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Economía

El dictador Maduro anunció la privatización de hasta el 10% de las acciones de empresas estatales

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Serán puestas a la venta entre el 5% y el 10% de las acciones de las gigantes empresas estatales venezolanas, con el fin de combatir la dramática falta de inversión y descapitalización en los sectores estratégicos estatizados.

La estructura económica de Venezuela se articula sobre la base de tener los principales sectores estratégicos de la economía estatizados. El Estado venezolano posee control casi absoluto sobre la electricidad, el petróleo y el gas, la distribución de agua potable, el transporte público, las telecomunicaciones, la producción de cemento, la producción siderúrgica, los puertos e incluso fueron expropiados latifundios y tierras anteriormente privadas.

Pero los resultados de la economía estatizada fueron un fracaso absoluto medido en cualquier métrica existente. Escasez, inflación, falta de inversión y una profunda descapitalización han llevado a Venezuela a la Edad Media.

Los efectos de la economía socialista han sido tan perjudiciales, que ahora incluso la dictadura chavista se empezó a plantear un cambio de rumbo. En un intento desesperado por revertir estos efectos, Nicolás Maduro anunció que pondrá en venta entre el 5% y el 10% de las acciones de todas las empresas estatales.

La privatización accionaria tendrá mayor lugar, en particular, en aquellos sectores que pueden ser más atractivos para la inversión como la producción de hidrocarburos y las telecomunicaciones, especialmente luego del acercamiento con el gobierno de Joe Biden, quien le pidió que aumente su producción para combatir las medidas de Rusia.

La focalización en sectores se debe a la necesidad de captar el mayor interés inversor que sea posible, dada la baja seguridad jurídica que ofrece Venezuela para empresas privadas.

De la misma manera, la economía socialista sigue colapsada, y el control estatal de los sectores estratégicos del país, han fallado en garantizar el normal suministro de bienes y servicios a la población

Tampoco se harán distinciones sobre el origen del capital provisto para la inversión, ya sea de formación en Venezuela como inversión extranjera directa. Nuevamente, este enfoque se debe a cuestiones prácticas, debido a que la formación bruta de capital en Venezuela es extremadamente baja y si las inversiones solamente fueran locales no podrían ser significativas.

Usted se podrá convertir en inversionista de CANTV (Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela), de Movilnet (Telefonía móvil), de la petroquímica, de todas las empresas mixtas del petróleo, de las empresas de gas, de las empresas de Guayana (sector minero, forestal, aluminio y servicios)”, anunció Nicolás Maduro en el canal estatal de televisión.

Pero además de la recapitalización de las empresas, la dictadura venezolana prioriza otros dos objetivos fundamentales: el levantamiento de embargos y sanciones internacionales, y una tenue reducción de las pérdidas siderales que generan las empresas públicas al Estado.

Se observa un claro desmembramiento y colapso de la implementación de la economía socialista en todos los frentes económicos en los cuales se llevó a cabo. La constante monetización de los déficits fiscales para mantener un Estado sobredimensionado, y la introducción de un modelo de controles de cambios, llegó finalmente al colapso entre 2018 y 2019 con la hiperinflación, dando lugar así a una dolarización de facto.

La inflación llegó a tal nivel, que se le hizo más caro al Estado recolectar impuestos en bolívares que la propia recaudación. Así, en los últimos 2 años, Maduro prácticamente no hace esfuerzos para recolectar impuestos, más que los impuestos a las ventas, y ha optado por financiar el Estado con el narcotráfico.

Esto ha llevado a que el bolívar hiperinflacionado pierda su única razón de existencia: pagar impuestos, y ahora la gran mayoría de venezolanos utiliza los pocos dólares que hay en el país como moneda corriente. Esto provocó una ligera baja en la suba del nivel de precios en los últimos meses, y Venezuela hoy no es más el país con mayor inflación de América Latina, ese lugar lo arrebató Argentina.

Economía

“Ley de Impuestos Justos”: El Partido Republicano lanza un proyecto de ley para eliminar todos los impuestos federales

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Se trata de una reforma histórica y muy ambiciosa que pretende eliminar la mayor parte de los impuestos federales, reemplazándolos por un único impuesto generalizado al consumo. El proyecto tiene el apoyo de Trump y McCarthy.

El Partido Republicano de los Estados Unidos presentó un proyecto de ley sin precedentes para reformar el código fiscal del país, una iniciativa que surge desde el sector más conservador y defensor del liberalismo económico, y cuenta con el apoyo del ex presidente Donald Trump.

El recientemente nombrado Presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dio su visto bueno para el tratamiento de la ley y prometió respaldar el proyecto como parte de las negociaciones con el bloque trumpista para que aprueben su nominación.

La legislación propuesta busca eliminar miles de impuestos federales y unificaron en un impuesto único enfocado al sector del consumo. Entre otros, se eliminaría el Impuesto a las Ganancias, tanto individuales como corporativas, el Impuesto a la Herencia, el Impuesto a la Renta Financiera, el Impuesto a la Transferencia de Dividendos, el Impuesto a la Seguridad Social (cargas patronales y sociales), y casi la totalidad de los tributos que rigen a nivel nacional.

Todo indica que los republicanos tienen los votos para aprobar esta ley en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. Además, en el extraño caso que por lo menos 10 senadores demócratas voten a favor y la ley se apruebe, todo indica que Biden vetaría el proyecto.

La reforma tributaria del Partido Republicano

El proyecto propone la completa eliminación del Impuesto a las Ganancias de Estados Unidos, conocido allá como “Income Tax“, que se implementó por primera vez en el país en 1861 para costear la Guerra Civil y nunca fue eliminado después de que terminara el conflicto. Desde 1913 también se aplica para empresas.

De aprobarse este proyecto, ni los ciudadanos ni las sociedades pagarían ningún tipo de impuesto como una alícuota de sus ganancias imponibles anuales.

También se eliminaría el Impuesto a la Renta Financiera y a la Transferencia de Dividendos, conocido como “Capital Gains Tax“, que se cobra a partir de las ganancias obtenidas por activos que aumentan su valor o por el cobro de dividendos por la tenencia de estos activos.

Este impuesto fue introducido durante la gestión demócrata de Woodrow Wilson en 1913, y se estableció a valores absurdamente elevados. Con el pasar de los años se redujo considerablemente, y actualmente se ubica entre el 10 y el 40%. Es uno de los principales factores de distorsión en el mercado financiero.

Otro de los impuestos más importantes que se eliminaría es el de la Seguridad Social, conocido como “Social Security Tax“, implementado en 1935 por el también demócrata Franklin D. Roosevelt para financiar un masivo sistema de salud pública.

También, con el tiempo este sistema fue adaptado para los más necesitados y no de manera universal, y actualmente el tributo se ubica en el 6,2% de todas las personas que quieran acceder a él.

Impuesto Único a las Ventas

El programa dispone del reemplazo de todos estos tributos por un impuesto federal único y generalizado al consumo: las ventas de todo el país, sea cual fuere su naturaleza y casi sin excepción, estarían sujetas a una tasa del 30%.

Este esquema tributario se conoce como “Fair Tax”, y la generalización de la tributación al consumo promete complementar la mayor parte de los recursos que se perderían por la eliminación de impuestos federales.

Esta no es la primera vez que el Partido Republicano propone una reforma de las características descritas. En 1999, la mayoría republicana en el Congreso presentó una propuesta similar, y en la década de 1990 se presentaron múltiples proyectos para “achatar” la estructura de los impuestos federales. 

No solo se vería una reducción considerable de la tasa efectiva total, que es cuánto percibe en impuestos un contribuyente norteamericano promedio por todos los impuestos que paga a nivel distrital, estatal y federal, si no que además se simplificaría sustancialmente el sistema impositivo y se eliminarían muchas distorsiones en el mercado.

“Impuesto negativo” para sectores más vulnerables

La reforma de los republicanos eliminaría completamente las escalas “progresivas” sobre los impuestos federales. A modo de compensación, el programa tributario propone incluir una serie de reembolsos fiscales para los estratos más bajos de la sociedad.

A estos fines, todos los hogares recibirían un cheque mensual por parte del Gobierno federal, equivalente al 23% del umbral de pobreza ponderado por el tamaño efectivo de cada hogar en cuestión. Una idea similar al impuesto a la renta negativo que proponía el economista Milton Friedman en la década de 1960. 

Se pretende erradicar completamente la pobreza extrema garantizando un mecanismo redistributivo dentro de un sistema tributario muy simplificado, pero sin dejar de lado los incentivos para dinamizar la oferta laboral.

Las motivaciones del proyecto y las ganancias en eficiencia asignativa

La principal motivación teórica del proyecto es la virtual eliminación de la ineficiencia en el sistema tributario, la cual entra en juego cuando se aplican tasas progresivas y distorsivas, o cuando se penaliza sistemáticamente la acumulación de capital para favorecer mecanismos redistributivos por medio de tratamientos tributarios diferenciales y arbitrarios.

Todo esto se vería casi completamente eliminado, ya que los impuestos al consumo son los menos distorsivos entre la batería de opciones políticamente viables para la aplicación práctica (los impuestos de suma fija carecen de sentido político). La asignación de recursos en el sistema económico no se vería alterada por la distorsión del Estado, potenciando así el crecimiento económico de largo plazo y la riqueza por habitante.

La inversión, el consumo, el ahorro, y muchas otras variables agregadas, fluctuarían en sus valores naturales dadas las necesidades de la economía y los incentivos de los agentes, y su trayectoria no se vería alterada por distorsiones gubernamentales arbitrarias

Una vez asignados eficientemente los recursos en la economía de mercado, sólo entonces el Gobierno emprendería una acción redistributiva a través de los reembolsos fiscales, pero de manera que no se alteran los incentivos sobre el flujo eficiente de recursos y la generación de la riqueza inicial sobre la cual operaría la posterior redistribución.

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Economía

Tarifazo K en febrero: Los combustibles suben un 4%, las telecomunicaciones 10% y los alquileres se disparan un 86%

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A partir de febrero entra en vigencia un arsenal de actualizaciones sobre los principales precios regulados de la economía. Los aumentos llegan en medio de la fuerte tensión inflacionaria observada en el primer mes de 2023.

El equipo económico de Sergio Massa sigue avanzando con la actualización de precios regulados, la mayor parte de los cuales tendrán una nueva oleada de aumentos a partir del próximo 1° de febrero. 

Los aumentos tendrán lugar en medio de una brutal suba de precios no anticipada durante el mes de enero. Se estima que la inflación habría superado el 6% solamente en este mes, desequilibrando completamente el escenario previsto por el oficialismo en lo que constituye un pésimo arranque del año 2023.

Combustibles, electricidad, transporte y gas

El Ministerio de Economía confirmó que las tarifas de nafta y el gasoil tendrán un aumento del 4% en febrero, y otra suba adicional del 3,8% prevista para marzo. Esto se cuadra en línea con el programa Precios Justos, y la meta inflacionaria planteada por el ministro Massa en el 4% de variación mensual sobre el promedio del primer trimestre. 

Asimismo, la cartera de Economía llevó a cabo audiencias públicas durante el mes de enero para definir actualizaciones sobre las tarifas de electricidad, el transporte público en el AMBA (únicamente colectivos y trenes), y las tarifas de gas. Si bien aún no se dieron detalles definitivos sobre cuánto será el aumento oficial, las estimaciones en base a las audiencias sugieren un incremento de entre 20% y 30% para febrero

Cabe resaltar que los usuarios clientes de Edesur y Edenor tuvieron un aumento del 40% en enero de este año, y la suba acumulada total distribuida entre febrero y marzo podría equivaler a otro aumento del 40%.

Los subtes tendrán un tratamiento particular porque las audiencias públicas son llevadas a cabo por el Gobierno porteño y no por las autoridades nacionales. La propuesta oficial pretende llevar el boleto hasta los $58 en marzo, $67 en mayo, $74 en junio y hasta $80 a partir de septiembre. La última actualización se llevó a cabo en enero y por una cuantía del 39%.

Telecomunicaciones

Las tarifas de las telecomunicaciones, formalmente reguladas por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), tendrán un aumento del 9,8% a partir del primero de febrero y afectará a las facturas por servicios de telefonía, Internet y televisión por cable. Este sector fue especialmente perjudicado por la distorsión de precios relativos en 2022, ya que aumentó cerca de 66% entre enero y diciembre frente a una inflación del 94,8%.

Para el mes de abril se resolvió otro aumento adicional del orden del 7,8%, nuevamente por encima de la meta de 4% establecida por Massa, en aras de compensar (al menos parcialmente) el atraso relativo sufrido durante el año pasado. 

Alquileres

Los alquileres sin lugar a dudas tendrán el mayor peso en los aumentos previstos para febrero. La fórmula de actualización en la Ley de alquileres denota un aumento del 85,8% sobre los contratos, una cifra que surge de la variación acumulada y ponderada entre Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de los salarios (RIPTE). 

Los contratos de alquiler serán actualizados independientemente de la voluntad de las partes. El precio promedio para alquilar podría subir todavía más si se tiene en consideración la retracción de la oferta de inmuebles a disposición, encareciendo el precio relativo de este servicio en términos reales. 

El sondeo estadístico de la plataforma Zonaprop sugiere que el monto de alquiler promedio para un departamento monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires fue de $77.899, por lo que aplicando el aumento de febrero el alquiler ascendería hasta los $144.736 para una sola persona promedio

Colegios privados y prepagas

Durante el mes de enero también se llevaron a cabo los estudios para definir los aumentos de las matrículas y aranceles para colegios privados subsidiados en la Ciudad de Buenos Aires, los que no tienen subsidios no se ajustan a este régimen. Se resolvió una suba del 25% a partir del 1° de marzo, como es común al inicio del período escolar cada año. 

Por parte de las prepagas, a partir de 2023 el Gobierno oficializó el cambio de régimen de actualización para la medicina privada, estableciendo un tope del 90% sobre el índice RIPTE para la totalidad del año pero sólo para personas con ingresos netos inferiores a los 6 salarios mínimos ($406.458 en febrero).  

El objetivo es retrasar el precio relativo de estos servicios, aprovechando que durante el 2022 evolucionaron casi en línea con la inflación general. Para las personas que suscriban al trámite en la Superintendencia de Servicios de Salud, el aumento fijado para febrero será del 4,91%

Los usuarios que por diversas razones no puedan acceder al beneficio del sistema especial, deberán pagar el aumento íntegro sobre la factura de la prepaga correspondiente, que en febrero ascenderá al 8,21%

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Economía

“Previaje 4”: El gobierno lanza subsidios millonarios al turismo a pesar de que ya no existen más restricciones

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Las medidas entrarán en vigencia para el período mayo-junio, y comprometen un reintegro equivalente al 50% de las compras realizadas en turismo. Se trata de un subsidio regresivo, orientado al segmento de la población con mayores ingresos y sin efectos multiplicadores en la actividad.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, anunció oficialmente la cuarta entrega del sistema de Previaje. El programa entrará en vigencia durante la temporada baja de las vacaciones de invierno, en el período mayo-junio de 2023, y pretende incentivar el consumo en “destinos no tradicionales”.

Se trata de un plan por medio del cual el Estado se hace cargo del 50% de las compras realizadas a los efectos del turismo interno. Un subsidio principalmente concentrado en las clases medias y altas (sectores con capacidad de ahorro), pero financiado por la totalidad de la sociedad. 

Cabe resaltar que las estimaciones privadas sugieren que la pobreza habría alcanzado al 40% de la población en 2022, y este segmento de la sociedad es el menos beneficiado por la discrecionalidad de la política del kirchnerismo.

El ministro Lammens defendió contundentemente las medidas, asegurando que producen un supuesto “efecto multiplicador” en la actividad económica, un hecho que no se condice con la realidad. También resaltó el apoyo de empresarios hoteleros y la industria turística.

Todos los gastos asumidos por el Estado generan un efecto que se multiplica por la economía, pero también cabe resaltar que su financiación no es gratuita: los costos para financiar el Previaje también generan un efecto multiplicador, y esta vez negativo. Lejos de haber una ganancia neta, las cifras publicadas por el propio Ministerio de Turismo sugieren lo contrario. 

Durante el lanzamiento del Previaje 3 el Gobierno confirmó gastos por $51.000 millones inyectados a la economía, pero la recaudación impositiva explicada por el incremento de las transacciones (el efecto multiplicador del plan) fue equivalente al 83% del gasto. El saldo neto fue negativo: se destruyó más actividad económica vía costo de financiamiento que toda la que pudo ser creada por la inyección de gastos al turismo.

Lo que realmente se genera es una subsidio que mejora la posición estrictamente relativa de algunos sectores privilegiados discrecionalmente (por ejemplo destinos turísticos no tradicionales), y para que este proceso redistributivo sea posible se paga un costo neto y absoluto sobre el grueso de la sociedad.

La situación es aún más dramática si se tiene en cuenta que el Gobierno es ampliamente deficitario, sus desequilibrios se financian casi enteramente con emisión monetaria del Banco Central. Este proceso esconde un impuesto no legislado que es el señoreaje y cuya base imponible son los saldos reales en pesos, saldos que se encuentran en manos de los grupos con menor capacidad de ahorro y poder adquisitivo. 

De esta manera, el Previaje se suma como uno de los tantos programas que contribuyen al desequilibrio de las finanzas públicas, generan presión inflacionaria, pero con la particularidad de establecer un mecanismo regresivo de distribución de ingresos desde los sectores más vulnerables expuestos a la inflación hacia los sectores más acomodados con capacidad de ahorro para hacer turismo.

Asimismo, la activa defensa por parte de los empresarios vinculados al sector no dista demasiado de la que llevan a cabo otros grupos de presión con poder de lobby, dispuestos a defender cualquier subsidio o cualquier protección que les pueda significar alguna transferencia de recursos desde la sociedad hacia sus arcas. 

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