El estado de California busca frenar la reactivación petrolera en Santa Bárbara, mientras crece el choque legal con Washington y la administración Trump.
El estado de California ha llevado su disputa con el gobierno federal a un nuevo nivel al solicitar a un tribunal federal que ordene la paralización inmediata de las operaciones petroleras reactivadas frente a la costa de Santa Bárbara. La medida fue impulsada por el fiscal general Rob Bonta, quien acusa a la empresa ''Sable Offshore Corp'' de operar al margen de las leyes ambientales estatales.
La acción legal se centra en bloquear el transporte de crudo a través del oleoducto Las Flores, reactivado recientemente tras años fuera de servicio. Según Bonta, la compañía está aprovechando una orden ejecutiva emitida en marzo por el presidente Donald Trump para eludir regulaciones estatales, lo que calificó como una maniobra ilegal para acelerar la producción energética.
La orden presidencial invoca el ''Acto de Producción para la Defensa'', una legislación que permite al Ejecutivo intervenir en la economía para garantizar el suministro de recursos estratégicos. La administración Trump justificó su uso en el contexto de la guerra con Irán y el impacto sobre los mercados energéticos, argumentando que es necesario reforzar la producción nacional de petróleo.
A raíz de esta directiva, ''Sable Offshore'' reanudó sus operaciones en la plataforma Santa Ynez y en el sistema de oleoductos asociado, bajo la supervisión del secretario de Energía Chris Wright. Sin embargo, la decisión generó un inmediato choque con las autoridades estatales y grupos ambientalistas, que ya habían conseguido una orden judicial para impedir la reapertura del proyecto.
El fiscal general del estado de California impulsa un reclamo para que cesen las operaciones de la compañía ''Sable Offshore'' en las costas de Santa Bárbara
De que se trata la disputa petrolera de California
Ese bloqueo se remonta al derrame de 2015, cuando miles de barriles de petróleo fueron vertidos en el océano Pacífico, causando daños ambientales significativos. Desde entonces, el oleoducto había permanecido inactivo. En abril, un juez estatal determinó que la orden ejecutiva federal no anulaba automáticamente las restricciones impuestas por el estado.
Pese a ese fallo, la empresa continuó con sus planes, lo que llevó a las autoridades de California a recurrir ahora a la justicia federal. El abogado de ''Sable Offshore'', Jeffrey Dintzer, defendió la legalidad de las operaciones y afirmó que la compañía confía en que los tribunales reconozcan la primacía de la orden presidencial en un contexto de emergencia nacional.
El caso ha intensificado el enfrentamiento político entre Sacramento y Washington. El gobernador demócrata Gavin Newsom respaldó la ofensiva legal y criticó duramente al presidente Trump, acusándolo de favorecer a la industria petrolera y de actuar fuera del marco legal. Newsom vinculó además la política energética federal con el aumento de los costos para los consumidores, en un contexto de precios elevados del combustible provocados en parte por el mismo gobierno estatal demócrata.
El gobierno socialista de Gavin Newsom citó leyes ambientalistas para frenar el proyecto petrolero
Sin embargo, la postura del gobernador socialista ha generado críticas por su tono confrontativo y por la falta de propuestas concretas para equilibrar las necesidades energéticas con la protección ambiental. Mientras California mantiene una fuerte e ineficiente agenda climática, su economía sigue dependiendo en buena parte del petróleo, lo que complica el debate sobre la viabilidad de bloquear proyectos sin alternativas inmediatas.
La disputa plantea interrogantes clave sobre los límites del poder federal frente a la autoridad estatal en materia energética y ambiental. La decisión que adopte el tribunal federal podría sentar un precedente importante sobre el alcance del ''Acto de Producción para la Defensa'' y su capacidad para imponerse sobre regulaciones locales.
