La candidata correísta, Luisa González, actuó deliberadamente en contra de los intereses de los ciudadanos ecuatorianos en el año 2017, tan solo unos días antes de que el condenado exmandatario abandone su cargo, dificultando el acceso a las jubilaciones de quienes poseían el derecho de percibirla.
González, quien en ese momento se desempeñaba como ministro de trabajo suscribió al escrito en el cual imposibilitaba que aquellos beneficiarios de las jubilaciones menores a los 70 años de edad tuvieran un correcto acceso a las mismas. Dichos impedimentos fueron efectuados tan solo dos días antes de que Rafael Correa le cediera el poder a Lenin Moreno.
Si bien la comunista González no eliminó el derecho a las jubilaciones, la medida fue ampliamente criticada en su momento debido a que ponía grandes trabas a quienes cumplían con los 30 años de aportes requeridos por ley y tenían menos de 70 años de edad.
La medida criminal efectuada por la correísta establecía en su artículo noveno que los procesos de desvinculación no obligatorios, referidos a aquellos menores de 70 años de edad, se encontraban sujetos a restricciones presupuestarias fiscales existentes al momento del acuerdo ministerial 094.
El requisito que establecía el escrito presentado por González demandaba que aquellos trabajadores que buscaran acceder a la jubilación no obligatoria, era la necesidad de entregar solicitudes previas al 31 de marzo de cada año para que en caso de que el presupuesto sea suficiente ser tratadas recién al 30 de abril.
