El déficit financiero superó 6% del PBI en febrero de 2023, la cifra más extrema desde 2013 sin contabilizar el shock provocado por la pandemia. Las finanzas públicas se desequilibraron completamente por el rescate de préstamos estudiantiles. 

La agenda irresponsable del presidente Joe Biden terminó por desequilibrar completamente el ordenamiento de las finanzas públicas. Hacia agosto del año pasado, el Presidente firmó un masivo programa de rescate para eliminar hasta 10.000 dólares en la deuda suscripta por préstamos estudiantiles.

Las medidas se aplicaron para personas con ingresos anuales no superiores a los 125.000 dólares anuales (el 95% de los empleados de Estados Unidos cumplen este requisito). El ala más “progresista” y radicalizada del Partido Demócrata logró imponer su agenda electoral sobre el cada vez más débil Gobierno de Biden, y se generó un shock fiscal similar al que tuvieron los cheques familiares durante la pandemia. 

Se evitó proporcionar un debate parlamentario acerca de la propuesta de los demócratas. El Gobierno simplemente instruyó al Departamento de Educación el plan de alivio sobre préstamos estudiantiles, una maniobra que no estuvo ajena a objeciones legales por parte de la oposición.

El déficit financiero del Gobierno federal se disparó rápidamente del 3,76% del PBI en julio de 2022 al 6,1% del producto en febrero de 2023, un salto de 2,4 puntos en solo 8 meses. Asimismo, sin contabilizar la creciente factura por intereses netos de deuda el déficit primario escaló del 2% del PBI al 4,14% entre julio de 2022 y febrero de 2023 y prácticamente se duplicó.

Sin contabilizar el shock provocado por la pandemia en 2020, el déficit federal de Estados Unidos ya es el más elevado de los últimos 10 años. No se veía algo remotamente similar desde febrero de 2013. Cabe señalar que la economía estadounidense se recupera de un shock fiscal y monetario similar al que tuvieron las grandes guerras mundiales del siglo XX, pero muy a diferencia de aquel entonces no parece volver a converger hacia el equilibrio fiscal.

Mientras la brecha fiscal del sector público crece, las necesidades de financiamiento aumentan en un momento especialmente delicado debido al fuerte incremento de la tasa de política monetaria de la FED. Mayores aumentos en la tasa interés de referencia implican un también mayor encarecimiento en el costo de endeudamiento para el Estado.

La responsabilidad fiscal del Gobierno de Biden arroja una fuerte incertidumbre sobre qué tan creíble será el financiamiento no inflacionario del déficit para los próximos años. La política fiscal condiciona el canal de expectativas de la política monetaria de Jerome Powell, imponiendo así un fuerte limitante nada despreciable sobre la tasa de inflación.

Si los mercados no estuvieran dispuestos a suscribir enteramente la deuda del Tesoro estadounidense continuamente, entonces la FED se vería obligada a desplegar un rescate o “Put” sobre esos bonos con emisión monetaria, tal y como lo hizo en la pandemia para financiar los programas de asistencia familiar.

Sin nuevas ideas, el Gobierno apuesta por profundizar el endeudamiento para llegar a cumplir con las metas de acumulación de reservas fijadas por el Fondo Monetario Internacional. La pérdida de reservas del BCRA es la más importante desde 2011.

En aras de cumplir con las metas trimestrales del Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía Sergio Massa destrabó un nuevo acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presidido por el economista brasileño Ilan Goldfajn.

El Estado argentino suscribió un nuevo préstamo por 235 millones de dólares, como parte de tres programas conjuntos a largo plazo. El primero se focaliza en el “Fortalecimiento de los Servicios de Sanidad Agropecuaria y del Manejo Sustentable de los Recursos Marítimos” y asciende a un monto por US$ 125 millones.

El segundo préstamo financia un “programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos” por 70 millones de dólares. Y en tercer lugar, se aprobó un préstamo por US$ 40 millones para el lanzamiento de un programa de apoyo para pequeños productores vitivinícolas. 

Lo cierto es que estas obligaciones no constituyen una preocupación para el corto plazo dentro de las finanzas públicas de 2023, sino que constituyen proyectos de muy largo plazo y con exigencias mayormente permisivas. El objetivo real de los préstamos no es simplemente adherir a problemáticas puntuales, sino engrosar la posición de reservas netas del Banco Central para tratar de alcanzar las metas trimestrales del FMI. 

El endeudamiento externo se perfila como una de las muy pocas alternativas a disposición del ministro Massa. La histórica sequía sobre el campo demostró ser, históricamente, un cóctel expositivo para el mantenimiento de cualquier control cambiario. 

Solo en los primeros 3 meses de 2023, el Banco Central sufrió la peor pérdida de reservas para cualquier año en un período similar desde 2011, momento en que se volvían a instalar los controles cambiarios en la economía argentina. La autoridad monetaria acumuló un saldo vendedor neto de 1.500 millones de dólares desde el 1° de enero, y más de 350 millones solamente en lo que va de marzo. 

En pleno año electoral, no existen demasiadas expectativas por una mayor corrección de los desequilibrios internos que favorecen la salida de reservas, pero a la luz de la dramática posición del BCRA las alternativas siguen sobre la meta. La devaluación oficial del tipo de cambio “A” 3.500 (el dólar oficial minorista) escaló al 90,3% en las primeras dos semanas de marzo, muy por debajo del 125,7% observado en noviembre del año pasado y también por debajo del aumento interanual de los precios.

En otras palabras, a pesar de la dramática escasez de divisas, el Gobierno kirchnerista decidió volver a retrasar deliberadamente el tipo de cambio oficial, como suele ocurrir típicamente en años electorales.

Otra alternativa factible para contener la pérdida de reservas que genera el cepo podría ser restringir (todavía más) el volumen de las importaciones, pero esta opción provocaría una rápida profundización de la recesión en la actividad real. De hecho, el índice EMAE del INDEC permanece retroceso desde agosto del año pasado y Argentina está a solo 2 meses de caer en una recesión técnica.

El primer ministro de derecha da inicio a una nueva etapa de privatización y desregulación económica en una de las economías con mayor potencial en el mundo. La operación podría involucrar una acreencia de hasta 4.000 millones de dólares para el Gobierno.

El gobierno de derecha en India, encabezado por el primer ministro Narendra Modi, se dispone a relanzar y profundizar el programa de privatizaciones en el país, empezando por una fuerte reforma al sistema bancario.

De esta manera, se anunció la intención de vender el IDBI Bank Limited, originalmente conocido como “Banco de Desarrollo Industrial de la India” desde su fundación en el año 1964. Se trata de una de las instituciones financieras más importantes del país, y una subsidiaria de la también estatal Life Insurance Corporation of India, dependiente del Ministerio de Finanzas.

El banco se encarga de suministrar líneas de crédito subsidiadas a industrias sustitutivas de importaciones, lo cual encubría una protección arancelaria indirecta y un sistema arcaico anti-comercial. Ahora, Narendra Modi, quien por muchos años criticó este sistema económico que imperaba en la India, consiguió el respaldo suficiente para dar de baja esta política y, por lo tanto, deshacerse del banco. 

La privatización del IDBI Bank podría significar una acreencia estimada en los US$ 4.000 millones de dólares, una operación que bien podría ser la más importante para 2023 en materia de transferencias de activos al sector privado. 

El Gobierno actualmente retiene el 94,72% de la participación accionaria de la institución, además de mantener la “acción de oro”, que le da el poder de tener la última palabra. En una primera instancia, se procederá a vender hasta el 60,72% del paquete accionario total para el sector privado.

De esta manera, en la nueva estructura que propone el gobierno de Modi, el IDBI Bank quedará ampliamente dominada por la iniciativa privada, hasta el 66% del total, y el Estado sólo conservará el 34% del paquete.

Aún así, debido al clima de incertidumbre global sobre la estabilidad de los sistemas financieros en todo el mundo, las autoridades estudian de cerca una ampliación del paquete lanzado a licitación pública, donde el Estado podría quedarse con un paquete accionario aún menor.

Las acciones del IDBI Bank sufrieron el impacto del derrumbe del Silicon Valley y acumularon una caída del 17% en lo que va de 2023, y por tales motivos el Gobierno podría rescindir su participación accionaria post-privatización del 34% al 32% a fin de poder recaudar la cifra efectiva de US$ 4.000 millones estipulada desde un comienzo.

La experiencia más reciente en las privatizaciones de la India demuestran una transferencia de recursos abiertamente “progresiva” desde sectores con amplia capacidad contributiva hacia sectores con ingresos extremadamente bajos.

Bajo la gestión del primer ministro derechista Narendra Modi, los ingresos transitorios por privatizaciones fueron utilizados para una gran batería de inversiones en infraestructura que permitieron que 6,5 millones de personas pudieran acceder a los servicios de agua potable a lo largo y ancho del país entre 2019 y 2020.

“El dinero de la monetización y privatización de activos se utilizará para planes de bienestar social. Se utilizará para construir casas para los pobres, construir escuelas, construir carreteras en las aldeas y proporcionar agua potable. Cada decisión sobre privatización y monetización ayudará a empoderar a los indios”, declaró Modi.