El Gobierno de Milei avanza con la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas

El Gobierno de Javier Milei oficializó la decisión de avanzar con la privatización, mediante la venta del paquete accionario mayoritario, de cuatro centrales hidroeléctricas.

La medida fue formalizada mediante el Decreto 263/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial. La normativa establece un nuevo plazo de 15 días para lanzar la convocatoria al Concurso Público Nacional e Internacional.

Las sociedades que serán objeto del proceso son Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. De acuerdo con el decreto, la decisión del Ejecutivo responde a un pedido conjunto de los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, quienes solicitaron una prórroga con el fin de que sus equipos técnicos puedan analizar detalladamente el proceso y formular observaciones al Gobierno nacional.

Estas empresas fueron creadas originalmente por ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) a través del Decreto 718/2024, que establecía la realización del concurso de privatización en un plazo máximo de 180 días desde su entrada en vigencia. Luego, el Decreto 895/2024 introdujo una modificación clave: incorporó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas como organismo responsable de liderar el proceso, en articulación con la Secretaría de Energía.

Con esta nueva normativa, el Ejecutivo no solo amplía el plazo, sino que también reafirma su intención de asegurar la participación activa de las provincias y de los entes interjurisdiccionales en la toma de decisiones vinculadas al destino de las centrales.

"Corresponde fijar un plazo de quince días, contados a partir de la publicación del presente, con el fin de que las mencionadas provincias y todos los organismos interjurisdiccionales involucrados tomen la debida participación en el proceso", expresa el considerando del decreto.

Con esta medida del Gobierno de Milei, se busca que las centrales hidroeléctricas puedan mejorar su eficiencia operativa y atraer inversiones que el sector público, mayormente ineficiente, no puede costear.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas —organismo ejecutor que depende del Ministerio de Economía— será responsable de conducir la licitación, definir los requisitos del proceso y aprobar, en conjunto con la Secretaría de Energía, los pliegos de bases y condiciones.