Un total de tres bancos rusos abrirán sucursales en Cuba y permitirán la operatividad legal del rublo para las transacciones comerciales de la isla. El acuerdo llega en medio del violento estallido inflacionario que la dictadura castrista se mostró incapaz de controlar.

A través del comisionado presidencial para los Derechos de los Empresarios de Rusia, Boris Titov, el Gobierno de Vladimir Putin llegó a un acuerdo con el Banco Central de Cuba (BCC) para poder desplegar al rublo como una moneda de curso legal y transaccional en la isla. Esta moneda se podrá usar para efectuar pagos en locales y comercios sin mayores restricciones.

Para que esto sea posible, los bancos rusos tendrán permiso para abrir sucursales en la isla, y las transacciones estarán aseguradas por el sistema de pagos ruso MIR al cual Cuba ya adhiere desde el año pasado. Se trata de la versión rusa del sistema SWIFT tradicional en las economías de Occidente.

A través del MIR, los usuarios cubanos podrán retirar rublos en efectivo tras haber convertido sus existencias de pesos cubanos. El rublo será la única moneda extranjera por la cual se podrá efectuar esa conversión, ya que el “patrón dólar” fue abandonado por el régimen tras la crisis de 2020.

Las autoridades anticipan que en un período muy cercano, los usuarios cubanos podrán disponer de rublos para efectuar todo tipo de transacciones en tiendas, cafés y restaurantes. Aún no resulta del todo claro si los rublos serán aceptados como medio de pago para cancelar impuestos, sin lo cual no existiría realmente un pleno curso legal de la divisa.

Desde el punto de vista de Rusia, el acuerdo con Cuba significa una oportunidad para extender la demanda de rublos, a pesar del tamaño relativamente pequeño que tiene la economía cubana. Una demanda de rublos más sólida le permite al Estado ruso financiar mayores necesidades fiscales simplemente por medio de la emisión sin incurrir en mayores costos inflacionarios, y este es el principal interés por parte de Rusia.

Por otra parte, el peso cubano perdió sistemáticamente la mayor parte de su valor tras la salida de la convertibilidad atada al dólar y la emisión de importantes rescates monetarios entre 2020 y 2022. 

La dictadura comunista perdió el control de los precios, y la inflación estrictamente “oficial” se disparó por encima del 46% anual en marzo de 2023. Asimismo, los precios oficiales alcanzaron una variación interanual récord de hasta el 77% en diciembre de 2021, principalmente explicado por un aumento mensual del IPC en torno al 44% en enero de ese mismo año.

La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo fluctúa entre el 50% y el 100%, mientras que el alza del dólar en este segmento aumenta a un ritmo del 90% interanual, lo cual sugiere que los precios en el mercado negro mantienen una inflación mucho más alta de lo que estiman las autoridades con los precios oficiales.

En este sentido, la adopción del rublo (al menos parcialmente para algunas transacciones) se constituye como una maniobra desesperada para tratar de generar algún medio de cambio transaccional que no se vea expuesto a la violenta inflación que sufre la isla.

El Ministro Kishida prepara una reforma del sistema impositivo que combina aumentos y desgravaciones, y comprende un aumento neto de ingresos fiscales que serán destinados para alcanzar a duplicar el gasto público en defensa en 2027.

La administración del tradicional Partido Liberal Democrático japonés, presidida por el ministro Fumio Kishida, lanzó oficialmente una gran reforma tributaria que afecta a los principales impuestos del país, entre ellos Ganancias de personas físicas, sociedades, patrimonios y consumo.

La reforma oficialista combina rebajas tributarias específicas destinadas a favorecer la inversión privada, y al mismo tiempo aumentos impositivos discrecionales para financiar la duplicación del gasto público en defensa nacional. Se estima que el gasto en defensa logre superar el 2% del PBI para el año 2027. Se trata de una reforma de índole mixto, ni expansiva ni contractiva en relación al nivel de actividad.

Impuestos corporativos

La reforma contempla una amplia revisión de los incentivos sobre la inversión en investigación y desarrollo (I+D). Las bonificaciones fiscales sobre la actividad inversora se amplían por 3 años más, y la tasa mínima para los créditos subsidiados caja del 2% al 1% anual.

También se modifica el monto máximo de crédito fiscal que puede suscribir una empresa. Hasta ahora existía un tope por el 25% de la obligación tributaria anual, pero ahora se aplicará un sistema de límites variables dependiendo del grado de inversión en investigación y desarrollo y se podrán permitir límites más altos.

Se amplían las bonificaciones impositivas por un período de 5 años para empresas que aumenten sus ventas anuales en 1,7 veces, o que alcancen una facturación anual superior a los 3.300 yenes, entre otros requisitos posibles para acceder al beneficio.

Por otra parte, se extiende por un período de 2 años la tributación rebajada para las empresas pymes en Japón, con una tasa reducida de 15% en lugar del 30,6% aplicable para las empresas con una facturación anual superior a los 4 millones de yenes.

Desde el punto de vista contractivo, la reforma crea una sobretasa que varía entre el 4% y el 4,5% sobre el impuesto general de sociedades. Al mismo tiempo se añade una deducción estándar general de 5 millones de yenes anuales para que las empresas pymes no se vean afectadas por el sablazo fiscal.

El llamado “Impuesto sobre la renta especial de reconstrucción”, destinado para asegurar recursos por desastres naturales, tendrá una rebaja del 1% sobre su alícuota nominal aplicable a empresas y cooperativas. También se extenderá su duración hasta más allá del año 2037 (como originalmente estaba previsto).

Impuesto a las Ganancias, sucesiones y consumo

El Gobierno japonés creará una nueva deducción estándar equivalente a los 1,1 millones de yenes sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, lo cual facilita que muchas personas dejen de pagar el tributo. Pero por otra parte, se amplía de 3 a 7 años el período de exigencia en el cual se deben incluir las donaciones percibidas para el cómputo del impuesto al momento de producirse la herencia.

El impuesto a las Ganancias para personas físicas tendrá un recargo máximo del 1% sobre las alícuotas marginales más elevadas, que ya de por sí fueron aumentadas del 50,8% a casi el 56% durante la reforma impositiva del año 2016.

Otra gran fuente de recursos para financiar el aumento del gasto militar será el aumento impositivo al tabaco hasta 3 yenes por cigarrillo, implementado progresivamente en 3 etapas. Aún así, no se incluyeron modificaciones sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Se aplicará un cepo absoluto para la compra de vehículos y piezas automotrices a través del mercado cambiario legal. La cancelación efectiva de las operaciones tendrá lugar sólo después del 10 de diciembre de 2023, pasando la bomba a la próxima administración sin importar quién gane.

En plena retirada, el Gobierno kirchnerista autorizó un cepo cambiario absoluto, 100% de inhabilitación para acceder al dólar oficial, para la importación de automóviles y piezas de ensamblaje por parte de las automotrices. No habrá ni un sólo dólar para estos efectos hasta el 10 de diciembre de 2023, con lo cual se traslada toda la carga para la próxima administración.

Hasta ahora, el Gobierno en coordinación con el Banco Central estipulaba un período de 120 días en el cuál las empresas importadoras debían usar sus propios dólares para financiar operaciones con el exterior, y sólo pasado ese período se podía acceder al tipo de cambio oficial. Pero el plazo se amplió hasta los 195 días y de esta manera el acceso al mercado cambiario legal solo comenzará hacia la primera semana de diciembre.

En caso de que algunas operaciones puedan adaptarse a este caótico sistema y cuya cancelación efectiva pueda darse en diciembre, en la práctica se configura una bomba de tiempo para el próximo Gobierno porque deberá hacerse cargo de la obligación retenida por el Banco Central.

De hecho, la postergación del pago de importaciones crece todos los días y el BCRA acumula cada vez más obligaciones de cambio a futuro, mientras que al mismo tiempo el nivel de las reservas netas ya opera en terreno negativo.

Desde el punto de vista de las empresas la incertidumbre es casi total, ya que no solo no hay garantías para que efectivamente puedan cancelarse las operaciones una vez pasados los 195 días (como tampoco las hubo tras los 120 días), sino que tampoco se sabe a ciencia cierta a qué tipo de cambio deberán reclamar el cobro de esos dólares.

El sector automotriz se perfiló como uno de los principales impulsores de la actividad hasta el momento, uno de los pocos que logró compensar la fuerte caída de la producción agropecuaria y la retracción del consumo minorista. Pero las nuevas restricciones amenazan con poner fin a esta situación, apagando uno de los últimos motores que aún le quedaban a la economía.

El problema cambiario parece irresoluble sin una drástica devaluación oficial. La brecha entre el dólar paralelo y el oficial continúa fluctuando entre el 97% y el 100%, a pesar de las fuertes intervenciones sobre los mercados financieros alternativos y los sucesivos lanzamientos del “dólar soja”.

La renegociación del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hoy constituye el último salvavidas para evitar un desborde inflacionario y cambiario mayúsculo, ya que el Gobierno necesita urgentemente la garantía para la llegada de los próximos desembolsos, e incluso con adelantos.

Mientras se produce la renegociación, el Gobierno “administra” la escasez de divisas al tipo de cambio oficial mediante nuevas extensiones del cepo, y más endeudamiento externo con China o con organismos de crédito multilateral como el BID y el Banco Mundial.