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Kicillof miente: La producción de hidrocarburos alcanzó el nivel más alto de la historia en 1998

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El Gobernador de Buenos Aires conmemoró los diez años de la fatídica expropiación de YPF bajo la gestión de Cristina Kirchner. La empresa perdió el 75% de su valor desde 2012, y la producción petrolera sigue estancada.

A diez años de la trágica nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el Gobernador Axel Kicillof recordó la gestión de Cristina Kirchner, y celebró la intervención del Estado al adueñarse del 51% del paquete accionario. En abril de 2012, la expresidenta anunciaba que el Estado nacional adquirió el 26% de las acciones de YPF, mientras que las provincias petroleras se repartieron un 26% del paquete.

Desde entonces, YPF dejó de funcionar como una empresa privada para convertirse en una de carácter mixto. Kicillof no dudó en afirmar que, sin la expropiación de YPF, no podría haber existido ninguna explotación en Vaca Muerta.

Los motivos para la expropiación de YPF se resumieron en dos grandes objeciones a la gestión privada: el primero fue la “pérdida de soberanía energética”, recobrando los viejos argumentos de los radicales intransigentes contra el acercamiento de Juan Domingo Perón a Standard Oil. En segundo lugar, se argumentaba que el declive de la producción de hidrocarburos (petróleo y gas) nacional se debía a la privatización de YPF y la desregulación del mercado en la década del 90.

La privatización y desregulación del mercado energético

Los datos fácticos de la realidad parecen contradecir al Gobernador de Buenos Aires. Bajo la gestión de Carlos Saúl Menem, YPF entró en un profundo proceso de reestructuración desde 1989. El mercado energético fue desregulado en 1992, eliminando restricciones de divisas, cupos de importación y exportación, y decretando de la libre disponibilidad de los recursos obtenidos por la inversión.

En septiembre de 1992 el presidente Menem aprobó la privatización parcial de YPF, y la operación se llevó a cabo a mediados de 1993. El Estado nacional conservó el 20,02% del paquete accionario, las Provincias petroleras (Chubut, Formosa, Mendoza, Santa Cruz y Neuquén) conservaron el 12%, el personal de YPF adquirió el 10%, el sistema previsional (también privatizado) adquirió un 12%, y el sector privado compró el 46% de la empresa.

Si bien el Estado continúo teniendo peso dentro de la dirección de la empresa, el sector privado transformó el viejo esquema de la petrolera y llevó adelante el mayor impulso de la historia en la producción de hidrocarburos. Además, la desregulación energética permitió aumentar notablemente la producción de petróleo y gas natural provenientes de otras empresas privadas, radicadas en el mercado argentino en los 90s.

Con una YPF parcialmente privatizada y con un mercado energético desregulado, Argentina logró su mayor récord de producción de hidrocarburos en 1998. Contrariamente al relato kirchnerista, la privatización y la desregulación tuvieron un gran éxito para la producción nacional.

En 1998, el ministro de Economía Roque Fernández logró profundizar la privatización de YPF, y la presencia estatal cayó del 32% al 24,7%. Más tarde, en enero de 1999 la participación del Estado y las Provincias cayó al 10,7%, y para mediados de ese mismo año solamente conservó la “acción de oro” que equivalía al 0,02% del paquete accionario.

Pese a la caída del precio del petróleo entre mediados de 1998 y principios de 1999, y aún pese a la recesión comenzada en ese mismo período, la producción energética argentina se mantuvo en máximos históricos con un fuerte saldo exportable a favor. La producción de hidrocarburos volvía a repuntar a mediados del 2001, con la recuperación de los precios internacionales.

La destrucción del mercado energético con el kirchnerismo

Tras la caótica y desorganizada salida de la Convertibilidad, el presidente Duhalde decretó el congelamiento general de las tarifas energéticas en 2002, como parte de su programa de controles de precios contra la inflación.

Con la llegada del kirchnerismo al poder en mayo de 2003, y pese a los esfuerzos del ministro Roberto Lavagna, las tarifas se mantuvieron completamente congeladas mientras que la inflación deterioraba progresivamente su valor real.

La creciente demanda interna, como resultado del abaratamiento tarifario artificial, limitó el desempeño exportador y desalentó severamente la producción privada de hidrocarburos. Más tarde, el presidente Kirchner decidió prohibir la exportación de petróleo y gas a Brasil y Chile en 2006, lo que significó otro golpe al sistema energético nacional.

A partir de enero de 2008, la entonces presidente Cristina Kirchner decretó la prohibición total de la exportación de petróleo, gasolina y gasóleo. Las regulaciones impuestas por el kirchnerismo destruyeron el mercado energético y condenaron al país a transformarse en un importador neto de energía.

Pero ante la muy esperable debacle de la producción energética, el Gobierno kirchnerista decidió culpar a la privatización por todos los problemas de abastecimiento, problemas que habían sido generados por sus propias regulaciones. Se justificó así la expropiación de YPF en 2012, aunque los resultados prometidos jamás llegaron.

Los resultados de la expropiación

Aunque el Gobernador Kicillof califica de éxito a la estatización, lo cierto es que los resultados fueron marcadamente negativos. La producción de hidrocarburos se mantuvo prácticamente estancada entre 2012 y 2022. En abril de 2012, Argentina producía cerca de 727.000 barriles de petróleo y gas natural por día, mientras que en diciembre de 2022 la cifra alcanzó los 745.000.

La valuación total de YPF cayó un 75% entre 2012 y 2022, una caída récord para cualquier petrolera en el mismo período. Con la privatización impulsada por Menem, el precio promedio de la acción de YPF trepó de los 19 dólares en 1993 hasta llegar a los 44,78 dólares en diciembre de 1999. En abril de 2012, las acciones de la petrolera cotizaban en torno a los 41 dólares y, tras la fatídica expropiación, hoy tan solo valen 5 dólares.

Lejos de significar una “decisión estratégica”, la gestión estatal de la empresa destruyó el valor de sus activos y le costó al país una drástica carga por juicios millonarios. El actual litigio con la empresa Repsol asciende a los US$ 8.500 millones como herencia de la gestión de Axel Kicillof al país. 

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Guerra interna en el kirchnerismo: Tolosa Paz da de baja 85.000 planes que administraba el Polo Obrero tras el fallido acampe

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La ministra de Desarrollo Social ratificó que no hubo reunión con Belliboni y que 85.000 planes Potenciar Trabajo y 20.000 del Nexo serán anulados. Unidad Piquetera levantó el acampe de la 9 de Julio.

Hacia el fin del gobierno kirchnerista que encabeza Alberto Fernández, se desató una guerra interna entre Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social, y el líder piquetero Eduardo Belliboni, quien controla una facción dentro del Polo Obrero que se encarga de repartir los planes sociales del gobierno.

Y es que Belliboni aprovechó esta posición durante la gestión de Daniel Arroyo y de Juan Zabaleta para realizar múltiples acampes extorsivos para conseguir una mayor tajada. Pero Tolosa Paz, quien no tiene más nada que perder y sabe que su carrera política podría terminar el 10 de diciembre con el fin del albertismo, decidió plantar cabeza y librar una guerra total contra el Polo Obrero.

Es así que la ministra no dio el brazo a torcer después de tres días de acampe, y no solo no se reunió con Belliboni, si no que anunció un recorte de 85.000 planes sociales que pasaban directamente por las manos de la agrupación piquetera.

Bien temprano esta mañana, Tolosa Paz insistió, en diálogo con AM 990, que los dirigentes de Unión Piquetera buscan un “posicionamiento político”, en medio del año electoral

“Están lejos de defender a los intereses de los sectores vulnerables”, dijo, e indicó que hubo un 8% de los afiliados al Polo Obrero incumplieron con el proceso de validación de datos. Así, Unidad Piquetera perdió 12.700 titulares que no podrán cobrar más planes sociales.

Eso implica unos $425 millones de pesos mensuales. Belliboni dijo que el cobra el 2%, con lo cual la cuenta es fácil: está hablando de lo que pierde Unidad Piquetera, que son 9 millones de pesos de una caja que ponía el Estado hasta hace muy poco sin certeza de a dónde iba”, remató Tolosa Paz.

Tolosa Paz calificó de “inhumana” la modalidad de protesta que los piqueteros implementaron desde el lunes. “Dejaron a la gente, con este calor tremendo, expuesta al asfalto caliente, en carpas, sin respuesta a la pobreza pero sí con un posicionamiento político”, aseguró la funcionaria.

La ministra confirmó que vencido el plazo para la validación de identidad, se empezó con la anulación de 85.000 planes Potenciar Trabajo y 20.000 del Nexo, según precisó luego en una entrevista con la radio FM Urbana Play.

Los piqueteros que estaban desde el lunes pasado frente al edificio del Ministerio decidieron levantar la protesta sobre la 9 de Julio este miércoles por la mañana, y se replegarán con un nuevo “plan de lucha”.

Belliboni llevará a sus manifestantes pagos hasta Callao y Corrientes para reclamar por los tres manifestantes del Polo Obrero (PO) y del Frente de Organizaciones en Lucha que fueron detenidos en la provincia de Mendoza durante un violento corte de calle.

El acampe que cortó la 9 de Julio por tres días seguidos finalmente llegó a su fin, con una derrota de la Unidad Piquetera.

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La Directora Nacional de Sindicatos hace una movida para quedarse con la caja del Sindicato de Serenos de Buques

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La funcionaria del Ministerio de Trabajo del kirchnerismo presentó una lista impulsada por sus hijos para quedarse con el importante sindicato marino.

A menos de 2 días de las elecciones en el Sindicato de Serenos de Buques, ampliamente codiciado por la importante caja de dinero que maneja, hay un clima de turbulencia. A último momento, apareció una lista impulsada por Mónica Risotto, funcionaria del Ministerio de Trabajo de la Nación y Directora Nacional de Agrupaciones Sindicales, que podría cambiar fuertemente el resultado.

Para las elecciones, que serán este jueves 16 de marzo, estaban en carrera la opositora “Agrupación Serenos Históricos” que se presentará como “Lista 2 Azul y Blanca” y la lista oficial, encabezada por el actual Secretario General Antonio Ivaldi, que lleva el Número 1 y la denominación “Celeste y Blanca“.

En medio de esa interna se coló de manera sorpresiva, como una fractura o desprendimiento del oficialismo, la “Lista Verde”, ampliamente vinculada con Risotto. Es que “la Verde” es empujada por los hijos de Mónica Rissotto, Matias y Dario Ramos, quienes hasta ahora se habían desempeñado como asesores de Ivaldi.

La sospecha tomó estado público en los últimos días y puso en alarma no sólo al gremio de Serenos sino al resto de organizaciones de la actividad marítima que vienen siguiendo el desarrollo de la interna con preocupación por su impacto en el sector.

Desde el oficialismo de Ivaldi denuncian irregularidades en la Lista Verde, ya que estaría incumpliendo el articulo 36 del estatuto del sindicato, lo cual debería inhabilitarla para competir en los comicios.

La de los Serenos de Buques es una organización sindical que cuenta con alrededor de 350 afiliados y que conduce desde hace varios períodos Antonio Ivaldi, y maneja una enorme caja que ahora codicia Risotto y sus hijos, a sabiendas que sus días en el Gobierno Nacional se terminan el 10 de diciembre.

Ivaldi, en el centro, junto a los miembros sindicales.

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Mientras Larreta dice que va a pelear contra el Narco, Felipe Miguel admite que no se animan a pelear contra los piqueteros

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El jefe de gabinete de Larreta sostuvo que sacar a las personas con la Policía no es una opción viable porque “se pueden crear situaciones de fricción y violencia que no queremos”.

Horacio Rodríguez Larreta ha abandonado la Ciudad de Buenos Aires para planificar y llevar a cabo su campaña presidencial para las elecciones de fin de año, dejando a Felipe Miguel, su jefe de Gabinete, y Emmanuel Ferrario, su vicejefe de Gobierno, a cargo del día a día de la CABA.

Por eso no sorprende el nivel de desorganización que se vio en los últimos días entre los equipos de comunicación de Larreta y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras el primero recorre el país diciendo que va a combatir de manera frontal al narcotráfico en Rosario, sus funcionarios admiten que no son capaces ni siquiera de desalojar un acampe del Polo Obrero en la 9 de Julio.

En diálogo con TN y luego en un tweet, Felipe Miguel aseguró que están trabajando para “liberar el Metrobús evitando una solución policial”, aclarando que  “No se puede liberar esto. Es un problema”.

Si se mandara a la Policía a la zona se generarían situaciones de fricción y tensión, con chicos, mujeres y encima con este calor”, se justificó Miguel, quien además cuestionó a los que piden sacar a los militantes del Polo Obrero por la fuerza. “Hay que tener conciencia, no se puede”, agregó y remató: “¿Se pide que se tiren gases? ¿Que se use a la fuerza pública? No se sabe cómo puede desencadenarse”.

La respuesta a todas estas preguntas, para gran parte de su propio electorado, es que sí. La Policía de la Ciudad fue facultada una y otra vez por la justicia para desalojar a quienes cortan ilegalmente las calles porteñas, quienes a su vez violan la Constitución Nacional.

Este sentimiento esbozó Patricia Bullrich, quien criticó indirectamente a Larreta por la toma de las calles de la Ciudad cuando dijo: “Si te toman el Obelisco, no podés gobernar un país”.

Hay algo muy cierto en estas palabras: si el gobierno de Larreta no quiere confrontar con el criminal piquetero de Eduardo Belliboni porque se pueden crear “situación de fricción y violencia”, ¿cómo va a hacer para enfrentar al narcotráfico en Rosario?

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