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Economía

Sturzenegger preparó una ley para desregular la economía, pero no tiene esperanzas de ser aceptada por los radicales

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Se trata de un programa que pretende la derogación de decenas de normativas. Sin embargo, no existe ni el más mínimo consenso político dentro de Juntos por el Cambio para implementarlo.

El economista y expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, diseñó un ambicioso programa para desregular la economía argentina después de dos años de trabajo en la tarea de revisión legislativa.

El objetivo principal del plan es la eliminación directa de decenas de regulaciones que limitan competencia en los mercados, que garantizan privilegios económicos seleccionados a discreción y que implican una menor transparencia en la asignación de gastos del Estado. También se propone la modificación de otras decenas de normas para flexibilizar las legislaciones que adquirieron una dimensión elefantiásica.

Y aunque el proyecto de Sturzenegger guarda muchas similitudes con lo que busca implementar el equipo técnico de Javier Milei (la derogación de alrededor de 500 regulaciones en el corto plazo), el economista aclaró en sus redes sociales que su trabajo será ofrecido al equipo de Patricia Bullrich en consonancia con Carlos Melconian.

Sin embargo, por el momento el economista de la Fundación Mediterránea no ha dicho nada acerca de desregular la economía, por el contrario, quiere mantener fuertes controles al mercado de capitales y al mercado de cambio, y todo indica que el "Plan Sturzenegger" caerá en oídos sordos.

La principal traba para la implementación de este programa de desregulación (muy necesario para la economía argentina) es que Juntos por el Cambio no ofrece ningún tipo de consenso en esta materia, pese a que pretende mostrarse como una oposición supuestamente unificada.

La falta de ideas y consensos claros en JxC quedó en evidencia en múltiples oportunidades a lo largo de su desempeño legislativo. No resulta creíble que el mismo espacio que impulsó, apoyó y aprobó la fatídica ley de alquileres (que endureció el peso regulatorio del Estado en el mercado inmobiliario) ahora pretenda impulsar con credibilidad la desregulación de toda la economía.

Por solo poner un ejemplo aún más reciente, un total de 6 senadores de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR) se mostraron abiertamente partidarios de conciliar con el kirchnerismo para regular los alquileres temporarios, introduciendo más restricciones, más requisitos, más trámites, más monitoreo estatal y más gasto presupuestario.

El economista y dirigente radical Martín Lousteau, exministro de Economía de Cristina Kirchner y actual referente en Juntos por el Cambio, se mostró partidario de regular los alquileres y las aplicaciones digitales de transporte de pasajeros como Uber y Cabify.

Otro dirigente radical como Julio Cobos (ex-vicepresidente de Cristina Kirchner) impulsó una feroz intervención regulatoria para romper los contratos de los créditos hipotecarios UVA, con el único fin de licuar deliberadamente la deuda de los tomadores del crédito a costa de romper un mercado (el único que le quedaba al país para el crédito hipotecario). Un gran número de radicales tanto en el Congreso de diputados como en el Senado acompañaron la posición de Cobos.

La excesiva heterogeneidad dentro de Juntos por el Cambio no ofrece ni la más mínima garantía de que pueda llevarse a cabo un proceso de desregulación tan ambicioso como el que propone Sturzenegger, especialmente por parte de “socios” políticos como la UCR y la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

Economía

Francia rumbo a la quiebra: Vuelve a bajar la calificación crediticia de los bonos franceses y el déficit fiscal alcanza valores récord

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El desequilibrio presupuestario en las finanzas del país galo ya es el más extremo registrado desde la pandemia, a pesar de que la actividad económica se recuperó del impacto desde hace dos años. El elefantiásico Estado francés se hace imposible de sostener.

La administración de Emmanuel Macron no solamente deja al país a merced de una peligrosa radicalización política encarnada por el espacio de Melenchon, sino que además deja una economía completamente desgastada tras años de un modelo que parece totalmente agotado.

La economía francesa registra las tasas de crecimiento más bajas de su historia, apenas pudiendo recuperar del impacto provocado por la pandemia entre 2020 y 2021, pero no pudiendo recuperar su tendencia de crecimiento anterior a dicho evento.

En los mercados financieros, los bonos franceses volvieron a sufrir un nuevo revés de confianza, ya que la mayoría de las agencias calificadoras de riesgo decidieron rebajar la puntuación de la deuda francesa hace solo un mes, después de haberlo hecho en junio del año pasado. Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s siguieron esta tendencia con respecto a la evaluación de los bonos que emite el Estado francés.

El déficit fiscal primario de Francia llegó a representar el 3,77% del PBI en el último trimestre del año pasado, según las más recientes estadísticas del Banco Central Europeo. Se trata del quinto trimestre conductivo en que empeora el resultado presupuestario, incluso antes del pago de intereses de deuda (cada vez mayores).

De hecho, y sin considerar el impacto que generó la pandemia, Francia mantiene el déficit primario más drástico de los últimos 12 años, y el incesante clima de inestabilidad política no arroja ninguna perspectiva medianamente optimista.

Si se suma el pago de intereses a cuenta de la deuda pública, el resultado consolidado del país galo marcó un rojo de casi el 5,5% del PBI en el último cuarto del año 2023, y no se veía un nivel semejante desde la salida de la crisis internacional de 2008 o la pandemia de 2020. La diferencia entre aquellos dos escenarios de crisis con respecto a la situación actual, es que en este momento la economía francesa no se encuentra en recesión, sino que continúa reteniendo un anémico crecimiento.

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Economía

El Gobierno anuncia la desregulación del mercado de Warrants, con el objetivo de favorecer el crédito para familias y empresas

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Desde diciembre del año pasado la administración de Milei desreguló una serie de mercados en tiempo récord, y los primeros resultados ya están a la vista en el caso del sector inmobiliario. La mayor desregulación permite aceitar mejor el funcionamiento del aparato productivo.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció un importante avance en la desregulación y modernización del mercado financiero argentino: cesarán las restricciones inútiles y arbitrarias que hasta ahora existían para la emisión de Warrants.

Como explicó el propio Ministro, los Warrants permiten certificar la propiedad de un cierto bien por parte de un productor y con ello se facilita su trazabilidad en el mercado financiero. Son instrumentos que permiten convertir de manera muy sencilla algo físico, en una suerte de garantía para poder acceder a créditos.

Asimismo, estos instrumentos también se pueden intercambiar y vender en los mercados secundarios, lo cual habilita toda una serie de facultades para su emisor. En países como Estados Unidos, es común que los warrants se emitan y se negocien libremente en los mercados extrabursátiles.

Pero hasta ahora, Argentina se diferenciaba de la mayor parte de las economías modernas porque restringía excesivamente la emisión de estos instrumentos, hasta el punto de que únicamente 10 empresas en todo el país estaban autorizadas a hacerlo, algo completamente arbitrario y perjudicial para el desarrollo de este mercado (especialmente para las pequeñas y medianas empresas).

Por otra parte, se desregularon los diferentes usos permitidos para la emisión de Warrants, con lo cual podrán ser utilizados para canalizar el crédito hacia la actividad minera, la industria manufacturera, el sector energético, el sector agropecuario, etc.

Estas medidas, en conjunto con el mayor espacio para el crédito privado y la mayor estabilidad de precios, permitirán abaratar la financiación de múltiples proyectos de inversión, especialmente en donde más se necesitan. 

También supone un fuerte impulso para la competitividad de las empresas argentinas frente al exterior, ya que ahora dispondrán de una herramienta que sus competidores ya hacían uso desde hace tiempo en los mercados más modernos y desarrollados.

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Economía

El socialismo español está a punto de quebrar el sistema jubilatorio por cuarta vez en la historia del país

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La administración del PSOE se niega a permitir cambios profundos sobre el sistema de seguridad social español, y todas las proyecciones futuras sugieren que se volverá un verdadero agujero negro para las finanzas públicas y una masiva disparada del gasto estatal.

El gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez está sentando las bases para una bomba fiscal que repercutirá sobre las finanzas del Estado español a lo largo de los próximos años, comprometiendo así el pago de las futuras pensiones.

Pese a las tímidas reformas esgrimidas por el Ministro socialista José Luis Escrivá, solamente al término de 2023 la seguridad social española registró un desequilibrio descomunal equivalente a los 8.200 millones de euros, y no hará más que empeorar año tras año en ausencia de reformas estructurales.

De esta manera, el sistema de reparto estatal de España se encamina a su cuarta quiebra histórica, y las consecuencias de este hecho ya son conocidas: los parámetros del sistema deberán nuevamente reformularse en detrimento del bienestar de la sociedad, sin ninguna otra alternativa posible dentro del sistema que ofrece el Estado

Bajo un régimen de capitalización individual, dichas reformas no serían necesarias, pero España no cuenta ni siquiera con la asistencia de una mínima participación privada en la inversión de los fondos públicos de pensión, y los planes privados existentes se encuentran sumamente regulados y restringidos.

Los resultados del sistema de reparto español y la falta de futuro

Tal y como se encuentra diseñado el esquema previsional español, y dada las políticas aplicadas por el oficialismo, se encamina hacia una nueva quiebra generalizada que repercutirá mediante menores beneficios para los cotizantes, y mayores impuestos para las generaciones futuras.

La primera gran quiebra del sistema de reparto se produjo en 1985, durante la presidencia socialista de Felipe González. Por aquel entonces, se decidió trasladar el problema hacia adelante: se decidió extender el período mínimo de cómputo (el tiempo para calcular el importe de la prestación social) de 2 a 8 años, y la base salarial para la cotización a partir de los 15 años anteriores a la jubilación (antes 10 años).

Pese a los cambios, en 1997 el sistema volvió a quebrar, y la administración de Aznar decidió extender el período de cómputo hasta los 15 años, y elevar el período de cotización de referencia de 15 a 35 años, lo cual redujo sustancialmente el valor de las jubilaciones reconocidas (generalmente los últimos años trabajados mantienen niveles salariales superiores a los primeros, en la vida laboral de cualquier persona).

Todo esto le dio holgura al sistema por casi una década más, pero finalmente en 2011 el sistema de reparto español quebró por tercera vez, y de manera alarmante. Para postergar el inminente colapso, se extendió la edad mínima de jubilación de 65 a 67 años (gradualmente), el período de cómputo subió de 15 a 25 años, y el período de años salariales de referencia se incrementó de 35 a 37 años. Paralelamente, las jubilaciones dejaron de estar indexadas a la inflación.

Las sucesivas reformas solo postergaron los mismos problemas hacia adelante, pero el dato más alarmante es que se agotan cada vez más rápido. Esta vez, el Gobierno socialista ni siquiera está dispuesto a cargar con el costo político que supondría una cuarta reforma restrictiva, condenando así a millones de personas a una eventual (y más violenta) reforma en el futuro cercano.

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