El Gobierno nacional oficializó la aprobación de garantías con dos organismos multilaterales clave por un total de 1750 millones de dólares. A través de los decretos 549 y 550, publicados en el Boletín Oficial, se concretaron los contratos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), perteneciente al Grupo Banco Mundial.
Estas operaciones forman parte de una estrategia para cubrir vencimientos de deuda con financiamiento a tasas más accesibles que las del mercado actual. En ese contexto, el presidente Javier Milei ya había autorizado la toma de créditos por hasta 5000 millones de dólares con bancos internacionales.
El Banco Central evaluó ambas iniciativas y determinó que no generarán impactos en la cuenta corriente ni en la cuenta financiera de la balanza de pagos.
La garantía del BID para seguridad y justicia
En detalle, el aval del BID por 550 millones de dólares respaldará el programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia, conocido como PROSEJUS. Esta iniciativa busca fortalecer el sistema de seguridad y justicia para reducir la impunidad en delitos vinculados a organizaciones criminales.
Entre sus objetivos principales se destacan mejorar la persecución penal, la investigación criminal y la recuperación de activos de origen ilícito. La Secretaría de Finanzas actuará como autoridad de aplicación y ejecución de este programa.
Se trata de una garantía parcial de crédito que permitirá avanzar con reformas clave impulsadas por la gestión actual.
Esta medida representa un respaldo concreto para potenciar las capacidades institucionales en materia de seguridad.
Apoyo del Banco Mundial al empleo y la inversión
Por su parte, el BIRF otorgará una garantía basada en políticas por hasta 1200 millones de dólares en el marco del programa "Impulso a la inversión y el crecimiento del sector privado para la creación de empleo en Argentina".
Según el organismo, la operación reducirá los costos de financiamiento del país mientras respalda una agenda de reformas orientada a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas.
El decreto habilita al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Finanzas a suscribir el acuerdo y la documentación complementaria. Además, permite introducir ajustes que no modifiquen el objeto principal ni aumenten el monto de la garantía.
Estas garantías multilaterales buscan dar mayor previsibilidad y confianza a los mercados, facilitando el acceso a financiamiento en mejores condiciones.
