La Asamblea Nacional aprobó con 84 votos la reforma a la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. La medida obliga a los privados de libertad a trabajar para cubrir sus necesidades y busca recuperar el control de las prisiones.
La reforma establece la creación de un sistema de inteligencia penitenciaria, reclasificación de la peligrosidad de los presos y el uso legítimo de la fuerza por parte de custodios. La bancada oficialista sostiene que la ley permitirá superar la crisis carcelaria que el Estado enfrenta desde hace años, heredada del correísmo.
Se incluyen capacitaciones, evaluaciones, pruebas de confianza y rotación del personal de seguridad para evitar corrupción y garantizar integridad.
