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Economía

Usando de excusa a Rusia, Biden firma una orden ejecutiva para regular duramente las criptomonedas

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El presidente Joe Biden utilizó la guerra entre Rusia y Ucrania para justificar su política regulatoria sobre el mercado de criptoactivos, pero esta agenda ya estaba presente mucho antes de empezar el conflicto bélico.

La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a traer a colación el debate por los criptoactivos, tras la determinación de duras sanciones económicas. El Gobierno de Joe Biden aprovechó el conflicto bélico para justificar su agenda regulatoria sobre las criptomonedas.

A raíz de la expulsión de diversos bancos rusos del sistema SWIFT internacional, el uso de criptomonedas se planteó como una herramienta posible para eludir sanciones económicas, dado el carácter anónimo del origen y el destino de las transacciones entre usuarios.

Consciente de este hecho, la administración Biden buscó respaldar su política regulatoria, a pesar de que ya estaba presente antes de que estallara la guerra. El Gobierno demócrata declaró abiertamente sus primeras intenciones por regular el mercado de critpoactivos en noviembre de 2021, aunque sin tener las razones que utiliza actualmente para justificarse.

La orden ejecutiva firmada por Biden el pasado día miércoles sienta las bases para instaurar un margen regulatorio creciente y aplastante sobre el mercado de criptomonedas. Concretamente, el documento pautado por Biden establece los lineamientos principales por los cuales se buscará regular el mercado, entre los cuales destacan principalmente seis: “protección del consumidor y del inversor, estabilidad financiera, financiación ilícita, liderazgo de Estados Unidos en el sistema financiero mundial, inclusión financiera e innovación responsable”.

El documento no establece regulaciones específicas, sino que se limita a programar los lineamientos para que deberán utilizar los distintos departamentos federales con competencia en la regulación de mercados.

Los departamentos federales tendrán la potestad de “analizar riesgos y beneficios potenciales” en el mercado de criptomonedas, para así establecer regulaciones pertinentes en base a esos análisis. Este mecanismo fue habilitado y promovido por la orden ejecutiva de Biden.

La ejecución del marco regulatorio, así como el grado de intensidad sobre el mercado, dependerá de las medidas de los departamentos federales. La reacción de los mercados aún es ambigua.

Si bien en la jornada del miércoles el Bitcoin se revalorizó un 7%, junto con otras monedas virtuales, en la jornada del jueves el optimismo inicial parece opacarse. El valor del Bitcoin volvió a caer por debajo de los US$ 40.000, perdiendo todo el repunte del día anterior. Esto refleja la incertidumbre de los mercados financieros, que tratan de anticiparse al impacto incierto de las políticas regulatorias de Biden.

El dictamen del Gobierno federal también incluyó la promoción de un dólar digital, que funcionará como una manera indirecta para regular el mercado de criptomonedas a partir de un instrumento que sí pueda controlar efectivamente el Gobierno.

La orden ejecutiva demanda que el Tesoro de los Estados Unidos y los entes reguladores deberán confeccionar un informe detallando los riesgos y beneficios de la creación de un dólar digital. Esta medida también es actualmente estudiada por otros países como China y Rusia. 

Economía

La administración de Pedro Sánchez disparó el crecimiento de la deuda de 800 euros por habitante a más de 7.000

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La deuda pública de España se incrementó en casi 17 puntos porcentuales desde que el Partido Socialista se hizo cargo del Gobierno. Solamente este año se acumuló un endeudamiento por 78.964 millones de euros.

La contracara de la irresponsabilidad fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez es el aumento desbocado del stock de la deuda pública. Desde la asunción del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al poder en junio de 2018, la participación de la deuda bruta española con respecto al PBI escaló del 100,4% al 117,68% al término de agosto de 2022.

Mientras que entre mayo de 2018 y mayo de 2019 la deuda pública española crecía a razón de 828 euros por persona, el crecimiento registrado entre mayo de 2018 y septiembre de este año se multiplicó nueve veces y alcanzó los 7.307 euros.

Lo que es lo mismo, la deuda del Estado español subió en 38.688 millones euros en el acumulado de 12 meses hasta mayo de 2019, pero considerando el acumulado hasta septiembre de este año el incremento se dispara hasta los 346.719 millones euros

Solamente en los primeros 9 meses de este año el stock del pasivo aumentó en 78.964 millones de euros, y hasta 12.609 millones de euros entre agosto y septiembre. Tras cuatro años de administración socialista, la deuda bruta española aumenta en 219 millones de euros todos los días

El principal factor explicativo para el crecimiento explosivo del endeudamiento es la falta de responsabilidad fiscal. Incluso habiendo llevado a cabo una muy poco convencional reforma tributaria para subir los impuestos en plena pandemia, el Gobierno de Sánchez no consiguió que los aumentos en la recaudación compensaran la expansión del gasto público.

La recaudación total alcanzó el 43,74% del PBI al término del segundo trimestre del año, mientras que el gasto consolidado (incluyendo el Gobierno central y las Comunidades Autónomas) representó el 48,29% del producto en el mismo período. 

Gasto público y recaudación total de España entre 1999 y 2022.

No solamente ambas partidas se encuentran en niveles holgadamente superiores a los que había antes de la pandemia, sino que además la brecha entre el gasto y la recaudación sigue siendo más grande de la que había en el último trimestre de 2019.

El déficit fiscal financiero alcanzó el 4,54% del PBI hacia el pasado mes de junio, un resultado que es consistente con la meta de 4,9% para fin de año pero aún muy superior al 3% que se registraba antes de la pandemia.

El FMI estima que de cumplirse efectivamente la meta fiscal anual, España cerrará el 2022 con un déficit primario del 2,93% del PBI, y proyecta que se estabilizará en el 2% durante los próximos años. Este camino irresponsable garantiza que la deuda pública seguirá creciendo inescrupulosamente.

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Economía

Severa previsión de JP Morgan para la Argentina de 2023: 111% de inflación, incumplimiento con el FMI y recesión

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La reconocida firma financiera se mostró escéptica por el cumplimiento de las metas fiscales con el FMI en medio de un año electoral y con un Gobierno kirchnerista. Anticipó que la inflación duplicará la presupuestada, y la actividad entrará en recesión. 

El banco más importante de los Estados Unidos, la firma JP Morgan & Chase publicó su Outlook global con las principales proyecciones sobre las economías del mundo en vista al 2023. Los pronósticos para Argentina suponen un baldazo de agua fría para las apetencias del Gobierno de Fernández, ya que se estima que todas y cada una de las metas propuestas no podrán cumplirse. 

El banco concluyó que la inflación interanual para diciembre de 2023 podría escalar el 111% sobre el segmento de precios minoristas, prácticamente el doble de lo que plasmó en el Presupuesto el equipo económico de Sergio Massa. De hecho, este escenario sugiere un cierto optimismo en comparación a las perspectivas de la mayoría de las consultoras privadas locales, que esperan una inflación incluso más elevada. 

De cualquier forma, la inflación interanual se consolidaría cómodamente en los 3 dígitos a lo largo del año próximo. Estos resultados son consistentes con un nivel de inflación mensual en torno al 7%, una cifra muy distante al 4,4% que resulta compatible con el pronóstico del oficialismo. 

Los controles de precios minoristas y tarifas reguladas no suponen un ancla nominal creíble y suficiente como para poder alcanzar los objetivos planteados por Massa, por lo que realmente la meta de 60% para diciembre de 2023 parece un número inalcanzable. 

 Asimismo, JP Morgan estimó que la actividad económica caerá por lo menos un 0,5% durante el próximo año. Una parte de esta estimación se debe al arrastre estadístico sobre las perspectivas para el segundo semestre de este año, que sugieren el comienzo de la recesión. 

La economía podría caer en los últimos meses de 2022 y los primeros de 2023, para luego permanecer virtualmente estancada en un típico escenario de estanflación, y de esta forma arrojando una variación anual negativa sobre la tasa de crecimiento. 

La firma financiera no ocultó sus dudas acerca del cumplimiento de las metas trimestrales con el Fondo Monetario Internacional. Aseguró que su cumplimiento constituye un “desafío” en medio de un año electoral y frente a un Gobierno que no dudó en expandir la política fiscal durante las elecciones de medio término en 2021. 

Las últimas proyecciones sobre la inflación interanual y el crecimiento económico no incluyen los efectos de un eventual incumplimiento, ya que de producirse y colapsar el proceso de refinanciación de la deuda externa, el escenario podría tornarse aún más adverso. 

El acuerdo determina que el déficit fiscal primario (sin intereses) del Sector Público Nacional deberá cerrar este año en el 2,5% del PBI, para volver a retroceder al 1,9% en diciembre de 2023. El financiamiento monetario directo vía “adelantos transitorios” deberá terminar el 2022 en el 1% del producto, y anularse por completo para el año próximo.

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Economía

Massa quiere que las Provincias le presten al Tesoro frente a la falta de interesados privados

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El ministro de Economía está listo para desplegar una “aspiradora de pesos” y ampliar el margen de la deuda pública doméstica, pero esta vez teniendo como acreedores a las Provincias y los organismos públicos frente a la reticencia del sector privado. 

En una nueva maniobra peligrosa y desesperada ante el fracaso de las licitaciones en pesos, el ministro de Economía Sergio Massa pretende seguir expandiendo el endeudamiento público en pesos, pero esta vez acudiendo a la liquidez que presentan las Provincias.

Se pretende captar todo el financiamiento que el sector privado ya no está dispuesto a refinanciar. Crecen las expectativas por un eventual “reperfilamiento” de plazos, intereses y capital sobre la deuda en pesos, incluso a pesar de que el Banco Central podría rescatar toda la deuda que fuera necesaria a costa de un shock inflacionario brutal. 

El ministró colocará nuevos bonos con un plazo de hasta 120 días y cuya fecha de emisión será el próximo jueves 30 de noviembre, que será ofrecido a las Provincias. La clave de la operación es la posición que tienen las Provincias en plazos fijos con una remuneración del 75% nominal anual y aún superior en términos efectivos.

Si el Tesoro pretende que las Provincias desarmen su posición en plazos fijos para prestarle dinero y transferir su liquidez, se deberán colorar bonos a una tasa que compense y supere a las que se perciben con los plazos fijos. A la fecha, ni las tasas ni los montos de capital fueron establecidos públicamente por la cartera de Economía. 

La liquidez de las Provincias, aquellos fondos tan codiciados por el ministerio de Economía asciende a un monto equivalente a 1,6 billones de pesos a valores actuales, un valor más que suficiente para concluir los compromisos del año sin necesidad de recurrir a la emisión monetaria directa (adelantos transitorios) o la indirecta (rescate de deuda pública). 

Asimismo, Massa no solo apunta a las entidades provinciales sino también a las empresas públicas y los organismos descentralizados. Se calcula que la liquidez sobre estas últimas instituciones alcanza los $1,12 billones, y los municipios retienen hasta $348.000 millones depositados en plazos fijos en pesos. 

Los vencimientos de corto plazo del Tesoro, solamente por la deuda doméstica en pesos, ascienden hasta los $700.000 millones hasta fin de año. Se estima que se obtendrán cerca de $250.000 millones como resultado del cobro de retenciones tras la liquidación de la soja a través de la nueva paridad cambiaria especial, pero el monto remanente espera cubrirse con más endeudamiento. 

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