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Economía

La herencia de Kicillof: La estatización de YPF podría costarle US$ 14.000 millones al país en litigios

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Con la estatización de YPF, todas las demandas anteriores contra la empresa ahora recaen sobre el Estado argentino y la sociedad, y entre ellas destaca una histórica causa con Maxus Energy que podría costarle al país hasta el 30% del monto de la deuda con el FMI.

El proceso de estatizaciones del anterior Gobierno kirchnerista sigue mostrando sus impactos negativos al país y a la sociedad argentina. No solo por las pérdidas millonarias de las empresas estatales sino también por los reclamos ante la vulneración de los derechos de propiedad y las multas en las cortes internacionales que eso conlleva.

En particular, la estatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012 fue sin lugar a dudas la maniobra más escandalosa y costosa para la sociedad argentina de todas las malas políticas expropiadoras del gobierno de Cristina.

Los costos de esta acción no solamente recaen sobre los juicios por la expropiación, sino que además todas las demandas que tenía la empresa pasaron a ser un problema para el Estado argentino, y en última instancia de la sociedad, cuando antes era solo una cuestión entre privados.

Desde 1995 la empresa Maxus Energy Corporation, una antigua subsidiaria de YPF, mantiene un fuerte pleito legal con YPF iniciada en New Jersey por contaminación ambiental. Cuando YPF adquirió los derechos y las responsabilidades de Maxus, también debió lidiar con las denuncias por la contaminación del río Passaic en Nueva Jersey.

Los damnificados presentaron una demanda por un exorbitante monto de US$ 14.000 millones, el 30% de todo lo que Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional, que Maxus le reclama a YPF como parte de la responsabilidad asumida en la década de 1990.

Nuevamente, si la empresa siguiera en manos privadas, sería un compromiso que debería afrontar capital privado; ahora, es un compromismo que debe afrontar toda la sociedad argentina, o al menos, quienes pagan impuestos.

Esta suma fue confirmada por el relevamiento de EconoJournal, aunque la suma efectiva que resulte del desenlace del pleito judicial en mediación podría diferir al que pretende la demanda, en favor de una posición intermedia entre partes.

Los jueces a cargo de la demanda de Maxus finalmente dieron luz verde para el rechazo al pedido de suspensión del litigio presentado por el Gobierno argentino, hasta que la Corte de Apelaciones a cargo resuelva un fallo. Esta acción judicial acelera el proceso de la demanda, y posibilita una sentencia programada para el próximo mes de septiembre. Si las autoridades pertinentes aceptan el monto demandado por Maxus, el costo para YPF y el Estado podría ser devastador.

Cuando YPF es expropiada bajo el Gobierno kirchnerista, todos los activos, pero también todas las responsabilidades y las demandas, pasaron a pertenecer al Estado argentino, que en última instancia se respalda en los recursos de la sociedad. Por lo tanto, lo que antes era un problema entre privados ahora se convirtió en un problema para el país como consecuencia de la expropiación.

Los pesados costos financieros que podría tener que soportar los argentinos se deben a la gestión del ex ministro de Economía y actual gobernador, Axel Kicillof, quien impulsó activamente la nacionalización de la empresa por cuestiones ideológicas y, por aquel entonces, aseguraba que “no habría ningún costo”.

En 2012, todavía como viceministro de Economía, Kicillof fue designado como subinterventor de YPF con una misión especial: analizar la empresa para una estatización. En cuestión de meses, el economista kirchnerista le recomendó oficialmente a Cristina la expropiación, que se concretó pasando por el Congreso en junio de ese mismo año.

Por su participación en la estatización, Kicillof quedó como director titular de clase A de la compañía, ahora estatal, hasta que fue designado como el ministro estrella de Cristina en 2013.

Hoy Kicillof evita hablar sobre este tema. Desde su círculo cerrado aseguran que tenía el respaldo de una amplia gama de sectores cuando se impulsó la estatización, y que los litigios son el costo que hay que pagar para tener hidrocarburos nacionales, un cambio al discurso del 2012.

Cuba

Un país frenado en el tiempo: El socialismo condenó a Cuba a un estancamiento que ya lleva 30 años

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La renta per cápita del país caribeño no crece desde el año 1988. El colapso económico del “período especial” y la posterior recuperación insuficiente condenaron al país al atraso y la marginalidad social. 

El socialismo cubano condenó cualquier tipo de progreso económico para el pueblo que lo sufre año tras año en la isla. Según datos publicados por la propia dictadura castrista a través de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, el ingreso por habitante en términos reales no creció prácticamente nada entre 1988 y 2021.

En 33 años la calidad de vida promedio de los cubanos, medida por el poder de compra del ingreso promedio nacional, sólo mejoró un irrisorio 0,24%. Se trata de uno de los fracasos económicos más drásticos y violentos registrados para la región en el período descripto, sólo por detrás del catastrófico desempeño que vivió Haití, azotada por múltiples desastres naturales y guerrilla.

Si bien Cuba prácticamente se quedó paralizada en el tiempo tras el golpe de Estado de 1952, y todo el desarrollo económico que disfrutaron los países capitalistas en mayor o menor medida permanece ausente de la isla, entre la década del ’50 y los ’80, gracias a la ayuda económica y tecnológica de la Unión Soviética, los cubanos experimentaron cierto nivel de crecimiento.

Estancamiento económico de Cuba entre 1988 y 2021.

Sin embargo, con el colapso de la Unión Soviética hacia fines de la década del ’80, el desarrollo del país se frenó completamente. Cuba perdió el apoyo del régimen soviético, que además de ser su respaldo geopolítico en la región, les brindaba constantemente asistencia financiera, era la única afluencia comercial real que tenía la isla cubana, y la URSS funcionaba como el principal prestamista para financiar los abultados desequilibrios fiscales que Cuba mantuvo a lo largo de las décadas de 1970 y 1980

Todo esto se frenó de un día para el otro cuando cae el Muro de Berlín, lo que llevó a Cuba a un profundo colapso económico que fue descrito por las autoridades de la dictadura como el “período especial”, donde “el modelo comunista fue puesto a prueba“.

El auto-bloqueo impuesto por el Partido Comunista Cubano, que había ilegalizado el comercio privado, impedía reemplazar a la URSS con Rusia como socio comercial. Además, la pésima organización económica obligaba al gobierno a monetizar los desequilibrios que ya no podía solventar con endeudamiento externo. 

A su vez, la recuperación cíclica que debía experimentar después de la crisis, demostró ser mucho menos pronunciada de lo esperable, y el país nunca recuperó la ya muy pobre tendencia de crecimiento de largo plazo que registraba en la segunda mitad del siglo XX. 

A partir del año 2015, Cuba volvió a enfrentarse a una situación de estancamiento, y el shock provocado por la pandemia de 2020 significó el golpe de gracia para precipitar un nuevo colapso económico en la isla.

Las reformas actuales sobre el sistema cambiario, monetario y comercial del país no modifican la estructura burocrática y estatista que se mantiene inalterada desde hace décadas. El tamaño del Estado cubano promedió el 65% del PBI en los últimos 30 años, alcanzó el 69,2% del producto en medio de la pandemia y retrocedió al 58,8% tras el ajuste y el shock inflacionario de 2021

Los cubanos siguen siendo prisioneros en la isla, no solo porque sus derechos políticos jamás han sido reconocidos por el Partido Comunista, si no porque están condenados a la miseria más absoluta: la de no crecer, y quedarse virtualmente estancados en el tiempo hace por lo menos tres décadas.

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Brasil

El Congreso aprobó un nuevo esquema que reconoce al Bitcoin como medio de pago y activo de inversión en Brasil

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Las nuevas normas regulatorias facilitan las operaciones con criptomonedas dentro del marco legal. El proyecto contó con la aprobación del Congreso y será enviado al poder ejecutivo para la firma definitiva del presidente Jair Bolsonaro. 

La Cámara de Diputados de Brasil finalmente aprobó el proyecto de ley 4401/21, que ya había obtenido media sanción en el Senado desde hace 7 meses. Se conforma un nuevo esquema legal que otorga facilidades para las operaciones con criptomonedas, salvaguardando así la seguridad jurídica de las transacciones en el país.

Los distintos grupos de la derecha parlamentaria en Brasil obtuvieron una victoria legislativa que dota al Bitcoin las siguientes garantías legales: se reconoce su rol para representar valor digital, podrá usarse libremente como medio de pago y también podrá utilizarse como activo de inversión sin restricciones.

La ley exige, a cambio, que los proveedores e intermediarios de este tipo de servicios digitales deberán estar registrados, y determina que si bien el Bitcoin conforma un medio de pago, no constituye una moneda de curso legal como lo es el Real. Por lo tanto no puede usarse para el pago de impuestos, entre otras obligaciones. 

El objetivo es que todas aquellas transacciones que de todos modos se llevan a cabo diariamente en Brasil, ahora puedan hacerlo pero bajo un manto de cierta transparencia. De hecho, la autoridad monetaria de Brasil estima que se realizan más transacciones a través de criptomonedas que las que se registran a través de la bolsa. 

También se busca una mayor integración entre el mercado de criptomonedas y los mercados financieros tradicionales, especialmente a través de la función de inversión en activos digitales. 

Mientras el Bitcoin sea utilizado bajo la forma de un medio de pago, será el propio Banco Central de Brasil (BCB) el responsable de mediar las transacciones y hacer cumplir las regulaciones respectivas. Cuando sea usado como un activo de inversión, la autoridad pertinente será la Comisión de Valores y Cambio (CVM)

Tras la aprobación por parte de ambas cámaras legislativas, el proyecto fue enviado directamente al escritorio del presidente Jair Bolsonaro para su evaluación y aprobación final

Paralelamente a la aprobación del proyecto, el presidente del BCB nombrado por Bolsonaro, Roberto Campos Neto, presentó formalmente el primer proyecto para el futuro lanzamiento del “real digital”, y propuso su integración con el sistema de pagos actual. 

Llevamos el mundo digital al sistema bancario. Varios otros bancos centrales están haciendo lo contrario. De hecho, están sacando lo digital de la banca”, declaró Campos Neto. 

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Economía

El Gobierno aumenta el techo de gasto para fin de año y lo lleva a un récord histórico de $103.000 millones

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La ampliación del gasto se distribuirá entre el Ministerio de Trabajo y seguridad social, Agricultura y ganadería y Cultura. También se amplía el límite al déficit fiscal en $96.671 millones adicionales a lo presupuestado originalmente.

El ministro de Economía Sergio Massa y el Jefe de Gabinete Juan Manzur pusieron la firma para una nueva expansión fiscal de cara a fin de año. Habiendo quedado completamente desfasado el presupuesto de Guzmán y sus metas, el Gobierno resolvió la ampliación del techo de gastos por un monto adicional de hasta $103.671 millones.

No es la primera vez que el Gobierno anuncia una modificación arbitraria a los montos originalmente presupuestados. De hecho, y solamente este año, el oficialismo amplió 12 veces el techo del gasto previsto.

Las medidas fueron dispuestas por la Decisión Administrativa 1.211 y publicadas en el Boletín oficial. Sin un presupuesto creíble y con metas realistas, la programación económica se hace imposible y el oficialismo se reserva la potestad de realizar ampliaciones. 

Los gastos incrementales propuestos por las medidas se destinarán a través de tres fuentes: el ministerio de Trabajo y Seguridad Social recibirá $88.500 millones, Agricultura y Ganadería se llevará $15.000 millones, y finalmente el ministerio de Cultura recibirá un pequeño monto remanente de $171,1 millones.

La gran mayoría de la expansión del gasto se verá canalizada en el pago de obligaciones de índice meramente estacional en el sistema de seguridad social. Esto es, el pago del medio aguinaldo sobre haberes previsionales y el nuevo ajuste trimestral que corresponde para el mes de diciembre. 

Otra gran parte de los nuevos gastos presupuestados se destinará a los subsidios del ministerio de Agricultura para las economías regionales afectadas por situaciones de sequía o incendios. También se destinarán recursos al “Programa de Compensación para Pequeños y Medianos Productores de Soja y Maíz”

El paquete enviado para el ministerio de Cultura se aplicará lisa y llanamente para pagar salarios, concretamente para “atender la liquidación de haberes del personal de noviembre de 2022” según reza el documento publicado por Manzur y Massa. 

Asimismo, la expansión del horizonte de gastos no fue compensada con un aumento similar en la factura de ingresos totales que arriban a las arcas del Estado. Solo registró un monto adicional de hasta $7.000 millones en nuevos ingresos, y por lo tanto la factura del déficit fiscal aumentó en $96.671 para fin de año

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