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Kicillof miente: La producción de hidrocarburos alcanzó el nivel más alto de la historia en 1998

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El Gobernador de Buenos Aires conmemoró los diez años de la fatídica expropiación de YPF bajo la gestión de Cristina Kirchner. La empresa perdió el 75% de su valor desde 2012, y la producción petrolera sigue estancada.

A diez años de la trágica nacionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el Gobernador Axel Kicillof recordó la gestión de Cristina Kirchner, y celebró la intervención del Estado al adueñarse del 51% del paquete accionario. En abril de 2012, la expresidenta anunciaba que el Estado nacional adquirió el 26% de las acciones de YPF, mientras que las provincias petroleras se repartieron un 26% del paquete.

Desde entonces, YPF dejó de funcionar como una empresa privada para convertirse en una de carácter mixto. Kicillof no dudó en afirmar que, sin la expropiación de YPF, no podría haber existido ninguna explotación en Vaca Muerta.

Los motivos para la expropiación de YPF se resumieron en dos grandes objeciones a la gestión privada: el primero fue la “pérdida de soberanía energética”, recobrando los viejos argumentos de los radicales intransigentes contra el acercamiento de Juan Domingo Perón a Standard Oil. En segundo lugar, se argumentaba que el declive de la producción de hidrocarburos (petróleo y gas) nacional se debía a la privatización de YPF y la desregulación del mercado en la década del 90.

La privatización y desregulación del mercado energético

Los datos fácticos de la realidad parecen contradecir al Gobernador de Buenos Aires. Bajo la gestión de Carlos Saúl Menem, YPF entró en un profundo proceso de reestructuración desde 1989. El mercado energético fue desregulado en 1992, eliminando restricciones de divisas, cupos de importación y exportación, y decretando de la libre disponibilidad de los recursos obtenidos por la inversión.

En septiembre de 1992 el presidente Menem aprobó la privatización parcial de YPF, y la operación se llevó a cabo a mediados de 1993. El Estado nacional conservó el 20,02% del paquete accionario, las Provincias petroleras (Chubut, Formosa, Mendoza, Santa Cruz y Neuquén) conservaron el 12%, el personal de YPF adquirió el 10%, el sistema previsional (también privatizado) adquirió un 12%, y el sector privado compró el 46% de la empresa.

Si bien el Estado continúo teniendo peso dentro de la dirección de la empresa, el sector privado transformó el viejo esquema de la petrolera y llevó adelante el mayor impulso de la historia en la producción de hidrocarburos. Además, la desregulación energética permitió aumentar notablemente la producción de petróleo y gas natural provenientes de otras empresas privadas, radicadas en el mercado argentino en los 90s.

Con una YPF parcialmente privatizada y con un mercado energético desregulado, Argentina logró su mayor récord de producción de hidrocarburos en 1998. Contrariamente al relato kirchnerista, la privatización y la desregulación tuvieron un gran éxito para la producción nacional.

En 1998, el ministro de Economía Roque Fernández logró profundizar la privatización de YPF, y la presencia estatal cayó del 32% al 24,7%. Más tarde, en enero de 1999 la participación del Estado y las Provincias cayó al 10,7%, y para mediados de ese mismo año solamente conservó la “acción de oro” que equivalía al 0,02% del paquete accionario.

Pese a la caída del precio del petróleo entre mediados de 1998 y principios de 1999, y aún pese a la recesión comenzada en ese mismo período, la producción energética argentina se mantuvo en máximos históricos con un fuerte saldo exportable a favor. La producción de hidrocarburos volvía a repuntar a mediados del 2001, con la recuperación de los precios internacionales.

La destrucción del mercado energético con el kirchnerismo

Tras la caótica y desorganizada salida de la Convertibilidad, el presidente Duhalde decretó el congelamiento general de las tarifas energéticas en 2002, como parte de su programa de controles de precios contra la inflación.

Con la llegada del kirchnerismo al poder en mayo de 2003, y pese a los esfuerzos del ministro Roberto Lavagna, las tarifas se mantuvieron completamente congeladas mientras que la inflación deterioraba progresivamente su valor real.

La creciente demanda interna, como resultado del abaratamiento tarifario artificial, limitó el desempeño exportador y desalentó severamente la producción privada de hidrocarburos. Más tarde, el presidente Kirchner decidió prohibir la exportación de petróleo y gas a Brasil y Chile en 2006, lo que significó otro golpe al sistema energético nacional.

A partir de enero de 2008, la entonces presidente Cristina Kirchner decretó la prohibición total de la exportación de petróleo, gasolina y gasóleo. Las regulaciones impuestas por el kirchnerismo destruyeron el mercado energético y condenaron al país a transformarse en un importador neto de energía.

Pero ante la muy esperable debacle de la producción energética, el Gobierno kirchnerista decidió culpar a la privatización por todos los problemas de abastecimiento, problemas que habían sido generados por sus propias regulaciones. Se justificó así la expropiación de YPF en 2012, aunque los resultados prometidos jamás llegaron.

Los resultados de la expropiación

Aunque el Gobernador Kicillof califica de éxito a la estatización, lo cierto es que los resultados fueron marcadamente negativos. La producción de hidrocarburos se mantuvo prácticamente estancada entre 2012 y 2022. En abril de 2012, Argentina producía cerca de 727.000 barriles de petróleo y gas natural por día, mientras que en diciembre de 2022 la cifra alcanzó los 745.000.

La valuación total de YPF cayó un 75% entre 2012 y 2022, una caída récord para cualquier petrolera en el mismo período. Con la privatización impulsada por Menem, el precio promedio de la acción de YPF trepó de los 19 dólares en 1993 hasta llegar a los 44,78 dólares en diciembre de 1999. En abril de 2012, las acciones de la petrolera cotizaban en torno a los 41 dólares y, tras la fatídica expropiación, hoy tan solo valen 5 dólares.

Lejos de significar una “decisión estratégica”, la gestión estatal de la empresa destruyó el valor de sus activos y le costó al país una drástica carga por juicios millonarios. El actual litigio con la empresa Repsol asciende a los US$ 8.500 millones como herencia de la gestión de Axel Kicillof al país. 

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¿En qué gastan las universidades? Miles de millones se destinan a cursos, materias y carreras de género

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En medio de la polémica por el presupuesto de las universidades, estudiantes revelan un entramado multimillonario de gastos en cuestiones de género en todas las facultades públicas del país.

Este 23 de abril, las universidades nacionales convocaron a una masiva marcha para que el Gobierno Nacional les actualice el presupuesto educativo, a pesar de que el Ministerio de Capital Humano confirmó este mismo viernes que ya fue aprobado, con aumentos del 170% para los gastos operativos (como la luz o salarios docentes) y una suba del 70% adicional para hospitales universitarios.

Sin embargo, la idea de la Marcha Federal Universitaria ya se convirtió en una bandera de resistencia contra el gobierno de Javier Milei de la UCR, del kirchnerismo y del Frente de Izquierda, por lo que la convocatoria se mantiene, aunque carezca de sentido.

En este contexto, los estudiantes indignados con la utilización política de ciertos sectores, han estado investigando en qué gastan las universidades y por qué dicen no tener plata para pagar la factura de luz o por qué no actualizan los salarios docentes hace 2 años.

En un primer análisis, se enfocaron en analizar todos los gastos en cuestiones de género, un porcentaje del presupuesto que se podría recortar íntegramente sin perder calidad educativa. Por el contrario, aumentaría de calidad.

El mayor nivel de gastos está en las carreras de género que lanzó cada universidad nacional. Se destacan por lo absurdo un doctorado y una maestría en Estudios de Género en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y una especialización en Intervenciones Transdiciplinarias en Violencia de Género de la Facultad de Psicología de la UBA.

En la Universidad de La Plata, por ejemplo, se destinan millones del presupuesto para una especialización en Educación en Géneros y Sexualidades de la Facultad de Humanidades, o en una especialización en Perspectiva Feminista y de Derechos Humanos, en la Facultad de Trabajo Social.

Otras universidades que destinan recursos públicos en doctorados, maestrías o especializaciones de género son la Universidad Nacional de Córdoba, la de Cuyo, la de Lomás de Zamora, la de Rosario, la de Lanús, la de Salta, la de San Luis, la de San Martín, la de Tres de Febrero, la de Tucumán, la del Comahue, la de José C. Paz, la de Luján e incluso la Universidad de Defensa Nacional.

Pero esto no termina acá. La locura continúa. En un análisis más riguroso, se encontró que las universidades gastan millones en organismos internos enfocados en implementas políticas de género. Plata hay, pero está mal administrada.

La UBA, que apagó las luces de sus facultades porque dicen que no pueden pagar sueldos, gastan millones en una Comisión de Género para la Facultad de Agronomía, una Unidad de Género para Diseño y Urbanismo, un Espacio de Atención para Discriminación de Género en Económicas, un Programa de Igualdad de Género en Exactas, una Secretaría de Género en la Facultad de Ciencias Sociales, un Programa de Violencia de Género en Veterinaria y un Programa de Género y Derecho en la Facultad de Derecho.

Hay más, en la Facultad de Medicina, que cortó la luz hace una semana porque dice que no tiene plata para pagar la factura de electricidad, gasta millones en un Departamento de Género y Abordaje Inclusivo. Esto incluye salarios de los empleados asignados al departamento, además de docentes y personal educativo.

Pero esto no se limita a la UBA, la UNC tiene hasta una Prosecretaría de Género en la Facultad de Psicología, y una “Escuela Itinerante de Género” en la Facultad de Ciencias Médicas. Lo mismo la Universidad del Litoral, con un Programa de Género en la Facultad de Ciencias Jurídicas.

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Un heroico comerciante en La Plata mató a un ladrón, y ahora policías custodian su local por temor a represalias

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Los familiares del delincuente amenazaran de muerte al dueño del local por lo que las fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte operativo para custodiar al comercio y a la familia del dueño.

Este viernes, un heroico comerciante mató a un delincuente de 17 años que intentó robarle en su distribuidora en La Plata. El hecho ocurrió en el local Don Otto, de la 520, entre 11 y 12. Según las primeras informaciones, el ladrón había apuntado con un arma en la cabeza al dueño.

Según las cámaras de grabación del local, a las 12:40 del viernes se ve a una empleada que interrumpió su trabajo y, cuidadosamente, se acercó a su compañera y le dio indicaciones para esconderse. Unos segundos después, se puede observar que uno de los ladrones pasa al área donde estaban las mujeres y comienza a sacar el dinero, sin darse cuenta de que el dueño del local, Marcelo Agugliaro, estaba dentro del depósito.

Menos de dos minutos después, el empresario salió valientemente con el arma empuñada y comenzó a disparar contra los criminales. Los delincuentes intentaron escapar pero por suerte, una bala alcanzó a uno de ellos, terminando con su reprochable vida.

Según se pudo constatar con las grabaciones y luego con un peritaje del arma, el delincuente abatido portaba un revólver calibre 38 mientras corría por la calle minutos previos a realizar el asalto. Dentro del local, se lo ve intentando gatillar contra el comerciante, pero la bala no salió de la recámara.

En ese momento, el hombre sacó su arma y efectuó cuatro disparos contra el ladrón que le causaron la muerte inmediata. El cómplice huyó y sigue prófugo, mientras es buscado intensamente por las cámaras de seguridad de la Policía bonaerense.

Los vecinos que estaban en el lugar salieron en apoyo al comerciante y remarcaron su cansancio ante los reiterados hechos de inseguridad. Sin embargo, mientras se montaban los móviles de los noticieros, empezaron a llegar familiares del ladrón abatido, y amenazaron de muerte al dueño del local.

En las imágenes difundidas al aire por TN se puede ver a una de las mujeres gritando desconsoladamente y culpando a la policía por la muerte de su sobrino, del cual el cuerpo aún permanecía dentro del local. También pedían que les devolvieran su moto pero la policía confirmó que es robada y que quedaría incautada.

En diálogo con TN, la hermana del comerciante reclamó: “Estoy desesperada, porque ya lo asaltaron muchas veces, hasta en su casa”. Además, la mujer aseguró que su hermano es legítimo usuario de armas y que disparó en defensa propia. “Es una situación horrible, toda la gente está cansada de que nos roben”, agregó.

En cuanto al acusado, la Justicia actuó con sentido común y se le permitió seguir en libertad, ya que el fiscal a cargo de la causa, Álvaro Garganta, determinó que no hay riesgo de fuga. Lo que sí, este sábado se tuvo que presentar en la UFIJ 11 de La Plata para prestar su declaración. La causa quedó caratulada como “homicidio en ocasión de robo”.

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En la UNC obligan a estudiantes a ir a la marcha del 23 para aprobar materias: Si no van, tienen que cumplir horario en un gremio docente

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La Universidad de Córdoba puso una actividad que obliga a los estudiantes a tener que asistir a la marcha y luego escribir sobre ella.

A pesar de que el Gobierno Nacional accedió a darles un aumento del 170% en las partidas presupuestarias y un 70% adicional para hospitales universitarios, las universidades públicas de todo el país están empecinadas en hacer una demostración de fuerza y convocaron a una marcha masiva para el martes 23 de abril.

No está claro qué se reclamará en la marcha, si con este aumento los gastos operativos de la UBA y de las principales universidades nacionales del país estarán cubiertos hasta fin de año, en un contexto de inflación a la baja.

Pero el afán de convocar una marcha es tal, que varias universidades están obligando a sus estudiantes a ir a la manifestación el día 23. Un caso paradigmático se viralizó este sábado en la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Si bien los estudiantes reportan que está ocurriendo a lo largo de todas las materias de la carrera, el caso que más se viralizó fue el de Taller de Lenguaje y Producción Gráfica, en la que le encomendaron a los alumnos participar de la marcha y después hacer una nota periodística como parte de la evaluación para aprobar la materia.

Quienes no quieran ir a la marcha, no podrán aprobar la materia. Para hacerlo si desean no participar de la movilización hiper partidaria, deberán cumplir con horas en un gremio docente, donde serán aleccionados sobre por qué es importante marchar.

En el documento donde presentan la actividad, tiene un apartado “para quienes no asisten a la marcha”, donde explica: “El martes 23 de abril se realizará en todo el país una Marcha Federal Universitaria en defensa de la universidad pública. En caso de no poder asistir en el horario de 11 a 13, se deberá realizar una ‘cobertura de escritorio’, revisando los distintos portales web, medios periodísticos nacionales para relevar las características y resultados de la marcha en distintos puntos del país“.

Pero eso no es todo. En otro horario del día, los alumnos deberán asistir a una sede gremial para hablar con los sindicalistas sobre la marcha. El documento reza: “Luego, por la tarde en el horario disponible acercarse a alguna de las siguientes opciones: 1) El gremio docente ADIUC: Avenida Haya de la Torre, Av. Rogelio Nores Martinez &, Córdoba; o 2) La Asociación Gremial de Trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba“.

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