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Economía

La otra cara del Plan Massa: El Banco Central tuvo que emitir $2,6 billones por el dólar soja y el rescate a los títulos públicos

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El programa del ministro de Economía profundizó todos los desequilibrios monetarios, prometiendo más inflación futura. Aunque el Gobierno no incumplirá la meta de emisión monetaria con el FMI, a fines prácticos perdió relevancia en la lucha contra la inflación.

Las medidas anunciadas por el ministro Sergio Massa a partir del mes de agosto apuntaron a garantizar el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para contener el Riesgo País, y robustecer las reservas del Banco Central para aminorar las expectativas de devaluación. Pero realmente solo se postergaron los efectos adversos. 

El Tesoro se comprometió a no utilizar recursos en concepto de adelantos transitorios del BCRA (que es asistencia monetaria directa), y en la práctica tampoco se recurrió a la transferencia de “utilidades” ficticias por la devaluación del tipo de cambio oficial. 

Se pretendía que con estas medidas se cumpliera la meta de emisión pautada con el FMI para así poder contener las expectativas inflacionarias, pero en la práctica el Banco Central amplió sistemáticamente la oferta de dinero y emitió hasta 2,6 billones de pesos por otros medios. El compromiso del Tesoro se limitó a cumplir las metas del Fondo, y no a atacar el problema inflacionario de la economía argentina.

Las fuentes de la emisión monetaria bajo el programa de Massa

El Banco Central del radical Miguel Ángel Pesce emprendió una agresiva política de emisión monetaria explicada por dos grandes fuentes: la compra de deuda pública del Tesoro (aquella que el sector privado ya no quiere refinanciar) y la compra de los dólares por las liquidaciones del Dólar Soja I y II

La primera herramienta es común en economías desarrolladas y, de hecho, fue la principal responsable de la elevada inflación que se atraviesa a nivel mundial. El llamado “Quantitative Easing” del Banco Central se articuló para rescatar la deuda pública del Tesoro ante el fracaso de las licitaciones de pesos con acreedores del sector privado. El acuerdo del FMI no advierte ningún tipo de restricción a la emisión por este propósito. 

La segunda vía explicativa de la fuerte emisión monetaria fue el Dólar soja, ya que el Banco Central debió emitir la cantidad de pesos suficiente como para adquirir los dólares de la liquidación de los productores. Es una medida que robustece las reservas pero, al mismo tiempo, compromete la expansión de los agregados monetarios. 

Todo esto requirió asistencia monetaria indirecta que fue perfectamente compatible con el acuerdo del FMI y con las promesas de Massa en agosto, pero abiertamente contraria a la estabilización del nivel general de precios.

¿Es relevante la meta de emisión con el FMI?

El principal objetivo de la meta fue generar un límite a la asistencia monetaria directa, y vincular ese límite a un ancla fiscal trazada por las metas trimestrales. El FMI estableció un tope equivalente al 1% del PBI en el monto que el BCRA pudo emitir para transferir recursos al Tesoro por adelantos transitorios y utilidades en 2022. Este sistema pretendía aminorar las expectativas inflacionarias durante la duración del programa.

Pero las expectativas no solo no se moderaron, sino que se desanclaron por completo en el último año. Y la razón es sencilla: la emisión del BCRA para rescatar la deuda pública y comprar dólares por la liquidación preferencial de la soja alcanzó el 3% del PBI, según estimaciones de la consultora Equilibra. 

En otras palabras, la asistencia monetaria indirecta y no regulada por el acuerdo con el FMI triplicó al monto de asistencia directa que sí fue alcanzada por el acuerdo. No hubo ningún ancla monetaria capaz de moderar las expectativas de inflación. 

¿Por qué se desaceleró la inflación a la par del aumento de la expansión monetaria?

Aunque la inflación interanual aumentó a un ritmo vertiginoso y sin pausa durante la gestión de Sergio Massa, saltando del 71% al 92,4% interanual, la inflación mensual se moderó muy ligeramente del 7,4% en julio a un promedio del 6,25% entre septiembre y octubre, y 4,9% al término del mes de noviembre.

Los precios minoristas aumentan a un ritmo holgadamente superior al del primer semestre del año, pero no parecen haber respondido de manera directa a la fuerte expansión monetaria del segundo semestre. Esto se debe a la política de esterilización del Banco Central, la emisión de deuda a través de colocación de Leliq y Pases.

Se coloca deuda para retirar pesos de la economía y contrarrestar el efecto de la emisión. La gestión Massa apostó por un aumento irresponsable de la deuda remunerada del BCRA, permitiendo muy pequeños resultados positivos a corto plazo pero un peligro latente y severo para el futuro. 

Los pasivos remunerados del BCRA saltaron del 160,4% de la base monetaria en julio al 222% en noviembre, y en términos del PBI la deuda aumentó del 9,8% al 11,2%. Ambas formas de medir la deuda remunerada arrojan los peores resultados observados desde marzo de 1989, y no existe evidencia empírica que sugiera que este proceso pueda sostenerse en el tiempo bajo esta dinámica de crecimiento.

Economía

La Argentina que dejó el kirchnerismo: Milei recibió un país sin consumo privado, sin inversión y sin exportaciones

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El modelo kirchnerista demostró un agotamiento notable que finalmente condujo a la recesión desde la segunda mitad de 2022. La crisis se profundizó a lo largo del año pasado, y el cuatro trimestre de 2023 finalizó con los principales indicadores macroeconómicos en rojo.

El INDEC anunció los resultados sobre el avance del nivel de actividad y sus principales componentes correspondientes al cuarto trimestre del año 2023, el último de la administración del exministro y fallido candidato Sergio Massa.

Los resultados publicados demuestran el agotamiento de un modelo económico obsoleto. El organismo oficial de estadísticas determinó que la variación desestacionalizada del PBI (a precios constantes) marcó un rojo del 1,9% en el último trimestre del año pasado. El principal termómetro de la economía argentina registró un magro resultado hacia el final de la gestión massista.

La producción industrial sufrió una caída de hasta el 6% interanual en el último cuarto de 2023, el sector del comercio minorista y mayorista registró un retroceso del 3,9%, la producción de electricidad, gas y agua se desplomó un 5,1% interanual, los servicios de intermediación financiera cayeron un 4,4%, y la construcción sufrió un declive de casi un 1% en el mismo período.

No obstante, y pese al arsenal de medidas artificiales y cortoplacistas adoptadas por el exministro, el consumo del sector privado se desplomó hasta un 1,5% entre octubre y diciembre de 2023. 

Los paliativos de corto plazo, las ayudas y los subsidios temporales, poco y nada pudieron hacer para compensar la estampida inflacionaria y la erosión del poder adquisitivo de los salarios (especialmente en el sector informal).

La inversión real de la economía argentina se contrajo casi un 11% en el cuarto trimestre de 2023, superando holgadamente a la variación negativa del mismo período pero del 2022 (que había llegado al 4,5% respectivamente).

El país dejó de invertir cada vez más en renovación de maquinaria, infraestructura, tecnología, etc. Bajo las reglas de juego del exministro Massa, la Argentina se había convertido en un destino fallido para el desarrollo de la iniciativa privada y la inversión a largo plazo.

En otras palabras, el nuevo Gobierno del Presidente Javier Milei no solo heredó una economía en recesión y estanflación (con los precios aumentando a un ritmo del 1% diario), sino que además el retroceso de la inversión en formación bruta de capital deterioró la capacidad instalada del país para poder recuperarse de la crisis. La Argentina se descapitalizó por cuatro años.

Todo esto se suma a la oleada de desequilibrios fiscales, cambiarios, monetarios y de precios relativos que dejó plantados el Gobierno anterior. Al menos un 200% de brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo, un saldo de reservas netas en rojo por US$ 11.000 millones de dólares, un stock de pasivos remunerados equivalente a casi el 300% de la base monetaria (11 puntos del PBI) y un déficit fiscal nacional superior al 6% del producto. Se trata de una de las peores herencias macroeconómicas de la historia argentina.

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Economía

Se desarma la bomba de pasivos remunerados que caen al 5% del PBI y se acerca la salida del cepo

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El stock de las letras del Banco Central se redujo a la mitad desde que el Presidente Milei asumió la dirección del país el pasado 10 de diciembre. También disminuyó notoriamente la emisión monetaria a cuenta de los intereses asociados a los pasivos remunerados.

Las condiciones macroeconómicas idóneas para la liberalización total del mercado cambiario están cada vez más cerca de ser una realidad. Desde el 10 de diciembre del año pasado el Gobierno desplegó un amplio programa de saneamiento sobre el balance del Banco Central, al mismo tiempo en que el Ministerio de Economía equilibró sus finanzas y mitigó la dominancia fiscal sobre la política monetaria.

En solo tres meses de gestión, la administración de Santiago Bausili al frente del BCRA logró reducir el stock de pasivos remunerados del 10,5% al 5% del PBI según estimaciones de las consultoras privadas. La carga por la “bola de nieve” de las Leliq se reconvirtió en el stock de Pases, y este último se vio rápidamente licuado por la evolución inflacionaria.

En tiempo récord, la magnitud de la emisión monetaria a cuenta de pagar los intereses por los pasivos remunerados también se redujo a la mitad, del 10% al 5% del PBI respectivamente desde diciembre de 2023. Este monto también es conocido como el “déficit cuasi-fiscal”, y significaba un verdadero peligro para la estabilización de la economía.

Para poder liberalizar los controles cambios y permitir la libre compra-venta de divisas, el Gobierno apuntó primero a operar sobre los desequilibrios de sobrante de pesos que dejó la gestión anterior. 

Ante una liberalización cambiaria, los agentes (bancos, pequeños ahorristas, etc) podrían verse atraídos por huir del peso hacia el dólar de manera rápida y violenta, provocando así un colapso de la demanda de pesos y de la renovación de los pavos remunerados. 

Esto llevaría rápidamente a la hiperinflación, ya que la cantidad de dinero en circulación podría incrementarse de forma dramática en poco tiempo (y cuando más elevada es la inflación, más rápido es el efecto de la emisión de dinero en el sistema).

El Gobierno del Presidente Milei se propuso evitar a toda costa un escenario hiperinflacionario, por lo que el saneamiento del balance del BCRA haría posible una muy pronta liberalización cambiaria sin el riesgo de provocar la violenta espiral inflacionaria.

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Economía

Las jubilaciones subirán 7 puntos por encima de la inflación en abril y luego aumentarán según IPC de manera automática

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Entre el aumento por inflación, el adicional del 12,5% y el bono de $70.000, las jubilaciones subirán un 62% en abril, lo cual le ganará a la inflación por 7 puntos en términos reales, y se darán incrementos cada mes.

El vocero presidencial Manuel Adorni explicó con más detalles la nueva fórmula previsional, publicada este lunes a través del Decreto 274/24 en el Boletín Oficial, la cual establece que los jubilados y pensionados van a cobrar los aumentos mensuales ajustados por el Índice de Precios al Consumidor.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni destacó que a la nueva fórmula se le va a adicionar el 12,5% de recomposición y el bono de $70.000 pesos, lo que suma un incremento de aproximadamente 62% en lo que va del año, unos 7 puntos por encima de la inflación acumulada del 55% entre enero y marzo.

Esto cambia radicalmente lo que iba a pasar con los haberes si no se cambiaba la fórmula. El aumento a los jubilados iba a ser de 0% en abril y en mayo”, advirtió el vocero. “En julio empieza a regir de manera plena esta nueva fórmula y se va a hacer el cálculo de cuánto hubiese sido el ajuste sólo aplicando la fórmula anterior, y si hay alguna diferencia se le va a abonar a los jubilados”.

“Esta nueva fórmula es absolutamente coyuntural y apelamos nuevamente a que la política esté a la altura y que en el Pacto de Mayo podamos tener discutida una reforma previsional y una reforma laboral más integrales que hagan que el sistema jubilatorio sea sustentable”, concluyó.

En la misma línea, el comunicado oficial de la Oficina del Presidente anunció el lanzamiento de una nueva fórmula previsional para ajustar los haberes a partir de junio de manera automática, con el objetivo de detener la masiva pérdida de poder adquisitivo en la que se vieron alcanzados los jubilados en los últimos cuatro años.

El equipo económico presidido por el ministro Luis Caputo dispuso que a partir de abril, todos los haberes previsionales (sin ninguna excepción) serán actualizados por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ese mes y en mayo, el ajuste será por decreto, mientras que a partir de junio se hará de manera automática sin la necesidad de una intervención presidencial.

Este último aumento tiene el objetivo de evitar que la transición entre la nueva fórmula previsional y la anterior pueda provocar cualquier tipo de erosión sobre el poder adquisitivo de los jubilados (como por ejemplo ocurrió entre el último trimestre de 2017 y el primero de 2018).

En otras palabras, el poder adquisitivo de los jubilados dejará de licuarse con las nuevas reglas de juego del sistema, al mismo tiempo en que se espera un fuerte descenso de la tasa de inflación para los próximos meses. Conforme disminuya la inflación, las jubilaciones podrían aumentar en términos reales debido a que la fórmula siempre se ajusta por el dato del IPC del mes anterior (y viceversa cuando la inflación aumenta).

Asimismo, el nuevo esquema presentado garantiza una mayor estabilidad en la relación del gasto previsional con respecto al PBI. De esta manera se facilita la tarea de confeccionar presupuestos, y de destinar los recursos correspondientes a los jubilados y pensionados sin incurrir en errores por falta de actualización.

La fórmula previsional kirchnerista ajustaba los haberes de acuerdo al índice RIPTE de salarios (el cual perdió contra la evolución de los precios en los últimos 15 años), y al mismo tiempo se componía por la recaudación de la seguridad social (también muy inestable debido a la gran cantidad de empleo informal). Esta fórmula fue directamente responsable de que el poder adquisitivo de una jubilación mínima cayera casi un 40% entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

El Gobierno anterior desplegó una serie de bonos adicionales para tratar de compensar (parcialmente) la debacle sobre las jubilaciones, pero estos únicamente se aplicaron sobre el haber más bajo. Las jubilaciones medias y altas no se vieron alcanzadas por los bonos, y esto deterioró todavía más los escasos incentivos existentes para aportar al sistema previsional.

La legislación laboral vigente demostró ser abiertamente disfuncional en vista a la tamaña proporción del empleo no registrado en relación al total del trabajo de la Argentina, y los incentivos nocivos del sistema de reparto estatal no hacen más que acrecentar la tendencia.

El Gobierno también apunta a erradicar el déficit del sistema previsional operando desde el punto de vista de sus ingresos. En este sentido, se apunta a la flexibilización de la legislación laboral (más puestos formales potenciales para aportar al sistema) y la mejora de los incentivos para el esfuerzo.

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