera muy fuerte y tenemos una oportunidad de apoyar a los grupos de la sociedad civil para que tengan más posibilidades“, agregó Abramovay.
Además, precisó que la Open Society está respaldando “organizaciones de derechos de mujeres, organizaciones afro, que van desde apoyo a organizaciones en sí para hacer su trabajo hasta la casa comunitaria que están apoyando en Buenaventura“.
La fuerte influencia de Soros en Colombia no es casualidad. La sede de su fundación en Latinoamérica está ubicada en Bogotá, mientras que tiene otra secundaria en Río de Janeiro, Brasil, y otra en el Distrito Federal de México.
Desde allí, apoyan decenas de organizaciones sociales, entre ellas ONG Temblores, que entre 2017 y 2019 recibió 155.000 dólares de la Open Society Foundations y, según denunció en mayo de 2021 el periodista Gustavo Rugeles, justo durante el paro promovido por la izquierda contra el entonces presidente Iván Duque, Temblores “promovió falsos positivos contra las Fuerzas Militares e impulsa campañas para acabar con el ESMAD (grupo antidisturbios) y reformar la Policía”.
Los tentáculos de Soros van más allá de Estados Unidos, donde le ha inyectado altas sumas de dinero a la agenda demócrata, incluyendo la promoción del aborto, campañas para la elección de fiscales para el fruade electoral y el activismo racial.
El año pasado también trascendió cómo 75 fiscales estadounidenses habrían sido elegidos para sus cargos gracias al financiamiento de Soros a través de su Open Society Foundations. Según el Law Enforcement Legal Defense Fund, unos 40 millones de dólares le sirvieron durante la última década para financiar campañas de fiscales, quienes para mediados de 2022 representaban a “más de uno de cada cinco estadounidenses”.
Estos fiscales han apostado por una justicia más laxa, como es el caso de Buta Biberaj, del condado de Loudoun, en Virginia, quien informó a comienzo de año que su oficina no participará directamente en el enjuiciamiento de ciertos cargos por delitos menores, como hurto, atropello y fuga con daños a la propiedad, eludir a la policía o beber en público.
Como destaca el periodista José Gregorio Martínez del Panam Post, estas medidas son muy similar a las porpuestos que promulgó Petro durante la campaña y una vez que llegó a la presidencia, donde dijo que quiere dejar de contar algunos delitos para reducir los índices de criminalidad.
Colombia
A disfrutar lo votado: Le robaron todo a un YouTuber militante de Petro y ahora pide donaciones para poder comer
El músico colombiano narró cómo vivió momentos de terror cuando un grupo de delincuentes entraron a su casa, lo encañonaron, y le robaron todas sus posesiones.

Alvin Schumaat, conocido simplemente como Alvinsch, contó a través de redes sociales los momentos de terror que vivió en enero pasado, cuando un grupo de al menos cinco personas irrumpió en su casa de campo para robarle a punta de pistola.
El youtuber, quien vive en Colombia y cuyo canal se dedica a la crítica y composición musical, recurrió a sus redes sociales para explicar el motivo de su ausencia en YouTube, ya que llevaba algunas semanas sin publicar ningún contenido.
Alvinsch se convirtió en uno de los creadores de contenido en redes más famosos que brindó públicamente su apoyo por el entonces candidato a presidente de extrema izquierda, Gustavo Petro, quien hizo campaña con un mensaje de perdonar a la delincuencia y eliminar la mano dura.
El mismo Alvinsch tuiteó cuando Petro ganó la elección: “Perdió el miedo y el odio. Ganó el amor y el perdón“. Ahora, el youtuber colombiano disfruta de las consecuencias de su voto.
En otro tweet, después de que Petro ya asumiera la presidencia, Alvinsch se expresó a favor de las reformas en seguridad del mandatario comunista, que reducirían los poderes de la Policía en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Advirtiendo a sus seguidores que lo que estaba por contar era un tanto sensible para algunas personas, Alvinsch explicó que a mediados de enero, un grupo de hombres irrumpió en su casa en las afueras de Bogotá mientras él escuchaba música y su pareja realizaba un vídeo en vivo.
“Hace un tiempo me vine al campo, porque estaba buscando una vida más pacífica y tranquila en la que pudiese dedicarme a estudiar, a hacer música y trabajar en el canal, pero ese deseo no es tan acorde con la realidad del país en el que vivo, así que esa realidad terminó llegando a mí“, narró Alvinsch en su vídeo fallando en darse cuenta de la ironía de la situación.
Contó que los ladrones drogaron a su perra para que ésta no los atacara, y a ellos los amarraron y golpearon en reiteradas ocasiones para que les revelara dónde guardaba dinero. “Como no tenía mucho, los ladrones se llevaron todo mí equipo de producción audiovisual, salvo algunas guitarras acústicas y un micrófono“, reveló.
Esto no debería sorprender a nadie. Desde la llegada de Petro al poder en agosto del año pasado, Colombia ha visto un repunte en la inseguridad como no vivía en años, y la economía se ha desbarrancado completamente.
Colombia sufre de la inflación más alta en décadas, el intento de establecer un esquema de control de precios ha generado desabastecimiento, y la propuesta de prohibir la explotación de hidrocarburos ha llevado al cierre de varios pozos, dejando al sistema energético en una situación delicada.
La crisis afecta incluso a la izquierda caviar que votó y militó a este gobierno. El propio Avinsch, después de contar su historia, anunció a sus 1,27 millones de seguidores que realizará una colecta en su cumpleaños -este 17 de febrero- para poder recuperarse económicamente. “No puedo ni comprar el alimento para mis mascotas desde que me robaron“, se lamentó en vivo.
Colombia
Petro presenta el plan para estatizar el sistema de salud en Colombia: Quiere replicar el esquema cubano
La reforma plantea la socialización del sistema de salud, poniendo en riesgo la provisión de servicios indispensables para la población. La Vicepresidente de la República anunció que el Gobierno pretende replicar el sistema cubano en Colombia.

El Gobierno comunista de Gustavo Petro lanza una nueva ofensiva para la socialización de la economía colombiana. Se presentó una reforma integral del sistema de salud para su virtual estatización, un cambio que promete disminuir radicalmente el rol de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para dar paso a la planificación centralizada.
Este lunes el oficialismo presentó su proyecto oficialmente ante la Asamblea Nacional de Departamentos. La Vicepresidente del país Francia Márquez explicó públicamente que el Gobierno busca replicar el sistema de salud cubano, adecuándolo a las características de Colombia y permitiendo una “transición” sobre la cual el sector privado perdería gradualmente protagonismo hasta prácticamente desaparecer.
Se pone en peligro la provisión de servicios públicos esenciales, de la misma manera en que ocurre en Cuba o Venezuela, con sistemas virtualmente socializados pero sin recursos o incentivos suficientes como para sostener un estándar mínimo de calidad.
Los principales puntos del proyecto socialista
Eliminación gradual de las EPS y estatización de servicios
La principal reforma del proyecto de Gustavo Petro es la erradicación de la llamada “ley 100” sancionada en el año 1993, y por la cual se garantiza un sistema de salud mixto con una amplia participación de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) en conjunto con los servicios de provisión estatal.
A su vez, dentro de los servicios provistos por el sector privado operan dos esferas distintas: el sistema contributivo, donde los socios aportan y reciben una contraprestación en servicios médicos, y por otro lado el sistema subsidiado sobre el cuál el Estado colombiano destina fondos a las EPS para ofrecer servicios sin cargos (o con cargos recortados) a sectores vulnerables.
A partir de la reforma las EPS perderán completamente su rol en el sistema subsidiado, este segmento del mercado será estatizado. Se propone poner fin al sistema de recobros, por lo que el pago de los servicios médicos en este sector se efectuará directamente a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).
Por otra parte, las EPS enfrentan una severa crisis financiera en los últimos años debido a que el Estado colombiano retrasó sistemáticamente el debido pago de subsidios por las prestaciones dadas. El Gobierno de Petro, en lugar de atender sus obligaciones, decidió declarar la insolvencia de muchas de estas entidades y proceder con su liquidación.
Si bien el Gobierno reiteró que no pretende eliminar la participación privada en el sistema, las nuevas normativas y la falta de pago en los subsidios atrasados generan las condiciones propicias para que, en la práctica, se produzca la eliminación gradual pero sostenida de las EPS.
Ampliación del sistema estatal
La reforma otorga una especial atención a los Centros de Atención Primaria (CAP), en los cuales el Estado tendrá el rol rector para ofrecer los servicios. Se pretende ampliar considerablemente el gasto público orientado a esta partida, a fin de incrementar la presencia de estos centros en la mayor parte de los municipios del país.
“La EPS no funciona como el eje institucional, sino el Centro de Atención Primaria; que puede ser público o privado. La EPS puede, si quiere, sobrevivir hoy en el nuevo sistema que proponemos, comenzar su sobrevivencia con Centros de Atención Primaria”, declaró el presidente Petro.
Ampliación de la burocracia
La reforma crea el Consejo Nacional de Salud, un organismo burocrático que será dirigido desde el Ministerio de Salud y Protección Social, y cuya principal función será la “concertación de iniciativas en materia de política pública de salud”.
Asimismo, en simultáneo se propone la creación de múltiples Consejos Territoriales de Salud, cuya principal función será hacer cumplir las disposiciones del CNS a nivel nacional. El proyecto dispone, además, que serán facultados para “proponer políticas específicas a desarrollar en el respectivo territorio, según las necesidades identificadas y los objetivos definidos en él, en concordancia con los criterios, metas y estrategias definidas en la política pública nacional de salud”.
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