El estado de California ha llevado su disputa con el gobierno federal a un nuevo nivel al solicitar a un tribunal federal que ordene la paralización inmediata de las operaciones petroleras reactivadas frente a la costa de Santa Bárbara. La medida fue impulsada por el fiscal general Rob Bonta, quien acusa a la empresa ''Sable Offshore Corp'' de operar al margen de las leyes ambientales estatales.
La acción legal se centra en bloquear el transporte de crudo a través del oleoducto Las Flores, reactivado recientemente tras años fuera de servicio. Según Bonta, la compañía está aprovechando una orden ejecutiva emitida en marzo por el presidente Donald Trump para eludir regulaciones estatales, lo que calificó como una maniobra ilegal para acelerar la producción energética.
La orden presidencial invoca el ''Acto de Producción para la Defensa'', una legislación que permite al Ejecutivo intervenir en la economía para garantizar el suministro de recursos estratégicos. La administración Trump justificó su uso en el contexto de la guerra con Irán y el impacto sobre los mercados energéticos, argumentando que es necesario reforzar la producción nacional de petróleo.
A raíz de esta directiva, ''Sable Offshore'' reanudó sus operaciones en la plataforma Santa Ynez y en el sistema de oleoductos asociado, bajo la supervisión del secretario de Energía Chris Wright. Sin embargo, la decisión generó un inmediato choque con las autoridades estatales y grupos ambientalistas, que ya habían conseguido una orden judicial para impedir la reapertura del proyecto.
De que se trata la disputa petrolera de California
Ese bloqueo se remonta al derrame de 2015, cuando miles de barriles de petróleo fueron vertidos en el océano Pacífico, causando daños ambientales significativos. Desde entonces, el oleoducto había permanecido inactivo. En abril, un juez estatal determinó que la orden ejecutiva federal no anulaba automáticamente las restricciones impuestas por el estado.
