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Economía

Espert se opuso a la dolarización: Propone sacarle 3 ceros al peso y dejarlo bajo el control del Banco Central

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El diputado liberal se mostró escéptico por la dolarización que impulsa Milei, aún habiéndola defendido en el pasado. En su lugar, propuso lanzar reformas estructurales junto a una nueva reconversión monetaria, bajo la configuración de un hipotético “peso libre”.

El diputado nacional José Luis Espert se pronunció en contra de un eventual proceso de dolarización, como propone el candidato a presidente Javier Milei y otros prestigiosos economistas. Espert definió a la dolarización como un “salto al vacío” y como un “experimento”, y aseguró que no tiene "chances de éxito".

En vez de eliminar la moneda nacional, Espert argumentó en una entrevista con TN que hay que "cuidar la soberanía nacional" quedándose con una moneda emitida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De esta manera, el diputado del monobloque Avanza Libertad propuso sacarle tres ceros al peso nacional y re-lanzar la moneda bautizándola como "peso libre", la cual vendría recién después de una serie de reformas como la "apertura al comercio internacional, una nueva legislación laboral, una drástica reducción del tamaño del Estado para eliminar el déficit fiscal y reducir impuestos, una reforma educativa que priorice a la demanda, la formación en ciencias duras y blandas”.

La inflación es un fenómeno monetario. No lo digo yo. Ya fue modelado por un Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, hace casi medio siglo y es de los postulados más demostrados por la realidad”, explicó.

Sería un peso sin inflación, libre de mafias sindicales, libre de políticos corruptos… libre de los Baradel”, aseguró Espert al presentar su proyecto, aunque no explicó cómo lograría eso mientras la moneda se siga emitiendo por un Banco Central que depende de la casta política.

“En la Argentina se han hecho muchos cambios de moneda. Esta moneda, el peso libre, que representa el gran cambio de la Argentina, tiene detrás un programa económico de infinidad de reformas estructurales, para que este peso sea la última moneda que se emita en la Argentina, detalló nuevamente sin dar detalles.

Entre otras iniciativas, propone establecer una reforma laboral para modernizar la legislación vigente, la apertura al comercio internacional tanto por exportaciones como por importaciones, la eliminación del déficit fiscal, la reducción del gasto público y la independencia del Banco Central, entre otras.

Sin embargo, todas estas reformas son cambios que pueden tardar años y, mientras tanto, la economía se dirige directo a una hiperinflación que no puede ser frenada si no se realiza un cambio drástico como una convertibilidad o dolarización. Quitarle ceros a una moneda no cambiaría ninguna tendencia inflacionaria.

Lo cierto es que el mismo Espert fue uno de los economistas que anteriormente sí se mostraron a favor de dolarizar la economía. La diferenciaba de lo que fue el proceso de Convertibilidad entre 1991 y 2002, y consideraba como ninguna locura el avance hacia una dolarización con una mayor apertura comercial respecto a lo que hoy permite el Mercosur.

En 2014, ni siquiera hace una década atrás, argumentaba en redes sociales que "Argentina ha mostrado por 100 años que no puede tener moneda ni vivir con lo nuestro", y agrega que por eso, la solución a la crisis es "dolarizar más tratados de libre comercio con países que son potencias", exactamente lo que propone hoy Javier Milei.

Pero por alguna razón, probablemente influenciado por su acercamiento a Juntos por el Cambio, Espert hoy despotrica contra la inflación, y propone una "solución" que ya fue intentada en cinco ocasiones a lo largo de los últimos 50 años, sin éxito. Se quitaron ceros tras reformas estructurales con el Peso Ley (1970), el Argentino (1983), el Austral (1985), y el Peso Convertible (1992).

El pilar del programa del diputado consiste en la virtual eliminación de la “dominancia fiscal” de la política monetaria por medio de una reestructuración de las instituciones. Pero el problema con este organigrama es qué tan creíble se vuelve el cambio de régimen.

Si no resulta creíble, y si el mercado descuenta que el gobierno es susceptible a un cambio de signo político a corto plazo, se desplomará la demanda de dinero, la gente volverá a pasar al dólar como moneda de ahorro, se volverá a destruir el poder adquisitivo del peso, y la inflación no desaparecerá.

Con este peso libre los argentinos vamos a poder ahorrar sin temor a que todo vuele por los aires. Nuestra economía ya no soporta más experimentos”, aseguró el diputado en una clara crítica a Milei, quien cree que la única manera de poder cortar de cuajo con la inflación es eliminando el peso y permitiendo que los argentinos transaccionen en su moneda de preferencia, que históricamente ha sido el dólar.

Esto se encuadra en una vieja e histórica discusión entre economistas argentinos: si primero es necesario realizar un conjunto de reformas estructurales para después garantizar la estabilidad monetaria, o si por el contrario se necesita una reforma monetaria integral como el primer paso antes de poder empezar con otras reformas en la economía.

Espert se muestra partidario por la primera postura, junto a otros economistas alineados a Juntos por el Cambio como Federico Sturzenegger, Luciano Laspina o Alfonso Prat-Gay, entre muchos otros. Eso es lo que intentaron hacer durante el gobierno de Mauricio Macri, pero nunca lograron pasar ninguna reforma de fondo y la moneda siguió inflándose.

En la vereda opuesta, resalta el caso de economistas como Carlos Rodríguez, Emilio Ocampo y el propio Javier Milei. También cabe destacar a Domingo Cavallo como un impulsor de esta postura, quien la llevó a cabo efectivamente en la década del ’90, impulsando una nueva moneda pero bajo paridad con el dólar, una "dolarización encubierta", que eliminó la hiperinflación inmediatamente.

Quienes se oponen a la eliminación del peso aseguran que una mera reestructuración del Banco Central es suficiente para eliminar la inflación, algo que podría ocurrir en países que atraviesan una suba del nivel de precios por primera vez en décadas como Chile, pero que no es suficiente en Argentina, donde no hay ninguna ley de independencia bancaria que pueda generar la suficiente confianza en una población que ya fue confiscada y devaluada más veces de la que puede contar.

Economía

Pettovello eliminó la intermediación del plan Potenciar Trabajo y se lanzan dos nuevos programas con ayuda directa

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El Ministerio de Capital Humano avanza con la racionalización y reorganización de los planes sociales, a fin de que los únicos beneficiarios sean las personas que más necesitan de ayuda estatal, y no las organizaciones violentas de la izquierda.

En línea con los anuncios que dispuso el Gobierno de Javier Milei desde su misma asunción, el Ministerio de Capital Humano al frente de Sandra Pettovello confirmó una nueva reorganización del sistema de planes sociales para poder garantizar que la ayuda del Estado le llegue a la gente de forma directa, sin intermediación ni negocios encubiertos.

Se anunció el fin del plan Potenciar Trabajo tal y como se lo conocía hasta ahora. Este programa aglutinaba hasta a una gran cantidad de organizaciones violentas y de izquierda, que utilizaban a las personas más carenciadas como un medio de financiamiento para sus propios propósitos políticos.

Paralelamente, el Ministerio de Capital Humano lanzó dos nuevos programas sociales: “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social" respectivamente. A diferencia de su predecesor, estos planes significarán una ayuda directa para las personas que califiquen para cobrarlo. 

Ya no habrá más lugar para ningún tipo de extorsión ni condicionamiento político por parte de ninguna organización de izquierda que pretenda chantajear a las personas que necesitan de un plan social.

El programa Volver al Trabajo dependerá directamente de la propia Secretaría de Trabajo, y la razón detrás de esto es que el Gobierno podrá realizar evaluaciones de impacto, y de este modo poder monitorear el desempeño del programa. 

Bajo el plan Potenciar Trabajo, tan solo un 1,3% de las personas beneficiarias lograron incorporarse al mercado laboral, demostrando así que no se daban las herramientas necesarias para poder lograrlo. El Gobierno 

Asimismo, el nuevo plan Acompañamiento Social dependerá de la Secretaría de Niñez y Familia. La naturaleza de este programa es distinta a la del anterior, ya que sus propósito no es la incorporación al mercado laboral, sino fundamentalmente mitigar la pobreza y las dramáticas consecuencias que esta provoca sobre los chicos menores de 14 años. 

La pobreza en los segmentos etarios más bajos es considerablemente más alta que en cualquier otro segmento de la población, y este problema condiciona alarmantemente la generación de capital humano para el futuro. Esta es la razón misma por la cual el Gobierno lanzó el propio Ministerio de Capital Humano, y sin lugar a dudas será su desafío más importante durante los próximos cuatro años.

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Economía

Tras el decreto de desregulación, la oferta de viviendas se dispara y el precio de los alquileres disminuyó en un 22% en términos reales

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Las actualizaciones de los contratos de alquiler perdieron sistemáticamente contra la inflación en los últimos dos meses, y esto se debe a la gran cantidad de viviendas que salieron a ofrecerse al mercado. La eliminación de las restricciones permite que cada vez más personas accedan al alquiler.

El mercado inmobiliario está experimentando un fuerte repunte en la cantidad de viviendas ofrecidas en alquiler. Tras el decreto de desregulación 70/2023 anunciado por el Presidente Javier Milei en el mes de enero, las condiciones en el mercado mejoraron notoriamente para que cada vez más personas puedan acceder a una vivienda.

Solamente en enero la cantidad de viviendas en alquiler en la Capital Federal llegó a duplicarse, y lo mismo ocurrió con los principales centros urbanos del país que habían sido afectados por la ley de alquileres sancionada en 2020.

El boom en el mercado de viviendas condujo a que el precio promedio de los contratos de alquiler cayera en un 22% medido en términos reales (ajustado por inflación). En otras palabras, los alquileres se ajustaron sistemáticamente por debajo de lo que subieron los precios en los últimos dos meses. Cada salario puede cubrir, en términos relativos, una proporción cada vez mayor de un contrato de alquiler.

Desde el punto de vista de los propietarios, la mayor flexibilidad regulatoria permite garantizar una cierta rentabilidad que no será diezmada por la inflación, y de esta manera se dan más incentivos para poner una propiedad en alquiler. El nuevo marco regulatorio también otorga garantías ante eventuales contingencias, para las cuales los propietarios pueden protegerse.

Y desde el punto de vista de las millones de personas que necesitan alquilar, la mayor oferta de viviendas permite que los precios sean más competitivos. Las barreras a la entrada en el mercado inmobiliario se reducen cada día más, favoreciendo especialmente a los estratos de ingresos más bajos.

Con la ley de 2020, el valor real de los contratos de alquiler no se ajustaba debidamente a la inflación y se producía una transferencia de ingresos artificial de propietarios hacia inquilinos. Pero esto solo ocurría con aquellos usuarios que tuvieron la suerte de poder alquilar.

Conforme avanzó este proceso distorsivo, cada vez más propietarios retiraron sus propiedades del alquiler (para venderlas o utilizarlas para otros fines), y esto provocó que los precios de entrada en el mercado se encarecieran constantemente. Los alquileres aumentaron muy por encima de la inflación entre 2020 y 2023.

Las regulaciones sobre el mercado inmobiliario beneficiaron a los segmentos con ingresos medios y altos que pudieron acceder a pagar elevados precios de entrada, mientras que las personas con ingresos bajos perdieron toda posibilidad de acceso. 

Este es el problema troncal que el Gobierno actual se propuso atacar como una de sus primeras medidas en el poder. Los resultados del proceso de desregulación comienzan a vislumbrarse. 

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Economía

Finaliza el curro de las organizaciones piqueteras: El Gobierno redujo del 30% al 1% la financiación de piqueteros a través del Impuesto PAIS

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Se modificó el esquema de distribución de los recursos generados por el impuesto, para dar una mayor prioridad a las obras de infraestructura por el tiempo en que dure el tributo en actividad. Los movimientos sociales y las organizaciones piqueteras pierden sus privilegios.

En los últimos cuatro años el Gobierno de Alberto Fernández subsidió incesantemente a las organizaciones sociales y piqueteras que interrumpieron las vías de tránsito y le significaron enormes contingencias para millones de trabajadores. Con la llegada del Gobierno de Javier Milei, los privilegios de estas organizaciones de izquierda se terminaron.

El Ministerio de Economía bajo la órbita de Luis Caputo anunció una nueva modificación en la distribución de los recursos generados por el Impuesto PAIS. A partir del Decreto 193/2024 publicado en Boletín Oficial, la participación de los recursos con destino hacia las organizaciones sociales se redujo del 30% al 1%, y al mismo tiempo se llevará a cabo un proceso de fiscalización más estricto para que las organizaciones beneficiarias cumplan con la ley.

Se trata de la masa de recursos que se destina formalmente al llamado Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). La financiación arbitraria de organizaciones con intereses políticos particulares deja de ser una prioridad en la Argentina, y el Gobierno decidió incrementar del 65% al 94% de la participación de los recursos generados por el tributo para la financiación de obras de infraestructura en todo el país.

Asimismo, la participación de la financiación para el turismo como parte del Impuesto PAIS se mantiene en el 5% respectivamente, cuyos recursos son administrados por el Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte Daniel Scioli (quien aceptó ocupar su cargo actual de manera ad-honorem).

Si bien en sus inicios el FISU fue concebido como un instrumento para financiar proyectos en barrios carenciados, con el paso del tiempo se convirtió en una mera caja política a cuenta de organizaciones de extrema izquierda. 

Muchas de estas organizaciones se integran en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en donde salen a la luz personajes como Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez.

El Gobierno prepara una mayor fiscalización y eficientización de las asignaciones sociales, ahora bajo la tutela del Ministerio de Capital Humano. El objetivo es reducir al mínimo la cantidad de intermediarios entre las prestaciones sociales y las personas que las necesitan. En este sentido, el desfinanciamiento del FISU se perfila como una estrategia para avanzar por la dirección anunciada.

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