La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York está a punto de emitir un fallo clave para el futuro de YPF y del Estado argentino.
El tribunal decidirá si el país debe entregar el 51% de las acciones que posee en la petrolera —o presentar otra garantía— mientras continúa la apelación contra el fallo que lo condenó a pagar USD 16.000 millones (hoy ya más de USD 18.000 millones con intereses) por la expropiación de 2012.
El origen del conflicto
El caso se remonta a la nacionalización de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner. La jueza federal Loretta Preska determinó en primera instancia que Argentina debía compensar a los accionistas por la forma en que se concretó la expropiación. La sentencia fue apelada y la audiencia final está prevista para fines de octubre, después de las elecciones legislativas.
Mientras tanto, el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio, presiona para que se cumpla la sentencia y busca probar que el Estado y YPF actúan como un “alter ego”, lo que abriría la puerta a embargos sobre otros activos argentinos en el exterior. Burford reclama no solo la entrega de las acciones, sino también el acceso a correos, chats y documentos de exfuncionarios como Luis Caputo y Sergio Massa.
La medida en juego: el “turnover”
Preska ya ordenó el “turnover” de las acciones, es decir, su transferencia a Burford. Argentina solicitó un “stay” (suspensión) hasta que se resuelva la apelación, algo que podría definirse en septiembre.
