El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció este lunes el lanzamiento de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones (RFC), a través de la cual más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales y autopistas pasarán a ser gestionados por el sector privado en el marco del plan de modernización vial del Gobierno.
Según detalló el ministro en su cuenta de X (ex Twitter), se trata de una licitación pública nacional e internacional para dos tramos estratégicos: el Sur – Atlántico – Acceso Sur, de 1.325 kilómetros que abarca las rutas nacionales 3, 205 y 206 y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas; y el Tramo Pampa, que cubre 547 kilómetros de la Ruta Nacional 5, entre Luján y Santa Rosa.
Javier Milei.
Con este paso, el Ejecutivo avanza en la transformación del esquema vial heredado, caracterizado durante décadas por el déficit operativo, la burocracia y la dependencia de subsidios estatales. En palabras de Caputo, el nuevo sistema busca reemplazar “un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”, promoviendo un entorno favorable a la inversión privada y garantizando a la vez una gestión eficiente de los recursos públicos.
El objetivo central del programa es consolidar un modelo de concesión moderna, en línea con los estándares internacionales, donde el mantenimiento, la seguridad y los servicios de las rutas queden a cargo de operadores privados seleccionados por licitación. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) será la encargada de supervisar el cumplimiento de los contratos y los estándares de servicio.
La Red Federal de Concesiones representa una de las reformas estructurales más ambiciosas del Gobierno de Javier Milei, que busca liberar al Estado de funciones improductivas y atraer capital genuino para obras de infraestructura. Esta segunda etapa se suma a la primera fase, presentada meses atrás, que ya había incorporado cientos de kilómetros de rutas nacionales a esquemas de gestión privada.
Caputo resaltó que el país cerró 2024 con cifras económicas sorprendentes.
La decisión marca un cambio de paradigma en la política vial argentina: el Estado deja de ser un operador deficitario para convertirse en regulador y garante de la competencia, asegurando transparencia, eficiencia y estándares de calidad. El Ministerio de Economía destacó que la medida no sólo fortalecerá la conectividad federal, sino que también reducirá el gasto público, mejorará la seguridad vial y dinamizará las economías regionales al facilitar el transporte de cargas y pasajeros.
En un contexto de reordenamiento fiscal y apertura al capital privado, el lanzamiento de esta licitación ratifica el rumbo del Gobierno libertario: menos gasto político, más inversión productiva y un Estado que acompaña, pero no estorba.
