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Kicillof miente: La producción de hidrocarburos alcanzó el nivel más alto de la historia en 1998

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El Gobernador de Buenos Aires conmemoró los diez años de la fatídica expropiación de YPF bajo la gestión de Cristina Kirchner. La empresa perdió el 75% de su valor desde 2012, y la producción petrolera sigue estancada.

A diez años de la trágica nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el Gobernador Axel Kicillof recordó la gestión de Cristina Kirchner, y celebró la intervención del Estado al adueñarse del 51% del paquete accionario. En abril de 2012, la expresidenta anunciaba que el Estado nacional adquirió el 26% de las acciones de YPF, mientras que las provincias petroleras se repartieron un 26% del paquete.

Desde entonces, YPF dejó de funcionar como una empresa privada para convertirse en una de carácter mixto. Kicillof no dudó en afirmar que, sin la expropiación de YPF, no podría haber existido ninguna explotación en Vaca Muerta.

Los motivos para la expropiación de YPF se resumieron en dos grandes objeciones a la gestión privada: el primero fue la “pérdida de soberanía energética”, recobrando los viejos argumentos de los radicales intransigentes contra el acercamiento de Juan Domingo Perón a Standard Oil. En segundo lugar, se argumentaba que el declive de la producción de hidrocarburos (petróleo y gas) nacional se debía a la privatización de YPF y la desregulación del mercado en la década del 90.

La privatización y desregulación del mercado energético

Los datos fácticos de la realidad parecen contradecir al Gobernador de Buenos Aires. Bajo la gestión de Carlos Saúl Menem, YPF entró en un profundo proceso de reestructuración desde 1989. El mercado energético fue desregulado en 1992, eliminando restricciones de divisas, cupos de importación y exportación, y decretando de la libre disponibilidad de los recursos obtenidos por la inversión.

En septiembre de 1992 el presidente Menem aprobó la privatización parcial de YPF, y la operación se llevó a cabo a mediados de 1993. El Estado nacional conservó el 20,02% del paquete accionario, las Provincias petroleras (Chubut, Formosa, Mendoza, Santa Cruz y Neuquén) conservaron el 12%, el personal de YPF adquirió el 10%, el sistema previsional (también privatizado) adquirió un 12%, y el sector privado compró el 46% de la empresa.

Si bien el Estado continúo teniendo peso dentro de la dirección de la empresa, el sector privado transformó el viejo esquema de la petrolera y llevó adelante el mayor impulso de la historia en la producción de hidrocarburos. Además, la desregulación energética permitió aumentar notablemente la producción de petróleo y gas natural provenientes de otras empresas privadas, radicadas en el mercado argentino en los 90s.

Con una YPF parcialmente privatizada y con un mercado energético desregulado, Argentina logró su mayor récord de producción de hidrocarburos en 1998. Contrariamente al relato kirchnerista, la privatización y la desregulación tuvieron un gran éxito para la producción nacional.

En 1998, el ministro de Economía Roque Fernández logró profundizar la privatización de YPF, y la presencia estatal cayó del 32% al 24,7%. Más tarde, en enero de 1999 la participación del Estado y las Provincias cayó al 10,7%, y para mediados de ese mismo año solamente conservó la “acción de oro” que equivalía al 0,02% del paquete accionario.

Pese a la caída del precio del petróleo entre mediados de 1998 y principios de 1999, y aún pese a la recesión comenzada en ese mismo período, la producción energética argentina se mantuvo en máximos históricos con un fuerte saldo exportable a favor. La producción de hidrocarburos volvía a repuntar a mediados del 2001, con la recuperación de los precios internacionales.

La destrucción del mercado energético con el kirchnerismo

Tras la caótica y desorganizada salida de la Convertibilidad, el presidente Duhalde decretó el congelamiento general de las tarifas energéticas en 2002, como parte de su programa de controles de precios contra la inflación.

Con la llegada del kirchnerismo al poder en mayo de 2003, y pese a los esfuerzos del ministro Roberto Lavagna, las tarifas se mantuvieron completamente congeladas mientras que la inflación deterioraba progresivamente su valor real.

La creciente demanda interna, como resultado del abaratamiento tarifario artificial, limitó el desempeño exportador y desalentó severamente la producción privada de hidrocarburos. Más tarde, el presidente Kirchner decidió prohibir la exportación de petróleo y gas a Brasil y Chile en 2006, lo que significó otro golpe al sistema energético nacional.

A partir de enero de 2008, la entonces presidente Cristina Kirchner decretó la prohibición total de la exportación de petróleo, gasolina y gasóleo. Las regulaciones impuestas por el kirchnerismo destruyeron el mercado energético y condenaron al país a transformarse en un importador neto de energía.

Pero ante la muy esperable debacle de la producción energética, el Gobierno kirchnerista decidió culpar a la privatización por todos los problemas de abastecimiento, problemas que habían sido generados por sus propias regulaciones. Se justificó así la expropiación de YPF en 2012, aunque los resultados prometidos jamás llegaron.

Los resultados de la expropiación

Aunque el Gobernador Kicillof califica de éxito a la estatización, lo cierto es que los resultados fueron marcadamente negativos. La producción de hidrocarburos se mantuvo prácticamente estancada entre 2012 y 2022. En abril de 2012, Argentina producía cerca de 727.000 barriles de petróleo y gas natural por día, mientras que en diciembre de 2022 la cifra alcanzó los 745.000.

La valuación total de YPF cayó un 75% entre 2012 y 2022, una caída récord para cualquier petrolera en el mismo período. Con la privatización impulsada por Menem, el precio promedio de la acción de YPF trepó de los 19 dólares en 1993 hasta llegar a los 44,78 dólares en diciembre de 1999. En abril de 2012, las acciones de la petrolera cotizaban en torno a los 41 dólares y, tras la fatídica expropiación, hoy tan solo valen 5 dólares.

Lejos de significar una “decisión estratégica”, la gestión estatal de la empresa destruyó el valor de sus activos y le costó al país una drástica carga por juicios millonarios. El actual litigio con la empresa Repsol asciende a los US$ 8.500 millones como herencia de la gestión de Axel Kicillof al país. 

Argentina

Carla Vizzotti asegura que Argentina entró en una “cuarta ola de covid” y vuelve la paranoia de la pandemia

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Se está evaluando volver a pedir el barbijo en la calle, intensificar los controles del pase covid y exigirle nuevamente a los comercios que se adapten al distanciamiento social.

El Ministerio de Salud de la Nación, aseguró esta semana que los casos de COVID-19 se cuadruplicaron entre abril y mayo. Tomando estos datos, la ministra Carla Vizzotti anunció que la Argentina entró en una “cuarta ola” del coronavirus y no descarta restricciones.

Sin embargo, la magnitud de casos está lejos de lo que fue el pico de la pandemia el año pasado. Esta última semana tuvo un promedio de casos diarios de 4.855, un número bajo si se lo compara con otros puntos de la pandemia pero alto si se lo compara con la misma semana del mes pasado, cuando hubo menos de 500 casos diarios.

Pero el principal número a tener en cuenta, como debió haber ocurrido durante toda la pandemia, es el número de fallecidos. Esta semana, hubo en promedio 7 muertes diarias, valor que de hecho está a la baja a pesar de que aumentan los casos: la semana anterior, con menos casos, hubo más muertes diarias, en promedio 11.

La funcionaria ya había anticipado el fin de semana pasado que el Gobierno no tiene previsto aplicar nuevos confinamientos, ante la suba de infecciones que comenzó a darse en abril. “No solamente la cantidad de internados y muertos no debe ser directamente proporcional al número de casos, sino que nuestro sistema de salud no esta en riesgo de no dar respuesta”, evaluó.

Pero no quiso descartar endurecer algunas de las restricciones sanitarias existentes, como volver a pedir el barbijo obligatorio en la calle, dado actualmente solo es obligatorio en espacios cerrados y si el propietario así lo pide, intensificar los pedidos de pase covid y vover a pedirle a los comercios que hagan distanciamiento social.

Lo más preocupante es que la línea discursiva no cambió. Vizzotti asegura que no habrá cuarentena solamente porque hay muchos vacunados. El hecho de que es un virus con una tasa de mortalidad muy baja que no justifica encerrar a toda la población, sin permitirles trabajar ni ver a sus familiares, parece no importarles.

La semana pasada Argentina superó las 100 millones de vacunas contra el Covid aplicadas. El 40% son primeras dosis (40.752.021) y el 37% segundas (37.378.700). Esto quiere decir que el 85% de la población inició su esquema de inmunización y el 78% lo completó. Números que a nivel mundial se consideran bajos, ya que casi todos los países occidentales tienen porcentajes de vacunación arriba del 90%.

En cuanto a las dosis de refuerzo, según los datos publicados en el Monitor Público de Vacunación, se suministraron 19.431.877 dosis, lo que representa el 42% de la población argentina. Por ejemplo, en Chile, el 73% de la población se dio la dosis de refuerzo.

Si Vizzotti quiere decir que la vacuna previno que se impongan nuevas cuarentenas, entonces está desmintiendo que la vara para este tipo de políticas públicas sea tan alto, como se está diciendo en el resto del mundo.

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Alberto Fernández contra los textiles: “Los protejo, no dejo entrar productos de China pero no me paran de subir los precios”

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El presidente no entiende por qué la ropa subió un 73% interanual, en un mercado de alta intervención estatal mediante la restricción de importaciones.

En declaraciones formuladas esta mañana en Radio Con Vos, Alberto Fernández apuntó con dureza contra el sector textil, al cual acusa de subir los precios “injustificadamente”. La ropa e indumentaria, junto a los alimentos, son los dos rubros que más subieron y los principales motores de la inflación.

Pero lejos de no estar justificada, y sin tener nada que ver con la avaricia, la inflación en estos rubros es, lamentablemente, una consecuencia esperable a las políticas de este gobierno. En verdad, la razón radica en la masiva expansión monetaria del Banco Central, exigido por el Ministerio de Economía para realizar giros al Tesoro y financiar el masivo gasto público.

Esta sobre-oferta de dinero genera una profunda devaluación del peso, lo que genera una suba de precios en pesos (necesitas más pesos para comprar lo mismo) y esta inflación se ve principalmente impactada en los bienes más básicos de la economía, como alimentos o ropa.

Cuando suben los precios, los consumidores pueden dejar de comprar bienes de lujo, lo cual no convalida las subas de precios en esos rubros y funciona como un tope a la inflación. Pero los argentinos no pueden dejar de comprar pan, leche, carne, remeras, pantalones, calzados, etc.

Pero esto que es tan básico y que lo entienden en todo el mundo, Alberto Fernández y el kirchnerismo hacen malabares para tratar de refutarlo, pero la realidad los choca de frente una y otra vez.

El presidente afirmó que el Gobierno “protege y cuida” al rubro textil, pero con la suba de precios que aplican “se vuelven en contra de la gente“.

Hay un desmadre de los precios en ese rubro. Los protejo, no dejo entrar productos elaborados de China, pero los precios no paran de subir acá“, se quejó.

Incluso Alberto Fernández parece tener cierta sospecha que el rubro textil tiene una relación con la inflación que no tienen otros sectores. “El problema del incremento de los textiles es histórico en Argentina”, aseguró.

Precisamente, la inflación del rubro Prendas de Vestir y Calzado registró en abril un salto de 9,9% y de 73,4% interanual, con máximos de hasta 77% en el Gran Buenos Aires (GBA).

De acuerdo con datos de Empiria Consultores, el rubro Prendas de Vestir y Calzado acumula desde la llegada de Alberto Fernández un alza promedio de precios de 240%, casi 90 puntos porcentuales más que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que subió un 153%.

Pero si los textiles suben los precios por “avaricia” o “egoismo”, ¿qué pasó en la década del ’90, cuando la inflación en el rubro de textiles fue casi 0%? Los productores y comercializadores son los mismos que hace 20 o 30 años, eso no cambió.

Son las mismas personas, los mismos modelos de negocios, y las mismas empresas. ¿Ningún kirchnerista se anima a preguntarse, por qué en 1996 la inflación en textiles dio 0% y en 2022 da 73%? ¿Qué cambió en esos cais treinta años?

La respuesta es simple: lo único que cambió fue la política monetaria. En los 90s, gracias a la Convertibilidad, prácticamente no hubo una oferta de pesos por encima a la demanda de dinero de las personas, y los precios no subieron.

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Un funcionario K se “olvidó” de apelar un fallo de la Justicia y ahora el Ejército deberá entregar tierras a los mapuches en Bariloche

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Se trata de Gastón Havela, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa. La Justicia perita computadores y celulares en busca de pistas para determinar si fue error humano o intencional.

El Ejército Argentino recurrió a la Corte Suprema por un fallo de la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, que dispuso la entrega de 180 hectáreas que actualmente pertenecen al Estado Nacional, a una comunidad mapuche.

El predio en cuestión funcionaba como una academia de entrenamineto militar en San Carlos de Bariloche, pero hace algunos años, una parte fue tomada por terroristas mapuches, y desde entonces se desarrolla una batalla judicial entre los representantes indígenas y el Ministerio de Defensa argentino.

Insólitamente, el propio Estado argentino perdió la causa luego de que por alguna razón misteriosa, el Gobierno “se olvidó” de apelar la decisión judicial, que según fuentes familiarizadas con la causa, hubiera fácilmente ganado en la Cámara Federal de Apelaciones.

En un principio, se creía que la negligencia había sido de la abogada Silvia Cristina Vazquez, quien depende del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien reivindica la causa mapuche. Diputados de la oposición habían presentado una denuncia penal contra ella por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli, tras una rápida investigación, determinó que el responsable fue en realidad Gastón Haveladirector de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa.

Oriundo de la ciudad Coronel Du Graty, Chaco, Havela es abogado recibido de la UBA. Además cuenta con una Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social en FLACSO, a la que accedió tras una beca otorgada por el Centro de Formación Judicial.

Stornelli ordenó allanar las oficinas de Havela, y entre el material secuestrado se encontró una nota elaborada por Luis Rodríguez Vaccarezza, asesor legal del Ministerio, dirigida al director de Asuntos Jurídicos del Ejército, el coronel Walter Horacio Faneco.

Fechada el viernes 4 de febrero de 2021, en el escrito se afirma: “Remito en archivo adjunto sentencia del 2 de febrero de 2022 en los autos Comunidad Mapuche Millalonco-Ranquehue contra poder ejecutivo nacional, ministerio de Defensa” a los efectos de “tomar la correspondiente intervención en las actuaciones mencionadas”.

Havela fue notificado el miércoles 2 de febrero a las 12:11, y él es quien debería haber presentado la apelación en tiempo y forma. Tenía 48 horas para hacerlo, pero lo presentó recién el viernes 4 de febrero a las 15:09, cuando el plazo venció ese mismo día a las 12 del mediodía. Esto derivó en que la Cámara de Apelaciones de General Roca tuviera que rechazar el reclamo por la demora en apelar.

La justicia investiga si la irregularidad en la presentación fue un error humano de Havela, lo cual fuentes cercanas al Ministerio descartan porque tiene una larga carrera como funcionario público, o si lo hizo a propósito con el objetivo de boicotear los intereses judiciales del Gobierno, y socavar las posibilidades de salvar el terreno.

Terrenos donde funciona la Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón, que ahora deberán ser entregados a los mapuches.

Havela tuvo una llamativa escalada jerárquica. Se desempeñió como escribiente en la Secretaría Letrada de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, ubicado allí por el kirchnerismo porteño a pesar de ser chaqueño, y luego en 2020, cuando el Frente de Todos llegó al poder, fue nombrado en el Ministerio que en ese momento comandaba Agustín Rossi.

El juez Daniel Rafecas ordenó el análisis de todos los documentos encontrados en el allanamiento, además del peritaje de computadoras y teléfonos celulares, para determinar si Havela cometió un error o su decisión fue intencional.

Incluso se busca determinar si no hubo una colaboración de Havela con los mapuches, quienes han intentado en el pasado convencer a funcionarios del Estado para avanzar en su agenda separatista.

El espacio en litigio está ubicado a 12 kilómetros de Bariloche, en el corazón de un amplio territorio que pertenece a la institución castrense desde 1937, pero que es reclamada por la comunidad Millalonco Ranquehue.

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