El Gobierno nacional ha iniciado el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de gestionar más de 9.000 kilómetros de rutas en Argentina. La decisión, oficializada a través del decreto 97/2025, establece la concesión de la red vial bajo la modalidad de obra pública con peaje.
Plan de privatización y ejecución
El Ministerio de Economía, con el apoyo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de llevar adelante la privatización. Las principales acciones a ejecutar incluyen:
- Extinción de los contratos vigentes de concesión de los tramos asignados a Corredores Viales S.A.
- Licitación de nuevos contratos de concesión para la administración de los corredores.
- Disolución y liquidación de Corredores Viales S.A., una vez adjudicados los contratos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que el modelo busca fomentar la inversión privada en infraestructura vial. “Las empresas adjudicatarias ejecutarán las obras necesarias y se financiarán a través del cobro de peajes”, afirmó.
Estado de la infraestructura y costos
El Gobierno atribuye el deterioro de la red vial al atraso tarifario y la falta de inversión. Según datos oficiales, el 45% de la traza administrada por Corredores Viales estaba en estado crítico o malo al inicio de la gestión, lo que equivale a 3.402 kilómetros.
En términos financieros, la empresa registró en 2023:
- Pérdidas acumuladas de $268.000 millones.
- Deuda con proveedores por $142.000 millones.
- Asistencia del Tesoro Nacional por $301.000 millones.
El Gobierno considera que la privatización permitirá mejorar la infraestructura y garantizar la conectividad segura de las distintas regiones del país.
