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Economía

El socialismo español lanza una peligrosa ley de alquileres que amenaza con destruir el mercado inmobiliario

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El Gobierno de Sánchez impulsó una normativa que regula los alquileres de grandes y pequeños propietarios por igual, y establecen topes legales sobre los precios de acuerdo a un nuevo índice de referencia. Se delimitan “zonas tensionadas” para aplicar las regulaciones.

La administración de Pedro Sánchez lanzó una serie de medidas para incrementar violentamente el peso regulatorio del Estado sobre el mercado inmobiliario, como no se veía desde la época franquista.

Se espera que las disposiciones provoquen un efecto dramático sobre los incentivos para que los propietarios decidan poner sus viviendas a disposición de alquiler, algo que en última instancia achica el mercado y perjudica también a los inquilinos.

España adopta las medidas más extremistas de Europa en materia de vivienda y alquileres, avanzando incluso más allá de lo que se permitió en Portugal o la ciudad de Berlín, entre otros experimentos fallidos de regulación estatal. 

Formalmente la nueva Ley de Vivienda regula los aumentos anuales pautados sobre los contratos de alquiler, estableciendo no solamente el modo en que deben ser actualizados sino además fijando topes legales. Las regulaciones se establecen independientemente de la cantidad de inmuebles que posea el propietario, aunque con disposiciones ligeramente distintas.

En primer lugar, España declara ilegal el solo hecho de indexar el contrato de alquiler a la evolución del IPC general. Para el caso de pequeños propietarios (aquellos definidos como tales por tener menos de 5 viviendas en alquiler), el límite de indexación será determinado por los términos pactados en el contrato anterior. 

Para los grandes propietarios, la Ley de Vivienda establece un tope de actualización de contratos de hasta el 2% para el año 2023, y hasta 3% para 2024, todo esto independientemente de la inflación que efectivamente se registre. 

A partir de 2025, la ley faculta al Gobierno para establecer una indexación especial en estos contratos de alquiler por medio de un nuevo índice de referencia “más estable” que el IPC, pero cuyos parámetros todavía se desconocen. El Instituto Nacional de Estadística de España (INE) será el responsable de definir los parámetros de la nueva indexación en el plazo que indica la ley. 

La última vez que España prohibió expresamente la indexación de los contratos de alquiler fue con las leyes franquistas dispuestas entre 1954 y 1964, y de la misma manera en que lo dispone la actual disposición del Partido Socialista, también se imponían cláusulas de actualización completamente arbitrarias y que en la práctica licuaban el valor real de los contratos. 

El mercado de la vivienda había sido completamente liberalizado en la gestión del expresidente Felipe González en 1985, que se valió de su pragmatismo para modernizar la plataforma política de su partido. Bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, el PSOE vuelve a retroceder a las ideas obsoletas de hace 70 años.

Asimismo, la Ley de Vivienda endurece los parámetros para la demarcación de “zonas tensionadas”. Para que una zona se declare como tal, se deben cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: Que la carga media del costo de la hipoteca o alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% del ingreso medio de los hogares, o bien que los precios de alquiler hayan aumentado un 3% más de lo que indica el IPC en los últimos cinco años.

Estas condiciones pueden delimitar zonas tensionadas de amplia magnitud territorial, incluso pueden albergar a la totalidad de una Comunidad Autónoma. Y de cumplirse al menos una de las condiciones dispuestas, entonces el Estado se ve facultado a aplicar las regulaciones de la ley. Los requisitos fueron endurecidos en comparación con la legislación anterior, que fijaba un diferencial de aumento en torno al 5% para la demarcación de estas regiones. 

Por otra parte, las normativas del socialismo erosionan la seguridad jurídica del país y modifican los requisitos para la efectivización de desalojos. La ley prohíbe que se lleven a cabo desalojos sin fecha y hora previamente pautadas. Además, se incluyen nuevas prórrogas para ampliar los procedimientos legales para el proceso de desalojos en más de 2 años

Argentina

Las acciones y bonos argentinos abrieron con subas del 13% por la aprobación de la Ley Bases, se desploma el Riesgo País y cae el dólar

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Los inversores en Wall Street celebran la primera victoria legislativa del Gobierno de Javier Milei, a pesar de los intentos de algunos políticos para tirar abajo la Ley Bases y el Paquete Fiscal.

Los activos bursátiles argentinos abrieron con fuertes subas en las primeras horas del jueves tras la aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en el Senado Nacional. Los títulos de deuda mostraron alzas de 4%, y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street subieron hasta 13%, lideradas por el sector bancario. El riesgo país se desploma, situándose en 1.404 puntos básicos a las 11:20 horas.

La reacción era esperada por los especialistas. "Esperamos que la sanción en el Senado de la Ley Bases se traduzca en un rally hoy. ¿Hasta qué nivel? Es muy difícil precisarlo y no creemos que sea tan sencillo como pronosticar los máximos previos, pero es seguro que puede recortar las bajas producidas por la incertidumbre de las últimas semanas", preveía el informe diario de la consultora Outlier.

"Habrá que ver también cómo procesa los cambios el mercado, sobre todo los introducidos en el paquete fiscal, que pueden condicionar la concreción de algunos anuncios recientes y extender el suspenso algunas semanas más hasta que se defina nuevamente en Diputados", agregó el reporte.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un 3%, alcanzando los 162.000 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street, las alzas alcanzaban hasta el 13%, con Banco Supervielle a la cabeza, seguido por Banco Macro (+8%).

Los inversores también consideraron favorablemente el anuncio del Banco Central respecto a la renovación total del swap de monedas pactado con China, que postergó por un año vencimientos por USD 5.000 millones que debían pagarse en junio y julio.

"Vemos como positivo lo ocurrido en el Senado durante la madrugada de hoy dado que la mayoría de los artículos de las leyes fueron aprobados con cambios relativamente benignos. Si bien el rechazo de la reforma de Bienes Personales y Ganancias genera ruido, cabe mencionar que fueron rechazados con mayorías simples, con lo cual los diputados pueden insistir con su redacción original con una mayoría simple. En lo que refiere a Ganancias, los senadores patagónicos votaron en contra, y sus diputados tuvieron un comportamiento similar cuando votaron en abril, con lo cual esperamos que el gobierno pueda revertir esto", dijo Ezequiel Zambaglione, jefe de investigación de Balanz Capital.

"En cuanto a otros cambios, estos se ven marginales a priori y no deberían cambiar mucho el programa del gobierno. Creemos que este escenario es positivo para los precios, y podríamos ver subas en los Globales en torno al 3-5% durante la jornada de hoy. Si en Diputados se logra insistir con la redacción original de Ganancias, creemos que los precios van a llegar a tocar nuevamente sus máximos recientes", agregó Zambaglione.

"El mercado tenía grandes dudas con la renovación del swap chino y si el Gobierno iba a poder aprobar la Ley Bases con solo seis senadores. Despejadas estas dudas, aun con una ley con matices y muy distinta a la original, la rueda en Wall Street arranca con subas", dijo Mariano Marcó del Pont, de Silver Cloud Advisors.

"Más allá de la importancia del paquete fiscal y su tratamiento en particular, la expectativa se concentraba en la aprobación de la Ley Bases en general como señal de soporte político", coincidió el economista Gustavo Ber. "Dicha aprobación, junto a la renovación del swap y la expectativa de pasos que se están dando camino a una salida del cepo, podrían volver a generar una reacción positiva entre los operadores, especialmente tras la toma de ganancias reciente", agregó el especialista.

Entre los bonos soberanos, se destacaban grandes movimientos de los papeles regidos por la Ley de Nueva York, generalmente primeros en reaccionar y los más atados al humor de los inversores globales.

"Se rechazaron los 22 artículos que modificaban los impuestos de Ganancias y Bienes Personales. No obstante, como el rechazo no alcanzó los dos tercios, el oficialismo tendría la posibilidad de restituir ambos impuestos cuando el proyecto vuelva en segunda revisión a la Cámara de Diputados, donde se deberán ratificar el resto de las modificaciones", explicó un informe de Mariva Research.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Brasil

Lula lleva al déficit fiscal de Brasil al segundo nivel más alto de la historia, solo por detrás de la pandemia

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Es el nivel más elevado registrado para cualquier administración con la sola excepción del período de emergencia sanitaria acontecido entre 2020 y 2021. Las arcas públicas brasileñas fueron completamente desequilibradas por el programa económico del socialismo, abandonando cualquier atisbo de moderación política.

La administración del presidente Lula da Silva convalidó abiertamente un importante giro hacia la izquierda extremista, muy a diferencia de lo que ocurrió durante sus primeras dos presidencias. El socialismo abandonó toda la moderación que aparentaba tener durante la campaña electoral del 2022, traicionando nuevamente al electorado brasileño.

Las finanzas públicas del Gobierno federal fueron completamente desequilibradas en cuestión de unos pocos meses. El déficit financiero ascendió a los R$ 41.325 millones de reales al término del mes de abril, y alcanzó un récord histórico de hasta R$ 182.995 millones en diciembre del año pasado.

Asimismo, el resultado acumulado de los últimos 12 meses marcó un déficit financiero en torno a los R$ 843.315 millones. Nunca antes se había visto algo así con la sola excepción del período de pandemia, en un contexto de emergencia sanitaria y cuarentenas organizadas por los Estados locales.

El déficit fiscal expresado en millones de reales corrientes acumuló un crecimiento del 92,1% entre enero de 2023 y abril de 2024, prácticamente se duplicó en los primeros 16 meses de gestión de la izquierda brasileña.

En otras palabras, la política fiscal del Gobierno de Lula provocó un daño a las finanzas públicas que es perfectamente comparable con el que aconteció durante la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años

El Gobierno de Lula asumió la dirección de Brasil con un superávit primario que representaba el 0,56% del PBI en enero de 2023. En el mismo mes, el resultado financiero marcaba un rojo equivalente al 4,32% del PBI respectivamente.

Pero al cabo de 15 meses de administración socialista, el resultado primario se convirtió en un déficit que superó el 2,5% del PBI en abril de 2024, mientras que el déficit financiero se profundizó aún más hasta llegar a los 7,6 puntos del producto bruto. Prácticamente la totalidad del esfuerzo fiscal del Gobierno anterior fue dilapidado rápidamente por la nueva administración.

Todo esto responde a una agresiva estrategia expansiva desde el punto de vista de las erogaciones, mientras que desde el punto de vista de la recaudación los nuevos impuestos establecidos desde 2023 no representaron ninguna ganancia significativa para las arcas del Estado federal.

La pésima situación fiscal en Brasil está presionando por un nuevo deterioro de las cuentas externas y el déficit de cuenta corriente (la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta un país). La principal vía de financiamiento del déficit fiscal es el endeudamiento, tanto interno (limitando el crédito al sector privado) como externo (agudizando el desequilibrio de cuenta corriente).

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Economía

El Gobierno logra mantener el superávit fiscal en mayo: Se estima un resultado positivo por $2,5 billones de pesos

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El Ministerio de Economía se encamina a anunciar el quinto superávit financiero consecutivo desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. La disciplina fiscal constituye hoy el pilar del programa económico del oficialismo, y el Presidente ratificó que está por fuera de cualquier tipo de negociación.

Actualmente la erradicación del déficit fiscal en la esfera del Sector Público Nacional (SPN) se constituye como el ancla para poder estabilizar los precios. Desde el 10 de diciembre del año pasado se ejecutó un ambicioso programa de ajuste fiscal, que incluso funciona de manera independiente de la aprobación del paquete de leyes que pretende el oficialismo

Los primeros números preliminares para el mes de mayo demuestran que la discplina fiscal se mantiene con firmeza. El Ministerio de Economía presidido por Luis Caputo estima un nuevo superávit financiero de por lo menos $1,3 billones de pesos para el mes de mayo, y de oficializarse esta cifra se alcanzaría así al quinto superávit consecutivo en lo que va de la presidencia de Javier Milei. El resultado fiscal primario ascendió hasta los $ 2,5 billones respectivamente.

Estas cifras solamente contemplan a la Administración Pública Nacional (APN), una suerte de “esqueleto” de la estructura del Gobierno nacional. Se incluyen las partidas más importantes del gasto, como los recursos para organismos descentralizados, la administración central, las instituciones de la seguridad social y las universidades nacionales, entre otras partidas

Asimismo, no se incluyen los gastos e ingresos correspondientes a las empresas estatales, los entes públicos autárquicos, y los fondos fiduciarios nacionales. Los datos fiscales correspondientes a mayo fueron confirmados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Excluyendo el pago de intereses a cuenta de la deuda pública, el Gobierno nacional habría logrado consolidar un superávit primario de no menos de $6,4 billones de pesos entre enero y mayo, de los cuales un total de $2,4 billones fueron utilizados para financiar los servicios de la deuda pública.

El mes de mayo se vio particularmente afectado por una incremento sustancial en la recaudación del Impuesto a las Ganancias (una suba real superior al 80% en comparación con el mismo mes del año 2023). 

Paralelamente se ejecutó una drástica reducción del gasto público en subsidios energéticos, que alcanzó una caída estimada en el 64% interanual, medida en términos reales (una vez descontado el efecto de la inflación).

El gasto público primario de la Administración Nacional se contrajo un 31,3% en términos reales, frente a mayo del año pasado. Se mantiene el compromiso inquebrantable por mantener a raya al déficit fiscal. 

El Presidente anunció que vetará cualquier tipo de iniciativa legislativa que apunte a distorsionar el resultado de las finanzas públicas y, por lo tanto, que atente contra el pilar mismo del programa económico instrumentado desde el 10 de diciembre de 2023.

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