El plan de estabilización de Milei contempla una liberación del mercado cambiario en dos etapas, y una profunda reestructuración del Banco Central con fondos de hasta US$ 25.000 millones que vendrían del exterior. Con esta maniobra, el próximo Gobierno le abre las puertas a la dolarización.

El plan de dolarización del Presidente Javier Milei está cada vez más cerca de poder concretarse. A partir del 10 de diciembre se prepara el lanzamiento de un plan de estabilización que buscará atacar al mismo tiempo dos frentes principales: la progresiva liberalización del mercado cambiario, y la reestructuración de los pasivos remunerados del Banco Central.

Ambas medidas son condiciones necesarias para llevar a cabo un proceso de dolarización sin incurrir en la violación de contratos asumidos con el sector privado, ni tampoco ninguna experiencia traumática en materia de inflación. La estrategia buscará minimizar el costo social asociado al período de transición.

El equipo del futuro ministro Luis Caputo estaría en condiciones de destrabar fondos del exterior por un monto de al menos US$ 25.000 millones, de los cuales cerca de US$ 5.000 millones serían provistos por el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que forman parte del Fondo de Resiliencia que fue creado durante el acuerdo original para estos fines.

Si esto finalmente se concretara en la práctica, entonces el Gobierno de Milei obtendría los fondos necesarios para reestructurar los pasivos remunerados, incluyendo una operación de canje entre el Tesoro Nacional y los bancos privados locales. 

Solo restaría rescatar la base monetaria, que alcanza a representar los US$ 7.000 millones aproximadamente (un valor históricamente bajo por la desmonetización de la economía). Así y todo, sin el estorbo de los pasivos remunerados, la dolarización podría ser factible a un tipo de cambio de conversión de $1.000 por dólar a valores de hoy. 

La segunda condición para que esto sea posible es la progresiva desregulación y unificación del mercado cambiario. En principio, el equipo económico de Milei prepara dos etapas de transición, la primera llevaría el tipo de cambio oficial al umbral de los $650 (eliminado decenas de regulaciones de la CNV y el BCRA), y en una segunda etapa se procedería a unificar el dólar en una sola cotización de $1.000 a precios de hoy (eventualmente los valores nominales cambiarán conforme avance el tiempo).

Muchos analistas compararon este proceso con una “neo-convertibilidad”, ya que la dolarización se llevaría a cabo con un tipo de cambio fijo y respaldado con reservas por la autoridad monetaria. 

En otras palabras, los usuarios no tendrán que salir corriendo a canjear sus pesos por dólares en los bancos en temor por el avance de la devaluación, ya que el dólar libre (sin restricciones) será fijado de la misma manera en que se fijó durante el régimen de Convertibilidad. Este esquema facilita la transición, minimiza los costos para los usuarios y permite trazar un horizonte de previsibilidad. 

El plan económico de Milei revertiría el orden de los aumentos de precios: el primer precio en dejar de aumentar será el dólar, seguido por los precios transables, luego los mayoristas, luego los minoristas, y finalmente los salarios serán los últimos en dejar de subir por inflación (ganándole a todos los precios restantes en el proceso), y comenzarán a regirse por razones estrictamente ligadas a la productividad.

El programa Precios Justos colapsó en las últimas semanas y las remarcaciones aterrorizan las góndolas. La harina y los aceites registran subas de entre 50% y 100%, la leche se dispara un 20% y los alimentos llegarán con remarcaciones superiores al 40% en la próxima semana.

Los controles de precios están colapsando a lo largo y ancho del país. La represión financiera en las góndolas se hace imposible de sostener sin precipitar situaciones de desabastecimiento, y el Gobierno kirchnerista se quedó sin herramientas para contener la inflación. 

El ministro Sergio Massa abandonará el poder en medio de un violento rebrote inflacionario. El precio promedio de los alimentos sufrió fuertes remarcaciones sobre una amplia gama de productos, y se estima una suba promedio del 40% que comenzará a sentirse en los supermercados a partir de la próxima semana.

Todo indica que la canasta básica alimentaria sufriría una actualización muy superior a la inflación general, anticipando un nuevo salto de la indigencia y la pobreza medida por ingresos. El año 2023 podría finalizar con el nivel de marginalidad social más exacerbado de los últimos 18 años.

El precio de la leche subirá entre 15% y 20% en los próximos días, ante el inminente traslado de los aumentos en el mercado mayorista y la suba del dólar de referencia. Sin lugar a dudas impactará en los deciles de menores ingresos de manera brutal.

Por otra parte, el precio promedio de los aceites y de la harina tendrá un aumento de entre 50% y hasta 100% en las próximas semanas, no se veía algo ni remotamente semejante desde la hiperinflación de finales de la década de 1980 y principios de 1990.

El kirchnerismo también autorizó una serie de aumentos sobre precios y tarifas reguladas. Las cuotas de la medicina prepaga se actualizarán más de un 11% en diciembre, y a partir de enero podrían aumentar a un ritmo incluso más elevado para compensar los peligrosos faltantes de insumos que amenazan el funcionamiento del sector (especialmente en el área de cardiología).

Los peajes para automóviles subirán un 66% en los horarios no prioritarios, y un incremento del 50% para los horarios pico. Esto afectará a las rutas nacionales en todo el país.

Las cuotas de los colegios regulados de la Provincia de Buenos Aires (aquellos que reciben algún tipo de subsidio) tendrán un aumento promedio del 11% a partir de diciembre, junto con una nueva reapertura de paritarias para actualizar los salarios nominales.

Los alquileres tendrán una suba explosiva del 128% para el caso de los contratos que hayan sido firmados en diciembre del año pasado. El alquiler de departamento de 3 ambientes en la Capital Federal podría llegar a costar de $120.000 mensuales a más de $270.000, enterrando el poder adquisitivo de un importante segmento de la clase media.

Los servicios de cable, telefonía e Internet tendrán un aumento autorizado del 4,5% mensual a partir de diciembre, y queda pendiente la revisión de las tarifas de combustibles y servicios públicos como electricidad, gas y distribución de agua.

La firma dirigida por el Estado anunció un muy tenue superávit presupuestario proyectado para fin de año, el primero desde su expropiación en 2008. Sin embargo, lo cierto es que la aerolínea recibió ingresos extraordinarios por un fideicomiso del banco estatal BICE, dependiente del Ministerio de Economía. 

La victoria electoral de Javier Milei volvió a poner en agenda la discusión por el costo que tienen las empresas del Estado en el bolsillo de la sociedad. La estatal Aerolíneas Argentinas anunció, hacia el fin del mandato, un muy ligero superávit operativo por US$ 32 millones proyectado para el cierre de 2023.

Se trata del primer resultado operativo positivo que tendría la aerolínea estatal desde su expropiación en 2008, y su titular Pablo Ceriani salió a arengar que este resultado demuestra que el gobierno de Milei no debería privatizar la empresa.

Primero de todo, la cifra publicada por Ceriani dista mucho del supuesto superávit de US$ 350 millones que había anticipado el periodista Alejandro Fantino, pero aún así la cifra es mentirosa. Hay una serie de operaciones financieras que se realizaron este año para evitar que en el balance aparezca un déficit, sin dudas una decisión política.

La trampa financiera de Massa

Aerolíneas Argentinas registró un déficit operativo equivalente a US$ 48 millones de dólares en el primer semestre del año, como lo constató en el balance de su Estado de Resultados para dicho período. Debió recibir una asistencia directa del Tesoro por al menos US$ 87 millones hasta el mes de agosto para poder pagar sus costos operativos.

Sin embargo, para la segunda mitad del año, apareció un ingreso extraordinario por US$ 100 millones de dólares que provino de un fideicomiso administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que depende directamente del Ministerio de Economía.

Esta estrategia que fue ideada por Massa permitió a la empresa mostrar resultados positivos sin recibir un salvataje directo del Tesoro, como viene ocurriendo todos los años desde que fue estatizada en 2008. Pero la realidad es que sin estos aportes indirectos, Aerolíneas Argentinas tendría un déficit de al menos US$ 68 millones de dólares como proyección para fin de año.

Un resultado que si bien es de los más equilibrados de los últimos años, dista muchísimo de la tan proclamada “eficiencia” que Ceriani pretende hacer ver. De hecho, el Presidente electo propuso lisa y llanamente transferir la aerolínea a los propios trabajadores que la operan, pero esto fue tajantemente rechazado por Pablo Biró en representación de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). 

Si la empresa realmente fuera solvente y financieramente independiente por sí misma, no habría ningún motivo real para evitar la transferencia del Estado hacia los trabajadores. El verdadero motivo detrás de la negativa es, precisamente, que todavía necesita aportes del Estado.

La otra trampa: Tarifas más caras y represión de la competencia

Los costos que tienen que solventar los contribuyentes no son los únicos perjuicios que provoca la aerolínea estatal para la sociedad, ya que también limita gravemente la competencia en perjuicio de los consumidores. Esta fue la dirección política adoptada por la administración del Presidente Fernández.

El Gobierno kirchnerista estableció tarifas mínimas para vuelos de cabotaje con el fin de desalentar la preferencia de los consumidores por las empresas low-cost. En consecuencia, la concentración de mercado de Aerolíneas Argentinas se incrementó del 63% en 2019 a más del 72% en 2021, dando así más poder a la empresa para fijar precios en disputa con el grado de elasticidad de la demanda.

Lo que cualquier agencia de competencia habría penalizado para el caso una empresa privada, para Aerolíneas Argentinas fue simplemente un privilegio que adoptó para forzar la concentración del mercado y la disminución de la libre competencia en condiciones de igualdad. Los consumidores se vieron afectados por viajes más caros y un menor excedente en bienestar.