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Economía

Ocampo presentó los pilares del programa de Milei: Reforma del Estado, flexibilización laboral, apertura comercial y libertad monetaria

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El candidato elegido por Milei para cerrar el Banco Central presentó los lineamientos básicos de la reforma económica estructural que propone La Libertad Avanza en caso de ganar las próximas elecciones generales.

El economista Emilio Ocampo presentó el plan económico de La Libertad Avanza y Javier Milei, como parte de una conferencia organizada en el Bloomberg Economic Summit Argentina, en donde también participó Carlos Melconian representando al equipo de Patricia Bullrich y la Fundación Mediterránea.

Las determinaciones de Ocampo buscaron marcar un sendero de certidumbre para los inversores, en caso de que efectivamente Javier Milei resultara el vencedor en las próximas elecciones. Se presentó un contundente programa de reformas estructurales como no se veía desde la década de 1990, con el acento puesto en la credibilidad del nuevo régimen económico que comenzaría el 10 de diciembre.

Ocampo presentó cuatro pilares principales: la reforma del Estado, la flexibilización de la legislación laboral, la apertura del país al comercio internacional, y finalmente la reforma monetaria, la cual tiene por objetivo eliminar el rol del Banco Central en la economía y dar lugar al dólar como la moneda que los argentinos ya eligieron para transaccionar y ahorrar.

La reforma del Estado

Por primera vez desde 1989 un espacio político y un candidato presidencial proponen abiertamente una reforma del sector público para reducir drásticamente el tamaño del Estado en la economía.

Se propone un ajuste inicial de hasta 5 puntos del PBI sobre las erogaciones del Gobierno nacional en el primer año de Gobierno, y a largo plazo una suma de recortes equivalentes al 15% del PBI distribuyendo la reforma en todas las esferas del sector público (Nación, Provincias y Municipios).

El ajuste inicial es, de hecho, aún más ambicioso del que llevó a cabo el presidente Carlos Menem entre 1989 y 1992, en el cual el gasto primario del Sector Público Nacional (SPN) se redujo en casi 4 puntos porcentuales con respecto al PBI.

Flexibilización de la legislación laboral

El segundo pilar será modernizar las leyes laborales de Argentina, no solo para poder incluir a los millones de argentinos que se encuentran en la economía informal (desprotegidos de cualquier tipo de derecho), sino además como una herramienta que será fundamental para que el país se vuelva a adaptar a la estabilidad de precios.

Aún cuando el programa económico fuera exitoso y se concretara la estabilidad, resultaría necesario eliminar una serie de rigideces nominales sobre el mercado laboral para aminorar el impacto de shocks internacionales u otras contingencias que puedan producirse. Un ejemplo notorio de esto es la prohibición que existe en Argentina para bajar salarios nominales, algo totalmente irrelevante para una economía inflacionaria pero problemático para una economía estable como la que se pretende establecer.

El programa de Milei propone una fuerte reducción de los costos laborales a cargo del empleador mediante el reemplazo de la indemnización por un fondo de desempleo parecido al que funciona con éxito en la UOCRA hace años.

Apertura al comercio internacional

Ocampo presentó a la apertura comercial como el tercer pilar del programa de La Libertad Avanza. Se propone la eliminación de todas las restricciones cuantitativas para exportar o importar, incluyendo las licencias no automáticas, los cupos, las prohibiciones y las cuotas que puedan existir.

Las LNA de importación llegaron a afectar hasta el 41% de todas las posiciones arancelarias en el año 2022, potenciadas por el sistema SIRA que creó el ministro Massa. Todo esto será completamente desmantelado en una eventual presidencia de Javier Milei.

Se propone, además, una fuerte apertura arancelaria tanto sobre los gravámenes de exportación como sobre las propias importaciones. La apertura más inmediata se instrumentará sobre los bienes de capital y los productos electrónicos, los cuales pasarán a tener arancel 0%.

Las retenciones también serán eliminadas. En una primera fase se tomarán como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias hasta tanto se normalice el mercado cambiario y se instrumente el proceso para liquidar el Banco Central (el fideicomiso podría incluir recursos de las retenciones a modo de garantía), y una vez finalizada la transición serían eliminadas.

Reforma monetaria para eliminar el Banco Central

La cuarta reforma estructural tiene al propio Emilio Ocampo como protagonista, y será la virtual eliminación del Banco Central a todos sus efectos prácticos, eliminando la posibilidad de realizar política monetaria discrecional y reconocimiento una realidad: la moneda que eligieron los argentinos para ahorrar y transaccionar no es la que emiten los políticos sino que es el dólar estadounidense.

En este sentido, Ocampo aceptó incorporarse al equipo de Milei para liquidar el Banco Central, otorgar la libre elección de la moneda para la sociedad argentina, y eventualmente avalar el proceso de dolarización natural a través de un plan de ingeniería financiera desarrollado en conjunto con el economista Nicolás Cachanosky.

Este proceso podría demorar entre 9 y 24 meses, por lo que para las elecciones de medio término en 2025 el país ya podría haber erradicado completamente el problema inflacionario. Esta es la principal apuesta de Milei y su equipo, ya que terminar con la inflación resulta un paso fundamental para avanzar con la concreción de todas las reformas estructurales que el país necesita.

Economía

Francia rumbo a la quiebra: Vuelve a bajar la calificación crediticia de los bonos franceses y el déficit fiscal alcanza valores récord

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El desequilibrio presupuestario en las finanzas del país galo ya es el más extremo registrado desde la pandemia, a pesar de que la actividad económica se recuperó del impacto desde hace dos años. El elefantiásico Estado francés se hace imposible de sostener.

La administración de Emmanuel Macron no solamente deja al país a merced de una peligrosa radicalización política encarnada por el espacio de Melenchon, sino que además deja una economía completamente desgastada tras años de un modelo que parece totalmente agotado.

La economía francesa registra las tasas de crecimiento más bajas de su historia, apenas pudiendo recuperar del impacto provocado por la pandemia entre 2020 y 2021, pero no pudiendo recuperar su tendencia de crecimiento anterior a dicho evento.

En los mercados financieros, los bonos franceses volvieron a sufrir un nuevo revés de confianza, ya que la mayoría de las agencias calificadoras de riesgo decidieron rebajar la puntuación de la deuda francesa hace solo un mes, después de haberlo hecho en junio del año pasado. Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s siguieron esta tendencia con respecto a la evaluación de los bonos que emite el Estado francés.

El déficit fiscal primario de Francia llegó a representar el 3,77% del PBI en el último trimestre del año pasado, según las más recientes estadísticas del Banco Central Europeo. Se trata del quinto trimestre conductivo en que empeora el resultado presupuestario, incluso antes del pago de intereses de deuda (cada vez mayores).

De hecho, y sin considerar el impacto que generó la pandemia, Francia mantiene el déficit primario más drástico de los últimos 12 años, y el incesante clima de inestabilidad política no arroja ninguna perspectiva medianamente optimista.

Si se suma el pago de intereses a cuenta de la deuda pública, el resultado consolidado del país galo marcó un rojo de casi el 5,5% del PBI en el último cuarto del año 2023, y no se veía un nivel semejante desde la salida de la crisis internacional de 2008 o la pandemia de 2020. La diferencia entre aquellos dos escenarios de crisis con respecto a la situación actual, es que en este momento la economía francesa no se encuentra en recesión, sino que continúa reteniendo un anémico crecimiento.

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Economía

El Gobierno anuncia la desregulación del mercado de Warrants, con el objetivo de favorecer el crédito para familias y empresas

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Desde diciembre del año pasado la administración de Milei desreguló una serie de mercados en tiempo récord, y los primeros resultados ya están a la vista en el caso del sector inmobiliario. La mayor desregulación permite aceitar mejor el funcionamiento del aparato productivo.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció un importante avance en la desregulación y modernización del mercado financiero argentino: cesarán las restricciones inútiles y arbitrarias que hasta ahora existían para la emisión de Warrants.

Como explicó el propio Ministro, los Warrants permiten certificar la propiedad de un cierto bien por parte de un productor y con ello se facilita su trazabilidad en el mercado financiero. Son instrumentos que permiten convertir de manera muy sencilla algo físico, en una suerte de garantía para poder acceder a créditos.

Asimismo, estos instrumentos también se pueden intercambiar y vender en los mercados secundarios, lo cual habilita toda una serie de facultades para su emisor. En países como Estados Unidos, es común que los warrants se emitan y se negocien libremente en los mercados extrabursátiles.

Pero hasta ahora, Argentina se diferenciaba de la mayor parte de las economías modernas porque restringía excesivamente la emisión de estos instrumentos, hasta el punto de que únicamente 10 empresas en todo el país estaban autorizadas a hacerlo, algo completamente arbitrario y perjudicial para el desarrollo de este mercado (especialmente para las pequeñas y medianas empresas).

Por otra parte, se desregularon los diferentes usos permitidos para la emisión de Warrants, con lo cual podrán ser utilizados para canalizar el crédito hacia la actividad minera, la industria manufacturera, el sector energético, el sector agropecuario, etc.

Estas medidas, en conjunto con el mayor espacio para el crédito privado y la mayor estabilidad de precios, permitirán abaratar la financiación de múltiples proyectos de inversión, especialmente en donde más se necesitan. 

También supone un fuerte impulso para la competitividad de las empresas argentinas frente al exterior, ya que ahora dispondrán de una herramienta que sus competidores ya hacían uso desde hace tiempo en los mercados más modernos y desarrollados.

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Economía

El socialismo español está a punto de quebrar el sistema jubilatorio por cuarta vez en la historia del país

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La administración del PSOE se niega a permitir cambios profundos sobre el sistema de seguridad social español, y todas las proyecciones futuras sugieren que se volverá un verdadero agujero negro para las finanzas públicas y una masiva disparada del gasto estatal.

El gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez está sentando las bases para una bomba fiscal que repercutirá sobre las finanzas del Estado español a lo largo de los próximos años, comprometiendo así el pago de las futuras pensiones.

Pese a las tímidas reformas esgrimidas por el Ministro socialista José Luis Escrivá, solamente al término de 2023 la seguridad social española registró un desequilibrio descomunal equivalente a los 8.200 millones de euros, y no hará más que empeorar año tras año en ausencia de reformas estructurales.

De esta manera, el sistema de reparto estatal de España se encamina a su cuarta quiebra histórica, y las consecuencias de este hecho ya son conocidas: los parámetros del sistema deberán nuevamente reformularse en detrimento del bienestar de la sociedad, sin ninguna otra alternativa posible dentro del sistema que ofrece el Estado

Bajo un régimen de capitalización individual, dichas reformas no serían necesarias, pero España no cuenta ni siquiera con la asistencia de una mínima participación privada en la inversión de los fondos públicos de pensión, y los planes privados existentes se encuentran sumamente regulados y restringidos.

Los resultados del sistema de reparto español y la falta de futuro

Tal y como se encuentra diseñado el esquema previsional español, y dada las políticas aplicadas por el oficialismo, se encamina hacia una nueva quiebra generalizada que repercutirá mediante menores beneficios para los cotizantes, y mayores impuestos para las generaciones futuras.

La primera gran quiebra del sistema de reparto se produjo en 1985, durante la presidencia socialista de Felipe González. Por aquel entonces, se decidió trasladar el problema hacia adelante: se decidió extender el período mínimo de cómputo (el tiempo para calcular el importe de la prestación social) de 2 a 8 años, y la base salarial para la cotización a partir de los 15 años anteriores a la jubilación (antes 10 años).

Pese a los cambios, en 1997 el sistema volvió a quebrar, y la administración de Aznar decidió extender el período de cómputo hasta los 15 años, y elevar el período de cotización de referencia de 15 a 35 años, lo cual redujo sustancialmente el valor de las jubilaciones reconocidas (generalmente los últimos años trabajados mantienen niveles salariales superiores a los primeros, en la vida laboral de cualquier persona).

Todo esto le dio holgura al sistema por casi una década más, pero finalmente en 2011 el sistema de reparto español quebró por tercera vez, y de manera alarmante. Para postergar el inminente colapso, se extendió la edad mínima de jubilación de 65 a 67 años (gradualmente), el período de cómputo subió de 15 a 25 años, y el período de años salariales de referencia se incrementó de 35 a 37 años. Paralelamente, las jubilaciones dejaron de estar indexadas a la inflación.

Las sucesivas reformas solo postergaron los mismos problemas hacia adelante, pero el dato más alarmante es que se agotan cada vez más rápido. Esta vez, el Gobierno socialista ni siquiera está dispuesto a cargar con el costo político que supondría una cuarta reforma restrictiva, condenando así a millones de personas a una eventual (y más violenta) reforma en el futuro cercano.

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