El comercio minorista registró una fuerte caída acumulada del 3% desde el mes de enero, y una retracción del 0,7% hacia el término de octubre. El crecimiento industrial del gigante asiático se desacelera junto con la inversión inmobiliaria y la demanda de activos fijos. 

Los objetivos de crecimiento propuestos por el régimen de Xi Jinping para el año 2022 difícilmente puedan cumplirse a la luz de los últimos datos de alta frecuencia para la economía del país. El índice desestacionalizado de las ventas minoristas registró una fuerte caída del 0,68% en el mes de octubre, el derrumbe más importante observador desde marzo.

Se observan evidentes signos de desaceleración y agotamiento del modelo económico basado en el endeudamiento doméstico. El comercio minorista acumuló una caída del 3% desde enero, y de esta forma volvió a perder la tendencia de crecimiento que mantuvo entre agosto de 2020 y febrero de este año. 

Asimismo, el shock provocado por la pandemia en enero de 2020 provocó la pérdida de la tendencia de crecimiento registrada a lo largo del año 2019, por lo que el dinamismo real de la economía china es cada vez más decepcionante. 

La industria manufacturera, otro sector con un gran peso dentro de la generación de valor bruto del país, creció un 0,33% en el mes de octubre y de esta manera desaceleró notoriamente su expansión en comparación a las variaciones de pre-pandemia. La industria china registra el crecimiento más bajo de los últimos 30 años.

Aún las cifras oficiales publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas de China confirman que la actividad inmobiliaria se desplomó un 8,8% interanual en octubre de 2022. Se trata del sector más endeudado no solo en el país asiásico sino en la economía mundial. 

El crecimiento de las inversiones en activos fijos (bienes de capital) creció un 0,12% en el mes de octubre, y desaceleró su tasa de crecimiento interanual del 6,1% en el primer trimestre al 5,8% entre enero y septiembre. 

En respuesta, la dictadura china presionó por un mayor impulso crediticio a partir de los bancos controlados por el Estado. Asimismo, el Banco Popular de China disminuyó la tasa de política monetaria del 3,7% al 3,65% nominal anual desde septiembre, y mantuvo esta relación sin cambios hasta la actualidad con el fin de estimular el crédito doméstico a cualquier costo. 

La tasa de interés interbancaria del país se mantiene fluctuante entre el 2,5% y el 3% nominal anual, mientras que el interés cobrado por la retención de depósitos en los bancos persiste en solamente el 0,35%. 

Los demócratas desbarataron la política de presión y tolerancia cero que había impulsado el expresidente Trump para la dictadura de Nicolás Maduro. Chevron tendrá autorización para llevar a cabo operaciones extractivas con la petrolera estatal PDVSA. 

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dirigido por Janet Yellen confirmó que el gobierno de Biden ha decidido autorizar el levantamiento parcial de sanciones económicas contra la dictadura chavista, iniciada durante la administración del ex presidente Donald Trump.

De esta manera, el gobierno demócrata traiciona a un importante sector del voto latino que había depositado su confianza en Biden para defender la democracia en Venezuela. Esto se evidenció en la elección legislativa del pasado 8 de noviembre, donde los inmigrantes venezolanos en Florida votaron masivamente por el Partido Republicano.

Esta decisión, además, se trata de un cambio de rumbo completamente opuesto al impulsado por el expresidente Donald Trump, quien ideó una política de presión económica y severas sanciones por la violación sistemática de derechos humanos, con el objetivo de frenar la expansión de Maduro dentro y fuera de Venezuela

Oficialmente, el objetivo de las nuevas medidas que relajan las presiones a la dictadura chavista será propiciar un “alivio al sufrimiento del pueblo venezonalo” supuestamente devenido de las sanciones, pero lo cierto es que el alivio solo expandirá los bolsillos de la dictadura, que podrá aprovechar la mejor posición económica para consolidarse en el poder y posponer cualquier solución democrática.

“Estados Unidos saluda y apoya la reapertura de las negociaciones entre la Plataforma Unitaria y el régimen de Maduro, como parte de nuestra política de larga data de apoyar la restauración pacífica de la democracia, elecciones libres y justas, y el respeto a los derechos y libertades de los venezolanos”, expresó el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.

Lo que la Casa Blanca no menciona es que el verdadero propósito del levantamiento de restricciones es favorecer el dinamismo del volúmen de petróleo importado hacia Estados Unidos, particularmente desde Venezuela, para lograr una rebaja en los precios domésticos.

Tras el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, el petróleo venezonalo se perfiló como una posible alternativa frente a la escasez del suministro ruso y las restricciones a la oferta impuestas desde la OPEP. Es así que, como parte del levantamiento de sanciones, Biden le otorgó un permiso a la importante empresa Chevron, la cual ahora tendrá vía libre para volver a iniciar actividades en conjunto con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), aunque con ciertas limitaciones cuantitativas. 

Esta medida llega en un momento de máxima tensión en Venezuela, donde la economía chavista volvió a derrumbarse a partir del tercer trimestre del año, después de un aparente repunte económico en los últimos meses.

La producción petrolera se desplomó un 9% desde entonces, la actividad económica dejó de crecer hacia el mes de junio, y los precios minoristas tuvieron un aumento promedio del 14,43% entre agosto y octubre. 

El potencial exportador de la economía venezolana se ve fuertemente condicionado por la pésima organización interna. El levantamiento de restricciones no garantiza realmente la provisión de un abastecimiento petrolero relevante para Estados Unidos.

El déficit fiscal consolidado del país disminuyó al nivel más bajo en nueve trimestres y se aproxima al equilibrio para el año 2023. La administración de Mitsotakis se compromete con la disciplina fiscal y profundizará su agenda de privatizaciones. 

Bajo la dirección del primer ministro derechista Kyriakos Mitsotakis la economía de Grecia registra el balance fiscal más equilibrado en 9 trimestres. Concretamente el déficit fiscal total (contabilizando intereses de deuda pública) significó el equivalente al 2,31% del PBI en el segundo trimestre de 2022.

Se acumula una fuerte reducción de los desequilibrios fiscales de más de 10 puntos del producto desde el primer trimestre del año pasado. Sin los servicios de deuda Grecia ya arribó al completo equilibrio primario de sus finanzas públicas, algo que facilita la refinanciación y la sostenibilidad de su abultada deuda pública. 

El Gobierno de derecha espera poder llegar al equilibrio financiero para el año 2023, posibilitando así una reducción en el stock de deuda y restaurando la confianza en el país, un hecho que apuntaría a rebajar la prima de riesgo sobre la tasa de interés doméstica, después de la brutal crisis económica que sufrió Grecia en 2008.

La reducción del déficit fue explicada casi exclusivamente por un fuerte ajuste del gasto público. Tras el shock provocado por la pandemia, el tamaño del Estado se incrementó del 47,8% del PBI al 62% en los primeros 3 meses del 2021. El programa fiscal de Mitsotakis logró rebajar el peso de las erogaciones hasta el 52,7% del PBI hacia el primer semestre de 2022, y seguirá bajando en 2023 y 2024.

La recaudación total permaneció en niveles relativamente estables en términos del producto, oscilando entre el 49% y el 50% desde el primer trimestre de 2020 y el segundo de este año. 

En vista al año 2023 el Gobierno de Mitsotakis confirmó que se profundizará la agenda de las privatizaciones. Las autoridades ya anunciaron la privatización del aeropuerto de Kalamata, junto con un proyecto que compromete la venta de otros 21 aeropuertos de la esfera estatal. 

Asimismo, se anunció una reforma integral sobre el sistema de salud para permitir una “privatización periférica”. Esto supone un crecimiento del peso del sector privado en los servicios de salud, y su participación en el sistema integral del país. 

La reforma de la salud eliminó las regulaciones para que los hospitales públicos puedan contratar a médicos privados por tiempo parcial. La desregulación también otorga a los profesionales de la salud en el sector público la posibilidad de ejercer consultas privadas,y prestar servicios en clínicas privadas. 

La privatización periférica y la mayor desregulación del sistema sanitario no solamente mejoran las perimétricas para la eficiencia de los servicios prestados, sino que también agregan más derechos y posibilidades laborales para los profesionales involucrados en el sector.