El proyecto apunta a establecer reglas claras, reducir la litigiosidad y promover la creación de empleo formal.
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Durante la madrugada de este jueves, el Gobierno de Javier Milei logró aprobar en el Senado el proyecto de modernización laboral, una iniciativa que representa un cambio profundo en el régimen de empleo argentino.
El proyecto apunta a establecer reglas claras y previsibles, reducir la litigiosidad y generar un marco más dinámico y moderno para el desarrollo productivo, con el objetivo de promover la creación de empleo formal y nuevas inversiones.
Entre los ejes centrales se destacan las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. La iniciativa excluye de su aplicación a los trabajadores independientes con colaboradores y a los trabajadores de plataformas tecnológicas, delimitando con mayor precisión el alcance de la normativa.
También se limita el principio de “norma más favorable para el trabajador” a cuestiones estrictamente jurídicas y se elimina la “justicia social” como criterio interpretativo, lo que introduce mayor previsibilidad y seriedad en la aplicación de la ley.
Javier Milei.
Además, se establece con claridad que la indemnización por despido sin causa será la única reparación procedente, descartando reclamos adicionales por daños y perjuicios, salvo que exista un daño autónomo debidamente probado, buscando reducir la judicialización. Se define también qué debe entenderse por remuneración “normal y habitual”, limitando la inclusión de conceptos no mensuales en la base indemnizatoria.
En materia de costos laborales, la reforma introduce los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que funcionarán como un patrimonio separado destinado a garantizar el pago de indemnizaciones. Se financiarán con una contribución mensual del 3% de las remuneraciones, pero al mismo tiempo se prevé una reducción de alícuotas de contribuciones patronales.
En la práctica, las alícuotas efectivas para el empleo registrado podrán descender hasta el 14,4% o el 12%, dependiendo del sector, lo que implica una disminución significativa de la carga laboral.
El proyecto también crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), vigente por un año, que establece una alícuota reducida del 2% en contribuciones patronales durante los primeros 48 meses para nuevas contrataciones que impliquen incremento neto de la nómina. A su vez, los trabajadores que perciban planes sociales no perderán el beneficio durante el primer año de empleo formal, impulsando la transición hacia el mercado laboral registrado.
La votación en el Senado.
La ley incorpora numerosos beneficios impositivos, reduce impuestos internos, como los de servicios de telefonía celular y satelital, y crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), con amortización acelerada en Ganancias y devolución anticipada de IVA, en un esquema orientado a impulsar el crecimiento, fortalecer la competitividad y promover el empleo formal en la Argentina.
En relación con los convenios colectivos, se modifica el principio de ultraactividad, limitando la vigencia automática de cláusulas vencidas. También se establece que los convenios de ámbito menor prevalecerán sobre los de ámbito mayor, otorgando mayor flexibilidad a nivel sectorial o empresarial.
La reforma introduce además cambios en el régimen de huelga en servicios esenciales, limita los bloqueos de empresas al calificarlos como infracciones muy graves.
Entre otros puntos destacados, se habilita el pago de salarios en moneda extranjera, se permite tomar las vacaciones fuera del período determinado en la ley, siempre respetando un mínimo de siete días, se crea un “Programa de Formación Laboral Básica” en la órbita de la Secretaría de Trabajo y se establece un régimen específico para servicios prestados mediante plataformas tecnológicas.
Finalmente, se implementará el "banco de horas", una norma que habilita a empleadores y trabajadores a acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias, siempre que se respeten los descansos mínimos legales entre jornadas y el descanso semanal.
