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Economía

Plan Melconian: Se propone mantener las retenciones, aumentar el impuesto a las Ganancias y se descarta cualquier privatización

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El programa elegido por la candidata Patricia Bullrich apuesta al bimonetarismo, y un sendero de gradualismo fiscal sobre la base de recortar subsidios económicos y gastos superfluos. Se descartan las rebajas impositivas para el corto plazo, incluyendo las tasas distorsivas sobre la exportación.

El economista Carlos Melconian fue elegido por la candidata Patricia Bullrich como el eventual ministro de Economía en caso de que Juntos por el Cambio (JxC) gane las próximas elecciones.

Su programa económico, presentado en el IERAL de la Fundación Mediterránea, incluye reformas estructurales sobre el sector público, el sistema tributario y la legislación laboral. Se convalidan todas y cada una de las estatizaciones producidas por los sucesivos Gobiernos kirchneristas desde 2003, se descartan mayores rebajas impositivas en el corto plazo, y habrá gradualismo tanto en la corrección de las finanzas públicas como en la apertura comercial.

La política fiscal en el Plan Melconian

El programa de Bullrich propone una reorganización del gasto del Sector Público Nacional (SPN), imponiendo como meta el arribo al equilibrio fiscal primario en 12 meses (esto no incluye el pago de intereses de deuda). El resultado primario del Gobierno nacional actualmente arroja un déficit equivalente al 2,66% del PBI, y para fin de año podría rondar los 3 puntos porcentuales.

El ajuste recaerá en mayor medida sobre los subsidios económicos a las tarifas de servicios públicos, que deberán aumentar muy por encima de la inflación. Con esto se propone recortar entre 1 y 1,5 puntos procedimentales del PBI hasta diciembre de 2024. La corrección se hará exclusivamente a través de los precios, y no sobre la modificación de los contratos de concesión.

Se propone un recorte adicional en torno a 1 punto del PBI sobre los gastos de funcionamiento del sector público y burocracia, reduciendo la cantidad de ministerios. Otro punto adicional del PBI se recortaría mediante el replanteo de planes sociales, transferencias discrecionales y un “recorte” al déficit de las empresas del Estado nacional.

El programa descarta de plano cualquier tipo de privatización. El equipo de Melconian anticipó que se buscará crear un “holding” de empresas estatales para centralizar su dirección, una idea fracasada que ya se había implementado por el “Directorio de Empresas Públicas” de Rodolfo Terragno durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

Sistema tributario

El programa de Melconian descarta mayores reducciones impositivas para el corto plazo, es decir, dentro de los primeros 12 meses de gestión. Las alícuotas sobre las retenciones agropecuarias quedarán inalteradas, incluyendo al maíz, la soja, el trigo, el girasol, la cebada y todos sus productos derivados.

El documento de la Fundación Mediterránea justifica la inacción tributaria, debido a que la eventual rebaja de la tasa de inflación provocaría un aumento del gasto previsional (por indexación hacia atrás de los haberes), y la simplificación de las regulaciones cambiarias reducirían la recaudación en concepto del impuesto PAIS y las percepciones de Ganancias y Bienes Personales correspondientes.

En contraste, se espera poder incrementar la recaudación anual de las retenciones en un adicional del 0,6% del PBI, debido a la normalización de la actividad agropecuaria post-sequía y el mantenimiento de las retenciones. Bullrich anticipó la posibilidad de convertir estos impuestos en un “ahorro forzoso”, pero desde el punto de vista de los productores la presión tributaria no cambia en el corto plazo.

El Plan Melconian prepara, además, una progresiva reforma sobre el impuesto a las Ganancias y el monotributo para la totalidad del mandato del Gobierno, buscando eliminar los “ítems no remunerativos” de las deducciones y ampliando la cantidad de personas alcanzadas, del mismo modo en que ocurrió entre 2016 y 2019.

También se propone permitirle a las empresas indexar sus balances contables por la inflación, sin limitaciones como las que enfrentan hoy. Esto se flexibilizó en el año 2018, pero de todos modos jamás se instauró la plena libertad para recalibrar balances contables por el efecto de la inflación.

La política monetaria y cambiaria del plan

El programa propone un sendero gradualista para la flexibilización de las regulaciones cambiarias impuestas desde el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV), incrementando progresivamente la cantidad de operaciones que pueden realizarse a través de los segmentos legales del mercado.

El plan también incluye el mantenimiento de un cierto umbral de restricciones sobre la cuenta capital, en lo que se denominan “regulaciones macro-prudenciales” siguiendo el mismo libreto del ministro Martín Guzmán. Bajo un eventual Gobierno de Patricia Bullrich habrá controles sobre la entrada de capitales de corto plazo.

La candidata de Juntos por el Cambio anticipó que buscará destrabar un “blindaje” con el Fondo Monetario Internacional u otras instituciones de crédito internacional para intervenir el tipo de cambio en una eventual salida del cepo, lo cual implica más endeudamiento externo.

La convivencia entre el dólar y el peso en un contexto de “bimonetarismo” constituye una de las premisas fundamentales del programa, a diferencia del planteo del equipo de Javier Milei y el CEMA que proponen avanzar hacia la dolarización.

No se propone ninguna reforma concreta para atacar el problema de los pasivos remunerados del Banco Central. De acuerdo al programa económico de la Fundación Mediterránea, mediante la “reactivación de la confianza”, sin ruptura de contratos (sin reperfilamientos) y manteniendo las tasas de interés en línea con la inflación, se espera que la demanda de pesos pueda abrirse paso y compensar eventualmente la expansión monetaria devenida por los intereses de las Leliq y demás instrumentos del BCRA.

Economía

Francia rumbo a la quiebra: Vuelve a bajar la calificación crediticia de los bonos franceses y el déficit fiscal alcanza valores récord

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El desequilibrio presupuestario en las finanzas del país galo ya es el más extremo registrado desde la pandemia, a pesar de que la actividad económica se recuperó del impacto desde hace dos años. El elefantiásico Estado francés se hace imposible de sostener.

La administración de Emmanuel Macron no solamente deja al país a merced de una peligrosa radicalización política encarnada por el espacio de Melenchon, sino que además deja una economía completamente desgastada tras años de un modelo que parece totalmente agotado.

La economía francesa registra las tasas de crecimiento más bajas de su historia, apenas pudiendo recuperar del impacto provocado por la pandemia entre 2020 y 2021, pero no pudiendo recuperar su tendencia de crecimiento anterior a dicho evento.

En los mercados financieros, los bonos franceses volvieron a sufrir un nuevo revés de confianza, ya que la mayoría de las agencias calificadoras de riesgo decidieron rebajar la puntuación de la deuda francesa hace solo un mes, después de haberlo hecho en junio del año pasado. Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s siguieron esta tendencia con respecto a la evaluación de los bonos que emite el Estado francés.

El déficit fiscal primario de Francia llegó a representar el 3,77% del PBI en el último trimestre del año pasado, según las más recientes estadísticas del Banco Central Europeo. Se trata del quinto trimestre conductivo en que empeora el resultado presupuestario, incluso antes del pago de intereses de deuda (cada vez mayores).

De hecho, y sin considerar el impacto que generó la pandemia, Francia mantiene el déficit primario más drástico de los últimos 12 años, y el incesante clima de inestabilidad política no arroja ninguna perspectiva medianamente optimista.

Si se suma el pago de intereses a cuenta de la deuda pública, el resultado consolidado del país galo marcó un rojo de casi el 5,5% del PBI en el último cuarto del año 2023, y no se veía un nivel semejante desde la salida de la crisis internacional de 2008 o la pandemia de 2020. La diferencia entre aquellos dos escenarios de crisis con respecto a la situación actual, es que en este momento la economía francesa no se encuentra en recesión, sino que continúa reteniendo un anémico crecimiento.

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Economía

El Gobierno anuncia la desregulación del mercado de Warrants, con el objetivo de favorecer el crédito para familias y empresas

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Desde diciembre del año pasado la administración de Milei desreguló una serie de mercados en tiempo récord, y los primeros resultados ya están a la vista en el caso del sector inmobiliario. La mayor desregulación permite aceitar mejor el funcionamiento del aparato productivo.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció un importante avance en la desregulación y modernización del mercado financiero argentino: cesarán las restricciones inútiles y arbitrarias que hasta ahora existían para la emisión de Warrants.

Como explicó el propio Ministro, los Warrants permiten certificar la propiedad de un cierto bien por parte de un productor y con ello se facilita su trazabilidad en el mercado financiero. Son instrumentos que permiten convertir de manera muy sencilla algo físico, en una suerte de garantía para poder acceder a créditos.

Asimismo, estos instrumentos también se pueden intercambiar y vender en los mercados secundarios, lo cual habilita toda una serie de facultades para su emisor. En países como Estados Unidos, es común que los warrants se emitan y se negocien libremente en los mercados extrabursátiles.

Pero hasta ahora, Argentina se diferenciaba de la mayor parte de las economías modernas porque restringía excesivamente la emisión de estos instrumentos, hasta el punto de que únicamente 10 empresas en todo el país estaban autorizadas a hacerlo, algo completamente arbitrario y perjudicial para el desarrollo de este mercado (especialmente para las pequeñas y medianas empresas).

Por otra parte, se desregularon los diferentes usos permitidos para la emisión de Warrants, con lo cual podrán ser utilizados para canalizar el crédito hacia la actividad minera, la industria manufacturera, el sector energético, el sector agropecuario, etc.

Estas medidas, en conjunto con el mayor espacio para el crédito privado y la mayor estabilidad de precios, permitirán abaratar la financiación de múltiples proyectos de inversión, especialmente en donde más se necesitan. 

También supone un fuerte impulso para la competitividad de las empresas argentinas frente al exterior, ya que ahora dispondrán de una herramienta que sus competidores ya hacían uso desde hace tiempo en los mercados más modernos y desarrollados.

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Economía

El socialismo español está a punto de quebrar el sistema jubilatorio por cuarta vez en la historia del país

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La administración del PSOE se niega a permitir cambios profundos sobre el sistema de seguridad social español, y todas las proyecciones futuras sugieren que se volverá un verdadero agujero negro para las finanzas públicas y una masiva disparada del gasto estatal.

El gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez está sentando las bases para una bomba fiscal que repercutirá sobre las finanzas del Estado español a lo largo de los próximos años, comprometiendo así el pago de las futuras pensiones.

Pese a las tímidas reformas esgrimidas por el Ministro socialista José Luis Escrivá, solamente al término de 2023 la seguridad social española registró un desequilibrio descomunal equivalente a los 8.200 millones de euros, y no hará más que empeorar año tras año en ausencia de reformas estructurales.

De esta manera, el sistema de reparto estatal de España se encamina a su cuarta quiebra histórica, y las consecuencias de este hecho ya son conocidas: los parámetros del sistema deberán nuevamente reformularse en detrimento del bienestar de la sociedad, sin ninguna otra alternativa posible dentro del sistema que ofrece el Estado

Bajo un régimen de capitalización individual, dichas reformas no serían necesarias, pero España no cuenta ni siquiera con la asistencia de una mínima participación privada en la inversión de los fondos públicos de pensión, y los planes privados existentes se encuentran sumamente regulados y restringidos.

Los resultados del sistema de reparto español y la falta de futuro

Tal y como se encuentra diseñado el esquema previsional español, y dada las políticas aplicadas por el oficialismo, se encamina hacia una nueva quiebra generalizada que repercutirá mediante menores beneficios para los cotizantes, y mayores impuestos para las generaciones futuras.

La primera gran quiebra del sistema de reparto se produjo en 1985, durante la presidencia socialista de Felipe González. Por aquel entonces, se decidió trasladar el problema hacia adelante: se decidió extender el período mínimo de cómputo (el tiempo para calcular el importe de la prestación social) de 2 a 8 años, y la base salarial para la cotización a partir de los 15 años anteriores a la jubilación (antes 10 años).

Pese a los cambios, en 1997 el sistema volvió a quebrar, y la administración de Aznar decidió extender el período de cómputo hasta los 15 años, y elevar el período de cotización de referencia de 15 a 35 años, lo cual redujo sustancialmente el valor de las jubilaciones reconocidas (generalmente los últimos años trabajados mantienen niveles salariales superiores a los primeros, en la vida laboral de cualquier persona).

Todo esto le dio holgura al sistema por casi una década más, pero finalmente en 2011 el sistema de reparto español quebró por tercera vez, y de manera alarmante. Para postergar el inminente colapso, se extendió la edad mínima de jubilación de 65 a 67 años (gradualmente), el período de cómputo subió de 15 a 25 años, y el período de años salariales de referencia se incrementó de 35 a 37 años. Paralelamente, las jubilaciones dejaron de estar indexadas a la inflación.

Las sucesivas reformas solo postergaron los mismos problemas hacia adelante, pero el dato más alarmante es que se agotan cada vez más rápido. Esta vez, el Gobierno socialista ni siquiera está dispuesto a cargar con el costo político que supondría una cuarta reforma restrictiva, condenando así a millones de personas a una eventual (y más violenta) reforma en el futuro cercano.

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