La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, lidera una serie de investigaciones que han sacudido el panorama político del país. Estas pesquisas han destapado presuntos vínculos entre políticos, jueces y grupos criminales transnacionales durante el gobierno de Rafael Correa, poniendo en evidencia las consecuencias a largo plazo del llamado "socialismo del siglo XXI".
Según las investigaciones, miles de mensajes encriptados revelaron que narcotraficantes habrían pagado a la policía para alterar pruebas y a jueces para liberar a delincuentes. Estos hallazgos sugieren una profunda corrupción sistémica que habría echado raíces durante la década correísta, socavando las instituciones democráticas del país.
El caso más emblemático involucra al exvicepresidente Jorge Glas, encarcelado por corrupción. Los mensajes indican que se habrían pagado $250,000 a un juez para liberarlo, con la expectativa de favores futuros si Glas llegara a la presidencia. Esta revelación pone de manifiesto cómo el poder político se habría utilizado para beneficio personal en detrimento del Estado de derecho.
Desde diciembre de 2023, la fiscal Salazar y su equipo han presentado cargos contra 76 personas, incluyendo ex legisladores, jueces y altos funcionarios. De estos, 44 ya han sido sentenciados a prisión, evidenciando la magnitud del problema heredado por el gobierno posterior de Correa.
El legado problemático del correísmo
El expresidente Correa, quien gobierna desde el exilio en Bélgica, ha sido acusado de obstruir las investigaciones. Ha publicado advertencias sobre redadas en redes sociales y ha calificado a Salazar de "títere" de empresarios, alegando persecución política. Estas acciones reflejan una actitud de confrontación y negación ante las acusaciones de corrupción.
