El Gobierno argentino está listo para lanzar un decreto que pondrá en marcha la licitación del Corredor 18, un tramo clave de la red vial que conecta a la Argentina con Brasil, Paraguay y Uruguay.
Este proceso marca el inicio de un ambicioso plan para privatizar 9.145 kilómetros de rutas y autopistas, equivalente al 20% de la red vial nacional, pero que concentra el 80% del tránsito.
Una inversión clave para el comercio y la seguridad vial
El Corredor 18, que incluye las Rutas Nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria, abarca 675 kilómetros de extensión y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
Estas rutas son fundamentales para el comercio internacional y el desarrollo regional, pero su deterioro actual genera altos costos logísticos y un aumento alarmante de accidentes viales.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su apoyo a este proyecto y destacó la necesidad urgente de realizar reparaciones:
“El actual estado de deterioro genera un encarecimiento significativo de los costos de transporte y un alarmante aumento de accidentes viales con consecuencias fatales”.
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Detalles del proceso de licitación
El proceso de licitación incluye importantes novedades:
Inicio inmediato: El decreto se publicará en las próximas horas, según fuentes oficiales.
Adjudicación en abril de 2025: Coincide con el vencimiento del contrato actual de Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), empresa que ha enfrentado problemas financieros debido al atraso tarifario.
Elección por menor tarifa: Las empresas serán seleccionadas por ofrecer la menor tarifa al usuario, sin canon ni subsidios por parte del Estado.
El objetivo es garantizar condiciones óptimas de transitabilidad, con estándares como bache cero, señalización completa e iluminación adecuada. Durante el primer año, las concesionarias deberán poner en valor las rutas antes de iniciar el cobro de tarifas actualizadas.
Una segunda etapa para modernizar 8.470 kilómetros adicionales
Tras la licitación inicial del Corredor 18, el Gobierno avanzará en una segunda etapa mucho más ambiciosa:
Se privatizarán 8.470 kilómetros actualmente gestionados por la empresa estatal Corredores Viales y otras rutas sin concesionar, como la Ruta Nacional 33 (Santa Fe) y la Ruta Nacional 18 (Entre Ríos).
La convocatoria para esta etapa comenzará en febrero de 2025, con adjudicación prevista para julio del mismo año.
Este proceso busca atraer inversión privada para reducir los costos de mantenimiento y mejorar la infraestructura vial, con un ahorro estimado de USD 6.100 millones en los próximos 15 a 20 años.
Más privatizaciones en marcha
Supervisión y transparencia: el rol de Vialidad Nacional
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), dependiente del Ministerio de Economía, tendrá un papel crucial en el control de las concesiones. Sus funciones incluirán:
Auditorías regulares para verificar el cumplimiento de estándares de calidad.
Supervisión del mantenimiento, evaluando aspectos como el estado de las calzadas, la señalización y la seguridad vial.
El modelo establece un sistema de actualización tarifaria trimestral, basado en índices del INDEC, y tarifas tope definidas por el Estado para evitar aumentos desmedidos.
Un cambio estructural con impacto económico y social
La licitación del Corredor del Mercosur y el plan general de privatización representan un punto de inflexión en la gestión de la infraestructura vial argentina. Además de fortalecer la conectividad con países vecinos, se espera que estas mejoras impulsen el desarrollo económico, reduzcan costos logísticos y mejoren la seguridad vial en las principales rutas del país.
La iniciativa, aunque ambiciosa, enfrenta el desafío de equilibrar los intereses de las concesionarias, los usuarios y el Estado, asegurando que las condiciones de transitabilidad y tarifas accesibles se mantengan a largo plazo.
