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Economía

Massa quiere un convenio con el IRS de Biden para cobrar impuestos sobre cuentas de argentinos en Estados Unidos

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El Gobierno quiere hacer un blanqueo forzoso vinculando a la AFIP y a la IRS de Estados Unidos. Los depositos argentinos en Norteamérica se estiman en unos US$ 100.000 millones.

El Gobierno acerca posiciones con las autoridades fiscales de los Estados Unidos a fin de poder extender la tributación sobre capitales que salieron del país. Como parte de su gira por Washington, el ministro de Economía Sergio Massa busca delimitar los últimos detalles para un acuerdo entre la AFIP y el Internal Revenue Service (IRS) estadounidense.

El acuerdo dotaría a la Argentina de la potestad legal para poder cobrar impuestos sobre un monto estimado de US$ 100.000 millones de capitales argentinos en cuentas estadounidenses no declaradas oficialmente.

Massa quiere aplicar el impuesto sobre los Bienes Personales sobre los capitales gravados, y cuyas alícuotas serán las más elevadas y correspondientes a la tenencia de bienes radicados en el exterior. La alícuota marginal de este impuesto alcanza el 2,25% sobre el patrimonio imponible.

Por otra parte, también se busca aplicar el impuesto sobre las Ganancias de capital (la famosa renta financiera) sobre todos aquellos ingresos asociados con la colocación de esos capitales en bancos o cualquier otro tipo de inversión.

Acorde al impuesto a los ingresos para personas físicas en Argentina, las ganancias de capital para personas se gravan a una tasa que va del 5% al 15%, y cuando esas rentas financieras son adquiridas por empresas la tasa del gravamen es la misma que afecta a las utilidades, desde el 25% y hasta 35%.  

Aún así, el Gobierno de Joe Biden aún no dio su visto bueno para la concreción de las operaciones debido a que se solicitan mayores medidas de seguridad informática antes de que el IRS estadounidense intercambie datos de usuarios privados con la AFIP.

Estados Unidos posee actualmente un intercambio automático de información con 97 países, entre ellos México y Brasil. Cada uno de ellos con pautas de cumplimiento bilateral. Por su parte, Argentina solamente posee intercambios directos con 10 países, y ninguno de ellos con un peso preponderante para la economía internacional.

Para entrar dentro de los intercambios de información con la economía más importante del mundo, Argentina deberá cumplir los lineamientos de la “ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras”

Economía

Las medidas de Joe Biden agregarán más de US$ 4,8 billones de dólares al déficit fiscal hasta 2031

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El Presidente se jactó por la reducción del déficit en 2022 y se la atribuyó a sí mismo, pero el grueso de sus propias iniciativas apuntan a desequilibrar las finanzas públicas por más tiempo del que se proyectaba en la administración anterior. 

El Gobierno del presidente Joe Biden anunció que el déficit fiscal fue recortado en US$ 1,7 billones en el año fiscal 2022, un hecho que por supuesto atribuyó exclusivamente a su gestión y no escatimó en críticas y acusaciones hacia el Gobierno de Donald Trump.

Sin embargo, el Presidente manipuló la información para verse favorecido y decidió eludir los hechos de la realidad que marcan una situación muy diferente. Si bien es cierto que el déficit fiscal federal se redujo fuertemente en 2022, esto se debió al cese del “gasto covid” y los cheques de asistencia social otorgados por la emergencia.

No hubo ningún recorte efectivo del gasto público presupuestado por fuera de las erogaciones extraordinarias. De hecho, el gasto primario del Gobierno federal (sin intereses de deuda) ascendió al 22,05% del PBI en noviembre del año pasado, aún muy por encima del 19,35% que se registraba antes de la pandemia en febrero de 2020.

El déficit fiscal se redujo en 10 puntos del PBI durante el Gobierno de Biden, pero con dos importantes excepciones: la primera en marzo de 2021 con el lanzamiento del “Plan de Rescate Estadounidense” y la segunda en septiembre de 2022 con la cancelación de préstamos estudiantiles

La ley de rescate aprobada incrementó el déficit fiscal del 15,66% del PBI hasta superar el 18%, el valor más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, la cancelación de préstamos estudiantiles marcó el fin de la corrección fiscal y disparó el desequilibrio del 3,9% del producto al 5,2% en noviembre de 2022 (0,3 puntos por encima de febrero de 2020). 

Aún obviando el incremento de los intereses de deuda por el ajuste de tasas de la Reserva Federal, las finanzas públicas no muestran mejoría. El déficit fiscal primario del Gobierno federal se incrementó del 2% del PBI en julio de 2022 al 3,37% en noviembre, principalmente debido al salto que provocó el rescate de deuda.

Por la propia dinámica de los gastos asignados únicamente por una emergencia sanitaria, la corrección del déficit fiscal habría tenido lugar de manera natural y premeditada, la administración Biden solo añadió la expansión de partidas discrecionalmente seleccionadas y sin preocuparse por la responsabilidad fiscal. 

Resultado del Gobierno federal de Estados Unidos entre 2019 y 2022.

Los economistas de Moody’s Analytics estiman que el presidente Biden añadió hasta 4,8 billones de dólares más al déficit fiscal entre 2021 y 2031, siendo el 48% de este monto explicado únicamente por el Plan de Rescate Estadounidense de 2021. Estos gastos no tuvieron ningún tipo de contraprestación, el Gobierno no se preocupó por compensar las pérdidas. 

La Ley de Reducción de la Inflación (IRA por sus siglas en inglés) sí compromete un ajuste al déficit pero solamente por US$ 200.000 millones hasta 2032, un monto que de ningún modo puede compensar el rojo fiscal de US$ 4,8 billones.

La política fiscal del Gobierno se volvió errática y abiertamente contradictoria. Si la principal herramienta de la IRA era la reducción del déficit fiscal para controlar la inflación, esta se ve completamente boicoteada por otros programas igualmente aprobados y promovidos por la misma administración.

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Colombia

El comunista Petro anunció el congelamiento masivo de todas las tarifas de los servicios públicos

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Colombia optará por el mismo rumbo que Argentina y Venezuela, y de ahora en adelante las tarifas de servicios públicos tendrán precios políticos. Las medidas llegan como una respuesta desesperada del Gobierno para contener la creciente inflación. 

El presidente socialista Gustavo Petro perdió completamente los estribos y anunció un congelamiento generalizado para todas las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, entre ellos las facturas de electricidad, la distribución de agua potable y alcantarillado, distribución de combustible, telecomunicaciones y las facturas de gas residencial.

Hasta ahora, las empresas proveedoras de servicios se encontraban reguladas como “monopolios naturales”, pero bajo pautas claras, previsibles y criterios técnicos previamente acordados desde el año 1994, que permitían un esquema con reglas de juego estables para la inversión de largo plazo.

Este sistema se implementaba a través de comisiones reguladoras, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo. La reforma del presidente Petro anula por completo la autonomía de las comisiones: las tarifas serán directamente prefijadas por el Gobierno, haciendo uso de criterios completamente arbitrarios y políticos

Formalmente la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRC), perderán completamente sus potestades y serán aglutinadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Interior

“Las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal, no para afirmar procesos de especulación financiera, como hasta ahora lo han realizado”, declaró Gustavo Petro en relación a la regulación tarifaria. 

El nuevo sistema de fijación de precios será similar al que actualmente opera en Venezuela y Argentina, donde los Gobiernos establecen precios políticos para las tarifas públicas, convirtiéndolas en una herramienta más de la política económica y con un enorme costo en materia de distorsión de precios relativos. 

Petro pretende congelar las tarifas de servicios por tiempo indeterminado. El Gobierno quiere usar estos precios como un “ancla nominal” para un plan de estabilización típicamente heterodoxo basado en el controles. 

El problema con el uso de anclas nominales de este tipo es que el precio anclado indefectiblemente reducirá su valor en términos reales, desalentando profundamente la inversión en los sectores estratégicos de la economía. Se corre el riesgo de sufrir las mismas consecuencias que Argentina y Venezuela: descapitalización, apagones eléctricos y deterioro sistemático de la calidad de los servicios.

La bolsa de comercio volvió a reaccionar negativamente tras las estrafalarias medidas del Presidente. El índice MSCI Colcap (análogo al Merval argentino) se desplomó un 1,53% en el día viernes, ubicándose en las 1.281,97 unidades. 

Por el contrario de las pretensiones del oficialismo, los controles tarifarios generan una presión alcista sobre las expectativas inflacionarias porque se descuenta que si el Gobierno incurre en controles esto se debe a la reticencia para ordenar las finanzas públicas, un hecho que deteriora el poder de acción del Banco Central. 

La firma JP Morgan alertó por este mismo hecho, alegando que la reforma tributaria de Petro no busca reducir el déficit fiscal de manera responsable, simplemente se limita a captar más recursos para financiar la expansión del gasto público. 

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Economía

Radicales y kirchneristas se unen para destruir Tierra del Fuego: Mientras Chile exporta millones en salmón, Argentina prohíbe la actividad

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El gobernador Melella consiguió la aprobación de una nociva ley que cerró las fábricas de la industria salmonera en 2021. Siguiendo el camino diametralmente opuesto, Chile registró un fuerte crecimiento del 18,2% en las exportaciones de salmón en el mismo período.

La política regulatoria argentina no solo presenta obstrucciones para la inversión privada a nivel federal, sino que también lo hace a partir de las decisiones de jurisdicciones locales. El gobernador radical-K Gustavo Melella decidió, de forma inédita en el mundo, prohibir prácticamente toda la industria de producción de salmón en Tierra del Fuego, decisión tomada el pasado mes de junio del 2021.

Formalmente el “radicalismo kirchnerista” fueguino prohíbe expresamente “el cultivo y producción de salmónidos en aguas jurisdiccionales de la provincia”, una decisión que provocó la pérdida de miles de puestos de trabajo efectivos y potenciales, así como una oportunidad histórica para generar divisas en un momento de extrema necesidad para el mercado cambiario. 

Asimismo, en la Legislatura hubo apoyo unánime del radicalismo, el kirchnerismo y el Movimiento Popular Fueguino para aprobar la nueva ley, así como el de muchas organizaciones ecologistas fundamentalistas. 

La normativa dispone “asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos”, recursos naturales que ahora serán completamente desaprovechados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos fueguinos

En un camino diametralmente opuesto, Chile alcanzó un récord histórico de exportaciones de salmón y le significaron al país una acreencia de divisas de hasta US$ 5180 millones en 2021, un fuerte incremento del 18,2% en comparación con el saldo exportador del período precedente. 

El país vecino consolidó su posición en el mercado internacional como uno de los principales proveedores de salmón con reglas de juego estables, solamente por detrás de Noruega, y representando hasta el 27% de la oferta mundial. Los principales destinos de la exportación chilena en 2021 fueron Estados Unidos, Japón, Brasil, Rusia y México. 

La industria chilena de salmón permite el mantenimiento efectivo de 70.000 puestos de trabajo formales y hasta 4.000 pequeñas y medianas empresas, en contraposición a la completa esterilidad productiva en Tierra del Fuego. 

A dos años del lanzamiento de la prohibición, queda en evidencia el potencial productivo boicoteado. La Provincia destruyó su industria salmonera y debió importar el producto por una factura equivalente a los US$ 45 millones en el año 2021, lo cual representa una cifra récord para la compra de este pescado en el exterior. 

El modelo productivo fueguino seguirá apostando por la industria deficiente y sustitutiva de importaciones, en ensamblaje artificial y subsidiado por el resto de las jurisdicciones, y el boicot de industrias competitivas con capacidad de generar divisas en nombre del ecologismo. 

El creciente peso del radicalismo en la coalición de Juntos por el Cambio podría imponer una severa limitación para dar paso a reformas estructurales de mercado sobre la economía argentina a partir de diciembre de 2023.

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