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Economía

La Corte Suprema anuló la masiva cancelación de deudas estudiantiles de Biden y bajó el déficit fiscal

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La mayoría conservadora heredada de la administración Trump logró imponer su posición y contrarió el despilfarro fiscal que había desplegado Biden con el rescate de préstamos estudiantiles. El déficit fiscal comenzó a bajar por primera vez en 13 meses.

La racionalidad se cobró una importante victoria en Estados Unidos: la que la Corte Suprema de Justicia, valiéndose de la mayoría conservadora (6 de los 9 jueces), anuló completamente el rescate masivo de deuda estudiantil que había sido sancionado por decreto (y sin ninguna discusión parlamentaria) por el presidente Joe Biden en agosto del año pasado.

La mayoría conservadora fue lograda gracias a las nominaciones del expresidente republicano Donald Trump entre abril de 2017 y octubre de 2020, en particular los jueces Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Barrett. Esto se suma a los otros 3 jueces conservadores nominados en la presidencia del expresidente George W. Bush, entre los cuales se encuentra Clarence Thomas.

El programa consistía en un masivo rescate por US$ 400.000 millones, tanto para cancelar como para reducir una serie de préstamos a millones de personas que acceden al sistema de educación superior en el país, de manera injusta con respecto a las millones que no pueden hacerlo. 

El Gobierno de Biden no incluyó ningún tipo de compensación fiscal para paliar el efecto nocivo sobre las finanzas públicas, ni desde el punto de vista de la recaudación ni tampoco por medio de otros ajustes en áreas alternativas del presupuesto.

Esta política, profundamente regresiva, había desequilibrado completamente las finanzas públicas de Estados Unidos hasta tal punto de llevar al mayor déficit registrado en toda la historia para tiempos de paz y sin recesión (la economía estadounidense sigue creciendo y opera en pleno empleo).

Esta decisión de la Corte significó un drástico recorte al gasto público mensual de agosto de 2023, que retrocedieron a los US$ 193.874 millones en un mes típicamente alcista por una cuestión de estacionalidad. Se trata de la cifra de ejecución fiscal más baja observada desde junio de 2013.

Asimismo, el Gobierno federal registró un modesto superávit mensual de hasta US$ 89.255 millones en agosto, cuando frecuentemente estos meses suelen tener déficit. El resultado financiero total del Gobierno acumulado en los últimos 12 meses marcó un rojo del 7,15% del PBI, registrando una fuerte caída con respecto al 8,3% del mes anterior. 

El déficit retrocede al nivel más bajo desde marzo. Y sin contabilizar la carga de intereses por la deuda pública federal, el déficit primario cayó del 6% al 4,8% del PBI entre julio y agosto de 2023.

Por su parte, el gasto público federal se contrajo hasta un 1,4% del producto solamente en agosto, y las erogaciones primarias (sin intereses de deuda) cayeron al umbral del 21,1% del PBI respectivamente, los valores más bajos desde agosto del año 2022.

La mayor racionalidad fiscal del Tesoro permite mejorar las expectativas para el crecimiento de la deuda pública en lo que resta del año, más aún cuando a partir de este mes comenzará a regir el nuevo año fiscal con el Presupuesto impulsado desde la bancada del Partido Republicano.

Argentina

De la mano del superávit financiero, Toto Caputo anunció rebajas de impuestos y de aranceles para la industria automotriz

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El ministro de Economía impulsó una rebaja de tributos y aranceles sin precedentes para liberalizar el mercado de los autos en Argentina.

Este viernes, el ministro de Economía Luis Caputo pateó el tablero con un fuerte anuncio en favor de los argentinos. A través de sus redes sociales, anunció un paquete de reducciones impositivas destinadas a brindar mejores condiciones de competitividad a las fábricas y autopartistas en cuanto a sus exportaciones.

Las medidas, tomadas apenas 15 días después de su reunión con los ejecutivos de las terminales automotrices agrupadas en ADEFA, están diseñadas para reducir aranceles e impuestos con el objetivo de mejorar las condiciones de producción en el sector automotor argentino.

Durante la reunión, las fábricas locales expresaron su preocupación por la elevada carga impositiva que afecta a la industria nacional y su falta de competitividad frente a los fabricantes de la misma marca en otros países. Estas medidas están principalmente orientadas a fortalecer las exportaciones.

El ministro de Economía destacó "una rebaja de aranceles e impuestos dirigida a beneficiar a un sector que representa el 10% de la producción total industrial y que genera más de 75,000 empleos".

Caputo también señaló que se mantendrá la exención de derechos de exportación para las exportaciones incrementales, un beneficio que estaba en vigor desde 2021 y que se aplicará a aquellos fabricantes que superen sus volúmenes de ventas al exterior año tras año. Además, anunció la sistematización y digitalización del régimen de Reposición de Existencias (Repostock).

Esta medida tiene como objetivo proporcionar un incentivo a las empresas que aumenten sus exportaciones con respecto al año 2020, eximiéndolas del pago del 4,5% de aranceles de importación habitual sobre el porcentaje de exportaciones que representen un incremento.

La digitalización del proceso de producción y stock, como parte del Régimen de Reposición de Existencias, aborda una preocupación fundamental del sector autopartista al permitir la discriminación entre las partes destinadas a la exportación y las destinadas al mercado interno. Esto facilitará la aplicación de reducciones o exenciones de impuestos y aranceles sobre las mercaderías producidas para exportar, lo que beneficiará a los fabricantes de autopartes.

En este sentido, el ministro de Economía destacó que estas medidas posibilitarán que los proveedores vendan partes a las terminales con una rebaja de aranceles e impuestos, lo que resultará en una disminución del costo de las autopartes nacionales destinadas a la exportación.

En cuanto a los aranceles específicos, mencionó que los aranceles de moldes de metal utilizados por la industria automotriz se reducirán del 35% al 12,6%, mientras que los aranceles de moldes de inyección plástica pasarán del 24% al 12,6%.

Aunque el anuncio no especifica el monto exacto de la reducción ni la fecha exacta de entrada en vigencia, estas medidas representan un paso significativo para mejorar la competitividad del sector y promover las exportaciones de autopartes argentinas.

La decisión de reducir la carga impositiva sobre los moldes y matrices para fabricar autopartes busca incentivar la inversión en la industria autopartista local y promover la instalación de nuevas empresas en Argentina. Anteriormente, los altos impuestos asociados a estos componentes hacían más conveniente importar repuestos terminados desde otros países, como Brasil o China. Esta reducción de costos contribuirá a hacer más competitiva la producción nacional de autopartes y a fomentar la fabricación local.

Además, la medida de homologar los ensayos de Licencias para la Configuración de Modelos (LCM) con Brasil a partir de junio reducirá la duplicación de ensayos entre ambos países. Esto no solo impactará en la reducción de costos de homologación de nuevos modelos de autos, sino que también agilizará el proceso al eliminar la necesidad de realizar pruebas redundantes en ambos países.

En consecuencia, esta medida no solo beneficiará a la industria automotriz en términos de costos y eficiencia, sino que también facilitará el comercio entre Argentina y Brasil en este sector.

Vemos como una excelente señal las medidas que enumero el Ministro de Economía, Luis Caputo. Forman parte del trabajo que veníamos realizando de manera conjunta con el fin de contar con herramientas que contribuyan a mejorar la competitividad exportadora de la industria automotriz”, destacó Martín Zuppi presidente de ADEFA.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Economía

El esfuerzo vale la pena: La inflación núcleo cerró en 0% en las últimas cuatro semanas, la variación más baja desde 2013

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Las estimaciones semanales del Alphacast sugieren un fuerte derrumbe de la tasa de inflación, como resultado del ajuste fiscal y monetario que está llevando a cabo el Gobierno. El esfuerzo que está realizando el pueblo argentino es titánico, y ya se están vislumbrando los primeros resultados.

La desaceleración inflacionaria se hace cada vez más evidente en la realidad cotidiana. El equipo económico del oficialismo, encabezado por Luis Caputo desde el Ministerio de Economía y Santiago Bausili desde el Banco Central, está ejecutando el ajuste fiscal y monetario más importante de los últimos años y probablemente uno de los más drásticos de toda la historia argentina.

Los precios aumentan a un ritmo cada vez más bajo. Todas y cada una de las mediciones públicas y privadas convalidan esta tendencia que parece imparable. El sondeo semanal de la tasa de inflación núcleo de Alphacast estima una variación cercana al 0% como promedio de las últimas cuatro semanas (al cierre de la tercera semana de abril con respecto a la misma semana de marzo).

No se veía una variación semejante para ningún promedio de cuatro semanas desde que comenzó a medirse la serie de inflación de Alphacast a partir de 2013 (en respuesta a la falta de datos por la intervención del INDEC en ese entonces).

La tasa de inflación núcleo estrictamente medida entre la segunda y la tercera semana del mes de abril fue negativa en hasta un 1,8%, mientras que los precios al consumidor cayeron ligeramente un 0,8%. El IPC mensual arrojó una suba del 7,6% con respecto a marzo, y la tasa de inflación interanual fue del 299,8%. Este panorama muestra de primera mano el rotundo éxito que está cosechando el Gobierno en la lucha contra la inflación.

Analizando la composición de los aumentos inflacionarios, la tendencia hacia la estabilización se hace aún más notoria. Según explica el economista co-fundador de Alphacast, Luciano Cohan, entre diciembre y febrero cerca del 90% de las categorías de precios relevados en el índice marcaban aumentos superiores al 10%. En cambio, para el mes de abril, aproximadamente un 25% de los precios relevados registraron rebajas, y un umbral del 50% no registró subas superiores al 1%.

La tendencia de las series oficiales y mensuales de la inflación también arrojan resultados sumamente optimistas. El IPC minorista arrojó una suba superior al 25% en diciembre, y los precios mayoristas llegaron a aumentar hasta un 54% en ese mismo mes. 

Para el término de marzo, la variación del IPC se redujo al 11% y el salto de los precios mayoristas superó ligeramente el 5%. En otras palabras, el equipo económico logró tumbar la hiperinflación que había dejado plantada el kirchnerismo en los últimos meses de la gestión massista. Todo esto se consiguió al mismo tiempo en que fueron eliminados todos los controles de precios en supermercados y grandes comercios de referencia.

Estos resultados no fueron sino el efecto natural de las medidas que rápidamente se pusieron en marcha a partir del 10 de diciembre del año pasado. El Sector Público Nacional (SPN) sumó hasta 3 meses consecutivos con superávit financiero (después del pago de intereses).

Por su parte, el Banco Central ejecutó un proceso de saneamiento implacable mientras que se logró contener la expansión de los agregados monetarios (los aumentos no se convalidaron con nueva emisión de pesos).

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Economía

Las prepagas empiezan a bajar los precios: OSDE anunció una reducción del 22% con respecto a la factura de marzo

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Tras la resolución del Gobierno que obliga a las prepagas a retrotraer sus precios como penalización a conductas anticompetitivas, los usuarios comenzarán a percibir prontamente las primeras rebajas correspondientes al mes de abril. Se apunta a extender las medidas sobre un total de 23 entidades.

El Gobierno del Presidente Javier Milei anunció medidas contundentes para penalizar cualquier tipo de práctica anticompetitiva en el mercado de la medicina prepaga. La cartelización de las principales empresas con poder de mercado se afianzó en los últimos años, como resultado natural del deterioro de la competencia por fuertes restricciones a la entrada de nuevos actores en el mercado.

La Secretaría de Comercio intimó a las prepagas más representativas del mercado para que retrotraigan sus precios, y aplicar una ajuste mensual máximo equivalente a la variación del IPC durante los próximos 6 meses. Las entidades afectadas fueron las siguientes:

  • OSDE
  • Galeno
  • Hospital Británico
  • Hospital Alemán
  • Medifé
  • Swiss Medical
  • Omint
  • Unión Argentina de Salud (UAS)

Estas entidades concentran aproximadamente hasta el 75% de la participación del mercado de la salud privada. La primera en acatar el amparo del Gobierno fue OSDE, que ya anunció una reducción de la cuota mensual a sus afiliados de hasta el 22% con respecto al mes de marzo.

La presunta cartelización en el mercado es actualmente investigada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que opera aplicando las mismas reglas de juego que en cualquier economía moderna.

Argentina se incorpora así al marco regulatorio que se aplica en la mayor parte de los países del mundo, incluyendo a los Estados Unidos. A partir del DNU 70/2023 se dispuso la desregulación de los precios de la medicina privada, es decir, dejaron de existir los controles arbitrarios por mera justificación de “políticas de ingresos” como ocurría hasta ahora. Este tipo de prácticas solo se limitan a un grupo muy marginal de países con economías socialistas y reprimidas.

Muy por el contrario, las medidas adoptadas en contra de la cartelización no pretenden intervenir arbitrariamente sobre los precios como un mecanismo para controlar la inflación (como se hacía antes). 

El objetivo exclusivo de las penalizaciones es combatir la cartelización, generar algún tipo de incentivo que sea capaz de disuadir a las empresas de incurrir en este tipo de prácticas, y en este sentido las medidas anunciadas no tienen un carácter universal. Podrían también haberse adoptado otras alternativas, como por ejemplo multas directas o requisitos de desinversión para entidades muy grandes.

El amparo que presentó el Gobierno pretende extender las obligaciones de devolución para otras entidades como Medicus, el Hospital Italiano, la Obra Social Luis Pasteur, Medicina Esencial, la Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, el Grupo DDM, Sancor Salud y ACA Salud, entre muchas otras que se vieron presuntamente envueltas en actos de colusión.

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