Vance advirtió que la iniciativa de Stitt podría facilitar una amnistía migratoria y beneficiar a las grandes empresas a costa de los trabajadores estadounidenses.
El vicepresidente JD Vance cuestionó duramente una propuesta del gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, que busca permitir que los estados otorguen permisos laborales a inmigrantes para cubrir puestos de trabajo solicitados por empresas. Vance advirtió que la iniciativa podría convertirse en una vía para conceder amnistía a quienes violaron las leyes migratorias de Estados Unidos y favorecer los intereses de grandes corporaciones a costa de los trabajadores estadounidenses.
''Para mucha gente, esto parece un intento de conceder amnistía a personas que han infringido nuestras leyes'', escribió Vance en la red social X. ''Es moral y electoralmente desastroso'', agregó, dejando clara su oposición a flexibilizar las restricciones migratorias para satisfacer las demandas del sector empresarial.
La reacción del vicepresidente se produjo después de que Stitt defendiera una reforma que permitiría a los gobernadores emitir permisos de trabajo para inmigrantes cuando una empresa garantice que necesita contratar personal extranjero. El mandatario estatal argumentó que los gobiernos locales conocen mejor las necesidades de sus mercados laborales que los funcionarios federales en Washington.
''Estamos complicando demasiado la reforma migratoria: es tan sencillo como que, si un empleador respalda a un trabajador, el gobernador del estado debería poder emitir ese permiso laboral. Punto. Fin de la historia'', sostuvo Stitt. También afirmó que otros países ya implementaron mecanismos similares y que Estados Unidos debería seguir ese camino.
El vicepresidente JD Vance criticó un plan del gobernador de Oklahoma para que las empresas importen inmigrantes para sus puestos laborales
Sin embargo, Vance cuestionó qué significa realmente impulsar una reforma migratoria bipartidista y estableció una distinción entre combatir los abusos empresariales y facilitar la contratación de trabajadores extranjeros.
''Me cae bien Kevin, pero ¿qué significa 'reforma migratoria bipartidista'? Si te refieres a dificultar que las megacorporaciones defrauden nuestro sistema de visas, perfecto. Si significa que deberíamos aprobar leyes para dificultar que los empleadores violen nuestras leyes migratorias, estoy dispuesto a escuchar. Pero para mucha gente, esto parece un intento de conceder amnistía a personas que han infringido nuestras leyes'', escribió.
La postura de JD Vance coincide con la línea migratoria de la administración del presidente Donald Trump, que ha cuestionado reiteradamente los programas de contratación extranjera utilizados por grandes compañías para cubrir puestos laborales.
El vicepresidente también ha advertido sobre los riesgos políticos de que los sectores empresariales presionen para mantener una elevada inmigración, incluso cuando ello perjudica las oportunidades y los salarios de los ciudadanos estadounidenses.
El gobierno de Donald Trump mantiene una unidad con respecto a la contratación de inmigrantes
La propuesta de Stitt, por su parte, reproduce elementos del plan conocido como ''Any Willing Worker'', impulsado durante la presidencia de George W. Bush en 2001. Sus críticos sostienen que un sistema de permisos administrado por los gobernadores podría ampliar considerablemente la oferta de mano de obra extranjera, presionar los salarios a la baja, incrementar la demanda de viviendas y reducir los incentivos para que las empresas inviertan en tecnología y productividad.
Además, el secretario de Estado entrante de Oklahoma también expresó críticas contra la iniciativa del gobernador saliente.
Stitt lleva varios años promoviendo esta reforma ante Trump, legisladores federales y otros gobernadores. Su argumento central es que los estados deberían tener mayor autoridad para responder a las necesidades específicas de sus industrias. Como ejemplo, mencionó que el gobernador de Louisiana estaría mejor preparado para determinar las necesidades de trabajadores de la industria pesquera que un funcionario federal.
El gobernador de Oklahoma tomó como referencia un plan ideado durante la administración de George W. Bush
La iniciativa incluso llegó al Congreso mediante un proyecto elaborado por los senadores John Curtis, republicano de Utah, y Mark Kelly, demócrata de Arizona. La legislación, identificada como S. 5197, otorgaría a los gobernadores facultades para ampliar la disponibilidad de trabajadores extranjeros en sus estados. Hasta ahora, sin embargo, no ha conseguido sumar otros co-patrocinadores.
Uno de los aspectos cuestionados por los críticos es el posible beneficio económico para los empresarios y sectores financieros. Stitt es propietario de un banco regional, Gateway First Bank, y sus detractores señalan que las entidades financieras podrían beneficiarse indirectamente de una mayor inmigración mediante el incremento de préstamos hipotecarios, comerciales, automotores y de construcción.
El gobernador también defendió un modelo que permitiría contratar inmigrantes sin concederles automáticamente la ciudadanía ni acceso a determinados beneficios públicos. ''¿Quién no necesita estar en nuestro país? Las personas que no tienen trabajo, que simplemente utilizan nuestros recursos y buscan Medicaid gratuito. No tenemos recursos para eso'', afirmó. Al mismo tiempo, insistió en que los gobernadores deben participar en las decisiones sobre contratación extranjera.
El vicepresidente estadounidense remarcó las consecuencias que este programa tendría en las condiciones laborales de los estadounidenses
JD Vance, en cambio, ha puesto el foco en las consecuencias para los ciudadanos y en el riesgo de que las empresas utilicen la inmigración como mecanismo para conseguir mano de obra más barata. El debate también tiene implicaciones electorales: en Kansas, los republicanos perdieron recientemente un escaño en el Senado y la gobernación, en un contexto de crecimiento del electorado latino en varios condados vinculados a las industrias cárnica y agrícola.
Stitt propuso además cobrar unos 2.500 dólares a los empleadores por cada trabajador extranjero contratado y destinar ese dinero a reducir la deuda nacional. No obstante, con una deuda estadounidense cercana a los 40 mil millones de dólares, esa contribución sería insuficiente para resolver el problema: se necesitarían aproximadamente 16.000 millones de trabajadores pagando esa cantidad, sin contar los costos adicionales asociados a los servicios públicos.