Newsom vuelve a desafiar a Trump por el voto por correo, pese al respaldo temporal de la Corte Suprema a las nuevas reglas.
Por esa razón, los magistrados determinaron que los estados afectados no habían demostrado un perjuicio concreto suficiente para justificar la medida cautelar contra esa disposición.
Los jueces demócratas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson discreparon de la decisión. No obstante, la mayoría permitió que la administración avance mientras continúa el litigio.
El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, anunció que su administración volverá a demandar al gobierno del presidente Donald Trump para intentar bloquear las restricciones federales al voto por correo, después de que la Corte Suprema permitiera temporalmente la aplicación de partes de una orden ejecutiva destinada a reforzar la integridad electoral.
La decisión de la Corte Suprema, adoptada por 6 votos contra 3, representa una victoria para la administración Trump y permite que determinadas disposiciones cuestionadas entren en vigor mientras continúa el litigio. El fallo levantó una medida cautelar que había impedido aplicar la orden en 23 estados antes de las elecciones de medio mandato de noviembre.
Sin embargo, los magistrados aclararon que su decisión se refería específicamente a la medida cautelar y no determinaba todavía la legalidad definitiva de la orden ejecutiva. Esto significa que los tribunales inferiores continuarán examinando los desafíos presentados contra las disposiciones.
Newsom reaccionó duramente contra el fallo y acusó a la administración Trump de intentar privar de derechos a los votantes. El gobernador izquierdista calificó las nuevas normas como ''Orwellianas'' y aseguró que California volverá a acudir a los tribunales para impedir su aplicación.
En respuesta, la oficina de Gavin Newsom destacó dos proyectos de ley que avanzan en la Legislatura de California. El primero, AB 282, establecería nuevos delitos graves relacionados con la incautación de boletas, registros electorales o tecnología de votación certificada antes de la certificación de los resultados.
El segundo, SB 259, establecería sanciones penales por interferir con la entrega o devolución de boletas enviadas por correo, incluyendo una pena de hasta cuatro años de prisión en determinadas circunstancias.
Newsom presenta estas iniciativas como un paquete destinado a proteger las elecciones del estado frente a interferencias. Sin embargo, sus críticos han cuestionado si el gobernador está utilizando la política electoral de California para reforzar su enfrentamiento nacional con Trump.
La administración Trump, por su parte, ya recibió respaldo institucional para comenzar a implementar las disposiciones revisadas. El USPS y el Departamento de Justicia anunciaron que avanzarían con la aplicación de las nuevas restricciones tras el fallo de la Corte Suprema.
El enfrentamiento también tiene importantes implicaciones para las elecciones de noviembre. California es uno de los estados donde el voto por correo tiene una presencia especialmente relevante, por lo que cualquier modificación de las reglas puede generar una intensa batalla política y judicial.
La postura de Gavin Newsom ha generado críticas porque, en lugar de esperar el resultado definitivo del proceso judicial, el gobernador ha convertido nuevamente la disputa electoral en un enfrentamiento político con la Casa Blanca. Sus declaraciones también presentan las medidas de Trump como un intento de ''despojar'' a los ciudadanos de su derecho al voto, pese a que la administración argumenta que su objetivo es establecer mecanismos adicionales para verificar la elegibilidad de quienes reciben boletas por correo.
El decreto de Trump contempla que las agencias federales elaboren listas basadas en la ciudadanía de los votantes elegibles y ordena al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) entregar determinadas boletas por correo únicamente a personas incluidas en listas aprobadas.
Desde la perspectiva de la administración, estas medidas buscan fortalecer los controles sobre el sistema electoral y reducir posibles irregularidades. La Corte Suprema, al analizar una de las disposiciones cuestionadas, concluyó que la instrucción dirigida al Departamento de Seguridad Nacional para crear y distribuir listas estatales de ciudadanía era una directiva interna del presidente hacia una agencia federal y no imponía obligaciones directamente a los estados.
