El economista estadounidense Steve Hanke estima que la inflación de la isla habría llegado al 81% interanual en febrero de 2023, y el peso cubano habría perdido la mayor parte de su valor a lo largo del año pasado.

El régimen comunista de Cuba anunció que la inflación minorista oficial representó el 42,08% en enero de 2023, sobre un relevamiento de “precios oficiales” que son dramáticamente afectados por la escasez en todo el país. La inflación mensual alcanzó el 2,32% en el primer mes del año, después de haber registrado un pico de hasta el 4,21% en octubre de 2022.

Pero las cifras oficiales distan mucho de las estimaciones alternativas. En la práctica, la escasez de bienes y servicios fundamentales se sustenta con transacciones en mercados informales, con precios mucho más elevados y atados a la evolución de la oferta y la demanda. 

El economista estadounidense y profesor de la Universidad Johns Hopkins, Steve Hanke, estima que la inflación verdadera del país escaló hasta el 81% interanual durante el mes de febrero, prácticamente el doble de lo que anunció la dictadura. Según el mismo indicador, Cuba llegó incluso a observar un nivel de inflación que superó el 220% interanual en octubre del año pasado.

También postula que el peso cubano, unificado bajo el nuevo sistema monetario tras la desaparición de la convertibilidad, perdió hasta el 86% de su valor en comparación contra el dólar estadounidense a lo largo del 2022. 

La monetización de los brutales desequilibrios fiscales del régimen entre 2020 y 2021 llevó al colapso del sistema monetario, y muy a pesar de la represión financiera, el estallido inflacionario se volvió incontenible. 

La dictadura de Miguel Díaz-Canel reglamentó una devaluación oficial del 380% desde agosto del año pasado, pero pese a la fuerte corrección del tipo de cambio, la brecha con respecto al mercado informal representa el 50% y da cuenta de la inflación que todavía permanece reprimida por el sistema.

El sistema socialista entró en crisis cuando el Gobierno incurrió en importantes desequilibrios fiscales en 2020 (un déficit de casi 18 puntos del PBI), en adición a los altos déficits que se mantenían en los años anteriores. Cuba registró un desequilibrio que promedió el 5% del PBI entre 2008 y 2019, y para 2021 se elevó al 11,7% del producto.

La única alternativa factible para financiar los desequilibrios fue la monetización. El Gobierno unificó el mercado cambiario (con fuertes controles al acceso de divisas), eliminó el peso convertible (CUC) vinculado a servicios turísticos, y generalizó el peso corriente para el grueso de las transacciones del país, una moneda carente de valor y respaldo.

El resultado fue una violenta explosión inflacionaria, seguida por desabastecimiento luego del afianzamiento de numerosos controles de precios y cantidades a lo largo y ancho de la isla. Ninguno de estos métodos policíacos logró dar resultados concretos para la estabilización del país.

La economía cubana permanece estancada desde los últimos 38 años, mientras que la inflación oficial superó el 400% en 2021 y siguió subiendo en 2022. La dictadura de Díaz-Canel no encuentra respuesta al marcado derrumbe del nivel de vida en la isla.

El régimen marxista cubano confirmó oficialmente que el país registró un crecimiento de tan solo el 2% sobre el término del año 2022, después de haber remontando un 1,3% el año anterior. Para un país con el nivel de pobreza de Cuba, estos resultados son extremadamente magros, y son números que no fueron capaces de compensar el brutal colapso de la actividad del 10,9% en 2020 y la incipiente caída del 0,2% en 2019.

Cuba volvió a perder la tendencia de crecimiento de largo plazo para su economía, después de haberlo hecho varias veces desde el comienzo del llamado “período especial” en la década del 90. 

El país no logró acumular prácticamente nada de crecimiento en los últimos 38 años. El ingreso por habitante en Cuba no sólo permanece en niveles postergados en comparación a muchos países de la región, sino que está estancado al nivel que tenía en la década de 1980. 

Como si todo esto fuera poco, el colapso del nivel de actividad se produjo al mismo tiempo en que los precios fueron protagonistas del estallido más violento de la historia de Cuba.

La dictadura reconoce que el deflactor del PBI ascendió al 401,6% en el año 2021, una métrica que recaba la evolución del nivel general de precios para la totalidad de la economía (y no tan solo una canasta como el IPC). 

Para el año 2022, la inflación “oficial” sobre los precios celosamente controlados por el régimen superó el 40% en noviembre del año pasado, pero los episodios de desabastecimiento provocaron que los precios oficiales terminaran por desaparecer junto con los bienes en las góndolas de comercios estatales, por lo que la inflación efectiva en los mercados paralelos fue mucho más alta.

El economista Steve Hanke estima que los precios se habrían disparado hasta un 130% solamente en 2022, y se estima que el índice deflactor del PBI arrojará una métrica similar sobre el acumulado de ese año. 

El sistema socialista entró en crisis cuando el Gobierno debió Miguel Díaz-Canel incurrió en importantes desequilibrios fiscales en 2020 (un déficit de casi 18 puntos del PBI), en adición a los altos déficits que se mantenían en los años anteriores. Cuba registró un desequilibrio que promedió el 5% del PBI entre 2008 y 2019, y para 2021 se elevó al 11,7% del producto.

La única alternativa factible para financiar los desequilibrios fue la monetización. El Gobierno unificó el mercado cambiario (con fuertes controles al acceso de divisas), eliminó el peso convertible (CUC) vinculado a servicios turísticos y generalizó el peso corriente para el grueso de las transacciones del país, una moneda carente de valor y respaldo.

El resultado fue una violenta explosión inflacionaria, seguida por desabastecimiento luego del afianzamiento de numerosos controles de precios y cantidades a lo largo y ancho de la isla. Ninguno de estos métodos policíacos logró dar resultados concretos para la estabilización del país.

La dictadura comunista enfrenta un importante deterioro de su poder político tras el estallido de la crisis económica más fuerte en 30 años. La economía planificada entró nuevamente en crisis.

El régimen de Miguel Díaz-Canel no encuentra soluciones concretas al segundo colapso de la economía planificada en Cuba, luego del ya producido en la década de 1990 bajo el llamado “período especial”.

La dictadura debió abandonar la convertibilidad del peso cubano para ciertas actividades orientadas al comercio exterior, y adoptar una agresiva política de expansión monetaria para financiar los desequilibrios siderales incurridos. Este proceso provocó un violento rebrote inflacionario que repercutió a lo largo y ancho de la isla. 

Las estadísticas oficiales de la dictadura reconocen que la inflación minorista superó el 40% interanual al término de noviembre del año pasado, un relevamiento sobre una canasta cuidadosamente seleccionada y controlada por las autoridades. 

Asimismo, los precios oficiales ya habían alcanzado un aumento interanual del 77,3% en diciembre de 2021, y los aumentos mensuales correspondientes a los últimos dos registros disponibles fueron superiores al 4%. 

Pero así como ocurrió en otras economías centralizadas, la medición de la inflación por precios oficiales no representa la realidad porque los faltantes en las góndolas impiden el acceso normal a los bienes. Las mediciones alternativas sugieren que el proceso inflacionario es, de hecho, mucho más brutal de lo que admite el régimen.

El economista Steve Hanke estima que la inflación de Cuba escaló al 130% interanual al término del año 2022, una medición que toma en cuenta el valor del tipo de cambio paralelo en la isla. En la práctica, el acceso a los bienes y servicios básicos para la subsistencia se determina en mercados paralelos y con precios libres (holgadamente superiores a los que establece la dictadura).

Los relevamientos de Hanke sugieren que Cuba se encuentra entre los países con la mayor tasa de inflación minorista a nivel mundial, por detrás de Venezuela (con otro régimen socialista) y Zimbabwe (que enfrenta severos conflictos internos armados). 

El establecimiento de un sistema generalizado de controles de precios y salarios provocó dos importantes consecuencias: el desabastecimiento general de bienes, y la escasez de oferta laboral calificada en áreas indispensables para la actividad productiva. 

La economía cubana sufre importantes episodios de escasez en productos básicos como el pollo, carne de res, huevos, leche, harina y papel higiénico sobre todas los establecimientos autorizados y controlados por el Estado. Todos estos bienes se comercializan en los mercados paralelos y con precios atados a paridades cambiarias alternativas a la oficial.