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Economía

Peligroso: En plena recesión Biden aprueba una ley para aumentar los impuestos

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Es la primera vez desde 1990 que un Gobierno estadounidense decide aumentar los impuestos en plena recesión. Los demócratas dieron media sanción al nuevo paquete fiscal, y el proyecto pasará a la Cámara de Representantes para su tratamiento definitivo.

El Gobierno de Joe Biden envió la llamada “Ley de Reducción de la Inflación” (IRA por sus siglas en inglés), que en la práctica supone una versión simplificada y moderada del programa Build Back Better original. Estos cambios se produjeron debido a que el primer esquema era celosamente extremista y corría el riesgo de no ser aprobado por las cámaras legislativas.

La ley plantea 3 pilares principales: la expansión del gasto público, la inclusión de nuevas regulaciones climáticas y un fuerte aumento de los impuestos.

Este último es particularmente paradigmático, debido a que Biden pretende convertirse en el primer Presidente estadounidense en subir impuestos en medio de una recesión desde 1990, cuando George H. W. Bush decidió hacerlo con una reforma que entró en vigor a partir del año fiscal 1991.

Aun así, la recesión es sistemáticamente negada por la Casa Blanca, y se insiste en comunicar un proceso de “crecimiento sostenido” que no se ve reflejado en ninguna estadística oficial.

Impuestos sobre las empresas

La nueva legislación presente en la IRA propone crear un nuevo impuesto mínimo obligatorio del 15% para las sociedades que facturen ingresos de más de US$ 1 millón cada año.

La reforma tributaria aprobada por Donald Trump en 2017 eliminó el sistema de tasas marginales progresivas para las ganancias de sociedades, y unificó todas ellas en una sola tasa del 21% en lo que se conoce como un “Flat tax” para bajar la carga fiscal y maximizar la eficiencia.

Con los cambios dispuestos por Biden, se eliminan una serie de deducciones y exenciones a las cuales podían acceder las empresas para evitar tributar el 21% sobre sus ganancias, por lo que la factura tributaria mínima no podrá ser menor al 15% en ningún caso para empresas con ganancias superiores a 1 millón de dólares anuales.

Además de una carga fiscal superior, los cambios presentados por los demócratas presentan distorsiones sobre la correcta asignación de la inversión privada porque afecta de manera diametralmente diferente a cada industria gravada.

La Tax Foundation estima que la presión tributaria podría ser artificialmente menor en servicios digitales y telecomunicaciones, pero drásticamente superior en el mercado inmobiliario, la industria minera, el transporte y la construcción.

Impuestos sobre las personas físicas y al consumo

Para las personas que decidan realizar inversiones en activos financieros, depositar su dinero en bancos y percibir intereses u otro tipo de inversiones de capital, el plazo mínimo requerido para que su renta financiera sea considerada de “largo plazo” aumenta de 3 a 5 años.

Esto implica un aumento de la presión fiscal, debido a que las ganancias de capital a largo plazo están gravadas por tasas marginales inferiores a la de corto plazo, que perciben las mismas tasas que el impuesto a la renta corriente.

Por otra parte, el proyecto de los demócratas aumenta el impuesto al petróleo crudo, tanto de origen nacional como importado. El impuesto de suma fija subirá a 16,4 centavos de dólar por barril comercializado, y la cifra se indexará por la inflación de ahora en adelante.

Esta medida es una de las más polémicas porque Estados Unidos atraviesa un histórico aumento de los precios de la energía: el presidente Biden prometió bajar los precios, y no subirlos con un nuevo impuesto directo al consumo como pretende su propio proyecto.

Los efectos para la economía

La Tax Foundation utiliza un modelo teórico de equilibrio general para estimar que las medidas presentadas tendrán una recaudación neta por US$ 304.000 millones, y a cambio significará un retroceso del 0,1% en el PBI de largo plazo, la baja del 0,1% en los salarios reales y la pérdida de 30.000 empleos privados.

Estos resultados corresponden al efecto neto esperado íntegramente por el impacto de las medidas tributarias de la ley, pero no pretenden explicar la evolución futura de las variables macroeconómicas en el largo plazo debido a que estas responden a muchos otros factores no tenidos en cuenta. 

Economía

El Presidente Biden anunció una nueva guerra comercial contra China: Se establecieron aranceles de entre el 25% y el 100%

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Biden desató una agresiva impronta arancelaria contra China como no se veía desde el año 2019. Se espera una pronta respuesta arancelaria por parte del régimen de Xi Jinping, desatando así una nueva guerra comercial que repercutirá a nivel global.

En medio de la campaña electoral, y viéndose superado por las principales encuestas frente a su contrincante republicano Donald Trump, el Presidente Joe Biden anunció una oleada de represalias arancelarias en contra de las importaciones provenientes de China, muchas de las cuales afectan a sectores especialmente dinámicos y competitivos.

Biden tomó la decisión de establecer recargos drásticamente más elevados en comparación a los que había establecido su predecesor entre 2018 y 2019, pero con una lógica sustancialmente diferente: esta vez se pretende articular una protección de carácter permanente, y los aranceles ya no se ven inmiscuidos como una mera regla de negociación para que China profundice la desregulación sobre su mercado de divisas.

El Presidente Biden anunció una impronta abiertamente proteccionista, y los principales damnificados de esta política serán los propios consumidores estadounidenses que deberán enfrentarse a precios y costos más elevados. Se anunciaron las siguientes disposiciones contra las importaciones chinas:

  • Arancel del 25% sobre el acero y el aluminio
  • Arancel del 50% sobre semiconductores y paneles solares
  • Arancel del 100% sobre los vehículos eléctricos

Los aranceles anunciados protegerán a la industria estadounidense frente a la competencia china, en detrimento de la calidad de sus productos y del poder adquisitivo de los consumidores locales. Muchas enfrentas enfrentarán un gran aumento de costos que sin lugar a dudas será trasladado al bolsillo del consumidor.

También constituye un fuerte desaliento para la inversión extranjera directa de largo plazo, ya que la constante alteración de las reglas de juego generan un clima de inestabilidad que hace imposible la previsión.

Pero incluso a pesar de los evidentes daños generados para los consumidores, los beneficios para la industria estadounidense podrían verse diluídos rápidamente, tan pronto como aparecieron en primer lugar.

Dado el gran tamaño de la economía estadounidense, resulta factible que la aplicación de aranceles puntales revitalicen frente a su par asiático. Sin embargo, es casi un hecho el régimen chino adoptará medidas arancelarias de represalia en la dirección opuesta, desatando una nueva y agresiva guerra comercial.

En caso de que esto ocurra, y con toda seguridad resulta el escenario más probable, entonces quedarían erradicadas todas las ganancias de competitividad que pudiera tener Estados Unidos frente a China. 

El resultado de equilibrio podría traer aparejado un nivel más alto de precios internos tanto en China como en Estados Unidos, pero ninguna ganancia de competitividad para ninguno de los dos países debido a que la relación entre aranceles permanecería relativamente constante.

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Economía

Colapsa la inflación a un dígito: La suba de precios fue de 8,8% mientras que la núcleo fue de 6,3%, lo valores más bajos en casi un año

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La mayor parte de los aumentos se observaron en los bienes y servicios regulados, como resultado de una necesaria corrección de precios relativos que había postergado el Gobierno anterior.

El INDEC informó que la tasa de inflación minorista correspondiente al mes de abril finalizó en torno al 8,8% con respecto a marzo, marcando así el cuarto descenso consecutivo de la variación de precios. La cifra anunciada se encontró en línea con lo esperado por la mayoría de las consultoras privadas del país.

La tasa de inflación interanual alcanzó el 289,4% frente al mismo mes del año pasado, y se espera que pueda comenzar a bajar a partir del dato del mes de mayo debido al efecto de arrastre estadístico que se acumula desde el salto de diciembre.

La variación mensual más importante se registró sobre las tarifas de servicios públicos, como parte de una necesaria corrección de precios relativos. Los precios de la vivienda y los servicios de agua, electricidad, gas y combustibles aumentaron en un promedio de 35,6% en abril, más de cuatro veces la tasa de inflación general del mes.

Asimismo, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas subió en un promedio del 6%, por debajo de la inflación general. Esto anticipa una cierta recomposición de ingresos, que ya habría comenzado en febrero según los datos de remuneraciones aglutinados en el SIPA.

La tasa de inflación para aquellos bienes y servicios estrictamente regulados fue del 18,4%, como resultado del proceso de sinceramiento que se atraviesa desde el 10 de diciembre. El verdadero resultado de la política fiscal y monetaria se corresponde con el fuerte descenso de la inflación núcleo, que fue del 6,3% en abril y se anotó la variación más baja en 15 meses

La tasa de inflación núcleo, que elimina el impacto de los precios de las tarifas públicas y los bienes con comportamiento estacional, había alcanzado el 28,3% al cierre de diciembre, y desde enero comenzó un fuerte proceso de reducción a la par del ajuste fiscal y monetario.

Asimismo, los precios mayoristas relevados en el IPIM del INDEC llegaron a aumentar hasta un 54,3% en diciembre (prácticamente una hiperinflación de manual), y esta variación se redujo drásticamente 5,4% al término de marzo

La política económica que lleva adelante el oficialismo impactó primero en el tipo de cambio, más tarde en los precios mayoristas y luego en los minoristas. Se espera que el último eslabón en reaccionar a la desinflación sean precisamente los salarios, con lo cual podría registrarse un proceso de recomposición en el poder de compra conforme baje la inflación en los próximos meses.

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Economía

El Banco Central encontró pérdidas adicionales por US$ 45.000 millones de dólares que el kirchnerismo había dejado escondidas

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Se trata de la valuación de las Letras Intransferibles deliberadamente encajadas al Tesoro computando valores ficticios y artificiales, una maniobra iniciada durante la gestión del expresidente Kirchner pero que profundizó Massa en su paso como Ministro de Economía. 

Tras años de maquillaje en las estadísticas del Banco Central, el presidente Santiago Bausili al frente de la institución decidió llevar a cabo un sinceramiento monetario para mostrar el verdadero resultado del balance según las normas contables vigentes.

De acuerdo a las correcciones exhaustivas llevadas a cabo, el BCRA sumó un quebranto a su balance de por lo menos US$ 45.000 millones como resultado de las pésimas administraciones kirchneristas en los últimos 20 años.

Este resultado se debe a la valuación de las Letras Intransferibles que el Tesoro utilizó para hacerse de las divisas en el BCRA en la gestión del expresidente Néstor Kirchner, práctica que se continuó desde el año 2007.

Estos instrumentos se utilizaron para canjear deliberadamente las reservas del Central a cambio de un papel sin mayor importancia y meramente ceremonial en los asientos contables, una práctica que impulsó el entonces ministro de Economía Sergio Massa a todo vapor.

“El principal impacto de esta adecuación se observa en los criterios de valuación de las Letras Intransferibles y Otras Letras del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses, así como de los Adelantos Transitorios al Gobierno Nacional”, resalta el comunicado de la autoridad monetaria.

Se calcula que la verdadera valuación de las Letras Intransferibles es hasta un 60% inferior al resultado que hasta ahora se contemplaba en la hoja de balance del BCRA, y como resultado se obtiene el “costo de sinceramiento” por la suma equivalente a los US$ 45.000 millones de dólares respectivamente.

Asimismo, la administración de Bausili dispuso de un nuevo cambio en el funcionamiento de la institución y su comportamiento con respecto al Tesoro: se detendrá abruptamente el envío de transferencias de utilidades al Tesoro Nacional, ya que estas simplemente constituían un artilugio contable que escondía la monetización del déficit fiscal.

Lo que ocurría anteriormente es que el Banco Central reportaba supuestas “ganancias” por la mera tenencia de divisas en su poder, ya que estas se veían revaluadas en pesos con cada devaluación ejecutada sobre el cambio oficial. Pero estas ganancias fueron meramente contables, jamás existieron y no se explicaron por la propia operativa del banco.

Desde el 10 de diciembre del año pasado el BCRA también abortó cualquier tipo de transferencia por concepto de Adelantos Transitorios, la principal fuente de monetización fiscal por vía directa. Son pasos necesarios para 

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