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Economía

El dictador Maduro anunció la privatización de hasta el 10% de las acciones de empresas estatales

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Serán puestas a la venta entre el 5% y el 10% de las acciones de las gigantes empresas estatales venezolanas, con el fin de combatir la dramática falta de inversión y descapitalización en los sectores estratégicos estatizados.

La estructura económica de Venezuela se articula sobre la base de tener los principales sectores estratégicos de la economía estatizados. El Estado venezolano posee control casi absoluto sobre la electricidad, el petróleo y el gas, la distribución de agua potable, el transporte público, las telecomunicaciones, la producción de cemento, la producción siderúrgica, los puertos e incluso fueron expropiados latifundios y tierras anteriormente privadas.

Pero los resultados de la economía estatizada fueron un fracaso absoluto medido en cualquier métrica existente. Escasez, inflación, falta de inversión y una profunda descapitalización han llevado a Venezuela a la Edad Media.

Los efectos de la economía socialista han sido tan perjudiciales, que ahora incluso la dictadura chavista se empezó a plantear un cambio de rumbo. En un intento desesperado por revertir estos efectos, Nicolás Maduro anunció que pondrá en venta entre el 5% y el 10% de las acciones de todas las empresas estatales.

La privatización accionaria tendrá mayor lugar, en particular, en aquellos sectores que pueden ser más atractivos para la inversión como la producción de hidrocarburos y las telecomunicaciones, especialmente luego del acercamiento con el gobierno de Joe Biden, quien le pidió que aumente su producción para combatir las medidas de Rusia.

La focalización en sectores se debe a la necesidad de captar el mayor interés inversor que sea posible, dada la baja seguridad jurídica que ofrece Venezuela para empresas privadas.

De la misma manera, la economía socialista sigue colapsada, y el control estatal de los sectores estratégicos del país, han fallado en garantizar el normal suministro de bienes y servicios a la población

Tampoco se harán distinciones sobre el origen del capital provisto para la inversión, ya sea de formación en Venezuela como inversión extranjera directa. Nuevamente, este enfoque se debe a cuestiones prácticas, debido a que la formación bruta de capital en Venezuela es extremadamente baja y si las inversiones solamente fueran locales no podrían ser significativas.

Usted se podrá convertir en inversionista de CANTV (Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela), de Movilnet (Telefonía móvil), de la petroquímica, de todas las empresas mixtas del petróleo, de las empresas de gas, de las empresas de Guayana (sector minero, forestal, aluminio y servicios)”, anunció Nicolás Maduro en el canal estatal de televisión.

Pero además de la recapitalización de las empresas, la dictadura venezolana prioriza otros dos objetivos fundamentales: el levantamiento de embargos y sanciones internacionales, y una tenue reducción de las pérdidas siderales que generan las empresas públicas al Estado.

Se observa un claro desmembramiento y colapso de la implementación de la economía socialista en todos los frentes económicos en los cuales se llevó a cabo. La constante monetización de los déficits fiscales para mantener un Estado sobredimensionado, y la introducción de un modelo de controles de cambios, llegó finalmente al colapso entre 2018 y 2019 con la hiperinflación, dando lugar así a una dolarización de facto.

La inflación llegó a tal nivel, que se le hizo más caro al Estado recolectar impuestos en bolívares que la propia recaudación. Así, en los últimos 2 años, Maduro prácticamente no hace esfuerzos para recolectar impuestos, más que los impuestos a las ventas, y ha optado por financiar el Estado con el narcotráfico.

Esto ha llevado a que el bolívar hiperinflacionado pierda su única razón de existencia: pagar impuestos, y ahora la gran mayoría de venezolanos utiliza los pocos dólares que hay en el país como moneda corriente. Esto provocó una ligera baja en la suba del nivel de precios en los últimos meses, y Venezuela hoy no es más el país con mayor inflación de América Latina, ese lugar lo arrebató Argentina.

Economía

Argentina perdió un juicio de US$ 337 millones por la falsificación de estadísticas del INDEC durante el Gobierno de Cristina Kirchner

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Así lo estableció un tribunal de Gran Bretaña en favor de la demanda del fondo Palladian Partners. La alteración de estadísticas impactó directamente sobre el pago de los bonos atados al crecimiento del PBI, y los acreedores se vieron damnificados.

La herencia del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue generando costos aún al día de hoy. El Tribunal de Apelaciones de Londres dispuso este jueves de un fallo en contra del Estado argentino y a favor del fondo litigante Palladian Partners, en conjunto con HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International.

El fallo de la corte responde a la alteración de las estadísticas del INDEC durante el período en que fue intervenido por el kirchnerismo, y en particular en relación al pago de los bonos atados a la evolución del PBI.

Los llamados “bonos con cupón PBI” se lanzaron en Argentina durante el año 2005 con el objetivo de atraer a los inversores al canje de deuda que se ejecutó por aquel entonces. Estos bonos ofrecían pagar una retribución adicional cada vez que Argentina creciera más de un 3% anual, medido por el INDEC. Pero en el año 2013 el exministro de Economía y actual Gobernador, Axel Kicillof, alteró las estadísticas del organismo y cambió el año base de medición del PBI para alterar la tasa de crecimiento de ese año.

Cuando los bonos fueron lanzados en 2005, el INDEC tomaba como referencia al año base 1993, y a partir de 2013 comenzó a tomarse como referencia al año 2004 (algo que se mantiene hasta la actualidad). Podría haberse cambiado el año base (algo común) y al mismo tiempo haber excluido a estos bonos de la nueva referencia, pero toda la intención del Gobierno kirchnerista fue alterar las estadísticas para evitar pagar intereses de deuda.

Debido a estas modificaciones, los acreedores comenzaron a recibir una menor retribución por sus bonos. En otras palabras, hubo un cambio deliberado de las reglas de juego dispuesto con la única finalidad de pagar menos intereses de deuda. 

Para el tribunal de Londres, estas fueron razones suficientes para darle la razón a los demandantes y exigir una compensación por 310 millones de euros, equivalentes a US$ 337 millones de dólares y solo a cuenta del fondo Palladian Partners. La demanda conjunta con los fondos restantes llegaría a los US$ 1.500 millones de dólares

Este fallo producido por la herencia kirchnerista tiene lugar en un momento especialmente delicado para el país y para las reservas del Banco Central. Desde el 10 de diciembre el BCRA logró acumular cerca de US$ 8.000 millones de dólares en reservas netas, pero es necesario recordar que la administración anterior dejó un rojo de divisas de por lo menos US$ 11.000 millones y las reservas netas siendo negativas.

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Economía

El Gobierno de Milei anuncia un bono de $70.000 para los jubilados y el haber mínimo aumentará a a lo más alto en 2 años

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Los aumentos tendrán vigencia a partir del 1° de marzo, y a valores actuales supondría un monto de por lo menos 187 dólares mensuales. Durante los últimos meses de la gestión kirchnerista, la jubilación mínima llegó a caer hasta los 125 dólares, siempre perdiendo contra la inflación.

En medio de la emergencia inflacionaria que dejó plantada el Gobierno anterior, el Presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo anunciaron medidas para evitar un deterioro aún mayor sobre el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados.

A partir del 1° de marzo el Gobierno oficializó la entrega de un bono por $70.000 sobre la jubilación mínima, aumentando otro 30% con respecto a lo que se pagó en diciembre. Por su parte, todos los haberes se ajustarán un 27,18% a partir de la misma fecha, esta vez de manera independiente del nivel de ingresos.

Con este nuevo esquema, el haber más bajo quedaría establecido en los $205.000 pesos a partir de marzo. Así lo determinó la Resolución 38/2024 publicada en el Boletín Oficial.

El Gobierno expresó su voluntad de modificar la fórmula previsional para evitar que la inflación siga licuando el poder adquisitivo de los adultos mayores, pero para que esto sea posible es necesario el accionar del Congreso. Mientras la fórmula no se modifique, el equipo económico que lidera Caputo buscará compensar los retrasos con nuevos aumentos discrecionales.

Es perjudicial para los jubilados, sino para todos los argentinos. No podemos darnos el lujo de que siga primando esa fórmula. Si la tomamos, este año el Tesoro se beneficia en 2% del PBI. Los jubilados cobrarían 2% del PBI menos”, explicó el ministro Caputo en referencia a la fórmula previsional kirchnerista.

Este fue precisamente uno de los puntos que tocaba la Ley Ómnibus que no logró sostenerse en la Cámara de Diputados. De haberse aprobado, los jubilados disfrutarían de un horizonte temporal menos agresivo con respecto a la inflación. 

A los valores actuales del tipo de cambio en los mercados alternativos, la jubilación mínima de marzo equivaldrá a US$ 187 dólares mensuales. Pese a que esta cifra continúa siendo muy modesta (y expresa el deterioro general que sufre el país), lo cierto es que ya es más elevada al promedio de toda la administración de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

Bajo la gestión massista el haber mínimo jamás pudo superar el techo de los 186 dólares mensuales (siempre medida contra el cambio paralelo), y registró un piso de 125 dólares en agosto de 2023 (inmediatamente después del shock devaluatorio).

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Economía

El FMI ratifica su firme respaldo al programa económico de Milei y Caputo: La salida del cepo está cada vez más cerca

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La subdirectora del organismo multilateral viajó a la Argentina y mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

En la jornada del día miércoles la Subdirectora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economista Gita Gopinath, mano derecha de la directora Kristalina Georgieva, viajó a la Argentina para seguir de cerca los avances del Gobierno en el cumplimiento de las metas fiscales, monetarias y reservas que fueron trazadas hace solo un mes. Los resultados fueron contundentemente positivos.

Tras el colapso económico hacia el final de la administración kirchnerista, el Gobierno del Presidente Javier Milei revitalizó las expectativas y sentó las bases para una nueva revisión del acuerdo con el FMI con las siguientes metas para 2024:

  • Superávit fiscal primario (antes del pago de intereses de deuda) en torno al 2% del PBI
  • Acumulación de reservas netas en el Banco Central por un monto de al menos US$ 10.000 millones (prácticamente se volvería al equilibrio)
  • Eliminación definitiva del financiamiento monetario directo del BCRA al Tesoro

El FMI llegó a la Argentina y encontró que las metas avanzan a paso firme en todas las direcciones acordadas. En el mes de enero, el Sector Público Nacional (SPN) logró un fuerte superávit financiero, incluso más que compensando el pago de intereses de deuda. El resultado total arrojó una cifra positiva por $518.408 millones, mientras que el resultado estrictamente primario mostró un superávit de $1.492.338 millones respectivamente.

Eventualmente el Gobierno deberá mantener esta performance en los siguientes meses para que el resultado consolidado del déficit pueda equilibrarse, pero en términos fiscales el mes de enero fue uno de los mejores en décadas.

Paralelamente, el Banco Central dejó de girar Adelantos Transitorios al Tesoro Nacional desde que Santiago Bausili asumió su dirección, y toda la emisión de pesos por la fijación de las tasas de interés o por la compra de divisas fue casi completamente compensada por colocación de Pases, por suscripción de bonos BOPREAL y por licitaciones de títulos públicos sirvieron para cancelar deuda con el BCRA.

Finalmente, desde el 10 de diciembre la acumulación neta de reservas alcanzó los US$ 7.900 millones, y cerca de US$ 5.050 millones desde el comienzo del año. Con estas cifras, y previendo todavía las liquidaciones de la cosecha gruesa, la meta fijada con el Fondo Monetario parece completamente plausible.

En vista de que el Gobierno mostró resultados contundentes en todos y cada uno de los frentes de acción acordados, el FMI se abre a la posibilidad de destrabar nuevas líneas crédito que podrían acelerar la eliminación del cepo cambiario y en última instancia la dolarización de la economía.

Muy a diferencia de lo que venía ocurriendo en Argentina durante los últimos años, esta vez la suscripción de préstamos no servirá para financiar gastos corrientes del Gobierno, sino para sentar las bases de una estabilización definitiva y resistente a los cambios de signo político venideros.

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