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Economía

Peligroso: En plena recesión Biden aprueba una ley para aumentar los impuestos

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Es la primera vez desde 1990 que un Gobierno estadounidense decide aumentar los impuestos en plena recesión. Los demócratas dieron media sanción al nuevo paquete fiscal, y el proyecto pasará a la Cámara de Representantes para su tratamiento definitivo.

El Gobierno de Joe Biden envió la llamada “Ley de Reducción de la Inflación” (IRA por sus siglas en inglés), que en la práctica supone una versión simplificada y moderada del programa Build Back Better original. Estos cambios se produjeron debido a que el primer esquema era celosamente extremista y corría el riesgo de no ser aprobado por las cámaras legislativas.

La ley plantea 3 pilares principales: la expansión del gasto público, la inclusión de nuevas regulaciones climáticas y un fuerte aumento de los impuestos.

Este último es particularmente paradigmático, debido a que Biden pretende convertirse en el primer Presidente estadounidense en subir impuestos en medio de una recesión desde 1990, cuando George H. W. Bush decidió hacerlo con una reforma que entró en vigor a partir del año fiscal 1991.

Aun así, la recesión es sistemáticamente negada por la Casa Blanca, y se insiste en comunicar un proceso de “crecimiento sostenido” que no se ve reflejado en ninguna estadística oficial.

Impuestos sobre las empresas

La nueva legislación presente en la IRA propone crear un nuevo impuesto mínimo obligatorio del 15% para las sociedades que facturen ingresos de más de US$ 1 millón cada año.

La reforma tributaria aprobada por Donald Trump en 2017 eliminó el sistema de tasas marginales progresivas para las ganancias de sociedades, y unificó todas ellas en una sola tasa del 21% en lo que se conoce como un “Flat tax” para bajar la carga fiscal y maximizar la eficiencia.

Con los cambios dispuestos por Biden, se eliminan una serie de deducciones y exenciones a las cuales podían acceder las empresas para evitar tributar el 21% sobre sus ganancias, por lo que la factura tributaria mínima no podrá ser menor al 15% en ningún caso para empresas con ganancias superiores a 1 millón de dólares anuales.

Además de una carga fiscal superior, los cambios presentados por los demócratas presentan distorsiones sobre la correcta asignación de la inversión privada porque afecta de manera diametralmente diferente a cada industria gravada.

La Tax Foundation estima que la presión tributaria podría ser artificialmente menor en servicios digitales y telecomunicaciones, pero drásticamente superior en el mercado inmobiliario, la industria minera, el transporte y la construcción.

Impuestos sobre las personas físicas y al consumo

Para las personas que decidan realizar inversiones en activos financieros, depositar su dinero en bancos y percibir intereses u otro tipo de inversiones de capital, el plazo mínimo requerido para que su renta financiera sea considerada de “largo plazo” aumenta de 3 a 5 años.

Esto implica un aumento de la presión fiscal, debido a que las ganancias de capital a largo plazo están gravadas por tasas marginales inferiores a la de corto plazo, que perciben las mismas tasas que el impuesto a la renta corriente.

Por otra parte, el proyecto de los demócratas aumenta el impuesto al petróleo crudo, tanto de origen nacional como importado. El impuesto de suma fija subirá a 16,4 centavos de dólar por barril comercializado, y la cifra se indexará por la inflación de ahora en adelante.

Esta medida es una de las más polémicas porque Estados Unidos atraviesa un histórico aumento de los precios de la energía: el presidente Biden prometió bajar los precios, y no subirlos con un nuevo impuesto directo al consumo como pretende su propio proyecto.

Los efectos para la economía

La Tax Foundation utiliza un modelo teórico de equilibrio general para estimar que las medidas presentadas tendrán una recaudación neta por US$ 304.000 millones, y a cambio significará un retroceso del 0,1% en el PBI de largo plazo, la baja del 0,1% en los salarios reales y la pérdida de 30.000 empleos privados.

Estos resultados corresponden al efecto neto esperado íntegramente por el impacto de las medidas tributarias de la ley, pero no pretenden explicar la evolución futura de las variables macroeconómicas en el largo plazo debido a que estas responden a muchos otros factores no tenidos en cuenta. 

Economía

Se derrumba la actividad industrial de la eurozona por la crisis energética

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El índice PMI de producción industrial se contrajo por octavo mes consecutivo ante la crisis energética y la llegada del invierno al viejo continente. Las políticas ecologistas impiden encontrar una solución productiva.

La calificadora S&P Global determinó que el Índice de gerentes de compra (PMI) de la eurozona volvió a caer por octavo mes consecutivo. El indicador cayó a los 48,4 puntos al término del mes de septiembre, registrando así el valor más bajo de los últimos 20 meses e incluso inferior al que se registraba en febrero de 2019.

Se trata de una medición que arroja un crecimiento negativo cada vez que la puntuación permanece por debajo de 50. Mide el desempeño del sector industrial, y se deriva de una encuesta sobre 3,000 empresas manufactureras, y se consideran datos nacionales de Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos, Austria, República de Irlanda y Grecia, entre otros países. 

La caída industrial ascendió al 2,4% solamente en septiembre, y el valor efectivo de la puntuación del índice se mantuvo por debajo de las expectativas de mercado, que esperaban alcanzar un piso de 48,5 puntos para el mes. 

No se registraba una contracción similar sobre la actividad fabril desde junio del año 2020, pero descartando el efecto de este shock excepcional, la drástica caída industrial es la más severa desde el año 2013. 

Las perspectivas para la economía europea son particularmente malas ya que se espera una mayor profundización de la tendencia recesiva a partir de noviembre y con la llegada del invierno.

La crisis energética en consecuencia al cese del suministro ruso no puede paliarse con fuentes productivas alternativas, ya que las severas políticas tributarias y regulatorias de la Unión Europea impide la generación de energías convencionales alternativas

El PBI de los 19 países que adoptan oficialmente al Euro como moneda se mantuvo en crecimiento hasta el segundo trimestre de este año, pero el panorama se torna pesimista para el término de los últimos 6 meses de 2022. 

La inflación interanual promedio sobre los países de la eurozona alcanzó el 10% en septiembre, el valor más elevado desde el nacimiento del Euro en 1998. Los mercados apuestan por un mayor enfriamiento de la economía debido a la debida reacción del Banco Central Europeo (BCE) a lo largo del segundo semestre, permitiendo fuertes correcciones sobre la tasa de política monetaria de corto plazo. 

Se conforma así un delicado escenario ceñido por la inflación de origen fiscal, el desequilibrio de las finanzas públicas europeas y la crisis energética más importante de las últimas décadas. 

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Brasil

Plan Platita: Bolsonaro adelanta el pago de ayudas sociales de octubre para antes del ballotage

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Las transferencias del programa Auxilio Brasil y Vale Gás se adelantarán para antes del 30 de octubre, fecha en la que se enfrentará con Lula en segunda vuelta. Las medidas no comprometen la disciplina fiscal sobre las finanzas públicas y servirán para contrarrestar el mensaje socialista del PT. 

El Gobierno de Jair Bolsonaro anunció un cambio en las fechas para el pago de transferencias por el programa “Auxilio Brasil”, previsto anteriormente para fines de octubre. El cronograma original establecía el pago de ayudas sociales de forma escalonada entre el 18 y el 31 de octubre, y bajo el nuevo esquema se percibirán entre el 11 y el 25 de este mes

De esta manera, el presidente brasileño busca contrarrestar el relato de campaña de Lula que su gobierno no se preocupa por la pobreza, un punto de campaña que este domingo quedó claró que sigue presente en la sociedad, especialmente en los estados más pobres como los del Nordeste, donde Lula arrasó.

Se trata de un programa de ayuda social creado bajo la administración de Bolsonaro que reemplazó al antiguo “Bolsa Família” introducido por Lula da Silva, además de juntarlo con otros cuatro planes sociales que existían cuando llegó al poder, creando un solo pago social fuera de las manos de los movimientos sociales o sindicatos.

A diferencia del programa anterior, Auxilio Brasil contempló un fuerte recorte previo del gasto público para costearlo, en lugar de subir impuestos, tomar deuda o emitir dinero como hizo en su momento el ex presidente Lula.

Este plan social además fue legislado junto a un sistema de vouchers educativos para que los incentivos a la inscripción escolar favorezcan al mismo tiempo la competencia por la calidad de las instituciones de educación privadas

El nuevo programa de ayuda social de Bolsonaro garantiza una mayor integración de la sociedad brasileña. Bajo el sistema de Lula las familias de bajos ingresos estaban obligadas a adquirir servicios de educación exclusivamente estatales, y no disponían de plena libertad para elegir qué tipo de educación brindar a sus hijos. El nuevo programa propuso darles a familias de bajos ingresos la libertad de elegir

La reprogramación de los pagos no implicará ningún cambio en el monto de los gastos presupuestados para el mes de octubre y, por lo tanto, tampoco afectará el programa fiscal de Paulo Guedes en vigor de la disciplina fiscal. El nuevo cronograma se limita a cambiar la aplicación de los fondos presupuestados para octubre, pero no su ampliación

El programa económico del ministro Guedes recuperó el equilibrio fiscal de las cuentas públicas. Brasil registra el superávit primario más importante desde junio de 2014, habiendo déficit únicamente por el pago de intereses de deuda y su refinanciación constante. 

Los recortes impositivos no condicionaron el ordenamiento de las finanzas del Estado, y fueron más que compensados con recortes presupuestarios. Esto constituyó el pilar del programa económico, ya que se garantizó el fin de la dominancia fiscal sobre la política monetaria y el afianzamiento de la credibilidad. 

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Economía

Díaz Ayuso avanza con una histórica desregulación económica sobre la Comunidad de Madrid

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La presidente de la Comunidad de Madrid anunció la eliminación de casi cuarenta procedimientos administrativos y barreras legales sobre la actividad empresarial dentro de la región. 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso en representación del Partido Popular (PP), continúa apostando por una agenda diametralmente contraria a la de Pedro Sánchez a nivel nacional. 

Ayuso aprobó una histórica desregulación sobre la actividad empresarial, sobre la cual se eliminan casi 40 certificaciones, procedimientos legales, inscripciones, autorizaciones previas y comunicaciones que desalentaban la radicación de empresas en la comunidad. 

La nueva Ley de Mercado Abierto estipula que las empresas y los profesionales en la Comunidad de Madrid no tendrán ninguna otra imposición adicional solo por el hecho de operar dentro de la región, y se limitarán a cumplir las determinaciones dispuestas por el Estado nacional.

Entre otros beneficios, quedan eliminadas regulaciones como la certificación adicional de productos ecológicos a la hora comerciar en el mercado minorista, o la inscripción al Registro Inmobiliario de la Comunidad de Madrid para sociedades realizan estos trámites en otras jurisdicciones. 

Se eliminan todas y cada una de las regulaciones, trámites y permisos previos sobre la actividad en residuos no peligrosos de construcción y demolición de obras, se liberaliza completamente el asentamiento de laboratorios en la Comunida de Madrid, y se determina la libre operación de actividades profesionales sin burocracia previa (como el caso de los veterinarios o los tatuadores). 

El nuevo marco normativo entró en vigor a partir del 1 de octubre, y garantiza un mayor dinamismo del PBI regional por un monto equivalente de hasta 4.000 millones de euros. Las proyecciones apuntan a que la economía podría responder a la desregulación con una expansión cercana al 1,6%, un hecho con el potencial para generar 50.000 nuevos puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid

De esta manera, y bajo el liderazgo de Ayuso, Madrid se convirtió en la primer comunidad autónoma en haber desregulado completamente las cadenas adicionales sobre la oferta en su jurisdicción. 

En lo que va de su administración, la presidente Ayuso también impulsó la desregulación inmobiliaria a través del cambio de la Ley de Suelo para favorecer la concesión de permisos urbanísticos, y el Decreto Ómnibus por medio del cual se eliminaron cargas administrativas obsoletas que se heredaban del siglo pasado.

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