Las autoridades colombianas denunciaron falta de protocolo y Ecuador afirmó que respetó procesos judiciales individuales
Colombia recibió el segundo grupo de presos deportados desde Ecuador el 29 de julio. Las autoridades colombianas expresaron su protesta ante un procedimiento que consideró unilateral y descoordinado.
La cifra supera los 700 deportados, sumándose a al menos 410 retornos previos por Rumichaca. Colombia denunció que no hubo notificación oficial ni protocolo humanitario previo.
Las autoridades colombianas afirmaron que muchos deportados ingresaron sin comprobación legal clara de su estatus. La Cancillería calificó la acción como un “gesto inamistoso” del Gobierno ecuatoriano.
Expertos advierten que movimientos migratorios de tal magnitud deben tener protocolos binacionales formales. La ausencia de acuerdo previo subraya la debilidad de coordinación institucional heredada por modelos centralistas.
En un contexto de creciente violencia criminal en Ecuador, el gobierno buscó descongestionar cárceles. Sin embargo, la ausencia de claridad en los procedimientos amplifica temores sobre el respeto a derechos humanos.
La operación reflejó la necesidad de coordinación regional en temas de seguridad y justicia penitenciaria. Colombia insistió en protocolos conjuntos y Ecuador actualmente enfrenta críticas por su ejecución unilateral.
Ecuador respondió que notificó desde el 8 de julio y defendió que operó mediante resoluciones judiciales por caso. Según Quito, el proceso se ajustó a la legalidad y garantizó el debido proceso.
