Es la primera vez desde 1990 que un Gobierno estadounidense decide aumentar los impuestos en plena recesión. Los demócratas dieron media sanción al nuevo paquete fiscal, y el proyecto pasará a la Cámara de Representantes para su tratamiento definitivo.

El Gobierno de Joe Biden envió la llamada “Ley de Reducción de la Inflación” (IRA por sus siglas en inglés), que en la práctica supone una versión simplificada y moderada del programa Build Back Better original. Estos cambios se produjeron debido a que el primer esquema era celosamente extremista y corría el riesgo de no ser aprobado por las cámaras legislativas.

La ley plantea 3 pilares principales: la expansión del gasto público, la inclusión de nuevas regulaciones climáticas y un fuerte aumento de los impuestos.

Este último es particularmente paradigmático, debido a que Biden pretende convertirse en el primer Presidente estadounidense en subir impuestos en medio de una recesión desde 1990, cuando George H. W. Bush decidió hacerlo con una reforma que entró en vigor a partir del año fiscal 1991.

Aun así, la recesión es sistemáticamente negada por la Casa Blanca, y se insiste en comunicar un proceso de “crecimiento sostenido” que no se ve reflejado en ninguna estadística oficial.

Impuestos sobre las empresas

La nueva legislación presente en la IRA propone crear un nuevo impuesto mínimo obligatorio del 15% para las sociedades que facturen ingresos de más de US$ 1 millón cada año.

La reforma tributaria aprobada por Donald Trump en 2017 eliminó el sistema de tasas marginales progresivas para las ganancias de sociedades, y unificó todas ellas en una sola tasa del 21% en lo que se conoce como un “Flat tax” para bajar la carga fiscal y maximizar la eficiencia.

Con los cambios dispuestos por Biden, se eliminan una serie de deducciones y exenciones a las cuales podían acceder las empresas para evitar tributar el 21% sobre sus ganancias, por lo que la factura tributaria mínima no podrá ser menor al 15% en ningún caso para empresas con ganancias superiores a 1 millón de dólares anuales.

Además de una carga fiscal superior, los cambios presentados por los demócratas presentan distorsiones sobre la correcta asignación de la inversión privada porque afecta de manera diametralmente diferente a cada industria gravada.

La Tax Foundation estima que la presión tributaria podría ser artificialmente menor en servicios digitales y telecomunicaciones, pero drásticamente superior en el mercado inmobiliario, la industria minera, el transporte y la construcción.

Impuestos sobre las personas físicas y al consumo

Para las personas que decidan realizar inversiones en activos financieros, depositar su dinero en bancos y percibir intereses u otro tipo de inversiones de capital, el plazo mínimo requerido para que su renta financiera sea considerada de “largo plazo” aumenta de 3 a 5 años.

Esto implica un aumento de la presión fiscal, debido a que las ganancias de capital a largo plazo están gravadas por tasas marginales inferiores a la de corto plazo, que perciben las mismas tasas que el impuesto a la renta corriente.

Por otra parte, el proyecto de los demócratas aumenta el impuesto al petróleo crudo, tanto de origen nacional como importado. El impuesto de suma fija subirá a 16,4 centavos de dólar por barril comercializado, y la cifra se indexará por la inflación de ahora en adelante.

Esta medida es una de las más polémicas porque Estados Unidos atraviesa un histórico aumento de los precios de la energía: el presidente Biden prometió bajar los precios, y no subirlos con un nuevo impuesto directo al consumo como pretende su propio proyecto.

Los efectos para la economía

La Tax Foundation utiliza un modelo teórico de equilibrio general para estimar que las medidas presentadas tendrán una recaudación neta por US$ 304.000 millones, y a cambio significará un retroceso del 0,1% en el PBI de largo plazo, la baja del 0,1% en los salarios reales y la pérdida de 30.000 empleos privados.

Estos resultados corresponden al efecto neto esperado íntegramente por el impacto de las medidas tributarias de la ley, pero no pretenden explicar la evolución futura de las variables macroeconómicas en el largo plazo debido a que estas responden a muchos otros factores no tenidos en cuenta. 

En medio de la corrida contra los depósitos en dólares, el presidente del Banco Central volvió a prometer que no se están usando los encajes, y aseguró que el swap chino ya está activo. Sin embargo, existen razones para desconfiar de las aseveraciones de Pesce.

Las reservas internacionales del Banco Central están al borde de desaparecer, incluso contabilizando la posición de oro y los Derechos Especiales de Giro (DEGs) proporcionados por el FMI. El sistema de cepo cambiario se vuelve cada vez más insostenible y demanda una urgente devaluación del tipo de cambio oficial.

El presidente del Banco Central, el radical kirchnerista Miguel Ángel Pesce informó a la prensa que el swap con China fue efectivamente activado, y que se dispondrán de estos recursos para seguir cubriendo el déficit de reservas hasta que se haya consumido el paquete por completo.

El swap chino es una posición que solo puede ser utilizada con el aval del Banco Popular Chino y cuya denominación es en yuanes, no en dólares. Para continuar financiando al déficit del cepo cambiario el BCRA deberá canjear los yuanes por dólares, en una operación que no resulta gratuita.

Además, desde el momento de su utilización el swap se convierte en una deuda formal con China que, como cualquier otra deuda, deberá pagarse y tampoco constituye una operación libre de riesgos.

Los más recientes anuncios de Pesce responden a dos cuestiones: la constante intervención deficitaria sobre el mercado cambiario y el temor de los ahorristas con respecto a los depósitos en dólares.

Solamente en las últimas 9 ruedas cambiarias el Banco Central acumuló pérdidas por US$ 1.159 millones, la peor racha en tres años de operaciones. No se registraba una pérdida de reservas tan violenta desde agosto de 2019.

En las últimas 20 jornadas perdió 1.386 millones de dólares, y el nivel de reservas netas con la posición de oro y los DEGs asciende a solo US$ 1.936 millones, mientras que las reservas netas líquidas ya están en terreno negativo sin estos elementos. La importación de energía a través del cambio oficial se torna insostenible.

En segundo lugar, las reservas también están expuestas a una reciente corrida contra los depósitos en dólares en los bancos. Ya salieron 1.000 millones de dólares de los bancos entre el 21 de junio y el 2 de agosto. Los ahorristas temen por la seguridad jurídica de sus ahorros y no confían en el Gobierno kirchnerista.

Pesce prometió que no se usarán, ni tampoco se usaron, los encajes en dólares resguardados en el Banco Central precisamente para respaldar los depósitos en dólares de los ahorristas y para cubrir cualquier tipo de corrida. Pero sus afirmaciones no son creíbles.

Los anuncios de Pesce contradicen la realidad, pues en ningún momento se explica el fuerte déficit de divisas por casi US$ 6.000 millones que surge al excluir los DEGs y la posición de oro de las reservas netas. Aún incluyendo la posición de oro como un activo líquido, ya que pueden efectuarse swaps y acuerdos REPO para facilitar su uso sin necesidad de venderlo, el desequilibrio continúa siendo descomunal.

Lo que realmente sospechan los ahorristas y los mercados es que el BCRA “tomó prestado” los encajes en dólares para respaldar depósitos, incluso hasta el 50% de los mismos, esperando que la activación del swap con China permita recomponer esos fondos tomados al cabo de un cierto tiempo, e ignorando u ocultando al público la desprotección que se produjo en ese lapso.

Las palabras de Miguel Pesce no cosecharon ni la más mínima credibilidad y la corrida contra los depósitos en dólares persiste. 

El IBGE anunció que la inflación interanual cayó casi 2 puntos porcentuales entre junio y julio. La variación del mes fue negativa por primera vez desde 2020, y fue la deflación mensual más importante desde 1980.

El ajuste fiscal y la restricción de la oferta monetaria están concretando resultados en el combate de la inflación en Brasil. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) confirmó oficialmente que los precios minoristas relevados en el IPC tuvieron una baja del 0,68% en el mes de julio.

Es la primera vez que Brasil registra deflación mensual desde abril y mayo de 2020, pero a diferencia de aquel entonces, esta vez se produce en el marco de una expansión de la actividad económica medida por el IBC-Br (también del IBGE) en contraste con la aguda recesión inducida por la pandemia.  

Además, la deflación mensual de julio de 2022 fue la más importante registrada en toda la serie histórica del IBGE comenzada en 1980. Pero considerando las estadísticas históricas del Banco Central de Brasil, que comienzan en 1939, la deflación mensual resulta incluso la más pronunciada desde junio de 1957.

La baja registrada en julio responde, en mayor medida, a la fuerte reducción de los precios de los combustibles. Entre otras razones, el Gobierno impulsó un cambio de precios relativos mediante una quita de impuestos a la energía, lo cual contribuyó a abaratarla con respecto al resto de los precios. También se observaron rebajas importantes en el gas (-15,48%) y los precios del Etanol (-11,38%).

Pero además de las políticas coyunturales, también se registró deflación en otros sectores de la economía sin exposición a medidas puntuales. El transporte bajó un 4,5% en julio, los precios de las viviendas cayeron un 1,5% y la electricidad bajó un 5,78%.

Otros rubros continuaron registrando inflación, pero moderando sus aumentos. La indumentaria marcó una suba mensual del 0,58% contra junio, la salud subió un 0,49%, y los alimentos y bebidas aumentaron un 1,3%. Este último rubro registró la mayor variación de todas.

La inflación interanual acumulada de 12 meses cerró el mes de julio en el 10,07%, y registró una fuerte desaceleración con respecto al 11,89% medida al término del mes de junio. La inflación interanual retornó al mismo nivel que tenía en diciembre del año pasado, y los mercados esperan que continúe bajando hasta el 7% interanual para fin de año.

Las razones de la caída sostenida de la inflación en Brasil

Las variaciones mensuales del IPC siguen un camino de moderación desde abril de 2022, después del pico de hasta 1,62% registrado en marzo. Las medidas fiscales tomadas por el Gobierno de Jair Bolsonaro y la política monetaria del Banco Central contribuyeron a bajar la inflación.

El déficit fiscal primario del Gobierno federal fue completamente eliminado a partir de enero de 2022, añadiendo en resultado del balance del Banco Central (el déficit cuasi-fiscal). Prácticamente la totalidad de los desequilibrios fiscales del Estado se explican por la factura de intereses (casi 5% del PBI).

Añadiendo el resultado fiscal de los Estados locales y las municipalidades de Brasil, se registra un holgado superávit primario del 1,3% del PBI en el sector público consolidado, el más elevado desde 2014.

La disciplina fiscal tiene por objetivo anclar las expectativas inflacionarias, garantizando que los desequilibrios del Estado no se van a financiar en el futuro con emisión monetaria. Esta señal es suficientemente fuerte como para reactivar la demanda de dinero y bajar la inflación. El programa económico impulsado por Paulo Guedes resulta objetivamente creíble a través del tiempo.

Por otra parte, el Banco Central de Brasil liderado por Roberto Campos Neto actúa de forma completamente independiente, y marcó un fuerte aumento de la tasa de política monetaria SELIC hasta el 13,75% desde el pasado día miércoles. La autoridad monetaria dispone de sus propias metas, y resulta creíble su promesa de no financiar al Tesoro.