El gobierno de Trump continúa su campaña contra el fraude y anunció cargos este jueves contra 15 personas implicadas en un esquema masivo de fraude con cupones de alimentos en Massachusetts. Según los fiscales, esta red de inmigrantes ilegales le robó a los contribuyentes aproximadamente 1.4 millones de dólares.
De las 15 personas implicadas en la causa judicial, 11 son indocumentados que vivían bajo identidades robadas que usaban para saquear a estos programas sociales que son destinados a ciudadanos estadounidenses. El fraude se hacia mediante el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés, que son cupones de alimentos otorgados por el gobierno), el seguro médico MassHealth Medicaid, la discapacidad del Seguro Social, y otros beneficios federales y estatales.
"Estos casos resaltan un patrón más amplio y profundamente preocupante: la explotación de la red de seguridad de Estados Unidos por parte de inmigrantes ilegales", señaló el fiscal general adjunto Colin M. McDonald, de la División Nacional de Ejecución contra el Fraude, que lideró la investigación.
El gobierno de Trump desmanteló una red de extranjeros ilegales que robó más de $1.4 millones en ayuda social
Captura, enjuiciamiento y posterior deportación
"El fraude cometido por inmigrantes ilegales conlleva costos reales y sustanciales para los contribuyentes estadounidenses y ejerce una enorme presión sobre nuestros sistemas de beneficios públicos. La División contra el Fraude sigue enfocada rigurosamente en erradicar el fraude -ya sea cometido por extranjeros ilegales o por cualquier otra persona-y en recuperar el dinero arrebatado injustamente al pueblo estadounidense", expresó McDonald.
"Estos inmigrantes ilegales criminales conspiraron para defraudar a los contribuyentes de Massachusetts por más de 1.4 millones de dólares en beneficios públicos, privando a los ciudadanos estadounidenses de los beneficios que necesitaban", declaró, por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.
"Después de que estos 11 inmigrantes ilegales criminales se enfrenten a la justicia, serán expulsados rápidamente de nuestro país para que nunca más puedan defraudar a los contribuyentes estadounidenses. Bajo el mandato del presidente Trump, el DHS vuelve a poner al pueblo estadounidense en primer lugar", continuó Mullin, funcionario clave de la Casa Blanca.
El equipo antifraude de la administración Trump que se está encargado de destapar la corrupción en jurisdicciones históricamente gobernada por los demócratas está siendo liderado por el vicepresidente JD Vance. En este caso, entre los acusados más destacados, se denuncia que robaron hasta $546,463 y $303,000 dólares respectivamente.
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