Economía
No da para más: El Gobierno kirchnerista creó o aumentó hasta 33 impuestos desde diciembre de 2019
Se trata de un arsenal de medidas que aumentaron dramáticamente el peso de los impuestos distorsivos sobre la recaudación total. A esta lista se suman otras dos iniciativas estudiadas para gravar las propiedades rurales y los ingresos de empresas multinacionales.

Desde la llegada de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa al Gobierno en diciembre de 2019, la facilidad para hacer negocios en Argentina se deterioró sistemáticamente. El modelo económico demuestra un agotamiento notorio, la actividad se estancó desde agosto del año pasado y la tasa de inflación escaló al umbral más alto de los últimos 32 años.
Los incesantes desequilibrios fiscales trataron de ser cubiertos por un aumento de la presión tributaria, el kirchnerismo creó o aumentó hasta 33 impuestos confirmados en lo que va de su gestión, y estudia crear otros dos impuestos más por iniciativa del ministro Massa.
Pese a todo esto, el déficit primario del Gobierno nacional todavía sigue en niveles muy superiores a los que había antes de la pandemia, y en los últimos meses las finanzas públicas profundizaron todos sus desequilibrios.
Uno a uno, todos los aumentos impositivos del kirchnerismo
Bienes Personales
La primera suba de este impuesto se anunció en diciembre del año 2019, una de las primeras medidas del Gobierno de Fernández. La tasa máxima para bienes situados en el país se incrementó del 0,75% al 1,25%, y se establecieron una serie de recargos adicionales con una tasa máxima del 2,25% para bienes situados en el exterior.
Más tarde, en 2021 el impuesto volvió a aumentar, esta vez llevando la tasa máxima al 1,75% para los bienes declarados en el país, manteniendo los mismos gravámenes para los del exterior. La tasa promedio del impuesto se incrementó del 0,8% al 1,15%.
A partir del año 2022 la AFIP modificó su criterio para determinar el valor fiscal de los inmuebles declarados en la Ciudad de Buenos Aires, haciendo que en la práctica el peso del impuesto aumentara considerablemente para los usuarios con bienes en esta jurisdicción.
En junio de 2023 el kirchnerismo volvió a subir el impuesto, modificando el criterio de la AFIP para el tratamiento de las criptomonedas, a fin de que fueran efectivamente alcanzadas por el tributo.
Desde el año 2020 se creó un nuevo impuesto que se superpuso con Bienes Personales, el llamado “impuesto a la riqueza”. Se estableció una sobretasa de entre el 2% y el 3,5% para bienes situados en el país, y entre el 3% y el 5,25% para bienes declarados en el exterior. Argentina se convirtió en el país con los impuestos al patrimonio más altos del mundo con este recargo.
Fue prorrogado sistemáticamente por el período fiscal 2021 y más tarde para el 2022, pero todo indica que el Gobierno no podrá hacer lo mismo para diciembre de 2023 debido al cambio de autoridades.
Cargas sociales para las empresas
El kirchnerismo anuló gran parte de las disposiciones de la reforma tributaria de 2017, entre las cuales se postulaba un sendero de reducción gradual para los impuestos al trabajo que pagan las empresas. La Ley 27.541 desbarató las rebajas, y congeló la alícuota para las empresas en el 20,4% del sueldo bruto de los empleados (una de las más altas del mundo).
Impuesto PAIS
Este impuesto distorsivo fue creado en diciembre de 2019 por iniciativa del fallido exministro Martín Guzmán, inicialmente ideado como una devaluación encubierta. Se fijó un recargo del 30%para la compra de divisas en el mercado legal de cambios, consumos con tarjeta de crédito y débito, y adquisición de servicios en el exterior, entre otras cosas. En el caso de algunos servicios digitales como Netflix y Spotify se fijó una tasa reducida del 8%.
Este impuesto fue sistemáticamente generalizado a cada vez más transacciones. En 2022 se lo aplicó para la adquisición en el exterior de servicios personales, culturales y recreativos, dando lugar al famoso “Dólar Coldplay”.
Más tarde, el Decreto 682/2022 lo generalizó para la importación de algunos bienes suntuarios, como automóviles y motos de alta gama, jets privados, embarcaciones de uso recreativo, bebidas alcohólicas premium, relojes, máquinas tragamonedas, máquinas para minar criptomonedas, entre muchos otros.
El Decreto 377/2023 elevó la tasa de percepción hasta el 25% para servicios postales, telecomunicaciones, primas de seguro, servicios jurídicos, contables y gerenciales, servicios vinculados con el comercio y servicios audiovisuales, entre otros afectados.
En julio de este año el ministro Massa volvió a generalizar el impuesto, esta vez con un recargo del 7,5% para la mayor parte de las importaciones de bienes y servicios. En el caso de los bienes suntuarios se aplicó una tasa superior del 30%. Esto convirtió al país en una de las economías más cerradas del mundo.
Impuesto a las Ganancias para sociedades
El Gobierno anuló la rebaja del impuesto de Sociedades en diciembre de 2019, la cual había sido programada del 30% al 25% por la reforma tributaria de 2017. La segunda suba tuvo lugar con la sanción de la Ley 27.630, por medio de la cual se reemplazó el “flat-tax” por un sistema progresivo con una tasa superior del 35%.
Como el pago de dividendos continuó apostado en el 7%, la presión efectiva para las empresas más grandes alcanza casi el 40% después de distribuir utilidades, un nivel que deja al país muy alejado de los parámetros convencionales de la OCDE.
El tercer aumento de este impuesto tuvo lugar por medio de la modificación de los parámetros para actualizar los balances contables. Se extendió de 3 a 6 períodos fiscales la posibilidad de imputar quebrantos por el efecto de la inflación. Muchos resultados contables daban ganancias meramente nominales que no existían en la realidad, pero las empresas debían pagar impuestos por ello.
Impuesto a los débitos y créditos bancarios
La ley de Solidaridad llegó a duplicar la tasa del impuesto al cheque del 0,6% al 1,2% en diciembre de 2019, y se aplicó para las empresas medianas y grandes. Más tarde el sistema se generalizó para alcanzar, además, a los pagos efectuados por medio de billeteras virtuales (que hasta ese momento no eran alcanzadas).
Se produjo un tercer aumento con la generalización de este impuesto para las transacciones con monedas digitales a través de diversas plataformas, que tampoco estaban alcanzadas originalmente.
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
El Gobierno anuló completamente todas las exenciones que habían sido desplegadas por la administración de Macri sobre los productos de la canasta básica en 2019. Los bienes alcanzados volvieron a estar gravados con una tasa de entre el 10,5% y hasta el 21% en algunos casos.
El ministro Massa revirtió parcialmente este aumento con un programa temporal de “Compre sin IVA”, que solo durará hasta las próximas elecciones generales. Se trata de una medida meramente coyuntural y electoralista, y no una rebaja tributaria permanente.
Retenciones a la exportación
Otra de las primeras medidas de Fernández fue la eliminación de las retenciones móviles anunciadas por Macri, y su reemplazo por un sistema rígido de tasas ad-valorem. Se estableció un gravámen máximo del 33% para el caso de la soja, una tasa que se mantiene hasta el día de hoy y permanece en máximos históricos.
Percepciones sobre la compra de dólares y gastos con tarjeta
No conforme con la introducción del impuesto PAIS, el Gobierno también añadió una percepción adicional a cuenta del impuesto a las Ganancias para pagos efecuados con tarjeta hacia el exterior. A estos efectos, se estableció inicialmente la tasa más alta que dispone el impuesto en torno al 35%.
El nuevo gravámen aumentó del 35% al 45% por iniciativa de Silvina Batakis en su breve y fallida gestión, argumentando que si la gente viajaba al exterior, esto “colisionaba” con la generación de puestos de trabajo. La única excepción fue la compra de dólares para el ahorro.
Más tarde se añadió un recargo adicional y extraordinario del 25% sobre estas compras con tarjeta, esta vez a cuenta del impuesto de Bienes Personales. En el caso de las compras para el dólar ahorro, se instrumentó una suba del 35% al 45% para compensar la diferencia.
Impuestos Internos a productos tecnológicos y electrónicos
El Gobierno incrementó la presión de los impuestos internos a los productos electrónicos, del 0% al 6,55% para aquellos ensamblados en Tierra del Fuego, y del 10,5% al 17% para los que se importan desde el exterior.
El Presupuesto de Massa para 2023 volvió a aumentar estos impuestos, esta vez imponiendo una tasa del 19% para los productos electrónicos importados, y hasta el 9,5% para los ensamblados en Tierra del Fuego. Todos los consumidores se vieron afectados, pero especialmente aquellos de más bajos ingresos.
Impuesto a las apuestas online
El Presupuesto 2021 de Martín Guzmán implementó una tasa del 5% para gravar las apuestas por internet dentro del mercado doméstico. Si las apuestas involucran a alguna entidad en el exterior, la tasa aumenta al 10%. En caso de que la contraparte extranjera sea considerada un “paraíso fiscal”,el recargo correspondiente aumenta al 15%.
Aumento sobre las primas de seguros y sobretasas
Desde 2021 se creó una nueva contribución obligatoria del 0,5% sobre las primas de seguro automotor, regulada por la Comisión Reguladora del Transporte. El Gobierno también creó un “Fondo Nacional del Manejo del Fuego”, con un impuesto asociado del 3 por 1.000 sobre todas las primas de seguro, con la sola excepción de los seguros de vida.
Más tarde, el Presupuesto 2023 creó formalmente la “Tasa de Seguridad de Aviación”, recargada sobre pasajeros que embarquen en vuelos internacionales, regionales, o de cabotaje en Argentina.
Argentina
La reforma del Estado de Milei llegará a las Provincias: “Corten otros gastos y paguen los salarios, no hay más plata”
El Presidente electo anticipó que la consolidación fiscal del sector público no solamente se limitará al Gobierno nacional, sino a todas las distintas esferas del Estado argentino, incluyendo las Provincias y las municipalidades.

A partir del 10 de diciembre el Gobierno de Javier Milei propone lanzar un plan de ajuste fiscal que llevaría al déficit financiero cero para el ejercicio de 2024. Esto implica ya no tan solo equilibrar las finanzas operativas del Gobierno nacional, sino que además poder afrontar la totalidad del pago de intereses y servicios por la deuda pública.
Pero el proceso de Reforma del Estado no se limitará al Sector Público Nacional, también afectará a las Provincias y los municipios irremediablemente. Una de las partidas responsables de esta dinámica son las transferencias discrecionales que, hasta ahora, el Gobierno kirchnerista asignada a dedo dependiendo de su preferencia política con cada gobernador de turno.
Las transferencias surgen como la diferencia entre los recursos presupuestados a principios de año y la ejecución presupuestaria efectiva, en la cual el Estado recibe más pesos nominales en sus arcas por el efecto de la inflación en la cadena de pagos. Esto permite generar un “colchón” de recursos que no tienen una asignación específica, y dotan de poder discrecional al Gobierno de turno. A partir del 10 de diciembre se termina esta lógica y comienza el ajuste fiscal.
El Presidente electo lo simplificó de la siguiente manera: “Hay que poner los números en orden. Corten otros gastos y paguen los salarios, no hay más plata”. Esto implica, además, sostener las consecuencias de la devolución del IVA y la reducción del impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría sobre los recursos de la coparticipación.
Un total de 5 Provincias anunciaron programas de ajuste fiscal, en alineamiento con la política económica del próximo Gobierno. Los gobernadores de Tucumán, Santa Cruz, Chaco, La Pampa y Entre Ríos se comprometieron con la austeridad para sobrellevar el año 2024.
Incluso el Gobernador peronista Osvaldo Jaldo debió alinearse con Milei, y anunció un masivo recorte de gastos por $220.000 millones de pesos para el presupuesto del año próximo. Se cerrarán hasta 40 organismos y dependencias locales, incluyendo la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel) a partir del 30 de noviembre, y se dejarán sin efecto las designaciones realizadas en los 60 días anteriores al 29 de octubre.
Por otra parte, y desde el punto de vista del Gobierno nacional, se dispondrá de un ambicioso programa de privatizaciones para sanear las finanzas públicas. Por otra parte, la obra pública enfrentará grandes recortes presupuestarios.
Todas aquellas obras que ya estén en curso de ejecución no serán paralizadas, y en su lugar se llamará a licitación para que el sector privado se encargue de financiarlas y completarlas en caso de que exista interés inversor. A cambio, el Estado proveerá de un marco regulatorio especial para ofrecer la concesión de los servicios por la infraestructura terminada (algo muy común en rutas nacionales, puertos, caminos, etc).
Aquellas obras públicas que no están en proceso de ejecución pero están planificadas, serán sometidas a evaluación, como parte de una racionalización integral que se llevará a cabo en todo el sistema. La máxima prioridad será la concreción del déficit cero para diciembre de 2024.
Economía
Estallan los precios en los últimos días de Massa como Ministro de Economía: Subieron 3,1% en la última semana de noviembre
La Secretaría de Política Económica informó que los precios minoristas aceleraron todos los aumentos en la última semana de noviembre, por lo que la variación mensual volvió a superar cómodamente los dos dígitos.

El ministro Sergio Massa deja una economía sustancialmente más desequilibrada de la que recibió en agosto del año pasado. Según el último sondeo de la Secretaría de Política Económica, la tasa de inflación semanal escaló nuevamente al 3,1% hacia la última semana de noviembre.
La variación intermensual de los precios (es decir, en comparación con la misma semana del mes de octubre) cerró con un alza de casi el 11%, cómodamente apostada en los dos dígitos.
Todo esto se produjo a pesar de que el tipo de cambio oficial sigue corriendo muy por debajo de la inflación general, las tarifas de los servicios públicos persisten congeladas, y la brecha cambiaria oscila supera el 140%.
El colapso de la represión financiera comenzó a afectar al mercado minorista con el desbaratamiento de Precios Justos, y el Gobierno saliente también debió convalidar aumentos en los combustibles para evitar nuevas situaciones de desabastecimiento.
Se estima que la tasa de inflación de noviembre podría llegar a superar el 11%, y las proyecciones de las consultoras privadas sugieren que incluso podría ascender a más del 13% mensual, incluso por encima de los registros observados entre agosto y septiembre (post-devaluación).
Para el mes de diciembre se espera un salto descomunal como resultado de la liberalización de la inflación reprimida por el kirchnerismo. Sin lugar a dudas, esta constituye una de las más pesadas herencias de los últimos 4 años de gestión.
A partir de los próximos 12 meses comenzarán a impactar todos aquellos costos inflacionarios que el kirchnerismo reprimió artificialmente en los últimos años, pero en particular en los 16 meses de gestión massista.
También cabe destacar que debido al rezago de la política monetaria, aún deteniendo la emisión directa del Banco Central para asistir al Tesoro a partir del 10 de diciembre (como de hecho se pretende lograr), la tasa de inflación seguiría subiendo en respuesta a la cantidad de pesos que todavía sigue circulando a una velocidad cada vez más rápida en la economía.
Economía
Efecto Milei: Se desploma el dólar, la Bolsa cierra el mes con una suba del 40% y el Riesgo País quedó debajo de los 2.000 puntos básicos
Los mercados financieros respondieron con optimismo a la llegada del nuevo Gobierno presidido por Javier Milei a partir del 10 de diciembre. Las empresas argentinas se revalorizaron en tiempo récord, generando un shock opuesto al que provocó la insurrección del kirchnerismo en agosto del año 2019.

El “efecto Milei” se sigue extendiendo por los mercados financieros. Los mercados reciben con optimismo la salida del Gobierno kirchnerista y la vuelta hacia la ortodoxia económica. El mes de noviembre fue marcado por una profunda revalorización de los activos argentinos: el índice S&P Merval escaló más de un 40% en ese período, y hasta un 44,7% valuado al tipo de cambio Contado con Liquidación (CCL).
El Merval se acerca a romper la barrera de los 1.000 puntos básicos, y en solo dos semanas logró alcanzar y superar los máximos que se habían registrado a mediados de julio. Destacó la increíble suba de las acciones de Aluar (414%), Ternium (262,28%), Pampa Energía (259,96%) y Cresud (244,64%), entre muchas otras que se vieron favorecidas por el impacto.
Se produjo un shock radicalmente opuesto al que generó el regreso del kirchnerismo en agosto del año 2019. Los principales activos de las empresas argentinas se revalorizan cuando el kirchnerismo se mantiene alejado del poder, a medida que crecen las expectativas por una economía más abierta, desregulada y estable.
El dólar se desplomó en todos los mercados alternativos. El tipo de cambio paralelo, que había llegado a superar los $1.080 en la antesala de las elecciones, se derrumbó a solo $905 al cierre del día 30 de noviembre, y la cotización del 1 de diciembre rebotó a los $955. En consecuencia, la brecha cambiaria se redujo del 180% al 150% desde que Milei ganó las elecciones.
El efecto Milei también impactó drásticamente en la cotización del segmento Contado con Liquidación hasta perforar el piso de los $900, razón por la cual la plaza bursátil porteña llegó a aumentar más valuada en dólares que expresada en pesos. Asimismo, el dólar MEP (frecuentemente utilizado por la demanda minorista) osciló en la franja de $850 a $900 durante la última semana.
Los bonos soberanos experimentaron una fuerte suba como reacción a la promesa de disciplina fiscal que esgrimió el Javier Milei en su discurso inaugural tras haber ganado las elecciones, y el impacto fue particularmente destacable en los bonos GD30 y GD29.
El índice de Riesgo País elaborado por la firma JP Morgan cayó a los 1.983 puntos básicos, el valor más bajo desde la primera semana de agosto. Este indicador mide el rendimiento de los títulos soberanos argentinos en comparación con los que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
El Presidente electo descartó de plano cualquier tipo de operación que implique la violación
de los contratos asumidos por el Estado. Esto no sólo incluye al pago de los servicios por la deuda externa, sino también al respeto por la deuda interna (se descarta cualquier tipo de reperfilamiento) y los pasivos remunerados del Banco Central.
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