La administración de Javier Milei actualizó la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras para simplificar trámites, reducir burocracia y fortalecer la seguridad jurídica.
Entre otras exigencias, los proveedores deberán acreditar un porcentaje mínimo de facturación proveniente de actividades mineras para poder acceder a los beneficios previstos por la ley.
Para los nuevos proyectos, se requerirá demostrar la titularidad correspondiente y presentar los lineamientos generales del emprendimiento.
Integración regional más amplia
Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del concepto de integración regional.
El límite geográfico pasó de los parámetros anteriores a un radio de 500 kilómetros, permitiendo una mayor articulación entre yacimientos, plantas de procesamiento e infraestructura asociada.
Según el Gobierno, esta modificación favorecerá la eficiencia operativa y permitirá desarrollar cadenas productivas más competitivas.
Cambios en la estabilidad fiscal
La reforma también introduce modificaciones en el régimen de estabilidad fiscal por 30 años, uno de los principales incentivos para las inversiones mineras.
A partir de ahora, se precisan los procedimientos para la presentación y evaluación de estudios de factibilidad, y se establece que la estabilidad fiscal quedará fijada desde la fecha de presentación del proyecto o de la documentación complementaria necesaria para su aprobación.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva reforma orientada a modernizar el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, mediante la publicación del Decreto 482/2026 en el Boletín Oficial.
La medida actualiza aspectos centrales de la reglamentación vigente desde 1993 y se enmarca dentro del proceso de desregulación económica impulsado por la administración de Javier Milei, que busca reducir costos burocráticos, agilizar procedimientos y mejorar la competitividad de uno de los sectores considerados estratégicos para el ingreso de divisas.
Según el texto oficial, la actualización responde a la necesidad de adaptar la normativa a las nuevas realidades productivas, tecnológicas y administrativas que enfrenta la industria minera.
Cambios en la estabilidad fiscal
Entre los principales objetivos de la reforma aparecen la simplificación administrativa, la reducción de cargas regulatorias, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la modernización de los mecanismos de control.
El nuevo esquema redefine con mayor precisión quiénes pueden acceder a los beneficios del régimen y establece procedimientos específicos para casos de incumplimiento, incluyendo instancias de intimación, suspensión y eventual exclusión del registro.
Cambios en la estabilidad fiscal
Además, todos los beneficiarios deberán constituir un domicilio legal electrónico, herramienta que permitirá agilizar notificaciones y trámites mediante plataformas digitales.
Cambios para empresas y prestadores de servicios
La nueva reglamentación establece requisitos más claros para quienes desarrollan actividades mineras y para los prestadores de servicios vinculados al sector.
Cambios en la estabilidad fiscal
Además, las empresas deberán informar cualquier modificación relevante que altere la viabilidad técnica, económica u operativa del proyecto originalmente presentado.
IVA, importaciones y comercio exterior
En materia tributaria, el Gobierno simplificó el sistema de devolución acelerada del IVA correspondiente a las tareas de exploración.
La documentación requerida quedará limitada a facturas y comprobantes de pago, eliminándose trámites previos que eran considerados innecesarios por el sector.
Por otra parte, las importaciones de bienes destinados a la actividad minera dejarán de requerir autorizaciones previas específicas. En su lugar, se implementará un mecanismo basado en declaraciones juradas digitales, integradas al sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEA) y al Sistema Informático Malvina.
Nuevas exigencias ambientales
La actualización también introduce cambios vinculados a la protección ambiental.
El decreto establece que el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) podrá ser utilizado para cumplir con los requisitos de cobertura destinados a garantizar la remediación de eventuales daños ambientales, siempre que sea aprobado por la autoridad competente.
De esta manera, el Gobierno busca armonizar el régimen minero con las disposiciones de la Ley General del Ambiente y ofrecer mayor previsibilidad regulatoria a las empresas del sector.
Con esta batería de modificaciones, la gestión de Javier Milei profundiza su estrategia de apertura económica, desregulación y promoción de inversiones, apostando a la minería como uno de los motores de crecimiento y generación de divisas para la Argentina durante los próximos años.
