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Economía

Las empresas del Estado le cuestan a los argentinos hasta $1.900 millones todos los días

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El informe fiscal presentado por el Ministerio de Economía confirmó la situación crítica de las empresas públicas. El “Estado empresario” registra las pérdidas operativas más importantes de los últimos 30 años, una cifra cercana al 0,8% del PBI en los últimos 12 meses.

En medio de una severa crisis económica y social, el Gobierno kirchnerista, que se niega siquiera a plantearse la privatización de las empresas estatales deficitarias, sigue destinando una sideral cantidad de recursos para garantizar las operaciones, en detrimento de los propios contribuyentes.

El más reciente balance fiscal de base caja publicado por el Ministerio de Economía confirmó que las empresas del Estado registraron pérdidas de hasta 515.000 millones de pesos en el acumulado anual finalizado en octubre. Este resultado surge de la contabilización de los ingresos corrientes y los gastos operativos, pero se excluyen otras transferencias de capital del sector público.

Las empresas públicas le cuestan a la sociedad un monto equivalente a $57.000 millones por mes, o $1.900 millones todos los días, un valor que a dólar oficial se traduce a US$ 10 millones de dólares cada día.

El déficit es equivalente, además, al 0,79% el PBI de referencia para los últimos 12 meses. Se trata del desequilibrio más importante desde el inicio de la serie de datos del Ministerio de Economía en enero de 1993. 

Déficit de las empresas del Estado desde 1993.

De hecho, el déficit de las empresas del Estado es similar al gasto que realiza el Sector Público Nacional (SPN) en seguridad y defensa (0,9% del PBI) o en la administración general (0,77% del PBI) y educación superior y universitaria (0,86% del PBI). También es equivalente al 80% de todo el gasto que se realiza en el pago de asignaciones familiares

De las 33 grandes empresas que conforman el conglomerado corporativo estatal, las más deficientes en términos de pérdidas fueron las siguientes: Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas (AR), Aguas Argentinas (AySA), Correo Argentino y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)

El caso de los ferrocarriles fue especialmente dramático, ya que Trenes Argentinos proyecta pérdidas de hasta $100.000 millones solamente para este año, pero al mismo tiempo pretende ampliar la planta de personal y llevar a cabo el establecimiento de nuevos ramales que no garantizan solvencia.  

El sistema de de cuenta única de Tesorería (CUT) implementado por la exministra Silvina Batakis permitió un mejor monitoreo y control de las finanzas de las empresas del Estado, pero ni el nuevo sistema permitió mitigar los fuertes desequilibrios que se siguen acumulando sobre la espalda de la sociedad. 

Nacionalizaciones bajo la gestión de Alberto Fernández

La administración kirchnerista retomó la vocación estatista y se propuso seguir ampliando la cantidad de entidades dependientes directamente de la gestión gubernamental. Aunque con un importante revés político y rechazo social al intento de expropiación de Vicentin, Fernández llevó adelante el crecimiento del Estado empresario. 

Se impulsó la estatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay por medio de un decreto, después de 25 años funcionando con una gestión privada eficiente, dejando un costo millonario en manos de la Administración General de Puertos y la sociedad.

A través del exministro Mario Meoni, el kirchnerismo llevó adelante la estatización del transporte ferroviario de cargas en junio de 2021, poniéndole fin a las concesiones que estaban en manos de las empresas Ferroexpreso Pampeano (FEPSA), Nuevo Central Argentino y Ferrosur Roca.

Asimismo, fueron revocados todos los contratos de participación pública-privada para la generación de obra pública (PPP), con lo cual se eliminó la iniciativa privada sobre esta partida. 

No conforme con todo esto, Fernández dictaminó la estatización de todas las rutas de peaje a nivel nacional. De esta manera, se eliminó el incentivo que tenía el sector privado para mantener las rutas eficientemente a través del traslado del costo a los usuarios que utilizaban el servicio. 

Economía

Récord de déficit fiscal en Estados Unidos: Las “Bidenomics” desataron un rojo por más de US$ 1,66 billones de dólares al término de marzo

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Pese a que la economía estadounidense sigue creciendo, el Gobierno federal incurrió en un déficit histórico. y se está endeudando a un ritmo únicamente visto durante las grandes recesiones y en las guerras mundiales del siglo pasado. La trayectoria fiscal trazada por Biden es abiertamente insostenible.

Las políticas del Presidente Joe Biden provocaron el agujero fiscal más grande de la historia de los Estados Unidos en tiempos de paz. La visión económica del Gobierno cayó bajo la influencia del Caucus Progresista dentro del Partido Demócrata, la facción más radicalizada hacia la izquierda dentro del Congreso estadounidense.

La actividad económica del país logró recuperarse de la pandemia y continuó con su sendero de crecimiento, pero a pesar de esta muy esperable normalización, el Gobierno federal incurrió en un desequilibrio fiscal histórico que ascendió a los US$ 1,66 billones de dólares al término de marzo.

De hecho, el déficit financiero había llegado incluso a los US$ 8,36 billones en julio del año pasado, como resultado del amplio programa de rescates para préstamos estudiantiles que impulsó el Presidente Biden.

El Partido Demócrata que alguna vez había patrocinado los superávits presupuestarios de la era Clinton, ahora respalda a capa y espada los déficits más irresponsables que nunca se hayan visto en Estados Unidos.

La economía se normalizó una vez superada la pandemia, pero la posición fiscal del Estado jamás lo hizo. El resultado financiero del Gobierno federal representaba el 4,8% del PBI en febrero de 2020, mientras que hoy en día esa cifra se acerca a los 6 puntos del producto. Este brutal incremento se explica principalmente por el mayor peso de los intereses de deuda, que ya son los más altos desde mediados de la década del 90.

Para compensar esta brecha sin precedentes, el Gobierno federal se está endeudando a un ritmo similar al que cabría esperar durante la salida de una recesión o la ejecución de una guerra de grandes proporciones, pero como es bien sabido ninguno de estos escenarios es precisamente el caso. En caso de que la economía entrase en recesión en un futuro cercano, el Gobierno carece de mayor margen fiscal para actuar en consecuencia.

El total de la recaudación por impuestos federales (y otros ingresos por rentas) sólo alcanza a cubrir hasta el 73% de los gastos federales incurridos. El 27% restante se está compensando por la vía del endeudamiento, principalmente con instituciones locales o en el exterior.

Hasta ahora la Reserva Federal se mantuvo al margen de expandir su financiamiento al Tesoro por la vía de la compra de títulos públicos (como lo hizo durante la pandemia en 2020), pero eventualmente el Gobierno federal no puede quebrar, y cualquier tipo de incumplimiento vendría asociado a un latente inflacionario.

La proporción de crédito doméstico absorbido por el Gobierno federal se incrementa, y lo que es lo mismo, se reduce la cantidad de recursos disponibles para prestar a las empresas privadas o a las familias (por ejemplo el crédito hipotecario). Esto se ve reflejado por un piso de tasas de interés cada vez más elevado.

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Economía

¿Nueva guerra comercial con China? Biden apunta a triplicar los aranceles para la importación de acero y aluminio

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La administración Biden amenaza con lanzar una nueva ofensiva arancelaria contra el ingreso de productos chinos, una maniobra que podría conducir a una pronta respuesta por parte del gigante asiático.

El giro proteccionista de la Casa Blanca bajo la presidencia de Joe Biden se hace cada vez más evidente. Pese a prometer lo contrario en su campaña electoral, Biden promete redoblar los aumentos tarifarios contra China y otros países del mundo.

Hasta ahora, las medidas proteccionistas del Gobierno se focalizaron en subsidios encubiertos, como por ejemplo los dispuesto en la llamada “Ley de Reducción de la inflación” del 2021. Pero esta vez se estudia abiertamente un nuevo rediseño del sistema arancelario.

El Presidente Biden propuso triplicar el arancel de importación para el acero y el aluminio provenientes de China, del 7,5% al 25%. Esta resolución amplía una anterior que ya había adoptado el expresidente Donald Trump, en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial (establecida en 2018). Pero la ley sancionada durante la administración anterior sólo alcanzaba a unos productos específicos, y la propuesta de Biden es generalizar el aumento arancelario sin excepción en todo el sector.

Estados Unidos se constituye actualmente como el cuarto productor mundial de acero, mientras que China ocupa el primer lugar. Semejante participación en el mercado haría muy efectivo el impacto de un arancel sobre la importación de China (con beneficios positivos para la industria local), pero este tipo de medidas resultan en su mayoría estériles, debido a que se espera una pronta respuesta por parte de China y la situación volvería al punto de inicio (o aún peor debido a la persistente volatilidad).

Siguiendo el mismo patrón, la administración Biden intervendrá deliberadamente en la adquisición de US Steel por parte de inversores japoneses, un acto populista y desesperado en medio del clima de la campaña electoral.

Asimismo, el Presidente Biden propuso incrementar los aranceles para la importación de madera canadiense del 8% al 14%, sin ningún tipo de justificación convencional. Esto supone un golpe hacia uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos en la región.Queda en evidencia que la política comercial de Biden no se limita exclusivamente a China.

Biden despliega este paquete de propuestas como respuesta a las medidas prometidas por Trump, entre las cuales se encuentra el establecimiento de un arancel universal del 10% sobre todas las importaciones, y una tasa especial del 60% sobre todas las importaciones de China.

Como es de amplio conocimiento, la dictadura comunista en China se negó a cumplir con la liberalización total de su mercado de divisas, un requisito al que se había expresamente comprometido tras su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 2000. En lugar de ello, solo se dio lugar a una serie de desregulaciones parciales y progresivas que, hasta el momento, no llegaron a desembocar en un mercado libre.

Las políticas proteccionistas se utilizaron como una medida coercitiva para forzar la liberalización cambiaria de China durante la administración de Donald Trump, aunque una vez finalizada la guerra comercial (2018-2020) se llegó a un nuevo status-quo sin mayores cambios en esta materia y con aranceles más elevados entre ambos países (la relación final entre ellos favoreció ligeramente a Estados Unidos).

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Economía

Caída en picada de la inflación: Los precios mayoristas subieron un 5,4% en marzo, después de haber alcanzado la hiper en diciembre del año pasado

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La variación mensual de los precios al por mayor se derrumba a un ritmo incluso más rápido que en los precios minoristas. La tasa de inflación general podría retroceder al 6% a partir del mes de abril, según estimaciones privadas.

El INDEC confirmó una nueva y fuerte caída de la tasa de inflación en Argentina: el Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento del 5,4% en marzo, la variación más baja en lo que va del año. Retrocedió implacablemente con respecto al salto del 10,2% producido en febrero, al 18% de enero, y al estallido del 54% registrado en diciembre de 2023. Esta última cifra constituye técnicamente una situación de hiperinflación.

Se observó un incremento mensual del 6,2% sobre productos de origen estrictamente nacional, mientras que los bienes importados cayeron en un promedio del 1,7% en marzo. La energía destacó de entre los aumentos mensuales, marcando una suba del 12% (debido a la corrección de precios relativos que lleva adelante el equipo económico).

Los precios mayoristas acumularon una suba del 37% entre enero y marzo, muy por debajo del 51,6% de aumento que se registró en los precios minoristas. La inflación mayorista está bajando a un ritmo mucho más acelerado que la minorista, un fenómeno muy común entre los programas de estabilización. Se registró un aumento interanual del 330,6%, debido al efecto de arrastre estadístico después del salto de diciembre. 

El programa de ajuste fiscal y monetario del Gobierno logró tumbar la hiperinflación que había dejado plantada el kirchnerismo en los últimos meses de la gestión de Massa. Este fue sin lugar a dudas el principal objetivo de las medidas de emergencia que se tomaron a partir del 10 de diciembre.

La caída de la variación mensual en los precios mayoristas fue contundente. El Índice de precios básicos al por mayor (IPIB) registró un aumento incluso menor y en torno al 4,9% al cierre de marzo, un indicador que excluye el efecto impositivo sobre los precios relevados.

Asimismo, el Índice de precios básicos del productor (IPP) marcó un aumento del 5% en marzo, y nuevamente el salto de la energía destacó de entre las principales aperturas que componen el indicador.

Con esta dinámica en los precios al por mayor, se estima que el IPC minorista volverá a registrar una nueva rebaja en su ritmo de aumento en abril. En este sentido, el exministro de Economía Domingo Cavallo sugiere que la inflación de precios al consumidor podría estabilizarse en el 9,5% a partir de abril, y retroceder hasta un umbral del 6% al 7% a partir del mes de mayo. Esto es coincidente con la desaceleración de los precios online.

La reactivación de la actividad real dependerá casi exclusivamente de la velocidad en la salida del cepo cambiario, ya que resulta un elemento imprescindible para la tan esperada recuperación en “V”. 

Por otra parte, para que la liberalización del mercado cambiario pueda ser posible sin conducir a un nuevo proceso hiperinflacionario, resulta necesario continuar con el saneamiento del balance del Banco Central (BCRA). El director de la institución, Santiago Bausili, logró recomponer el salto de las reservas netas en sus primeros meses de gestión. 

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