El estado de California ha llevado su disputa con el gobierno federal a un nuevo nivel al solicitar a un tribunal federal que ordene la paralización inmediata de las operaciones petroleras reactivadas frente a la costa de Santa Bárbara. La medida fue impulsada por el fiscal general Rob Bonta, quien acusa a la empresa ''Sable Offshore Corp'' de operar al margen de las leyes ambientales estatales.
La acción legal se centra en bloquear el transporte de crudo a través del oleoducto Las Flores, reactivado recientemente tras años fuera de servicio. Según Bonta, la compañía está aprovechando una orden ejecutiva emitida en marzo por el presidente Donald Trump para eludir regulaciones estatales, lo que calificó como una maniobra ilegal para acelerar la producción energética.
La orden presidencial invoca el ''Acto de Producción para la Defensa'', una legislación que permite al Ejecutivo intervenir en la economía para garantizar el suministro de recursos estratégicos. La administración Trump justificó su uso en el contexto de la guerra con Irán y el impacto sobre los mercados energéticos, argumentando que es necesario reforzar la producción nacional de petróleo.











