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Economía

Los usuarios no alcanzados por los subsidios tendrán aumentos del 300% en la electricidad

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El Gobierno llevará adelante su programa de aumentos segmentados para las tarifas energéticas, y las personas que no reciban subsidios verán triplicado su valor.

Para cumplir con las metas fiscales del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Alberto Fernández dispondrá de aumentos tarifarios en los servicios públicos, con un especial énfasis en las tarifas eléctricas debido a la volatilidad en los precios internacionales.

El aumento segmentado establece como “usuarios de altos ingresos” a todas aquellas familias con ingresos mensuales superiores a $314.000, y el Gobierno estima que estos usuarios tendrán que pagar un aumento del 300% en el precio de la electricidad a partir de junio. Según las proyecciones oficiales, este segmento del mercado comprende hasta el 10% del total de los usuarios.

Sin embargo, algunas estimaciones privadas apuntaron contra las cifras del oficialismo, asegurando que no será solo un 10% de los usuarios los que deberán pagar la totalidad de las tarifas, sino que serán muchos más. La drástica evolución inflacionaria contribuye a deteriorar constantemente los márgenes presentados por el programa de segmentación.

Acatando estrictamente las proyecciones oficiales, el Gobierno admitió que el promedio de los usuarios sin tarifa social percibirá un aumento del 16,5% en las tarifas eléctricas. Nuevamente en promedio, este aumento equivale a una suma adicional de entre $1.610 y hasta $1.876 sobre lo que se paga actualmente. Para los usuarios con tarifa social, el aumento solamente llegará al 6,88% a partir de junio.

El Gobierno espera concretar un ahorro fiscal por el 0,21% del PBI con el aumento de tarifas eléctricas, a lo que posteriormente se deberá añadir el ahorro por reducción de subsidios al transporte, los hidrocarburos, la distribución de agua, etc.

Sin embargo, dado el crecimiento real del gasto público en lo que va del año, las correcciones planteadas resultan insuficientes y el propio Martín Guzmán pretende modificar las metas fiscales con el Fondo para evitar el incumplimiento.

El presidente Fernández y el ministro Guzmán defendieron las medidas enérgicamente, afirmando que se trata de un “subsidio para ricos” y que un ajuste en esa partida es algo justificable. Esto se contrapuso con otras posturas de la izquierda extremista dentro del Frente de Todos, todas encabezadas por Cristina Fernández de Kirchner.

Para la izquierda extremista en el oficialismo, las tarifas de los servicios públicos constituyen un “ancla nominal” sobre los precios, una herramienta que ya se había utilizado en el famoso programa económico de José Ber Gelbard en 1973, así como entre 2003 y 2015 de manera casi ininterrumpida.

Darío Martínez y Federico Basualdo comparten esta postura dentro del Gobierno, pero finalmente prevaleció la posición de Guzmán. 

El secretario de Energía Darío Martínez y el subsecretario Federico Basualdo.

Economía

El Ministerio de Economía absorberá el control de los fondos fiduciarios: Se anunció la eliminación de hasta 9 cajas política

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El Ministro Caputo tendrá en control de estos fideicomisos para implementar una reorganización general de los mismos, apuntando directamente contra los privilegios de la política. Estas determinaciones avanzan en línea con el ordenamiento de las finanzas públicas y las conversaciones con el FMI.

El Presidente de la Nación Javier Milei firmará prontamente una resolución para poner a la suma de los todos fondos fiduciarios nacionales bajo la dependencia directa del Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo.

Con las nuevas atribuciones anunciadas, el Ministro de Economía adquiere un poder que no se veía desde la administración de Domingo Cavallo entre 1991 y 1996. Este Ministerio recupera finalmente el poder de decisión que necesita para ejecutar las reformas estructurales que necesita el país.

Se trata de un paso fundamental para poder implementar un programa de racionalización sobre los mismos, ponderando costos y beneficios de cada una de las partidas alcanzadas, y trazando un verdadero orden de prioridades.

Se apunta a reducir drásticamente todos aquellos recursos que se destinen a privilegios de la política, o sectores discrecionalmente beneficiados en desmedro del grueso de la sociedad.

A partir de estas medidas, la masa de recursos que operan bajo la figura de los fondos fiduciarios dejará de escapar a la vista del Congreso, una maniobra usual que implementó la mayoría de los Gobiernos anteriores.

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó públicamente que serán eliminados hasta 9 fondos fiduciarios con gastos millonarios. Esta determinación acompaña al ajuste fiscal que se está ejecutando a nivel nacional, ya que significa un ahorro total equivalente a los US$ 2.000 millones por año (aproximadamente un 0,5% del PBI). Nuevamente, la aplicación de estos recursos no fue debidamente tratada por el Congreso, sino que se mantuvieron al margen de la voz y el voto de la sociedad. 

Los primeros datos fiscales de Argentina, correspondientes al mes de enero, registraron un superávit primario de por lo menos $ 2.010.746 millones de pesos, y aún contabilizando la carga de intereses se logró un resultado financiero superavitario de hasta $ 518.408 millones

Si estas cifras son ajustadas por el paso de la inflación, se llega a la conclusión de que enero de 2024 obtuvo el superávit financiero más importante desde 2011, superó a cualquier otro mes de enero desde entonces. Se espera otro resultado potencialmente para el cierre de febrero, consolidando así la reducción del déficit acumulado de los últimos 12 meses.

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Economía

La cotización del Bitcoin rompió el techo de los US$ 60.000 dólares y acumuló un alza del 42% en los últimos 30 días

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La criptomoneda más famosa del mercado volvió a sorprender con fuertes subas desde finales del mes de enero. Solamente en el último año acumuló un incremento de casi el 160% en dólares, principalmente explicado por las subas de febrero.

El Bitcoin registró un nuevo e histórico repunte que comenzó en la última semana del mes de enero, y se profundizó notoriamente a lo largo de febrero. La criptomoneda más popular del mundo rozó la barrera de los US$ 63.000 por unidad en el día jueves, anotando así una variación diaria positiva de casi el 0,3% frente a la jornada anterior.

Son los valores más elevados registrados desde noviembre de 2021, cuando la criptomoneda había alcanzado sus últimos récords. Llegó a un piso en torno a los US$ 16.800 dólares entre noviembre y diciembre de 2022, y desde ese momento desencadenó un nuevo ciclo alcista que perdura hasta el día la fecha.

Solamente en los últimos 5 días la cotización en dólares del Bitcoin se incrementó en un 18,6%, y hasta un 42,4% en el último mes. Con estos movimientos, la criptomoneda demostró un gran costo de oportunidad para todos los tenedores de dólares (y más aún considerando que la divisa cayó en la mayoría de los mercados alternativos con respecto al peso).

En los últimos 6 meses la cotización del Bitcoin se incrementó más de un 137% frente al dólar (partiendo de un piso de US$ 25.811 en el 1° de septiembre de 2023), y casi un 160% con respecto al 1° de marzo del año pasado.

El Bitcoin demoró casi 3 años en volver a alcanzar sus máximos históricos, y a partir de la presente recuperación podría volver a superarse a sí mismo, como lo hizo sistemáticamente desde su lanzamiento al mercado.

También se registraron subas semanales muy importantes sobre el Dogecoin (50%), Solana (23%), ETH (13%) y Tether (10%)

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Economía

La desregulación alivia el bolsillo: El Gobierno de Milei eliminó miles de restricciones para productos textiles y calzado

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Se eliminan las cláusulas que obligaban a las empresas a transitar por trámites completamente innecesarios y arbitrarios, cuyo único propósito era encarecer tanto las importaciones como los productos nacionales, en detrimento del bolsillo del consumidor.

El Gobierno sigue profundizando el proceso de desregulación para favorecer la competencia, y de esta manera hacer rendir mejor el bolsillo de la gente. La Secretaría de Comercio confirmó oficialmente la eliminación de la “Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) ”, una decisión que beneficiará a millones de consumidores argentinos.

Esta regulación exigía a los fabricantes nacionales de productos textiles, así como también a los importadores de estos bienes, la presentación de información sobre la composición porcentual y el material de sus productos (cosas que ya estaban perfectamente detalladas en la etiqueta de los mismos y era redundante).

Se estima que solamente con esta regulación absurda, la industria textil absorbió costos equivalentes a los US$ 5 millones cada año, y alrededor de 1 millón de trámites registrados solamente en 2023. También se encarecieron artificialmente los precios de los productos importados.

En última instancia, todos estos costos fueron trasladados a los consumidores finales, que sufrieron una debacle inflacionaria sobre la indumentaria en mucha mayor medida que en cualquier otro rubro relevado en el IPC.

Los requisitos de información no servían para informar a los consumidores (nuevamente, era información que ya aparecía en la etiqueta de los productos), y tampoco para el Estado a los fines de poder recaudar o clasificar los productos en cuestión por razones de nomenclatura comercial. Se trataba de una regulación abiertamente absurda y carente de toda utilidad.

La resolución N° 49/2024 firmada por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, deja sin efecto las regulaciones normadas por las resoluciones N° 26/96, 850/96 y 404/16. Se verán abaratados los costos sobre una amplia gama de productos, entre los cuales se encuentran los insumos textiles (hilados y tejidos), las confecciones, y finalmente los insumos para la industria del calzado.

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