El candidato presentó un escrito denunciando una serie de decretos que comprometen obligaciones para la próxima administración, poniendo en jaque las instituciones. Esto incluye un acuerdo millonario con una empresa de Eurnekián para el lanzamiento de los nuevos DNIs.

El candidato Javier Milei arremetió directamente contra el despilfarro millonario de la política, en un momento en donde la mayor parte de la sociedad argentina está sufriendo los efectos de la peor crisis desde 2001.

Mediante una solicitada titulada como “Denuncia acciones contra el sistema democrático, solicita su suspensión y revocación”, Milei denunció abiertamente una serie de decretos recientemente firmados por Alberto Fernández que generan obligaciones para el eventual próximo Gobierno a partir del 10 de diciembre.

El escrito incluye a las Resoluciones 332, 334, 335 y 336 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, la 607 de la Secretaría de Energía, las 364 y 365 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), y el contrato millonario para la confección de nuevos DNIs en el cual se encuentra la empresa Unitec Blue SA, cuyo dueño es Eduardo Eurnekián, entre otras resoluciones señaladas explícitamente por el documento.

🇦🇷 | @JMilei reveló que presentó una denuncia para frenar el contrato multimillonario que firmó Alberto Fernández con Eurnekian para hacer los nuevos DNIs.

El empresario Eurnekian declaró su apoyo a Patricia Bullrich días atrás.pic.twitter.com/s4NvKWZDvH

— La Derecha Diario (@laderechadiario) September 25, 2023

Las empresas Unitec Blue SA e Ipesa SA (asociada a la firma china Emperor)  fueron las adjudicadas para la licitación del contrato de los DNIs, por una suma que supera los $45 millones de pesos para el Gobierno nacional, junto con un adicional por $11 millones para los nuevos pasaportes.

En este sentido, a tan solo dos meses de una reiterada inminente el Gobierno no tiene la potestad de asumir obligaciones irresponsables para echar sobre los hombros de la próxima gestión, sin ninguna transición ordenada y sin haberse conocido aún el resultado que surja de las elecciones generales.

“En tanto cabeza del Poder Ejecutivo, jefe de gobierno y responsable de la administración general de la nacional, le corresponde a Usted asumir su cargo y permitirle a la sociedad argentina tener elecciones limpias y justas, sin que los recursos públicos actuales y futuros, continúen siendo utilizados para la campaña electoral de su Ministro de Economía”, sentenció el documento presentado por Milei.

El documento denuncia un auténtico despilfarro de recursos con el objetivo de favorecer intereses personales en el Estado, intereses de empresarios cercanos al poder político, y en última instancia a la propia campaña electoral de nada menos que el ministro de Economía en ejercicio.

“Hicimos el apercibimiento y ahora viene la denuncia en sede judicial por la suma de personas a planta permanente y los contratos, por ejemplo, por los DNIs. Le estamos parando eso a Eurnekián, así como escuchas”, anticipó Javier Milei en diálogo con Eduardo Serenellini por Radio Continental.

Estas declaraciones fueron efectuadas después de los duros pronunciamientos que perpetró el empresario contra Milei, entre los cuales lo tildó de “dictador”. A lo cual el candidato contestó lo siguiente: “Quizás no le gustó, pero yo estoy para gobernar a los 47 millones de argentinos, no importa a quién beneficia o perjudica“.

Pero el escándalo no se limita tan solo a la denuncia de Milei. Uno de los competidores de la licitación por el contrato millonario de los DNIs, la firma Eurowitcel S.A, presentó una denuncia por un direccionamiento deliberado del Gobierno nacional para favorecer a la empresa de Eurnekián en la licitación. La firma también advirtió que Ipesa no tiene la capacidad para hacer los pasaportes del contrato debido a la falta de antecedentes.

La administración de Meloni inició el sendero de reformas estructurales que Italia necesita, apuntando a rebajar la presión fiscal y eliminar las barreras para el crecimiento después de casi dos décadas de estancamiento secular. El desempleo se redujo al umbral más bajo de los últimos 14 años.

Este 25 de septiembre se cumple exactamente un año desde el triunfo histórico de Giorgia Meloni en las elecciones generales de 2022, iniciando un camino de reformas estructurales para revertir el estancamiento que sufre la economía italiana desde principios de la década del 2000.

Meloni logró la aprobación de la reforma del sistema tributario para rebajar las alícuotas sobre los ingresos de personas físicas y sociedades. También consiguió el respaldo parlamentario para flexibilizar y modernizar la legislación laboral, y emprendió un ambicioso ajuste al gigantesco “Estado de Bienestar” que asfixia al país.

En vista al año 2024, la Presidenta de Italia prometió abordar los cambios pendientes en el sistema impositivo para continuar con las rebajas sobre la clase media y las empresas, así como desarrollar un combate frontal contra la inmigración legal en el país.

Il 25 settembre di un anno fa dagli italiani arrivava una indicazione chiara: un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia. Abbiamo dato il massimo per raggiungere la vittoria, consapevoli che quella non sarebbe stata un punto d’arrivo ma un punto di partenza. A distanza… pic.twitter.com/KRS62aAzr7

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 25, 2023

Las reformas que conquistó Meloni en sus primeros meses de gestión

Reforma tributaria

El Gobierno de la “Coalición de centroderecha” consiguió aprobar un total de dos reformas que avanzan en una dirección clara: el objetivo es pasar de un sistema de tasas progresivas sobre los ingresos de personas físicas (sumamente distorsivo) a uno que aplique una tasa unificada y rebajada, lo que se conoce como “flat-tax”. 

Este sistema fue propuesto en múltiples oportunidades en los países desarrollados, por ejemplo durante las administraciones de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, entre muchos otros. Actualmente tiene vigencia en algunos países, por ejemplo en Rusia desde el año 2002 por iniciativa de Vladimir Putin.

El impuesto sobre la renta IRPF mantenía hasta 5 escalas progresivas en 2021 que iban del 23% al 43% respectivamente. Para el año fiscal 2022 el sistema se redujo a 4 categorías, en las cuales se rebajaron considerablemente las tasas aplicables para los ingresos medios y bajos.

Más tarde la reforma tributaria de 2023, ratificada por el Senado italiano en agosto, nuevamente modificó el sistema para imponer solo 3 categorías. Se estableció una tasa del 23% para ingresos de hasta 15.000 euros anuales, 27% para el umbral de 15.000 a 50.000 euros, y finalmente una tasa marginal superior del 43% para ingresos más elevados. Nuevamente, el alivio fiscal recayó sobre las categorías medias y bajas.

La apuesta para el año fiscal 2024 será volver a profundizar la simplificación del sistema tributario hasta converger, eventualmente, a una tasa unificada. Se apunta a consolidar una tasa única y reducida para el año fiscal 2027. De esta manera, las distorsiones generadas por el impuesto serían virtualmente eliminadas y se estimularía de una mejor manera el crecimiento de la oferta laboral.

Reforma laboral

El Gobierno avanzó con una fuerte desregulación de los contratos de duración determinada. El decreto de Meloni anunciado el día 1° de mayo, el día del trabajador a nivel internacional, dispuso la ampliación de 12 a 24 meses el límite para este tipo de contratos.

Se ampliaron los incentivos fiscales para la contratación de jóvenes menores de 30 años que no estudian ni trabajan, principalmente mediante una reducción de cargas patronales a cargo del empleador. Meloni anunció una histórica reforma sobre la tasa de impuesto de sociedades, aplicable sobre las utilidades no distribuidas.

En Italia se pagaba una tasa media del 24%, pero tras la reforma de Meloni se creó una alícuota preferencial del 15% aplicada para empresas que declaren una ampliación de su planta permanente de personal.

El mercado laboral respondió positivamente a todos los cambios que se fueron acumulando desde octubre del año pasado. La tasa de desocupación retrocedió al 7,6% de la población activa al término de julio, registrando los valores más bajos desde 2009. La tasa de ocupación alcanzó el 61,3% de la población total de referencia, dos puntos porcentuales por encima del nivel que había antes de la pandemia.

Recorte del “Estado de Bienestar”

El ajuste al tamaño del sector público comenzó a través de las onerosas transferencias sociales que el Estado italiano otorgaba para personas que realmente no las necesitaban. El gigantesco peso del “Estado de bienestar” requiere una presión fiscal que resulta incompatible con el crecimiento, por lo que la reestructuración es de suma importancia.

Meloni anunció la quita de subsidios para un total de 202.000 personas entre julio y agosto, todo esto a cuenta del programa “Renta Ciudadana”. En el recorte no fueron incluidas aquellas familias con hijos menores de edad, o con algún integrante en situación de discapacidad que requiere de constante asistencia económica.

Todas las personas que percibieron este subsidio del Estado, en perfectas condiciones de trabajar, pero que rechazaron por lo menos dos ofertas laborales concretas, fueron despojadas de los beneficios. Asimismo, el Gobierno ofreció un Apoyo para la Formación y el Trabajo (SFL por sus siglas en italiano) para facilitar su incorporación al mercado laboral en los próximos meses.

El recorte de estas partidas presupuestarias es fundamental para concretar la meta fiscal del año 2023, que pretende recortar a la mitad el déficit financiero del Gobierno consolidado.

Se busca reducir la jornada laboral sin una mejora de productividad, lo cual llevará a un fuerte impacto en la informalidad, la desocupación, y una caída en el nivel general de salarios.

El gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa vuelve a insistir con un proyecto para rebajar la jornada laboral legal hasta las 36 horas semanales, con la intención de seguir sumando proyectos que le caen bien a la gente de cara a las elecciones de octubre.

Este martes se tratará en el Congreso una versión del proyecto. Si bien existen una serie de borradores entre los distintos bloques del espacio oficialista, la propuesta más extremista promete rebajar la jornada semanal a 36 horas, aunque existen otros que plantean un tope en torno a las 40 horas.

Esto conforma otra medida más en el arsenal desplegado por Massa para tratar de entrar en el ballotage. La justificación oficial del proyecto consiste en argumentar que la jornada laboral es de hecho (y no solamente por una ley) más baja en los países más desarrollados del planeta. Asimismo, se postula que el proyecto eventualmente “apuntalará la productividad” aunque sin ningún sustento serio.

Si bien es correcto afirmar que en las economías desarrolladas la jornada laboral es drásticamente inferior al que tienen las economías en vías de desarrollo como la Argentina, es un error usual pensar que esto se debe a un mero tecnicismo legal ofrecido por los políticos.

La jornada laboral se reduce de manera natural en respuesta a las mayores tasas de capitalización a las que pueden acceder los trabajadores de un país. Esto es, la mayor inversión en capital físico (maquinaria, equipo pesado, avances en la tecnología) y capital humano (educación superior, capacitación profesional, etc). 

Es por medio de estas fuentes que los trabajadores se vuelven más productivos y, con ello, pueden disfrutar de una menor jornada laboral para producir más bienes y servicios. Esto no funciona al revés: forzar la reducción de la jornada laboral no incentiva la productividad, sino que por el contrario la penaliza.

La cantidad de horas semanales que trabajan en promedio los ciudadanos en Noruega asciende a un total de 34, lo mismo ocurre en países como Finlandia, Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Austria. Otros países como Francia, Italia, Suecia, Irlanda y España mantienen jornadas laborales semanales de 36 horas en promedio. 

Pero ninguno de estos países consiguió tales umbrales por manifestarlo en una ley, sino que hubo la necesidad de acumular décadas de inversión en capital para poder afianzar un nivel de productividad compatible con tales jornadas reducidas. El Estado no permitió afianzar este proceso, sino que fue la innovación propia de la economía de mercado la que favoreció la disminución de las horas de trabajo.

Incluso si estos países establecieran una ley obligando a las empresas a respetar una jornada laboral de 36 horas, el impacto podría ser prácticamente nulo debido a que el mercado ya inspiró estos parámetros hace mucho tiempo. El caso argentino es diferente, la productividad argentina está muy lejos de ser la que alcanza cualquier país europeo.

La disminución forzada de la jornada laboral en Argentina sólo multiplicará los incentivos para la contratación informal, y eventualmente una mayor tasa de desocupación abierta. Esto se suma a los estándares extremadamente rígidos de la legislación laboral argentina, que no sufrió reformas estructurales significativas desde el año 1974 cuando se sancionó la Ley de Contrato de Trabajo.