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Economía

La herencia de Kicillof: La estatización de YPF podría costarle US$ 14.000 millones al país en litigios

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Con la estatización de YPF, todas las demandas anteriores contra la empresa ahora recaen sobre el Estado argentino y la sociedad, y entre ellas destaca una histórica causa con Maxus Energy que podría costarle al país hasta el 30% del monto de la deuda con el FMI.

El proceso de estatizaciones del anterior Gobierno kirchnerista sigue mostrando sus impactos negativos al país y a la sociedad argentina. No solo por las pérdidas millonarias de las empresas estatales sino también por los reclamos ante la vulneración de los derechos de propiedad y las multas en las cortes internacionales que eso conlleva.

En particular, la estatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012 fue sin lugar a dudas la maniobra más escandalosa y costosa para la sociedad argentina de todas las malas políticas expropiadoras del gobierno de Cristina.

Los costos de esta acción no solamente recaen sobre los juicios por la expropiación, sino que además todas las demandas que tenía la empresa pasaron a ser un problema para el Estado argentino, y en última instancia de la sociedad, cuando antes era solo una cuestión entre privados.

Desde 1995 la empresa Maxus Energy Corporation, una antigua subsidiaria de YPF, mantiene un fuerte pleito legal con YPF iniciada en New Jersey por contaminación ambiental. Cuando YPF adquirió los derechos y las responsabilidades de Maxus, también debió lidiar con las denuncias por la contaminación del río Passaic en Nueva Jersey.

Los damnificados presentaron una demanda por un exorbitante monto de US$ 14.000 millones, el 30% de todo lo que Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional, que Maxus le reclama a YPF como parte de la responsabilidad asumida en la década de 1990.

Nuevamente, si la empresa siguiera en manos privadas, sería un compromiso que debería afrontar capital privado; ahora, es un compromismo que debe afrontar toda la sociedad argentina, o al menos, quienes pagan impuestos.

Esta suma fue confirmada por el relevamiento de EconoJournal, aunque la suma efectiva que resulte del desenlace del pleito judicial en mediación podría diferir al que pretende la demanda, en favor de una posición intermedia entre partes.

Los jueces a cargo de la demanda de Maxus finalmente dieron luz verde para el rechazo al pedido de suspensión del litigio presentado por el Gobierno argentino, hasta que la Corte de Apelaciones a cargo resuelva un fallo. Esta acción judicial acelera el proceso de la demanda, y posibilita una sentencia programada para el próximo mes de septiembre. Si las autoridades pertinentes aceptan el monto demandado por Maxus, el costo para YPF y el Estado podría ser devastador.

Cuando YPF es expropiada bajo el Gobierno kirchnerista, todos los activos, pero también todas las responsabilidades y las demandas, pasaron a pertenecer al Estado argentino, que en última instancia se respalda en los recursos de la sociedad. Por lo tanto, lo que antes era un problema entre privados ahora se convirtió en un problema para el país como consecuencia de la expropiación.

Los pesados costos financieros que podría tener que soportar los argentinos se deben a la gestión del ex ministro de Economía y actual gobernador, Axel Kicillof, quien impulsó activamente la nacionalización de la empresa por cuestiones ideológicas y, por aquel entonces, aseguraba que “no habría ningún costo”.

En 2012, todavía como viceministro de Economía, Kicillof fue designado como subinterventor de YPF con una misión especial: analizar la empresa para una estatización. En cuestión de meses, el economista kirchnerista le recomendó oficialmente a Cristina la expropiación, que se concretó pasando por el Congreso en junio de ese mismo año.

Por su participación en la estatización, Kicillof quedó como director titular de clase A de la compañía, ahora estatal, hasta que fue designado como el ministro estrella de Cristina en 2013.

Hoy Kicillof evita hablar sobre este tema. Desde su círculo cerrado aseguran que tenía el respaldo de una amplia gama de sectores cuando se impulsó la estatización, y que los litigios son el costo que hay que pagar para tener hidrocarburos nacionales, un cambio al discurso del 2012.

Economía

Fuerte desaceleración de la inflación: Los precios de los alimentos sólo aumentaron un 0,2% en la segunda semana de abril

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Así lo estimó el sondeo semanal de la consultora LCG, oficialmente registrando la variación más baja desde mediados de septiembre del año pasado. El ajuste fiscal y monetario que está llevando a cabo el Gobierno comienza a demostrar resultados plausibles en la realidad cotidiana de los supermercados.

Tras el fuerte salto de precios registrado a mediados de diciembre, el Gobierno del Presidente Javier Milei ejecutó un programa ortoxodo con el objetivo de evitar la hiperinflación latente que había dejado como herencia el kirchnerismo. 

El ajuste fiscal y monetario tuvo como objetivo la no convalidación monetaria de los aumentos, y al mismo tiempo el avance hacia el ordenamiento de las principales variables macroeconómicas del país. Poco a poco, los resultados comienzan a estar a la vista.

La consultora LCG estima que el aumento de los alimentos y bebidas fue de sólo un 0,2% al cierre de la segunda semana de abril, la variación más modesta jamás registrada desde septiembre del año pasado. Pero muy a diferencia de aquel entonces, esta vez se observa la misma cifra con precios completamente desregulados, y con una tendencia de la inflación marcadamente bajista.

El relevamiento de precios de LCG contempla una canasta de hasta 8.000 productos de consumo masivo (alimentos y bebidas) en 5 supermercados. Asimismo, se utilizan los mismos ponderados de precios que se emplean para medir el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

La desaceleración inflacionaria es cada vez más evidente. Incluso ampliando la gama de productos relevados (ya no tan solo alimentos), los resultados parecen similares. La consultora Econviews estimó que los precios de los grandes supermercados del Gran Buenos Aires registraron un alza de sólo el 0,8% en la primera semana de abril. Fue la variación más baja registrada en lo que va de la presidencia de Javier Milei.

Según el sondeo de Econviews, los aumentos más elevados se registraron en los productos de verdulería, mientras que las carnes permanecieron relativamente estables (hubo variaciones muy pequeñas) y hubo incluso rebajas en productos de perfumería.

Lo que se está registrando en la economía argentina es un reordenamiento de precios relativos. Aumentan por encima del promedio general aquellos rubros que más se vieron artificialmente atrasados durante los últimos cuatro años, como por ejemplo las prepagas y los servicios públicos (gas, electricidad, colectivos, trenes, agua, etc).

Este proceso resulta inevitable, no es más que la consecuencia de las distorsiones acumuladas por la administración anterior, y en particular la del exministro Sergio Massa. Los congelamientos e intervenciones irresponsables del pasado se están pagando con fuertes aumentos en el presente.

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Economía

Nuevo paquete de medidas para el sistema financiero: La tasa de interés baja al 70%, se amplía la desregulación del mercado cambiario y suben los encajes

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La autoridad monetaria desplegó un amplio paquete de medidas para seguir desregulando el sistema financiero del país, al mismo tiempo en que se busca sanear la hoja de balance de la institución. El stock real de los pasivos remunerados se derrumba.

Tras anticiparse la caída de la tasa de inflación correspondiente al mes de marzo, algo previsto por todas las consultoras privadas del país, el Banco Central presidido por Santiago Bausili decidió desplegar un paquete de medidas sobre el sistema financiero

El objetivo es profundizar la desregulación, afianzar la normalización del comercio exterior (especialmente con las empresas pequeñas y medianas), y seguir saneando el patrimonio del BCRA. Este camino es imprescindible para culminar con la liberalización total del mercado cambiario en un futuro cada vez más cercano.

Se anunciaron las siguientes medidas:

  • La tasa de política monetaria aplicada sobre los Pases cae del 80% al 70% nominal anual, lo cual arroja una tasa efectiva en torno al 101,2% en un período de 12 meses. Esto es equivalente a un rendimiento efectivo del 5,4% por mes
  • Se incrementa la tasa de encaje del 0% al 10% para las cuentas remuneradas de fondos comunes de inversión de money market (Mercado Pago es un ejemplo de esto). De esta forma se normaliza el sistema, y se eliminan progresivamente los tratamientos diferenciales entre instituciones financieras
  • Se anunció la desactivación del swap con el Banco Internacional de Pagos. Se decidió cancelar de inmediato una deuda equivalente a los US$ 3.117 millones de dólares, allanando el camino para volver ampliar las líneas de crédito tanto con la institución como con el mercado mundial
  • Se determinó una nueva flexibilización del acceso al mercado cambiario legal para Pymes. Se reduce el plazo a solo 30 días para la financiación de importaciones provenientes de este grupo de empresas
  • Se flexibiliza el acceso al mercado cambiario para la importación de bienes de capital por parte de empresas Pyme. Esto permitirá afianzar la competitividad del país

Las medidas profundizarán aún más la licuación de la deuda remunerada del Banco Central, el principal problema heredado de la gestión de Miguel Pesce al frente de la institución.

En lo que va del Gobierno del Presidente Milei, el stock de pasivos remunerados se redujo del 11% al 8% del PBI hasta el mes de marzo, y a partir de abril se espera que este proceso se acentúe fuertemente. 

Se eliminó el financiamiento directo del BCRA al Tesoro, y la mayor parte de la expansión monetaria proveniente de la compra de divisas se esterilizó mediante colocaciones de BOPREAL y licitaciones de bonos por parte del Tesoro.

Asimismo, las consultoras privadas estiman que el nivel de las reservas netas del BCRA habría vuelto al equilibrio por primera vez desde abril del año pasado. En pocos meses de gestión, el equipo económico del Presidente Milei logró revertir un saldo deficitario por casi US$ 11.000 millones de dólares que había dejado el kirchnerismo.

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Economía

Desregulación de las telecomunicaciones: El Gobierno eliminó el decreto de Alberto Fernández que restringía los precios del cable, Internet y celular

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Deja de tener vigencia el decreto 690 del año 2020, el cual declaraba a las telecomunicaciones como “servicios esenciales” para establecer estrictos controles de precios. La desregulación potenciará la inversión del sector privado, con un impacto positivo en la calidad de los servicios para los usuarios.

El Gobierno oficializó un nuevo avance hacia la liberalización y modernización de la economía argentina. A través del decreto 302/2024 se determinó la desregulación de las telecomunicaciones, por lo que el país nuevamente adoptará reglas de juego convencionales como las que se aplican en la mayor parte del mundo.

Se levantaron todas las restricciones para la fijación de los precios por servicios de telefonía celular, cable de TV y tarifas de internet. Casi ningún país de la región aplica controles directos sobre las tarifas de este tipo de servicios, y estas medidas son ampliamente descartadas entre los países desarrollados y los miembros que conforman la OCDE.

Las disposiciones del Gobierno le ponen fin al decreto 690/2020 sancionado por el expresidente Alberto Fernández, el cual declaraba a estos servicios como “esenciales”, como un mero pretexto para intervenir sus precios y fijarlos de manera totalmente discrecional.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) perderá todas las competencias que tenía para intervenir en los precios. Con el nuevo régimen regulatorio, el Enacom se abocará exclusivamente a promover la competencia entre los actores que componen el mercado de las comunicaciones, y se abstendrá de provocar cualquier tipo de distorsión arbitraria sobre el mismo (como lo hacía hasta ahora).

No existe ni jamás existió ningún tipo de justificación para regular los precios de las telecomunicaciones. El Gobierno kirchnerista se valió de recetas mundialmente descartadas con el fin de reprimir artificialmente a la inflación, un proceso que finalmente se volvió imposible de sostener.

Sin precios fijados de manera arbitraria, crecen los incentivos para la entrada de nuevos participantes en el mercado de telecomunicaciones argentino, más aún en el contexto de progresiva desregulación y apertura de la economía.

Se espera que la liberalización del mercado contribuya a extender la calidad y la cobertura de los servicios, permitiendo que una mayor cantidad de usuarios puedan acceder a los mismos.

Las nuevas normativas permiten, además, que las empresas prestatarias de telefonía celular puedan participar sin mayores restricciones de la provisión de otros servicios de comunicación, algo que hasta ahora se encontraba insólitamente prohibido.

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