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Economía

Las tarifas eléctricas acumulan más de un año de congelamiento

El sinceramiento tarifario llevado a cabo por la gestión Macri finalizó en marzo de 2019, y desde entonces se acumulan 13 meses de congelamiento y atraso en términos reales. En plena pandemia este tema pasó a segundo plano, pero el suministro eléctrico cuelga de un hilo.

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La tarifa de servicios eléctricos medida en pesos
constantes, se mantuvo nominalmente congelada desde abril de 2019
, cuando el
entonces presidente Mauricio Macri había decidido finalizar y eventualmente
suspender la actualización tarifaria hasta próximo aviso. Por supuesto, Alberto Fernández
no objetó la medida. En su eje de
campaña destacaban las críticas hacia el gobierno anterior por el manejo del
ajuste tarifario y el comportamiento de las empresas eléctricas, y no resulta
extraño que mantenga su posición.

Si bien el jefe de gabinete Santiago Cafiero mencionó hace
dos meses la posibilidad de un ajuste tarifario futuro, el presidente descartó
la medida a corto plazo
, y argumentó que primero se revisarán con detenimiento los
costos de la energía antes de tomar cualquier decisión. 

Desde que el COVID-19 fomentó la destrucción de la ya debilitada economía, es razonable entender que el asunto tarifario pasó a un
plano muy menor. El gobierno anunció que las tarifas no serán actualizadas hasta
el 31 de octubre
.

Es compresible que un contexto tan adverso como el actual, la
actualización de tarifas no pase a ser un asunto de relativa relevancia. Sin
embargo, esto significará a futuro un duro dolor de cabeza para el gobierno,
pues se pone en tela de juicio la sostenibilidad del sistema y el abastecimiento energético
.

La Asociación de Generadoras de Energía Eléctrica de la Argentina
(AGEERA), ya planteaba en el mes de abril que el sistema energético estaba al
borde del quiebre de la cadena de pagos
, y que difícilmente se podría sostener el
abastecimiento común de los servicios.

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Las tarifas experimentaron una depreciación real muy
pronunciada a partir de abril del año pasado
y, usando como medición pesos
constantes, la tarifa real se encontraría por debajo del promedio que ostentaba
en las décadas de 1980 y 1990. Medida en dólares constantes, la tarifa real se
ubicaría ligeramente por encima de estos promedios, pero los costos experimentaron
un comportamiento similar.

Históricamente, los problemas de atraso tarifario en
contextos sumamente inflacionarios produjeron un gran deterioro en los precios
relativos, y una descoordinación general en la economía

La crisis energética en
la última etapa del gobierno alfonsinista fue sorteada después de una gran
actualización en los precios, y posteriormente la privatización, modernización y
descentralización
del sistema eléctrico de la mano de Menem.

La crisis energética que produjo la insólita política kirchnerista, que había llevado el precio de las tarifas a niveles ridículamente bajos, se buscó resolver con una gradual y consistente actualización. El nivel bajo
en las tarifas se resumía principalmente al Gran Buenos Aires y la Ciudad de
Buenos Aires por cuestiones electorales, mientras que otras provincias no
gozaban de los mismos beneficios.

El proceso de sinceramiento a partir de 2016, logró poner un
precio de la energía más parecido a la realidad, y al mismo tiempo reducir el
costo que significaba para el Estado
.

Sin embargo, esto no fue un proceso que perseverara por el
tiempo suficiente como para volver a capitalizar el sistema
. Por lo tanto,
Argentina siguió inmersa en un sistema energético muy disfuncional, más eficiente
que antes, pero sin lograr capitalizarse y reorganizarse como debería.

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¿Qué hizo el gobierno de Alberto Fernández al respecto?

En primer lugar, desde el Ministerio de Desarrollo
Productivo, el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) ordenó a las
empresas Edesur y Edenor facturar el consumo real y no la capacidad de suministro
convenida
. Lo mismo se buscó establecer para las empresas PyMEs, para que solamente
pagaran por el consumo real, y no el consumo de convenio. Es decir, se va a
pagar solamente por lo que se consume, y no por lo que se estima que se debería
consumir.

Estos alivios resultan trascendentales para pequeñas empresas,
pero el problema subyacente es cómo se pretende garantizar el abastecimiento eléctrico

De nada serviría garantizar precios y servicios justos, sin generar esos servicios. En
este sentido, el gobierno no hizo demasiado para garantizar el suministro eléctrico adecuado.

Luego de que termine la pandemia y la vida de los argentinos pueda volver a la normalidad, si no tiene una hiperinflación por delante o una severa crisis política, una crisis energética puede ser lo que ponga en jaque al país.

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Economía

Las medidas de Joe Biden agregarán más de 4,8 billones de dólares al déficit fiscal hasta 2031

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El Presidente se jactó por la reducción del déficit en 2022 y se la atribuyó a sí mismo, pero el grueso de sus propias iniciativas apuntan a desequilibrar las finanzas públicas por más tiempo del que se proyectaba en la administración anterior. 

El Gobierno del presidente Joe Biden anunció que el déficit fiscal fue recortado en US$ 1,7 billones en el año fiscal 2022, un hecho que por supuesto atribuyó exclusivamente a su gestión y no escatimó en críticas y acusaciones hacia el Gobierno de Donald Trump.

Sin embargo, el Presidente manipuló la información para verse favorecido y decidió eludir los hechos de la realidad que marcan una situación muy diferente. Si bien es cierto que el déficit fiscal federal se redujo fuertemente en 2022, esto se debió al cese del “gasto covid” y los cheques de asistencia social otorgados por la emergencia.

No hubo ningún recorte efectivo del gasto público presupuestado por fuera de las erogaciones extraordinarias. De hecho, el gasto primario del Gobierno federal (sin intereses de deuda) ascendió al 22,05% del PBI en noviembre del año pasado, aún muy por encima del 19,35% que se registraba antes de la pandemia en febrero de 2020.

El déficit fiscal se redujo en 10 puntos del PBI durante el Gobierno de Biden, pero con dos importantes excepciones: la primera en marzo de 2021 con el lanzamiento del “Plan de Rescate Estadounidense” y la segunda en septiembre de 2022 con la cancelación de préstamos estudiantiles

La ley de rescate aprobada incrementó el déficit fiscal del 15,66% del PBI hasta superar el 18%, el valor más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la cancelación de préstamos estudiantiles marcó el fin de la corrección fiscal y disparó el desequilibrio del 3,9% del producto al 5,2% en noviembre de 2022 (0,3 puntos por encima de febrero de 2020). 

Aún obviando el incremento de los intereses de deuda por el ajuste de tasas de la Reserva Federal, las finanzas públicas no muestran mejoría. El déficit fiscal primario del Gobierno federal se incrementó del 2% del PBI en julio de 2022 al 3,37% en noviembre, principalmente debido al salto que provocó el rescate de deuda.

Por la propia dinámica de los gastos asignados únicamente por una emergencia sanitaria, la corrección del déficit fiscal habría tenido lugar de manera natural y premeditada, la administración Biden solo añadió la expansión de partidas discrecionalmente seleccionadas y sin preocuparse por la responsabilidad fiscal. 

Resultado del Gobierno federal de Estados Unidos entre 2019 y 2022.

Los economistas de Moody’s Analytics estiman que el presidente Biden añadió hasta 4,8 billones de dólares más al déficit fiscal entre 2021 y 2031, siendo el 48% de este monto explicado únicamente por el Plan de Rescate Estadounidense de 2021. Estos gastos no tuvieron ningún tipo de contraprestación, el Gobierno no se preocupó por compensar las pérdidas. 

La Ley de Reducción de la Inflación (IRA por sus siglas en inglés) sí compromete un ajuste al déficit pero solamente por US$ 200.000 millones hasta 2032, un monto que de ningún modo puede compensar el rojo fiscal de US$ 4,8 billones.

La política fiscal del Gobierno se volvió errática y abiertamente contradictoria. Si la principal herramienta de la IRA era la reducción del déficit fiscal para controlar la inflación, esta se ve completamente boicoteada por otros programas igualmente aprobados y promovidos por la misma administración.

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Economía

Bomba de tiempo para 2024: Massa deja una economía con recesión, endeudamiento récord y brecha cambiaria cercana al 100%

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La deuda remunerada del Banco Central superó los $10,6 billones, el Tesoro Nacional acumula un endeudamiento de hasta 18 billones de pesos y el nivel de la brecha cambiaria está en máximos históricos. La inflación reprimida genera una bomba de tiempo para el próximo Gobierno.

El programa lanzado por Sergio Massa en agosto de 2022 se limitó a tres cuestiones principales: agudizar los controles de precios, elevar las tasas de interés nominales y acelerar el ritmo del endeudamiento tanto del Tesoro Nacional como del Banco Central (BCRA).

Ninguno de los tres factores consiguen estabilizar la macroeconomía, pero las consecuencias se hacen notar. Los pasivos remunerados del BCRA alcanzaron la estrafalaria suma de 10,6 billones de pesos, equivalentes al 200% de la base monetaria y cerca del 12% del PBI.

La deuda del Central es el principal instrumento de esterilización para la emisión monetaria pero ya encontró su límite, y lo que en un principio fue un mecanismo transitorio para detener la inflación, se transforma progresivamente en una bomba de tiempo que amenaza con generar el efecto opuesto. 

Pasivos remunerados del Banco Central (BCRA) y brecha cambiaria.

El retiro de pesos de la plaza financiera no es fortuita, requiere de emisión monetaria para pagar intereses por las Leliq y los Pases. Esta suma de intereses ascendió a los 3,38 billones de pesos en 2022 o el equivalente al 3,82% del PBI, el llamado “déficit cuasi-fiscal”. El virtual desarme de este déficit implica un costo inflacionario mayúsculo para el futuro, un problema de sobrante monetario que en algún momento deberá salir a la luz y sincerar los precios.

Aunque el ministro Massa logró el cumplimiento de las metas fiscales con el FMI, si se adiciona la posición cuasi-fiscal el desequilibrio no bajó en absoluto. Toda la mejora sobre el déficit primario fue más que compensada por el incremento del pago de intereses del Central. A efectos de la estabilidad, el déficit fiscal bajó y no hay expectativas de que pueda bajar en 2023.

De hecho, si los pasivos del BCRA continúan pagando una tasa efectiva anual del 107% (como lo denota una tasa nominal del 75%) entonces la posición de deuda llegaría a representar hasta el 290% de la base monetaria para fin de año, una cifra completamente insostenible y nunca antes vista en la historia argentina. Las expectativas descuentan un aumento del déficit cuasi-fiscal y mayor presión inflacionaria para 2024

Por parte del Tesoro Nacional se acumuló una deuda de hasta 18 billones de pesos, el 65% en manos de otras entidades del sector público como el propio Banco Central o la ANSES, y el monto restante se reparte entre entidades financieras y agentes del sector privados.

El oficialismo debió recurrir sistemáticamente al endeudamiento en pesos con el mercado local debido al cierre del mercado de capitales internacional para Argentina. La acumulación de vencimientos en cortos períodos de tiempo es el principal factor desequilibrante de la deuda del Tesoro

La primera corrida contra los títulos públicos se produjo entre junio y julio de 2022, y desde entonces el Tesoro debió emprender licitación tras licitación para postergar pagos de corto plazo para despejar la incertidumbre, pero a costa de elevar dramáticamente las tasas de interés implícitas. 

La mayor parte de los vencimientos de la deuda rolleada por Massa recaerán entre febrero y marzo de 2024, el Ministro se limitó a postergar las necesidades financieras exclusivas al año 2023. La sola insinuación de un eventual “reperfilamiento” de la deuda por parte de los posibiles candidatos a la presidencia podría desatar otra corrida como la que sufrió el país a mediados del año pasado.

Como si todo esto no fuera suficiente, el programa de Massa se ve completamente agotado y ya comienzan a ceder los únicos resultados modestamente positivos concretados al inicio de la administración. La brecha cambiaria volvió a situarse en el 100% considerando el segmento del dólar paralelo y la paridad oficial.

La brecha de la divisa genera una presión severa sobre la sostenibilidad del sistema de control de cambios, pero también esconde un parámetro para medir la inflación reprimida y el desorden de los precios relativos en la economía. La eventual salida de este esquema cambiario producirá un shock sobre el precio de los bienes transables, sincerando una importante cuantía de la inflación hasta ahora no reconocida.

El atraso del nivel real de los servicios públicos también constituye una importante bomba de tiempo que dejará la administración Fernández, incluso a pesar de los ajustes dispuestos por el Ministro de Economía desde octubre del año pasado.

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Colombia

El comunista Petro anunció el congelamiento masivo de todas las tarifas de los servicios públicos

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Colombia optará por el mismo rumbo que Argentina y Venezuela, y de ahora en adelante las tarifas de servicios públicos tendrán precios políticos. Las medidas llegan como una respuesta desesperada del Gobierno para contener la creciente inflación. 

El presidente socialista Gustavo Petro perdió completamente los estribos y anunció un congelamiento generalizado para todas las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, entre ellos las facturas de electricidad, la distribución de agua potable y alcantarillado, distribución de combustible, telecomunicaciones y las facturas de gas residencial.

Hasta ahora, las empresas proveedoras de servicios se encontraban reguladas como “monopolios naturales”, pero bajo pautas claras, previsibles y criterios técnicos previamente acordados desde el año 1994, que permitían un esquema con reglas de juego estables para la inversión de largo plazo.

Este sistema se implementaba a través de comisiones reguladoras, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo. La reforma del presidente Petro anula por completo la autonomía de las comisiones: las tarifas serán directamente prefijadas por el Gobierno, haciendo uso de criterios completamente arbitrarios y políticos

Formalmente la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRC), perderán completamente sus potestades y serán aglutinadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Interior

“Las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal, no para afirmar procesos de especulación financiera, como hasta ahora lo han realizado”, declaró Gustavo Petro en relación a la regulación tarifaria. 

El nuevo sistema de fijación de precios será similar al que actualmente opera en Venezuela y Argentina, donde los Gobiernos establecen precios políticos para las tarifas públicas, convirtiéndolas en una herramienta más de la política económica y con un enorme costo en materia de distorsión de precios relativos. 

Petro pretende congelar las tarifas de servicios por tiempo indeterminado. El Gobierno quiere usar estos precios como un “ancla nominal” para un plan de estabilización típicamente heterodoxo basado en el controles. 

El problema con el uso de anclas nominales de este tipo es que el precio anclado indefectiblemente reducirá su valor en términos reales, desalentando profundamente la inversión en los sectores estratégicos de la economía. Se corre el riesgo de sufrir las mismas consecuencias que Argentina y Venezuela: descapitalización, apagones eléctricos y deterioro sistemático de la calidad de los servicios.

La bolsa de comercio volvió a reaccionar negativamente tras las estrafalarias medidas del Presidente. El índice MSCI Colcap (análogo al Merval argentino) se desplomó un 1,53% en el día viernes, ubicándose en las 1.281,97 unidades. 

Por el contrario de las pretensiones del oficialismo, los controles tarifarios generan una presión alcista sobre las expectativas inflacionarias porque se descuenta que si el Gobierno incurre en controles esto se debe a la reticencia para ordenar las finanzas públicas, un hecho que deteriora el poder de acción del Banco Central. 

La firma JP Morgan alertó por este mismo hecho, alegando que la reforma tributaria de Petro no busca reducir el déficit fiscal de manera responsable, simplemente se limita a captar más recursos para financiar la expansión del gasto público. 

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