La propuesta no solo busca eliminar barreras burocráticas, sino que plantea una reforma estructural del marco legal.
La posible desregulación del corretaje inmobiliario en Argentina ha generado un intenso debate entre los actores del sector. La discusión gira en torno a la eliminación de la matriculación obligatoria para martilleros y corredores, permitiendo operar con certificaciones sin necesidad de colegiación.
Aunque el Gobierno aún no ha oficializado la medida, se especula con un decreto que podría transformar el marco regulatorio vigente en las próximas semanas.
Los colegios de martilleros y corredores se oponen firmemente a la desregulación, argumentando que la eliminación de la colegiación obligatoria podría desprofesionalizar la actividad y exponer a los usuarios a riesgos como fraudes y malas prácticas. También advierten que la desaparición del sistema de sanciones disciplinarias dejaría a la justicia ordinaria como la única vía para resolver conflictos, lo que podría complicar la protección de los derechos de compradores e inquilinos.
Por otro lado, sectores a favor de la flexibilización ven a los colegios como monopolios que restringen la competencia y elevan los costos. Afirman que eliminarlos haría el mercado más accesible y destacan el modelo desregulado de España como referencia. Este enfoque estaría alineado con el plan del Gobierno de descentralizar y liberar sectores clave de la economía.
La propuesta de desregulación no solo busca eliminar barreras burocráticas, sino que plantea una reforma estructural del marco legal vigente. Entre las modificaciones más relevantes se encuentran:
La reforma podría cambiar radicalmente el mercado inmobiliario argentino. Sus defensores creen que eliminar trabas burocráticas fomentará la competencia y reducirá costos, mientras que los detractores advierten sobre posibles riesgos por la falta de regulación.
Luis Colao, titular del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires, expresó su preocupación a Infobae: “De prosperar esto, lo que se vería afectada es la seguridad jurídica de quienes pretendan llevar adelante una operación inmobiliaria”. Además, señaló que la actividad ya funciona con un alto grado de flexibilidad, dado que la intervención de un profesional no es obligatoria para concretar una operación.
