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Economía

La herencia de Kicillof: La estatización de YPF podría costarle US$ 14.000 millones al país en litigios

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Con la estatización de YPF, todas las demandas anteriores contra la empresa ahora recaen sobre el Estado argentino y la sociedad, y entre ellas destaca una histórica causa con Maxus Energy que podría costarle al país hasta el 30% del monto de la deuda con el FMI.

El proceso de estatizaciones del anterior Gobierno kirchnerista sigue mostrando sus impactos negativos al país y a la sociedad argentina. No solo por las pérdidas millonarias de las empresas estatales sino también por los reclamos ante la vulneración de los derechos de propiedad y las multas en las cortes internacionales que eso conlleva.

En particular, la estatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012 fue sin lugar a dudas la maniobra más escandalosa y costosa para la sociedad argentina de todas las malas políticas expropiadoras del gobierno de Cristina.

Los costos de esta acción no solamente recaen sobre los juicios por la expropiación, sino que además todas las demandas que tenía la empresa pasaron a ser un problema para el Estado argentino, y en última instancia de la sociedad, cuando antes era solo una cuestión entre privados.

Desde 1995 la empresa Maxus Energy Corporation, una antigua subsidiaria de YPF, mantiene un fuerte pleito legal con YPF iniciada en New Jersey por contaminación ambiental. Cuando YPF adquirió los derechos y las responsabilidades de Maxus, también debió lidiar con las denuncias por la contaminación del río Passaic en Nueva Jersey.

Los damnificados presentaron una demanda por un exorbitante monto de US$ 14.000 millones, el 30% de todo lo que Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional, que Maxus le reclama a YPF como parte de la responsabilidad asumida en la década de 1990.

Nuevamente, si la empresa siguiera en manos privadas, sería un compromiso que debería afrontar capital privado; ahora, es un compromismo que debe afrontar toda la sociedad argentina, o al menos, quienes pagan impuestos.

Esta suma fue confirmada por el relevamiento de EconoJournal, aunque la suma efectiva que resulte del desenlace del pleito judicial en mediación podría diferir al que pretende la demanda, en favor de una posición intermedia entre partes.

Los jueces a cargo de la demanda de Maxus finalmente dieron luz verde para el rechazo al pedido de suspensión del litigio presentado por el Gobierno argentino, hasta que la Corte de Apelaciones a cargo resuelva un fallo. Esta acción judicial acelera el proceso de la demanda, y posibilita una sentencia programada para el próximo mes de septiembre. Si las autoridades pertinentes aceptan el monto demandado por Maxus, el costo para YPF y el Estado podría ser devastador.

Cuando YPF es expropiada bajo el Gobierno kirchnerista, todos los activos, pero también todas las responsabilidades y las demandas, pasaron a pertenecer al Estado argentino, que en última instancia se respalda en los recursos de la sociedad. Por lo tanto, lo que antes era un problema entre privados ahora se convirtió en un problema para el país como consecuencia de la expropiación.

Los pesados costos financieros que podría tener que soportar los argentinos se deben a la gestión del ex ministro de Economía y actual gobernador, Axel Kicillof, quien impulsó activamente la nacionalización de la empresa por cuestiones ideológicas y, por aquel entonces, aseguraba que “no habría ningún costo”.

En 2012, todavía como viceministro de Economía, Kicillof fue designado como subinterventor de YPF con una misión especial: analizar la empresa para una estatización. En cuestión de meses, el economista kirchnerista le recomendó oficialmente a Cristina la expropiación, que se concretó pasando por el Congreso en junio de ese mismo año.

Por su participación en la estatización, Kicillof quedó como director titular de clase A de la compañía, ahora estatal, hasta que fue designado como el ministro estrella de Cristina en 2013.

Hoy Kicillof evita hablar sobre este tema. Desde su círculo cerrado aseguran que tenía el respaldo de una amplia gama de sectores cuando se impulsó la estatización, y que los litigios son el costo que hay que pagar para tener hidrocarburos nacionales, un cambio al discurso del 2012.

Economía

El Banco Central acumuló solamente US$ 1.000M de reservas en lo que va del 2022, cuatro veces menos que lo que pide el FMI

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Pese al control cuantitativo de las importaciones, no logró cumplir sus objetivos y acumuló la quinta parte de las reservas que había obtenido en 2021. El FMI exige llegar a los US$ 4.200 millones para junio.

El Gobierno y el Banco Central lograron cumplir, a duras penas, la primera meta trimestral con el Fondo Monetario Internacional, pero el escenario se torna cada vez más adverso para la segunda revisión en junio. En lo que va del 2022, el Banco Central compró sólo US$ 1.032 millones por cuenta propia.

La cifra para este año es prácticamente una quinta parte de lo que había comprado en el mismo período de 2021, cuando había retenido hasta US$ 5.728 millones. Pese al aumento de los precios de exportación a nivel internacional, Argentina no pudo aprovechar los términos de intercambio a causa del cepo cambiario, que abarata artificialmente las importaciones y encarece las exportaciones.

El tipo de cambio en el sector oficial se mantuvo creciendo por debajo de la inflación desde marzo de 2021 y abril de 2022, aún pese al aumento en el ritmo de devaluación desde marzo de este año. Esta situación, junto con el alza de los precios de la energía, genera una olla a presión para el cepo cambiario y el stock de reservas.

La primera meta trimestral en marzo no hubiera podido cumplirse exitosamente de no ser por el desembolso que hizo el propio FMI, que llevó el nivel de acumulación neto por encima de los US$ 4.000 millones y cuando meta exigía por lo menos US$ 1.200 millones.

Para el segundo trimestre del año, el Fondo espera una acumulación de reservas por al menos US$ 4.200 millones. Los mercados cada vez se muestran más escépticos para el cumplimiento de esta meta, aún con los desembolsos recibidos en el primer trimestre. Según las estimaciones de la consultora 1816, la autoridad monetaria debería sumar al menos US$ 3.000 millones para junio si se considera el nivel de reservas netas, pero esta meta parece muy poco realista.

Frente a esta situación, el Banco Central sigue sosteniendo que cumplirá las metas con el FMI y, para hacerlo, recurrirá a un mayor estrangulamiento del volumen de las importaciones vía restricciones cuantitativas.

Además del sistema de licencias no automáticas que sufre Argentina desde hace casi dos décadas, el Central buscará restringir el acceso de dólares para los importadores y postergar el pago de operaciones lo máximo posible. Las medidas contra las importaciones no son gratuitas, pues también afectan indirectamente a las exportaciones vía menor competitividad y mayores costos internos.

Considerando las últimas disposiciones del Gobierno para el acceso de divisas al sector energético, no resulta claro cómo se podrá cumplir la meta con el FMI al mismo tiempo en que el BCRA necesita estrangular importaciones para acumular reservas. 

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Economía

Por presión de Sergio Massa, el Gobierno vuelve a subir el mínimo no imponible de Ganancias

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El equipo de Martín Guzmán aceptó una nueva actualización en el monto no imponible para evitar que la inflación provoque que más personas paguen ganancias sin haber ganado más dinero realmente. Los cambios se aplicarán a partir del 1° de junio.

Luego de una reunión entre el presidente Alberto Fernández, el ministro Martín Guzmán, la cúpula de representantes de la CGT y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, el Gobierno determinó un aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias hasta un monto por $280.792.

El Gobierno precisó, además, que los cambios tendrán vigencia a partir del primero de junio y no se efectuará tributación sobre el pago del aguinaldo. Este último detalle fue especialmente asegurado por Guzmán, ante la preocupación de los sindicalistas por el pronto cierre de paritarias.

El salario no es ganancia, es remuneración. Nuestra actividad como Estado y legisladores es defender el poder de compra de los salarios. Subir el mínimo y proteger el aguinaldo para que el premio no se vea impactado, no se lo coma el impuesto a las ganancias. Es una decisión del presidente y de todo el Gobierno”, explicó Sergio Massa en conferencia de prensa.

Este debate había sido un punto especialmente controversial dentro de las internas del Gobierno. En este caso una disputa entre Sergio Massa y el ministro Guzmán, ya que este último no pretendía impulsar la actualización de Ganancias para el mes de junio, ni tampoco había claridad sobre cuáles serían los montos de actualización.

La inflación interanual llegó al 58% en el pasado mes de abril, la cifra más elevada desde enero de 1992. Esta fuerte aceleración inflacionaria (completamente fuera del rango esperado del Gobierno) provocó que una gran cantidad de trabajadores en relación de dependencia e incluso jubilados comenzaran a pagar el impuesto a las Ganancias, cuando antes habían quedado exentos.

Según detalló Massa en una carta especialmente dirigida para Fernández y Guzmán, cerca de 740.000 personas pagaron el impuesto a las Ganancias en el mes de febrero y esta cifra subió a los 847.800 en abril, un incremento del 14% en solo dos meses.

Se trata de la segunda rebaja tributaria que impulsa Massa dentro del oficialismo, siendo que en 2019 un total de 2.140.000 personas pagaban Ganancias, la cifra aumentó a 2.300.000 en 2020 y finalmente cayó en torno a los 730.000 en 2021.

Guzmán aseguró que las medidas “no tendrán impacto” aparente para las metas fiscales con el Fondo Monetario Internacional (FMI), debido a que la actualización de los topes mínimos del impuesto ya estaba contemplada en el acuerdo.

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El salario real en Estados Unidos cayó un 3,3% desde que Joe Biden asumió como presidente

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La aceleración inflacionaria abortó el proceso de recuperación salarial en la economía más importante del mundo. El poder adquisitivo retrocedió a los mismos niveles que había en febrero de 2020.

Quebrando la tendencia producida en los últimos años, las remuneraciones nominales en Estados Unidos se muestran mucho más inflexibles de lo que son los aumentos de precios. En lo que va de la administración de Joe Biden, los salarios reales del sector privado retrocedieron un 3,3% entre enero de 2021 y abril de 2022. Los datos fueron anunciados por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos.

Según la Reserva Federal, tomando los salarios reales para el total de la población ocupada en tiempo completo y de más de 16 años, la pérdida de poder adquisitivo fue del 3,76% al término del cuatro trimestre de 2021. Los salarios reales correspondientes a la industria privada total cayeron un 2,54%, y desglosando a la industria manufacturera la cifra fue del 2,49%.

Evolución del salario real de Estados Unidos entre 2020 y 2022.

A su vez, en lo que va de la administración del presidente Biden, los precios acumularon un alza del 10,53% mientras que las remuneraciones nominales solamente crecieron un 6,41%. Considerando la variación de precios minoristas, la inflación interanual (acumulada de 12 meses) trepó del 1,4% en enero de 2021 al 8,26% en abril de 2022, la cifra más alta desde 1982.  

La erosión del poder adquisitivo de los salarios comenzó a impactar, además, en el consumo del sector privado en términos reales (medido por la capacidad de comprar bienes y servicios). Según la base de datos de la Reserva Federal y la Oficina de Análisis Económico (BEA), el consumo privado de Estados Unidos se mantiene estancado desde octubre de 2021. En la misma línea, el índice de ventas minoristas no crece desde marzo de 2021.

Al mismo tiempo, la serie mensual de la actividad elaborada por la firma IHS Markit estima que la economía dejó de crecer desde diciembre de 2021 y en adelante. Las cifras oficiales provistas por la BEA relevaron que el PBI estadounidense cayó un 1,5% durante los primeros tres meses del 2022. Si esta tendencia persiste hasta el mes de junio, entonces se determinará el comienzo de una recesión técnica.

Los principales datos macroeconómicos reflejan un clima de tensión que se encamina a la estanflación, aunque los efectos recesivos aún siguen sin impactar sobre el mercado laboral, que volvió a registrar una situación de plena ocupación como la que había antes de la pandemia. 

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