En un sorpresivo cambio de estrategia, los demandantes que obtuvieron un fallo favorable contra Argentina por la expropiación de YPF en 2012 han informado ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que ya no buscan quedarse con el 51% de las acciones de la petrolera estatal.
Esta decisión representa un giro significativo en una batalla legal que lleva más de una década por culpa del kirchnerismo y que había puesto en jaque la soberanía sobre la principal empresa energética del país.
El grupo demandante, encabezado por el fondo Burford Capital y los beneficiarios de Petersen Energía y Eton Park, notificó por escrito al tribunal que no tienen interés en administrar una petrolera y que están dispuestos a aceptar condiciones que permitan revertir fácilmente la transferencia de acciones en caso de que Argentina tenga éxito en su apelación.
La notificación del grupo demandante.
Según el escrito judicial, “los demandantes no tienen interés en administrar una petrolera… aceptarían condiciones razonables para asegurar que la transferencia de acciones pueda deshacerse fácilmente si fuera necesario”.
Este nuevo enfoque habilita una vía alternativa en la disputa: permitiría a la Argentina continuar con su apelación sin entregar inmediatamente el paquete accionario en cuestión, siempre que el país ofrezca una garantía razonable que asegure la ejecución futura del fallo, si finalmente lo pierde.
No obstante, los demandantes han rechazado categóricamente la posibilidad de que se otorgue una suspensión total del fallo sin condiciones. En otras palabras, Argentina no podría apelar “gratis”, y deberá comprometer algún tipo de respaldo financiero o colateral mientras continúa el proceso.
Javier Milei y Donald Trump.
El momento del cambio no es casual. El Gobierno de Donald Trump presentó esta misma semana un escrito de amicus curiae ante la Corte de Apelaciones, apoyando la posición de Argentina. En ese documento, el gobierno estadounidense sostuvo que la entrega forzosa de las acciones podría violar el principio de inmunidad soberana consagrado en la ley FSIA, dado que los activos involucrados no están situados en territorio estadounidense.
La decisión ahora está en manos del panel de tres jueces del Segundo Circuito, que deberá evaluar si acepta el pedido de suspensión y bajo qué condiciones. Mientras tanto, la fecha clave será el 22 de julio, cuando Argentina debe presentar una contrapropuesta con las garantías solicitadas. De ser aceptadas, podría postergarse indefinidamente la ejecución del fallo por USD 16.100 millones.
Este giro representa un alivio parcial para el Gobierno argentino, que se encuentra en medio de un programa de estabilización económica y no podía permitirse una pérdida directa de control sobre YPF. Sin embargo, la pulseada judicial aún está lejos de terminar.
